martes, 27 de abril de 2021
¿TIENEN LAS GRANDES ENTIDADES FINANCIERAS ESPAÑOLAS SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL?
Philip K. Dick, en una novela de culto magistralmente adaptada para el cine por Ridley Scott en Blade Runner, preguntó si sueñan los androides con ovejas mecánicas, y describió un mundo de fuertes desigualdades y de rebeliones inútiles de los sujetos que aún ambicionaban prolongar su vida inmune al sufrimiento generalizado e insensible de la sociedad.
En esta entrada, sin embargo, la pregunta es mucho menos poética: ¿Tienen las grandes entidades financieras españolas un sentido de responsabilidad social?
Ya sé que muchas de las personas que frecuentan este blog considerarán que se trata de una pregunta retórica, pero sin embargo es relativamente ingenua.
¿Saben las grandes entidades financieras lo que supone la noción de responsabilidad social empresarial, un concepto que fue elevado por la Ley de Economía Sostenible del 2011 – una norma que parece haber caído en el olvido como si no hubiera sido publicada en el BOE – a regla fundamental de acción y comportamiento de las grandes empresas?
La responsabilidad social empresarial, es decir el compromiso de la empresa y de sus accionistas con valores fundamentales de la sociedad, desde la mejora de los estándares de vida y de trabajo de sus empleados, el respeto y la promoción de la igualdad efectiva por motivos de género, eliminando las discriminaciones directas e indirectas y posibilitando una composición equilibrada de sus Consejos de Administración, hasta la necesidad de preservar el medio ambiente y la adopción de estrategias de inversión social, supone un contenido adicional al que clásicamente forma parte de la libertad de empresa regulado en el art. 38 de nuestra Constitución.
Sin embargo, en estos días se han conocido algunos hechos relativos a las principales entidades financieras del país que han causado una cierta alarma social.
Por ejemplo, el BBVA, reparte un bonus de 157 millones de euros entre sus directivos tras anunciar un ERE de 3000 personas.
Hay que tener en cuenta que en este año se han fijado 6,9 millones de sueldo para el presidente de BBVA y más de 6,2 para el consejero delegado del mismo.
La remuneración variable o bonus se había congelado en 2020 «como gesto de responsabilidad en un año marcado por la pandemia de covid-19 y como muestra de su compromiso con los clientes, los accionistas, los empleados y toda la sociedad», es decir como una acción clásica de responsabilidad social empresarial, que sin embargo no se ha entendido conveniente mantener en el 2021.
Por su parte, Goirigolzarri triplicará su sueldo como presidente tras la fusión de Bankia y CaixaBank, la nueva entidad distribuirá 216 millones de dividendos en la junta del próximo 14 de mayo, a la vez que anuncia un ERE que afectará a 8.300 empleos.
En este caso, como el Gobierno mantiene una participación en este entramado financiero, la ministra de Economía y Vicepresidenta Segunda, Nadia Calviño, critica los altos sueldos de los directivos bancarios y tratará de "minimizar" el ERE de CaixaBank, llamando a CaixaBank y en general a la banca, a “actuar con responsabilidad”.
Una llamada que ha sido respondida ya de forma negativa por los principales bancos, al entender que los sueldos de sus directivos están avalados por sus accionistas y se encuentran en línea con las empresas del IBEX35.
Los comentarios de los medios de comunicación insisten en el daño reputacional que esta historia está causando a las entidades financieras, a la percepción general de la insolidaridad social que este tipo de conductas están produciendo.
En lo que se refiere a la eliminación de entre un 15 y un 20% de la plantilla de estos bancos, es conveniente recordar que hasta la reforma del 2012, el gobierno y el poder público en general tenía un control sobre las decisiones de empleo sobre la base del sistema de autorización administrativa en los despidos colectivos que hoy no existe, sustituido por la libertad plena del empresario, condicionado tan solo por el respeto al procedimiento de consultas y la posibilidad de impugnar su resultado ante la jurisdicción laboral.
Suponemos que en algún momento el Ministerio de Economía habrá experimentado un sentimiento de nostalgia activa ante esa modificación legislativa que aún ahora avalan con carácter general.
El caso es que este tipo de conductas implican la vulneración flagrante de los compromisos de Responsabilidad Social que estas entidades financieras se ufanan de proclamar en sus páginas web.
Una responsabilidad social corporativa para el BBVA, que “sirve de equilibrio para la sociedad y para dar valor a los accionistas”, al parecer el único compromiso que están dispuestos a mantener, que en el caso de Bankia implica también cotizar positivamente en el índice Dow Jones de la sostenibilidad, y, de manera mucho más intensa, para Caixabank, donde la RSE, como está definido en su misión, “no aspira solamente a contribuir al bienestar financiero de sus clientes, sino al progreso de toda la sociedad”.
Demuestra que la incorporación de estos compromisos formales no ha condicionado la actuación de tales entidades, ni siquiera en un contexto en el que la sociedad está sufriendo una inmensa crisis económica derivada de la crisis sanitaria del Covid19, una pandemia que sigue todavía presente, y de manera muy evidente, en la realidad española, y para cuya amortiguación de los efectos sociales más negativos, se están invirtiendo cientos de millones de recursos públicos.
No resulta razonable, ni socialmente responsable, que las entidades financieras, que han recibido por otra parte unas excepcionales ayudas públicas con ocasión de la crisis previa, en el 2012, ahora demuestren que se sienten plenamente ajenas a este cuadro general.
En efecto, el coste del rescate bancario, 60.000 millones de euros, que algunos cálculos suben hasta 88.250 al contabilizarse también el SAREB o “banco malo” que gestiona los activos tóxicos de la burbuja inmobiliaria, supone un quebranto económico que parece asumirá el Estado en exclusiva, al estar preparándose la retirada de los bancos privados de esta institución, y no parece por lo tanto que tenga ninguna repercusión sobre la contención retributiva de los dirigentes de las entidades financieras.
Algo que sin embargo ha querido retenerse con ocasión de los ERTES por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, impidiendo que durante el ejercicio del año 2020 las empresas que acudieran a la regulación temporal de empleo, repartieran dividendos durante el mismo, una prescripción que proviene del RDL 18/2020, que las entidades financieras asumieron, como se ha dicho, pero tan solo durante el ejercicio del año anterior.
Se habla por tanto de salarios mínimos, y se discute sobremanera respecto de su efectividad económica en relación con su función social.
No se aborda nunca sin embargo la posibilidad de limitar las altas retribuciones que reciben los directivos de las empresas privadas y muy en concreto, de las entidades financieras, una cuestión que se desvincula tanto del esfuerzo de financiación público realizado respecto de su rescate, como de la financiación de los mecanismos de amortiguación social puestos en práctica en esta situación de crisis.
Al contrario, las entidades financieras proceden a despedir masivamente a sus empleados, conscientes de la gravedad de este hecho, calculan que subirán razonablemente las indemnizaciones por despido para lubrificar la gravedad de la pérdida de puestos de trabajo, acudirán a las prestaciones públicas de desempleo y a las jubilaciones anticipadas que el ministro Escrivá aborrece, y gracias a ello conseguirán importantes incrementos de sus retribuciones, entusiastas ante la subida del valor de sus acciones.
Algo que ya conocemos también desde algunos films emblemáticos de la época dorada del enriquecimiento sin fin de los 90.
La reducción de plantilla por otra parte va acompañada de una restricción del servicio, la eliminación de sucursales y por consiguiente, la dificultad en la accesibilidad a los bancos privados de una gran cantidad de personas.
Se ha hablado de la “exclusión financiera” de una gran parte de la España vaciada, y el dato en el 2020 es muy llamativo: a lo largo de dicho año, se han cerrado cerca de 5.000 oficinas bancarias, lo que se ha calculado que dejara a más de tres millones de personas sin acceso a los cajeros automáticos, y se prepara el cierre de otras tantas para el 2021.
Cierre de oficinas que ha sido criticado y denunciado por movimientos populares como el de los pensionistas en el País Vasco, y que previsiblemente originará una fuerte respuesta sindical en el momento en el que se deposite el ERE en cuestión.
Y sin embargo, las entidades financieras consideran que sus directivos pueden subirse el sueldo a niveles incompatibles con las percepciones razonables de ganancia en relación con el nivel salarial medio del país.
Se consideran un mundo aparte y cerrado, en el que reina la desresponsabilidad frente a una situación de crisis profunda y de sacrificios compartidos.
En el ámbito de la responsabilidad social, no parece que se tenga en cuenta el daño reputacional que implica hacer caso omiso de esa consideración de progresividad y de colaboración con los intereses públicos y ciudadanos que debe insertarse necesariamente en las prácticas sociales y en la conducta dirigente de las grandes entidades financieras.
La respuesta a la pregunta que encabeza esta entrada es, por consiguiente, negativa. Y eso no sólo repercuta sobre la percepción social negativa de las entidades bancarias, que además encarecen y reducen los servicios prestados a sus clientes, sino que contradice expresamente la construcción jurídica de una libertad de empresa que, en el marco de la llamada “economía social de mercado”, tiene necesariamente que adecuar sus conductas y sus prácticas a un canon de responsabilidad social que impide el obsceno reparto de cientos de millones de euros como recompensa y fortalecimiento de la desigualdad económica y social que contradice por consiguiente el proyecto diseñado en el art. 9.2 de la Constitución española.
Nadie se extrañará de que la denuncia de este rotundo desmentido de los compromisos de las entidades financieras con la responsabilidad social de sus empresas y sociedades debilita de forma evidente la virtualidad de tales acuerdos o declaraciones.
¿Para qué proceder al enunciado de elementos de responsabilidad empresarial cuando la cúpula directiva se siente plenamente justificada para percibir cientos de millares de euros en un contexto de incremento del gasto social y mientras se exige moderación cuando no congelación de los salarios del resto de las y los trabajadores de todo el país?
El resultado de este cuestionamiento no puede escudarse en la libertad de empresa y su capacidad de determinar el margen de ganancia con independencia de cualquier solicitación social o política.
Hay que intervenir e impedir este insulto al esfuerzo común y democrático de la sociedad española.
Se debe imponer la responsabilidad social a estas empresas financieras y reducir su capacidad de determinación de la retribución de su trabajo en momentos de crisis para todos.
Y mientras tanto, insistir y aumentar la crítica que erosione la reputación, ya de por sí muy reducida, de estas empresas financieras a las que los recursos públicos de la ciudadanía evitaron su quiebra y desaparición por su mala gestión e ineficiencia en la crisis del 2010-2013.
