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domingo, 23 de octubre de 2016

RIESGOS DEL TRABAJO: UN DECRETO A MEDIDA DE LA NECESIDAD DE LA UIA Y LA URGENCIA DE LA UART

RIESGOS DEL TRABAJO: UN DECRETO A MEDIDA DE LA NECESIDAD DE LA UIA Y LA URGENCIA DE LA UART
Ha tomado estado público el proyecto de un decreto “de necesidad y urgencia” (DNU), aparentemente elaborado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), para introducir modificaciones en el actual sistema de Riesgos del Trabajo.
Así como el actual gobierno intentó designar por decreto y “en comisión” a dos miembros de la Corte Suprema, ahora pretende asumir facultades legislativas pese a que el Congreso de la Nación está funcionando con absoluta normalidad (ver art. 99.3 de la Constitución Nacional). La reiteración de comportamientos políticamente patológicos, claramente autoritarios y contrarios a nuestra forma republicana de gobierno, desnuda la ideología intima del elenco gobernante. Eso en cuanto a las formas.
En cuanto al fondo, el proyecto de DNU en sus considerados delata que la única preocupación de sus autores es reducir la litigiosidad que afecta al sistema, que supuestamente pone en peligro la tasa de ganancias de las ART e incrementa los costos laborales de los empleadores. Nuevamente la SRT actúa como guardia pretoriana del lucro de las aseguradoras, despreocupándose por la suerte de las víctimas de los siniestros laborales.
Ya hemos dicho en otras oportunidades que la litigiosidad a la que alude este proyecto de DNU, es consecuencia natural y lógica de la conflictividad que está en el código genético del sistema, al poner como gestor del mismo a aseguradoras con intereses opuestos a los de las víctimas.
El eje de la proyectada reforma es obligar a los trabajadores a transitar por las Comisiones Médicas, tratando de sortear los cuestionamientos constitucionales que le ha hecho la Corte Suprema, a un procedimiento kafkiano que pone a profesionales del arte de curar a resolver temas de claro contenido jurídico, en un marco de enorme desigualdad en la correlación de fuerzas entre las partes en conflicto. Médicos que, además, en la mayoría de los casos ignoran los principios del Derecho del Trabajo y los de la Seguridad Social.
Las estadísticas oficiales demuestran que la inmensa mayoría de los siniestros laborales se tramitan y finalizan en la ART, en una instancia en la que ésta es juez y parte, ya que, como se dijo, por tener fin de lucro tiene intereses en pugna con los de los damnificados. Ella decide si acepta la denuncia y la extensión de la cobertura; decisión condicionada por su natural vocación por maximizar sus ganancias. Con este proyecto, a los damnificados que minoritariamente pretendan cuestionar lo actuado por la aseguradora les ponen una nueva valla: pasar obligatoriamente por las Comisiones Médicas del sistema, las que históricamente han sido funcionales al negocio de las ART. La intención es clarísima: alejarlos de la Justicia.
Por otra parte, establece restricciones inadmisibles en materia procesal, como es el de que todas las medidas de prueba deban producirse en el lugar donde el trabajador efectivamente preste servicios, constituyendo dicha previsión una clara limitación a la amplitud probatoria a efectos de averiguar la verdad material. Lo mismo, la exigencia que los peritos médicos de oficio integren el cuerpo médico forense de la jurisdicción interviniente. Más reprochable aún, que su costo pueda ser financiado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, atentando claramente contra su imparcialidad. Constituyen previsiones que violan el art. 14 bis CN y la tutela judicial efectiva de las personas que trabajan.
El proyecto de DNU está plagado de arbitrariedades, claramente perjudiciales para los trabajadores, cuyo análisis excede el marco de este comunicado. Nuestra Asociación simplemente pretende alertar a los operadores jurídicos y a los actores sociales, sobre este nuevo parche que se intenta aplicar al sistema de Riesgos del Trabajo, cuya aprobación significará un evidente retroceso para los trabajadores, y un avasallamiento a la forma republicana de gobierno.
Buenos Aires, agosto de 2016.
Consejo Directivo.