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martes, 30 de septiembre de 2014

FRAUDE LABORAL EN LA CASA ROSADA - Por: MATIAS WERNER

PUBLICADO EN DIARIO JUDICIAL.COM

¿Fraude laboral en la Casa Rosada?

Foto: wallyg
La Cámara del Trabajo hizo lugar a un reclamo por fraude laboral iniciado por un dependiente de Presidencia de la Nación, al que durante seis años seguidos le hicieron firmar reiterados contratos de locación de servicios. Los jueces destacaron que hubo “una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente”.
Por Matías Werner





El fraude laboral mediante la firma de un contrato de locación de servicios no es potestad de las empresas privadas. En esta oportunidad, el mismo se dio en la propia órbita de la Presidencia de la Nación.

El caso se dio en los autos “P.R.E. c/ Poder Ejecutivo - Presidencia de la Nación s/ Despido” donde un trabajador denunció que la relación laboral que mantuvo por casi seis años con el Poder Ejecutivo “se rigió por una serie continua e ininterrumpida de ocho contratos de ‘locación de servicios’ por tiempo determinado”. Es decir, que “vencía uno y se firmaba otro a continuación”.

Los contratos disponían que el actor prestaría servicios como consultor para la elaboración de programas de implementación de los trabajos, normas y procedimientos, en la dependencia “Documentación Presidencial” primero, y luego en la “Coordinación General de Asuntos Técnicos”.

El accionante manifestó que para la rescisión de cada contrato debía instrumentarse una notificación escrita a la otra parte con antelación de treinta días y sin derecho a indemnización en caso de suspensión o interrupción del proyecto o programa. Lo que ocurrió al momento del distracto, cuando por vía notarial le informaron que dejaría de pertenecer a Presidencia.

El Ejecutivo se defendió reiterando que se trató de una locación de servicios, que el actor prestó su consentimiento para ello, y que este tipo de contrataciones “están caracterizadas por no ser configurativas de una relación de dependencia permanente”.

La Justicia, en Primera Instancia, entendió que se acreditó el fraude laboral, que el mismo aparecía instrumentado bajo la modalidad de contratos de ‘locación de servicios –sucesivos e ininterrumpidos –”.

El magistrado expresó que estaba demostrado que el accionante “debía cumplir un horario de servicio, que se encontraba sometido a directivas de sus superiores y que se encontraba imposibilitado en delegar las funciones asignadas, excluyendo de tal manera su actuación como “autónomo”, al inhibirlo de servirse de una organización propia para la realización de la tarea contratada”.

Ello motivó la apelación de Presidencia, que se quejó de que el juez no haya aplicado las normas y principios del Derecho Administrativo, por lo cual el fuero que debía entender la disputa era el Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nada de eso prosperó en la Instancia de Alzada, ya que la Sala VII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo no sólo confirmó la sentencia sino que elevó los montos hasta alcanzar la suma de $ 94.800. En un voto que llevó la firma de la jueza Estela Milagros Ferreirós, y al que su colega Néstor Rodriguez Brunengo adhirió, la Sala recordó que “el principio protectorio, que es considerado el fundamental y base de todos los demás reconocidos, ha entendido que el empleado público también debe ser considerado “sujeto de preferente tutela”.

“En este andarivel, cabe razonar que no se requiere que la relación laboral en cuestión esté regida por la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto los Jueces del Fuero no son Jueces de la Ley de Contrato de Trabajo, tal como queda demostrado cuando se asume sin controversias la competencia para dirimir asuntos regidos por el Estatuto del Periodista, por el Estatuto del Trabajador Rural, y tantas otras normas estatutarias, al igual que lo es la Ley 25.164”, agregó el fallo.

De esa forma, los jueces ratificaron el criterio de Primera Instancia en tanto se declaró la competencia de la Justicia del Trabajo para entender en el pleito “pues ninguna duda cabe en que todas las normas que se dicten para regular la relación de empleo público deben ser adoptadas, interpretadas y aplicadas a la luz de los principios del Derecho del Trabajo”.

“Cabe señalar que el caso de autos ha sido resuelto de acertadamente en primera instancia, al descartar la validez de las contrataciones realizadas bajo la modalidad de siete locaciones de servicios en virtud de la falta de ajuste y sustento a lo normado en el art. 47 de la ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nro. 11.672”, desatacó el Tribunal, en referencia a la normativa invocada por la demandada para justificar que el vínculo entre las partes no era de índole laboral.

Los camaristas expusieron que los testimonios de la causa dieron cuenta del fraude “en la medida que son demostrativas de la prestación de servicios de que los contratos le imponían, esto es, proveer información en beneficio del principal, emitiendo facturas que debió extender como condición de pago del trabajo realizado, las cuales eran correlativas y por importes homogéneos, sin acreditación de ningún cronograma del programa de trabajo y los plazos estimados para la ejecución”.

Una de las impugnaciones que hizo la demanda fue la falta de definición del carácter del empleo cumplido por el actor. Presidencia razonó que si bien el actor no integró los cuadros de la administración pública, “tampoco debe regirse la relación en el marco de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo porque no se probó que exista un acto expreso que incluya al dependiente en sus disposiciones”

Los magistrados aseguraron que la contratación del actor “implicó la utilización de una figura jurídica autorizada legalmente para supuestos excepcionales y temporarios, para una actividad administrativa desempeñada de manera estable, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de siete contratos de locación de servicios por tiempo determinado, que debe reputarse integrada a los cuadros de la Administración Pública Nacional con aquél carácter, es decir, estable y no temporario”.

domingo, 28 de septiembre de 2014

BEATRIZ SARLO EL NUNCA MÁS


Sin venganza pero sin tregua


El “Nunca más”. Carta de compromiso para un nuevo país, el informe ha servido en estas tres décadas como modelo ejemplar en varios procesos de esclarecimiento histórico de asesinatos masivos en todo el mundo.

POR BEATRIZ SARLO



A lo largo de los años, algunos libros importan también a quienes no los leyeron. 

Esta fortuna han tenido el Facundo de Sarmiento, laHistoria de San Martín de Mitre, El juicio del siglo de Joaquín V. González, el monumental ensayo de Martínez Estrada Muerte y transfiguración de Martín Fierro , muy probablemente Indios, ejércitos y fronteras de David Viñas o la Excursión a los indios ranqueles de Mansilla. 

Se los impugnará, se los considerará parciales o incompletos, se criticará sus puntos de vista, pero son indestructibles. 

Escribo esos títulos. Quizá la enumeración ya origine diferencias, porque podrían ser otros. Pero ciertos libros delimitan un espacio antes no percibido, describen la escena de un drama que era necesario poner de manifiesto; presentan personajes heroicos o miserables y los oponen en un juego de ideas y de pasiones. Esos libros son una parte esencial de la forma en que se piensa y se discute el pasado.
No pueden pasarse por alto. Tienen la rara potencia de ser originales porque abren una cuestión y trazan las líneas de un debate. Son tan polémicos o tan persuasivos que obligan a establecer una posición sobre el tema del que se ocupan: el caudillismo, la emancipación colonial, un gran poema nacional y popular, los crímenes que acompañan la construcción de una nación, la sensibilidad y la inteligencia con que se mira lo que hasta ese momento no había sido visto.
El Nunca más es uno de esos libros. El informe de la Conadep fue entregado a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984. Desde entonces, se han impreso más de medio millón de ejemplares y serían varios centenares de miles los difundidos en distintos soportes. Antes de su publicación en 1985, todo era una masa confusa e inclasificable. Las organizaciones de derechos humanos habían trabajado contra la adversidad, en un aislamiento sólo atenuado por minorías locales o apoyos internacionales, en soledad y desacreditadas por una dictadura ciega sobre su presente y su desenlace, que creía lejano.
Se conocían algunas de las historias o centenares de ellas, pero flotaban en estado de dispersión, en los registros de las organizaciones de derechos humanos y, probablemente, en los archivos de los represores que hasta hoy permanecen secretos e inaccesibles. Muchos sabíamos una parte y lo que sabíamos nos bastaba para la condena moral. Pero cuando apareció el Nunca más , supimos que esa parte se organizaba en una reconstrucción del pasado inmediato; que los fragmentos ya no estarían más esparcidos al azar de lo que sabían las organizaciones y los militantes sino que quedaban, para siempre, establecidos en un escrito. Durante estos treinta años se agregaron nuevos hechos. Y probablemente los juicios todavía abiertos sigan trayendo sus pruebas. La historia nunca cierra su cantera de datos.
Pero en 1984, la primera edición del Nunca más fue el salto entre las experiencias dispersas y la estructura más firme donde podían empezar a encontrar su sistema. La particularidad es que, a diferencia de las obras mencionadas al comienzo, el Nunca más es un texto colectivo, sobre el que se hipotetizan redactores: el abogado y dramaturgo Gerardo Taratuto (muerto en 2005) es mencionado como el posible organizador de la masa de datos. Sin embargo, integrantes de la Conadep aseguran que él lo negaba. No es casual esta incógnita autoral en un libro cuyo prólogo ni siquiera lleva firma. La ausencia del nombre de autor es una señal más de que la afrenta fue a todos, incluso a aquellos que no quisieran reconocerla: un crimen de lesa humanidad, que los militares tampoco firmaban. El Nunca más tiene como autor un colectivo: la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, porque fue el cuerpo mismo de la nación el que recibió la herida de los crímenes investigados.
Topografía del terror
“La Conadep no buscó desaparecidos. Buscó desaparecedores. Definir el objeto de una investigación es el primer paso. Cuando me incorporé había aparecido un número considerable de anónimos enviados a los familiares con noticias falsas de que el desaparecido/a estaba en tal o cual lugar”, repite Graciela Fernández Meijide, para que yo termine de entender qué campo minado recorrieron los miembros, los auxiliares y los testigos mismos. Y sigue: “Les pedí que frenaran de correr de un lado a otro en su búsqueda. Los Servicios, tan pronto como se dieron cuenta de que ya no salíamos corriendo, pararon los anónimos. Entonces sucedió lo que ya dije y escribí, pero no sé si es sabido: lo nuevo y trascendente fue la presentación espontánea de sobrevivientes con muchos de los cuales inspeccionamos alrededor de 50 campos. Fueron los que hicieron posible la acumulación de prueba que terminó siendo contundente y permitió enjuiciar a las Juntas”.
La Argentina planteaba una incógnita desconocida hasta entonces, encontrar a los “desaparecedores”, responsables de un hecho monstruoso: la completa anulación física del cuerpo de quien había sido asesinado, el aniquilamiento de la prueba del crimen. Para despejar esa incógnita, muchos debieron llevar a la Conadep sus recuerdos, definir en qué momento, en qué lugar, en qué circunstancias, a manos de quiénes un hombre o una mujer vivos se habían convertido en cadáveres y, luego, se habían evaporado, enterrado, hundido. Buscar desaparecedores era encontrar también una pista sobre el cuerpo del delito: los instrumentos de tortura, los lugares cuyas paredes conservaban las marcas del encierro, las huellas materiales de los calabozos improvisados en casas, casinos militares, sótanos, oficinas, patios, huecos, covachas, sótanos, escaleras, cuchas y pozos.
El cuerpo del delito es una dimensión siniestra del Nunca más . El lector se va enterando de cómo alguien permanecía atado a un elástico de alambre, a una argolla hundida en un muro, al tirante de un techo; de qué modo dormía acurrucado, sobre orines y detritos, en los pisos de cemento o de baldosas. Los sobrevivientes atesoraron durante años (los transcurridos entre el momento cuando cayeron y el momento en que se salvaron de la muerte) las descripciones de esos escenarios: una topografía del terror, como se llama en Berlín al cuartel destruido de las SS y la Gestapo, donde sólo quedan algunos nichos que fueron escenario de tortura. Lugares que producen angustia al sólo tratar de imaginar la disposición espacial de aquello que se rescató en relatos que repiten uniformemente la monotonía del Mal.
Nunca más , como un gran tratado espacial, logró esas primeras reconstrucciones, trabajó en la memoria de quienes habían estado desaparecidos pero salvaron la vida. La palabra “memoria” no tiene aquí el vastísimo significado que ha ido recibiendo en estos treinta años, sino uno más restringido y material: hacer memoria de un lugar que se había recorrido con los ojos vendados, o bajo condiciones de extrema tensión y miedo extremo. Traer al presente un espacio que fue el alojamiento material del delito. Los testigos delNunca más vuelven al lugar del crimen, escuchan el ruido de una calle o una autopista cercana, cuentan los peldaños de una escalera. Recuperar ese espacio en el que sufrieron implicaba darle mayor prueba de realidad al sufrimiento, pero también corroborar la dimensión del delito en su propia escena.
Etnografía del terror
La otra dimensión fundadora del Nunca más es lo que podría llamarse su costado etnográfico: los usos y costumbres de los terroristas de Estado en ejercicio de la represión. Los detalles de cómo llegaban a una casa, cómo pateaban las puertas, cómo golpeaban a sus futuros prisioneros con la culata de un arma, en qué autos los trasladaban, cuáles eran las amenazas que proferían, cómo arrebataban objetos o personas, con qué les vendaban los ojos o encapuchaban a sus víctimas; cómo los tiraban en una celda, qué les decían a las embarazadas, cuáles eran las amenazas proferidas en la tortura, qué instrumentos usaban para causar dolores insoportables, qué resistencias encontraban, qué hacían frente a un desmayo, cómo ingresaban los médicos para reanimar a alguien que todavía podía rendir algo en un interrogatorio; qué prometían o con qué amenazaban.
Todas estas costumbres terroristas son trasmitidas en un estilo plano. No es necesario el énfasis para relatar aquello que era enfático en su propia desmesura. Los usos y costumbres de los torturadores y los asesinos también informan sobre el placer de dominar a los cuerpos quebrados y la cólera que producen los resistentes. Se especializan en los desvanecimientos y los desmayos, gozan en esos momentos últimos en que un torturado está perdiendo el sentido, pero también tienen la cautela de no matar antes de tiempo, de no dejar de picanear antes de que la resistencia física llega a su final. Los relatos de los sobrevivientes combinan la repetición, porque finalmente los métodos no son infinitos, con el suspenso: ¿Cuándo se detendrá todo esto? ¿Se detendrá antes de la muerte? ¿Vendrá la muerte para detenerlo?
Nunca más da cuenta de esa monotonía y también de ese suspenso: son los dos vectores que permiten imaginar lo que sucedía en los escenarios del terrorismo de estado.
“Los equipos de la Conadep salen a la calle”, recuerda Fernández Meijide. Antes de empezar la tarea no se tenía idea de cuántos habían sido los centros de detención. Durante el trabajo se visitaron 50 centros clandestinos. En el Nunca más están los planos y algunas fotos. Los que estuvieron allí y sobrevivieron reconocen los desniveles del piso, las marcas en las paredes que ellos mismos hicieron, los rincones donde fueron obligados a acurrucarse como animalitos, sucios, orinados, desnudos, cubiertos por trapos. Y los cadáveres apilados. Copio un párrafo de un informe redactado en 1980 por empleados de la morgue judicial de Córdoba: “…en las salas donde se encontraban los cadáveres, algunos de ellos llevaban más de 30 días de permanecer en depósito sin ningún tipo de refrigeración, una nube de moscas y el piso cubierto por una capa de aproximadamente diez centímetros y medio de gusanos y larvas, los que retirábamos en baldes cargándolos con palas”. Una etnografía de la muerte, que comienza con el asesinato, pero que debe rastrearse en su rasgo más significativo más allá, en el tratamiento de los cuerpos, privados no sólo de la vida sino de la dignidad de una materia que fue humana. Cartografía y etnografía del terrorismo de estado.
Nueve meses
Magdalena Ruiz Guiñazú, a quien le pregunto mientras escribo, confirma que los empleados del Ministerio del Interior no aguantaron los terribles relatos que contenían las denuncias. Es así que fueron reemplazados por gente de los organismos de derechos humanos. Por eso, monseñor De Nevares propuso que Graciela Fernández Meijide fuera secretaria de la Conadep. Estaba curtida en esos horrores. Fueron nueve largos meses: “un parto”, dice Ruiz Guiñazú. Fernández Meijide hoy da una idea de las reglas que se impusieron: “Rechacé informes si estaban llenos de adjetivaciones y opiniones políticas. Las indicaciones fueron que había que hacer un informe ajustado a los testimonios y denuncias. Para tomar la denuncia sobre el nombre de un presunto represor exigíamos que estuviera mencionado tres veces. Para evitar venganzas o represalias personales”.
El impulso ético y político de la Conadep representó lo mejor que había quedado en pie después de la dictadura. Representó incluso a quienes, en el Congreso o en algunas organizaciones, se opusieron a que fuera esa forma, la de una Comisión de notables, la que llevara adelante la primera gran investigación de los crímenes más extendidos y cruentos de nuestra historia.
Sin venganza y sin tregua, la Conadep llegó en un tiempo asombrosamente breve a redactar su informe. Todavía no había pasado un año del decreto de Alfonsín que creó la comisión investigadora, contradiciendo la voluntad de algunos organismos de derechos humanos y de muchos políticos, incluso de su propio partido.
En el año 2006, la Secretaría de Derechos Humanos agregó un prólogo, refutando la teoría de los “dos demonios”, que muchos juzgaron inscripta en el primero de 1984. Inútil pretensión la de cerrar un debate para siempre mediante una lectura oficial. El Nunca más ha dejado de ser un informe y cada prólogo pasado o futuro traerá una nueva interpretación. Somos el pueblo del Nunca más , tanto como el del Facundo . En ambos está la Argentina que fue.

Beatriz Sarlo es ensayista y crítica cultural; autora de La ciudad vista, La audacia y el cálculo y Viajes. De la Amazonia a las Malvinas.

sábado, 27 de septiembre de 2014

Renovar el contrato natural con la Tierra - 2014-06-10 - POR: LEONARDO BOFF



Renovar el contrato natural con la Tierra - 2014-06-10



  Hasta el momento presente, el sueño del hombre occidental y blanco, universalizado por la globalización, era dominar la Tierra y someter a todos los demás seres para así obtener beneficios de forma ilimitada. 

Ese sueño, cuatro siglos después, se ha transformado en una pesadilla. Como nunca antes, el apocalipsis puede ser provocado por nosotros mismos, escribió antes de morir el gran historiador Arnold Toynbee.

Por eso, se impone reconstruir nuestra humanidad y nuestra civilización mediante otro tipo de relación con la Tierra para que sea sostenible. Es decir, para conseguir que perduren las condiciones de mantenimiento y de reproducción que sustentan la vida en el planeta. 

Eso solo ocurrirá si rehacemos el pacto natural con la Tierra y si consideramos que todos los seres vivos, portadores del mismo código genético de base, forman la gran comunidad de vida. 

Todos ellos tienen valor intrínseco y son por eso sujetos de derechos.

Todo contrato se hace a partir de la reciprocidad, del intercambio y del reconocimiento de derechos de cada una de las partes. 

De la Tierra recibimos todo: la vida y los medios de vida. En correspondencia, en nombre del contrato natural, tenemos un deber de gratitud, de retribución y de cuidado para que ella mantenga su vitalidad para hacer lo que siempre ha hecho para todos nosotros. 

Pero nosotros hace mucho que rompimos ese contrato.

Para rehacer ese contrato natural tenemos que actuar como el hijo pródigo de la parábola de Jesús. Volver a la Tierra, la Casa Común, y pedir perdón. Perdón que se traduce en un cambio de comportamiento en el sentido del respeto y del cuidado que ella merece. 

La Tierra es nuestra Madre, la Pacha Mama de los andinos y la Gaia de los modernos. Si no restablecemos ese lazo difícilmente sobreviviremos. Ella podría no querernos más sobre la faz terrestre. 

Por eso la sostenibilidad aquí y ahora es esencial. O ella prevalece o conoceremos una tragedia para el sistema-vida y para la especie humana.

A pesar de todas las rupturas del contrato natural, la Madre Tierra todavía nos envía señales positivas. A pesar del calentamiento global, de la erosión de la biodiversidad, el sol sigue saliendo el sol, el sabiá o tordo brasilero canta cada mañana, las flores sonríen a los que pasan, los colibrís revolotean sobre los botones de los lirios, los niños siguen naciendo y confirmándonos que Dios todavía cree en la humanidad y ella tiene futuro.

Rehacer el contrato natural implica rescatar la visión y los valores representados en el discurso del cacique Seattle, de la etnia de los Duwamish, pronunciado delante de Isaac Stevens, gobernador del territorio de Washington en 1856:

“De una cosa estamos seguros: la Tierra no pertenece al hombre. Es el hombre quien pertenece a la Tierra. Todas las cosas están interligadas entre sí. Lo que hiere a la Tierra, hiere también a los hijos e hijas de la Madre Tierra. No fue el ser humano quien elaboró el tejido de la vida; él es solamente un hilo de ella. Todo lo que haga al tejido, se lo hará a sí mismo... 
"Comprenderíamos las intenciones del hombre blanco, si conociésemos sus sueños, si supiésemos qué esperanzas trasmite a sus hijos e hijas en las largas noches de invierno, qué visiones de futuro ofrece a sus mentes para que puedan formular deseos para el día de mañana”.

El 22 de abril de 2009, tras largas y difíciles negociaciones, la Asamblea de la ONU acogió por unanimidad la idea de que al Tierra es Madre. Esta declaración está llena de significado. 

La Tierra como suelo y tierra puede ser removida, utilizada, comprada y vendida. 

La Tierra como Madre no puede ser vendida ni comprada sino amada, respetada y cuidada como lo hacemos con nuestras madres. 

Este comportamiento reafirmará el contrato natural que dará sostenibilidad a nuestro planeta, pues restablece la relación de mutualidad.

El Presidente de Bolivia, el indígena aymara Evo Morales Ayma, no cesa de repetir que el siglo XXI será el siglo de los derechos de la Madre Tierra, de la naturaleza y de todos los seres vivos. 

En su intervención en la ONU el día 22 de abril de 2009, en cuya sesión participé con un discurso sobre la fundamentación teórica de la Tierra como Madre, enumeró resumidamente algunos los derechos de la Madre Tierra:

- el derecho de regeneración de la biocapacidad de la Madre Tierra,

- el derecho a la vida de todos los seres vivos, especialmente de aquellos amenazados de extinción.

- el derecho a una vida pura, porque la Madre Tierra tiene el derecho de vivir libre de contaminación y de polución,

- el derecho al vivir bien de todos los ciudadanos,

- el derecho a la armonía y al equilibrio con todas las cosas,

- el derecho a la conexión con el Todo del que somos parte.

Esta visión permite renovar el contrato natural con la Tierra que, articulado con el contrato social entre los ciudadanos, acabará por reforzar la sostenibilidad planetaria.

Para los pueblos originarios tal actitud era natural. Nosotros, en la medida en que perdimos la conexión con la naturaleza, hemos perdido también la conciencia de nuestra relación de reconocimiento y de gratitud hacia ella. 

De ahí la importancia de revisitar a aquéllos y aprender de ellos el respeto y la veneración que la Tierra merece.



DEUDA EXTERNA - Por: CLAUDIO0 LOZANO - MANEJO SOBERANO DE LA DEUDA PÚBLICA - DEUDA EXTERNA ARGENTINA ES ILEGITIMA - AUDITORIA PARLAMENTARIA E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - DICTADURA Y ENDEUDAMIENTO - DEUDA ODIOSA - DEUDA TOMADA POR CAPITALES PRIVADOS Y EMPRESAS MULTINACIONALES - ESTATIZACIÓN DE LA DEUDA PRIVADA - ILEGITIMIDAD DEUDA EXTERNA - RESPONSABILIDADES PENALES Y POLÍTICAS - QUITA MENTIROSA - INCOSNTITUCIONALIDAD EMISIÓN DEUDA Y PRORROGA JURISDICCIÓN BAJO LEGISLACIÓN EXTRANJERA - MALA DEFENSA JURÍDICA - CONSULTORA ARCADIA - FALLO GRIESA - DECLARACIÓN INTERÉS PÚBLICO DEUDA SOBERANA Y CANJES 2005 Y 2010 - INVESTYIGACIÓN JUDICIAL CANJES DE DUDA SE SOLICITA SEAN DECLARADOS ORDEN PÚBLICO -

Intervención de Claudio Lozano en el tratamiento del proyecto oficial, denominado de deuda soberana (Versión taquigráfica)

Claudio Lozano









RESUMEN: Lozano (UP): 

"Esta ley no tiene sentido. Cada uno de los artículos se desmiente. Con la excusa del pago soberano lo único concreto que se propone es validar el canje 2005 y el 2010 que está enjuiciado.  

Y no puede avanzar en definiciones porque cualquier modificación puede ir en contra del contrato, que este establece que es la asamblea de bonistas la que decide.  

Nación Fidiecomisos tampoco no reúne los requisitos.

Por estas razones, que muestran que se miente al hablar de pago “soberano”, no estamos de acuerdo con plantear un proyecto de ley para resolver algo que no se puede solucionar por esa vía. 

En cambio, estamos de acuerdo en aprovechar el momento que tenemos para recuperar el manejo soberano de la deuda pública. 

No estamos urgidos por pagar, sino por retomar la rienda del manejo soberano del endeudamiento. 

Esta es la propuesta del bloque Unidad Popular que el gobierno no ha querido acompañar".


Intervención de Claudio Lozano presidente del bloque Unidad Popular
durante la sesión en la que se trató el proyecto del oficialismo
sobre deuda soberana.


Sr. Lozano.- 

Señora presidenta: vengo a fijar la posición del bloque Unidad Popular en este debate inexistente. 

Digo “inexistente” porque hay 175 diputados ausentes, porque lo que pasó ayer en la comisión no se puede denominar debate; porque en ningún caso las argumentaciones que se brindan son contrastadas con seriedad y profundidad como para poder arribar a una conclusión, y porque después de dieciséis horas de debate esto terminará como ya sabemos. 

Por lo tanto, cumplo con expresar una posición y la convicción histórica de nuestro bloque en este sentido.
La convicción que hemos construido, en el marco de la resistencia a la dictadura y de las luchas populares, es que la deuda externa de la Argentina es ilegítima. 

  Esta es una primera definición desde la cual nosotros nos paramos y que por lo tanto nos coloca en el territorio de tratar de hacer todo lo que podamos para que pese del menor modo posible sobre nuestro pueblo, porque estamos convencidos de que ya la pagamos en demasía.

Ahora, como nosotros sabemos que vivimos en este mundo, siempre hemos dicho que el tratamiento lógico para una deuda de carácter ilegítimo implicaba, en función de lo que manda nuestra Constitución, la necesidad de una auditoría parlamentaria y una investigación de la deuda pública.

El modelo de Ecuador, que mencionó el diputado Zabalza, es el que nos parece razonable. Ese país logró una reducción muy significativa de su deuda, pero gracias a la auditoría se quedó con todas las herramientas legales para defender la soberanía de su Estado frente a cualquier eventual litigio. 

Es más, el propio poder económico ecuatoriano ‑los principales bancos transnacionales que operan en Ecuador‑ le pidió por favor al presidente Correa que no siguiera avanzando en la investigación.

Desde ese punto de vista, nosotros como bloque nunca hemos votado un solo peso para la deuda porque ésta no ha sido investigada. 

Y la convicción de la ilegitimidad transita por algunas definiciones básicas. 

La primera de ellas es el papel de la dictadura en el proceso del endeudamiento; no vale la pena extenderse en este punto. 

Hay una primera cuestión, que es la denominada deuda odiosa, que tiene que ver con aquella deuda contraída en momentos donde los pueblos no pueden decidir. 

Y hay una segunda cuestión, en el caso particular de la Argentina, que es que ha sido deuda originalmente tomada por capitales privados, fundamentalmente por empresas transnacionales y grupos empresarios locales.

La verdad es que la deuda de la Argentina no empezó por el endeudamiento del Estado; no es el caso de la Baring Brothers, el empréstito de Rivadavia, que se tomó como deuda pública para una infraestructura portuaria que luego no se hizo. Es otra cosa. 

En la Argentina la deuda tuvo que ver con los mecanismos de acumulación financiera de los principales capitales y estuvo asociada al proceso de fuga de capitales de nuestro país. 

Esto explica los cerca de 300 mil millones de dólares de argentinos o de agentes económicos locales en el exterior que tenemos en este momento.

Casualmente, esa deuda asociada a la fuga de carácter privado fue la que hizo necesario que las empresas estatales se endeuden para proveer de dólares para sostener esa fuga. 

Luego hubo un conjunto de mecanismos variados para estatizar la deuda privada, y después un conjunto de reestructuraciones, muchas de ellas acompañadas de profundas irregularidades e ilegalidades, para tapar todo ese proceso del cual estamos hablando. 

Es más: este Congreso tiene muerto de risa un fallo del juez Ballesteros –creo que hubiera sido más conveniente hablar mucho más de este fallo que del fallo del propio juez Griesa‑ en el que identifica 477 irregularidades. 

Y diciendo que no tiene capacidad para llevar adelante responsabilidades penales, porque había prescripto la causa, lo manda al Congreso para que en nombre del artículo 75 tome las responsabilidades políticas que le correspondían, cosa que nunca se hizo.

Desde este punto de vista, nosotros siempre hemos estado en desacuerdo con la restructuración pagadora que ha hecho el gobierno nacional. 

Estuvimos en desacuerdo en 2005 y en 2010. 

Hemos estado en desacuerdo porque nunca se cuestionaron las acreencias. 

No hemos estado de acuerdo con el pago al Fondo Monetario Internacional; me refiero al pago de toda la cuenta, de cerca de 10 mil millones de dólares. 

La verdad es que, del mismo modo que ayer en la ONU, nosotros tendríamos que haber ido a la ONU para denunciar al Fondo –porque la ONU es el mandante del Fondo‑, dado que ese organismo, cómplice del proceso de convertibilidad y el endeudamiento, había prestado, violando sus propios estatutos, a un país en situación de fuga de capitales. 

Dada esa circunstancia, nosotros teníamos derecho, como país, a reclamar la condonación de esa deuda. 

Sin embargo, en lugar de declarar la ilegitimidad de ese endeudamiento, la ilegalidad y el modo en que el Fondo había violado sus propios estatutos, no dijimos absolutamente nada y pagamos absolutamente todo.

Tampoco estuvimos de acuerdo con una quita que fue mentirosa, y al respecto algo decía recién el señor diputado Lousteau. 

Cualquier cuenta que se haga hoy muestra con toda claridad que el haber entregado el generoso cupón PBI indica que en términos de costo fiscal no hubo quita en la Argentina. 

Lo que hubo fue una refinanciación, sin quita, a una tasa del 3,7 por ciento anual. No le sacamos nada a los acreedores. Esto es parte de la mentira de un relato que no termina de cuajar.

Y menos aun convalidamos el tema de seguir emitiendo deuda bajo legislación extranjera, que es algo que desde Martínez de Hoz para acá no hemos revisado, que viola la Constitución Nacional y que está habilitado por un decreto de abril de 1976 lo que tiene que ver con la prórroga de jurisdicción.

Tampoco hemos estado de acuerdo con tener como agente de pago a un banco norteamericano que hoy le debe fidelidad a Griesa y no a las decisiones de la Argentina.

No estamos de acuerdo con que el estudio de abogados que tenemos sea el mismo que hizo el Plan Brady, el de la época de Menem, el que se dedicó a defender ejecutivos que cometieron delitos en las empresas trasnacionales y en los bancos más importantes del mundo. 

No estamos de acuerdo con tener ese estudio de abogados. Sobran abogados en la Argentina para defender sus intereses soberanos.

Muchos de los elementos que tienen que ver con la reestructuración de la deuda suponen casi un proceso de dormir con el enemigo. 

Por eso, no hay que sorprenderse cuando aparecen desaguisados como el que tenemos hoy, con el tema del fallo del juez Griesa. 

¿Qué esperaban? ¿Quién dijo que nos defendieron bien? Es un desastre la defensa que hubo en el marco de ese fallo. El mismo estudio que nos defiende a nosotros es el del Banco de Nueva York.

No compartimos eso como tampoco el proceso de canje de 2010, en el que identificamos y nadie pudo explicar el papel de una consultora privada como Arcadia que a comienzos de 2008 junto con el secretario de Financiamiento Hernán Lorenzino se paseaba por los Estados Unidos sin que supiéramos absolutamente nada, planteando la oferta que la Argentina hacía para el canje. Este fue efectivamente el proceso.

Tampoco tenemos que ver con la opción tomada hace poco por el oficialismo, y saludada por muchos sectores de la oposición, de pagar y reconocer el ámbito del CIADI, que implica hacernos cargo de un monto de demandas de deudas millonarias.

Del mismo modo, estuvimos en desacuerdo con la compensación inadecuada a Repsol que implicó pagar a la empresa el mismo precio de la acción que tenía un año antes de la estatización, y que nos dejó indemnes frente a la catarata de juicios que tiene en cabeza YPF por la gestión depredadora que en materia ambiental la empresa Repsol puso en marcha en la Argentina y en otros lugares del mundo, a través de YPF.

Tampoco compartimos el planteo respecto del acuerdo con el Club de París, en el que el 42 por ciento de la deuda es originalmente tomada en la dictadura, y que debió haberse discutido. 

Resulta casi tragicómico que vengan a decirnos que nos traen la ley acá para cumplir con el Congreso de la Nación y la Constitución. 

En relación con el acuerdo con el Club de París ni siquiera hemos logrado que manden el memorándum de entendimiento ni los 64 contratos. 

Jamás pudimos saber acerca de una sola coma respecto de lo que se iba a proponer; jamás autorizamos absolutamente nada y ya se pagaron 650 millones de dólares sin que este Parlamento haya dicho algo sobre el tema. 

Este es el escenario. No estamos de acuerdo con la reestructuración. Por eso, frente al fallo de Griesa, sostuvimos dos cuestiones. 

En primer lugar, hay que tener todas las herramientas para resistir el fallo. Es un fallo incumplible, inaceptable, inentendible; es absolutamente irracional que haya sectores o dirigentes políticos que recomienden pagar tal cual dice el fallo. Eso significaría comprarse cerca de 30 mil millones de dólares adicionales y, eventualmente, demandas multimillonarias. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con eso y acompañamos todos y cada uno de los cuestionamientos que haga la Argentina en los foros internacionales y judiciales, para no tener que asumir un fallo de esta naturaleza. En este sentido, celebramos lo que ocurrió ayer en las Naciones Unidas.

Del mismo modo que decimos esto, creemos que hay que aprovechar este momento de respaldo político a nivel mundial para la Argentina. Teniendo en cuenta que los bonistas no pueden cobrar bajo legislación extranjera porque Griesa se los prohíbe, sería conveniente plantear otra estrategia porque, desde nuestro punto de vista, esta ha fracasado. 

El oficialismo no percibe que lo que hizo ha dado como resultado pagar, como pagos netos, más de 63 mil millones de dólares de una deuda que igual se ubica, con una composición distinta, en 250 mil millones de dólares, que en términos del porcentaje del producto es prácticamente lo mismo de finales de la convertibilidad, y que a pesar del esfuerzo que ha hecho la Argentina, estamos enjuiciados en el mundo.

Por lo tanto, si no hay más fracaso que éste es difícil encontrar una solución. O sea que hay que retomar un rumbo y la propuesta nuestra fue muy simple. 

Recuperar manejo soberano implica pasar los bonos de legislación extranjera a legislación local. 

Segundo, abrir la investigación de la deuda pública. 

Tercero, avanzar parlamentariamente declarando la inconstitucionalidad de toda prórroga de jurisdicción, es decir, no permitir que nos juzguen en el exterior.

Para cambiar la legislación de los bonos, la verdad no se necesita una ley. Ya han sido múltiples las explicaciones. En realidad, el único mecanismo que prevén los contratos tiene que ver con el hecho de ir a la asamblea de bonistas. 

Por lo tanto, no existe modo de que haya una ley del Parlamento argentino sobre un acuerdo contractual en el que existen contratos firmados, so pena de que metamos la pata y violemos nosotros el contrato. 

Por eso tenemos que ir a la asamblea de bonistas o pedir el consentimiento expreso de los bonistas ante una propuesta argentina.

Para investigar el tema de la deuda sobran los proyectos en el Parlamento mucho más completos que el artículo 12 que habla de la Comisión Bicameral que se crea. 

Existen proyectos que se han presentado para terminar con la prórroga de la jurisdicción, impactando sobre los tratados bilaterales de inversión y el CIADI.

Hemos hecho propuestas concretas, pero nos hemos encontrado con un gobierno que en lugar de recuperar manejo soberano, como nos ha dicho el señor diputado Feletti, la única preocupación que tienen es pagar. 

De ninguna manera tienen la idea de modificar o replantear la estrategia. Por lo tanto, nos envían un proyecto extemporáneo que no resuelve nada de lo que está en debate, y lo único que afirma son cosas que no tienen que ver con el problema planteado.

Se trata de un proyecto extemporáneo que nos pide que convalidemos retroactivamente los canjes realizados. 

Se trata de canjes que no compartimos y que para nosotros no son inocentes ante esta crisis y que están en proceso judicial, como ocurre con el canje 2010. Esperemos que en algún momento pueda salir de abajo de la cola del juez Oyarbide.

Yendo punto por punto, debo decir que el artículo 1° nos habla de declarar de interés público la deuda soberana, luego declarar de orden público los canjes 2005 y 2010. 

¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos discutiendo? No existe razón alguna para debatir este punto frente al problema planteado.

En el artículo 3° se dice que quieren reemplazar el banco de Nueva York por Nación Fideicomisos, pero luego agregan “o lo que los bonistas resuelvan”. Por lo tanto, tampoco estamos resolviendo absolutamente nada. Realmente no podemos resolver nada, porque si pusiéramos algo taxativo estaríamos violando el contrato.

Para colmo de males, proponen una alternativa que es Nación Fideicomisos, que no cumple con los requisitos. No solo porque no tiene capital. 

Al ministro, por ejemplo, le preocupaba el tema del tiempo. Tampoco existe el tiempo material para que Nación Fideicomisos cumpla con los trámites para tener oficinas en el condado de Manhattan y autorización para operar. 

Además, cuando le den esa posibilidad para que pueda operar lo harán con la legislación  norteamericana, por lo que tampoco va a poder pagar.

Lo que dicen los contratos es muy simple: no se puede colocar una institución local si existen bonos de legislación extranjera. 

Por eso hay que cambiar la legislación. Y donde vamos a cambiar la legislación, figura en el artículo 7º, el gobierno no dice absolutamente nada. Dice: “Que los bonistas me lo pidan y veremos que hacemos.”

Por la situación política internacional, por el respaldo que existe y porque los bonistas quieren cobrar, creo que es el momento en que nosotros debemos forzar la mano para proponer un cambio de legislación, para recuperar manejo soberano sobre la deuda pública.

No estamos de acuerdo con manejar la prórroga de la jurisdicción como en el caso del Club de París.

No estamos de acuerdo con la idea de un bono reversible que después nos haga volver a la legislación norteamericana, tal como lo plantea el proyecto del bloque del Frente Renovador.

No estamos de acuerdo con acatar el fallo, pagando tal cual está.

Estamos de acuerdo con la idea de avanzar en la recuperación del manejo soberano de la deuda pública, en poner en marcha la investigación de dicha deuda y en garantizar que el Parlamento declare la inconstitucionalidad de la prórroga de la jurisdicción.

Hemos planteado al gobierno la posibilidad de acompañarlo, convocando a través de un proyecto de resolución a la asamblea de bonistas para que plantee allí la propuesta del pago soberano. 

Ese es el camino y no tenemos ningún problema en acompañar políticamente esto. Sin embargo, el gobierno no quiere hacerlo.

También le hemos propuesto terminar con la prórroga de la jurisdicción, pero tampoco está de acuerdo en hacerlo. 

La verdad es que no se sabe por qué se habla del pago soberano. Aquí no hay nada que tenga que ver con ese tema. 

Esto simplemente constituye una suerte de declamación gubernamental diciendo “quiero pagar, pagar, de cualquier modo y como sea”.

Aquí no hay ningún intento de revertir los problemas, las irregularidades y los pies de barro de una reestructuración que, más allá de la operatoria internacional del juez Griesa y de los fondos buitre, nos colocó en una posición en la que no contábamos con herramientas para defender el interés soberano de la República Argentina.

En ese marco no podemos validar un canje trucho como el de 2010 y tampoco la pérdida de divisas, poniéndolas en una cuenta en consignación para los fondos buitre a fin de que alguna vez cobren, cuando en realidad todavía no tenemos litigios, no hay acuerdos y nada por el estilo, al tiempo que la Argentina no tiene dólares. 

Es más: por un lado se habla de un ataque especulativo contra la moneda y por el otro vamos a consignar divisas en el marco de un acuerdo inexistente.

Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esto, con la idea de plantear un proyecto de ley para resolver algo que no se puede solucionar por esa vía. 

En cambio, estamos de acuerdo en aprovechar el momento que tenemos para recuperar el manejo soberano de la deuda pública. No estamos urgidos por pagar, sino por retomar la rienda del manejo soberano del endeudamiento.

Esta es la propuesta del bloque Unidad Popular que el gobierno no ha querido acompañar.”