RENTA BÁSICA UNIVERSAL EN ARGENTINA - CLAUDIO LOZANO - MÁS INTERCAMBIO DE IDEAS ENTRE ABOGADOS LABORALISTAS

 

LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL EN ARGENTINA

 

Claudio Lozano (presidente de Unidad Popular, ex diputado nacional, economista, cofundador de la CTA);

Ana Rameri (economista, Coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas). Juntos publicaron La disputa por los ingresos y la riqueza. Renta Básica Universal y empleo garantizado en la Argentina (Coyunturas, 2023-).

 

Pudimos pensar propuestas que le abrieron paso a la discusión sobre la renta básica en la Argentina porque fuimos parte de una nueva experiencia política de los trabajadores,

entendiendo que la clase trabajadora era un todo que involucraba a los asalariados formales, a los informales, al cuentapropismo y el desempleo.

 

Ser parte de la creación de la Central de Trabajadores de la Argentina y habiendo entendido que la clase trabajadora ya no era la resultante del proceso de industrialización de la Argentina, fue lo que nos permitió pensar otros instrumentos de política pública para la redistribución de los ingresos.

 

Si el empleo no era la fuente de acceso a la ciudadanía social, había que pensar en otras alternativas, en ese marco tomamos los aportes del regulacionismo francés, los debates sobre el ingreso de ciudadanía y las propuestas de empleo garantizado.

 

De ahí que planteamos el seguro de empleo y formación, la asignación universal por hijo y el haber jubilatorio universal.

 

Le dimos vida a la idea de una nueva área de la economía pública y social donde pudieran inscribirse las estrategias de empleo garantizado, instalando que la redistribución del ingreso no se da por la vía exclusiva de la política salarial. Esto implica una ruptura con las miradas tradicionales de las experiencias populares de la Argentina.

 

Habíamos comprendido que la transformación estructural de la economía había abierto una nueva dinámica del mercado laboral que permitía una y otra vez bajar el piso de ingresos profundizando la sobreexplotación laboral y destruyendo la capacidad distributiva que las viejas herramientas, como el salario mínimo y las paritarias sectoriales habían demostrado en la Argentina industrial.

 

Esta lectura sobre la situación laboral se articulaba con una lectura sobre los cambios en el proceso de acumulación gestado en el marco del endeudamiento y la valorización financiera, lo que generaba la necesidad de adaptar las negociaciones sectoriales -análisis de los sectores dominantes mediante-, con patronales cuyas características eran la conglomeración (su inserción simultánea en múltiples sectores de la economía) y la fuerte transnacionalización no solo por las corporaciones extranjeras, sino de los principales grupos empresariales locales.

 

Por estas razones, la primera experiencia política que le abre la puerta a la discusión sobre la necesidad de universalizar ingresos tuvo que ver con la conformación de un bloque social ampliado que además de estar integrado por la CTA, involucró al movimiento cooperativo, al movimiento estudiantil, a la experiencia de las Pequeñas y Medianas Empresas y a un cúmulo muy importante de organizaciones territoriales.

 

De ahí surgió el FRENAPO (Frente Nacional contra la Pobreza[1]), que se convirtió en una alternativa popular en el final de la experiencia de la convertibilidad en la Argentina.

 

Si bien el FRENAPO no planteaba una renta básica universal en los términos en que hoy la discutimos, instalaba una idea decisiva al sostener que

el acceso a un ingreso debía ser reconocido como un derecho y no depender exclusivamente del lugar que cada persona lograra ocupar en el mercado de trabajo.

 

La idea de que un ingreso sólo se justifica cuando está atado a un empleo formal está muy arraigada en nuestra cultura y suele presentarse bajo distintas formas, como la exigencia de demostrar sacrificio y esfuerzo para merecer una recompensa, algo que se sintetiza muy bien en esa idea tan instalada de “ganarse el pan con el sudor de la frente”.

 

Son enunciados muy profundos, que moldearon nuestra subjetividad y nuestra forma de pensar el trabajo, el mérito y el derecho a la existencia.

 

La renta básica resulta desafiante justamente porque

obliga a discutir esos supuestos y

a preguntarnos qué trabajos reconoce una sociedad, qué actividades deja afuera y

quiénes tienen derecho a vivir con dignidad.

 

Hoy los grandes modelos de negocios tienen un componente rentístico cada vez más fuerte y las finanzas, las plataformas, las marcas, los datos, la propiedad intelectual y otros activos intangibles permiten capturar valor producido socialmente, aun cuando ese trabajo no sea reconocido bajo la forma de un empleo.

 

Por eso tenemos que volver a revisar nuestras categorías de análisis,

porque no sólo se produce bajo la figura del asalariado clásico.

Hay trabajo en las tareas de cuidado, en la economía popular, en las actividades comunitarias, en la producción social de información y también en una vida cotidiana crecientemente hiperconectada.

 

Muchas de esas actividades sostienen la reproducción social y, en numerosos casos, son además fuente de valorización para el capital, aunque permanezcan invisibles o carezcan de una retribución adecuada.

 

En ese camino fueron muy importantes los aportes del feminismo y de ciertas corrientes del post-operaismo italiano.

 

El feminismo viene señalando desde hace décadas que el trabajo reproductivo, doméstico y comunitario produce riqueza social, aunque no sea reconocido ni remunerado.

 

En la Argentina, además, los feminismos populares mostraron con mucha claridad cómo la deuda y las finanzas explotan la vida cotidiana, especialmente en los hogares y territorios más vulnerados.

 

Por su parte, los autores vinculados al capitalismo cognitivo y al post-operaismo ayudaron a pensar que el trabajo explotado por el capital desborda cada vez más los límites del empleo formal y de la fábrica tradicional.

 

La renta básica tiene que ocupar un lugar central en la agenda de investigación sobre protección social y condiciones de vida, pero no como una política aislada ni como una especie de plan social ampliado.

 

Su importancia está en que obliga a revisar las preguntas de fondo.

--- ¿Cómo se garantiza hoy el derecho a la existencia?

--- ¿Qué tipo de instituciones laborales y de protección social necesitamos cuando el empleo formal dejó de ser una vía capaz de garantizar una participación extendida en el ingreso nacional y la integración social?

 

La protección social en la Argentina, como en buena parte de las sociedades contemporáneas, fue construida alrededor del empleo asalariado formal.

 

Aunque es cierto que Argentina, dentro de la región, presentaba características similares (diferenciándose de las propias sociedades latinoamericanas en ese punto), como en algún punto Chile y Uruguay, también integrándose como sociedades en torno a la cuestión laboral.

 

Pero para Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, entre otros países, el alcance del salario formal no tuvo el nivel de masividad que tuvo en nuestro país.

 

Tal vez, por esa misma historia, se trata de una sociedad a la que le cuesta hablar de renta básica, porque

llegó a ser una realidad en nuestro país que con el trabajo se vivía y se accedía a la ciudadanía social.

 

Pero cada vez cuesta más sostener esa imagen, no solo por

el deterioro industrial extendido en el tiempo, sino también

por el profundo cambio tecnológico, que

permite la existencia de centros basados en redes que apropian valor de múltiples productores para terminar un solo producto, etc.

 

Entonces, por un lado, esa arquitectura industrial y laboral tuvo una enorme importancia histórica y sigue siendo necesario defenderla frente a la ofensiva flexibilizadora que atravesamos en la actualidad, pero, al mismo tiempo, hay que reconocer sus límites.

 

La informalidad, el cuentapropismo de subsistencia, las formas encubiertas de dependencia laboral, la economía popular, las tareas de cuidado y las nuevas formas de trabajo mediadas por plataformas muestran

que hay millones de personas que trabajan, producen valor o sostienen la reproducción social sin quedar plenamente cubiertas por las instituciones tradicionales.

 

En ese marco, la renta básica permite correr el eje porque pone en primer plano una transformación más profunda,

que es la pérdida de centralidad del empleo asalariado tal como se lo conoció durante buena parte del siglo XX.

 

Incluso hoy, tener un empleo formal ya no garantiza necesariamente

una inserción plena en derechos ni un nivel de ingresos suficiente para sostener condiciones de vida dignas.

 

Por eso, la discusión que propone la renta básica no se reduce a la pregunta habitual acerca de

cómo extender derechos a quienes quedaron fuera de las formas clásicas de protección, una vía que suele derivar en dispositivos de cobertura más limitados y de menor calidad.

 

La pregunta de fondo es cómo reconstruir un piso común de ingresos y de seguridad material para el conjunto de la población,

en una etapa en la que las trayectorias laborales son cada vez más heterogéneas, inestables y fragmentadas,

y en la que una parte creciente de la vida social se sostiene por fuera de las formas clásicas de empleo.

 

También es importante discutir la renta básica desde las condiciones de vida en un sentido amplio.

--- Un ingreso garantizado no sólo mejora la capacidad de consumo inmediato o permite resolver urgencias alimentarias.

--- También puede modificar relaciones de poder muy concretas.

… Puede fortalecer la capacidad de negociación de quienes trabajan, permitir rechazar empleos extremadamente precarios, reducir la dependencia respecto de vínculos violentos o abusivos, aliviar la presión del endeudamiento familiar y reconocer una parte del trabajo social que hoy permanece invisible.

--- Por eso, este planteo no supone abandonar la agenda del trabajo.

 

Además, no pensamos la renta básica como

una simple transferencia de distribución secundaria del ingreso, es decir,

como una compensación posterior a una distribución desigual producida por el mercado.

La ubicamos dentro de la disputa por la distribución del ingreso entre capital y trabajo.

 

Por eso está más cerca de una institución laboral y de protección social de nuevo tipo que de una política meramente asistencial.

 

Desde nuestra perspectiva, la RB consistiría en una forma de remuneración social adecuada para una etapa en la que los tiempos de producción de valor y de valorización del capital desbordan ampliamente el tiempo y el espacio del empleo formal.

 

Como decíamos, las tareas de cuidado, la cooperación comunitaria, la producción social de conocimientos, los esfuerzos cotidianos de reproducción de la vida y muchas otras actividades socialmente necesarias producen riqueza, aunque no aparezcan como empleo ni reciban una retribución del mercado.

 

La renta básica universal busca

reconocer esa contribución colectiva sin exigir, como condición, una contraprestación laboral determinada.

 

Ahora bien, también creemos importante no convertir a la renta básica en un fin en sí mismo ni pensarla como un sustituto de las demás instituciones y políticas necesarias para garantizar condiciones de vida dignas.

 

Ese es un riesgo de ciertas versiones liberales de la propuesta, que imaginan una transferencia monetaria mínima mientras se desmantelan servicios públicos o derechos laborales.

 

Desde nuestra perspectiva, la renta básica debe formar parte de una estrategia más amplia, articulada con la universalización de las políticas de cuidado, salud, educación, vivienda e infraestructura social, junto con una reforma tributaria progresiva.

 

De otro modo, puede terminar siendo apenas una compensación monetaria dentro de una sociedad cada vez más mercantilizada.

 

En ese sentido, su lugar en la agenda de investigación es doble.

--- Por un lado, es una herramienta concreta para discutir cómo construir pisos de ingresos y derechos.

--- Por otro, es una puerta de entrada para repensar las nuevas relaciones entre capital y trabajo, la protección social y la distribución de la riqueza.

 

Muchas veces nos han preguntado por las dificultades para instalar la necesidad de un ingreso universal en nuestro país.

 

Creemos que, en primer lugar, hay una fuerte diferencia con la mirada de la experiencia popular que tuvo mayor importancia en la Argentina, como es el peronismo.

Un movimiento que hizo del empleo y del ingreso asociado a un desarrollo industrial, una burguesía nacional y un Estado en capacidad de fijar condiciones a nivel productivo y en materia de justicia social.

Pero la reestructuración que se abre a mediados de los 70 -sobre todo en dictadura- con la financierización y el elevado endeudamiento externo, supuso la modificación de todos los actores involucrados en aquella experiencia.

 

Sin embargo, criterios y culturas de aquella experiencia sobreviven como si no hubiera habido transformaciones y presentan una importante resistencia a la hora de revisarlos.

 

Del mismo modo que tiene dificultades la industrialización pensada en los viejos términos y no en el marco del cambio tecnológico vigente que supone

niveles de generación de empleo menores y que nos obligan a discutir

la reducción de la jornada laboral

(manteniendo los niveles salariales como un criterio distributivo elemental, de la generación de empleo).

 

Esto no significa que Argentina no pueda recrear cierto proceso de reindustrialización habida cuenta de los niveles de retroceso que ha tenido en los últimos 50 años, y por la cultura y los resabios de esa experiencia que se ven en sus desarrollos en distintas áreas.

 

Pero esa deseable reconstrucción se puede dar sobre bases diferentes y

articulando el cambio tecnológico con una renta básica universal y

un nuevo reparto de la jornada laboral (en el sentido de la reducción de los tiempos de trabajo) y del empleo disponible.

 

Ni el Estado ni el trabajo son los mismos desde la dictadura hasta nuestros días.

 

Es necesario construir otra matriz de funcionamiento del Estado, otra institucionalidad y regulaciones que permitan capturar y reorientar el excedente, distribuyéndolo de otra manera, ya que no se puede llevar esto adelante bajo las limitadas posibilidades que tiene el Estado hoy, que no puede imponerle nada al esquema de acumulación actual.

 

La vieja idea del acuerdo social entre la burguesía y los trabajadores que permiten al Estado asumir la protección social por vía fiscal en un contexto de desarrollo industrial,

trasladada a los proyectos de carácter popular o los progresismos actuales,

los pone en la situación de buscar una expresión de burguesía nacional,

pero en la realidad se topan con representantes de capitales internacionalizados que forman parte de la burguesía argentina (Arcor, AGD, Bulgheroni, etc.) y encuentran límites claros.

 

Entonces, no pueden generar grandes modificaciones en la distribución del ingreso y los límites fiscales vienen por el lado de los subsidios y exenciones impositivas que demandan los capitales concentrados, los cuales, a su vez,

ejercen presión sobre el pago de la deuda externa, por su grado de transnacionalización,

es decir, su dependencia de parámetros financieros internacionales.

 

Un escenario semejante limita cualquier posibilidad de contar con recursos para algo como una renta básica.

 

Por otra parte, el kirchnerismo tampoco quiso avanzar con planteos como los que hacía la CTA, después de que Kirchner, como gobernador de la provincia de Santa Cruz colaborara desde su estructura gubernamental con la construcción del FRENAPO. Los debates con Alicia Kirchner fueron muy fuertes después de que ganaran las elecciones en 2003. Por un lado, tomaban el argumento de las dificultades fiscales, pero por otro,

sostenían que el crecimiento, la creación de empleo y las políticas sociales de promoción como la de las cooperativas (para generar empleo) eran el camino.

 

No aceptaban las políticas universales, hasta que, tras la derrota política de 2009 sufrida por el gobierno de entonces, sobre todo, en el conurbano, en 2010 se avanzó con la Asignación Universal por Hijo (de manera incompleta, no unificada y por decreto), que es hasta hoy la política social más importante de la Argentina.

 

Pero luego, en pandemia, cuando se puso en marcha el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), no se le dio a ese instrumento la potencialidad que debió haber tenido -de hecho, se pagó tarde y con un ingreso muy insuficiente.

 

En cambio, los ATP (Programa de Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción), se sostuvieron en el tiempo con mayor eficacia, beneficiando no solo a PyMES, sino a sectores más concentrados de la economía (como Clarín o Techint). De ese modo, el peronismo esterilizó rápidamente todo intento redistributivo.

 

Además, en relación con la subjetividad sedimentada de esa historia de la Argentina de la justicia social, hay una mirada moral sobre el trabajo.

 

Luego, en el extremo más liberal aparece la idea conocida de que

“no trabaja el que no quiere”,

que “no se puede vivir del Estado” o

que toda transferencia de ingresos genera vagancia.

 

Es una mirada punitiva, pero además profundamente falsa, porque

desconoce cómo vive realmente la mayor parte de la población y, en particular,

las condiciones en que vive y trabaja la población más pobre, sobre la que suelen recaer con mayor fuerza esos prejuicios.

 

La pobreza en la Argentina no se explica, predominantemente, por ausencia de esfuerzo. Una parte muy importante de la población empobrecida ya cuenta con ingresos laborales, pero son ingresos tan bajos e inestables que obligan a trabajar muchas horas más.

 

Y esa imagen queda todavía más incompleta cuando se incorporan los tiempos de cuidado, las changas informales, el trabajo comunitario y las múltiples estrategias cotidianas que los hogares despliegan para sostener su reproducción.

 

En parte de la agenda progresista se sigue suponiendo que la pobreza se explica, ante todo, por déficits de formación o de capacidades individuales.

 

De allí la centralidad que adquieren los programas de terminalidad educativa, capacitación laboral e ingresos condicionados a trayectorias de inserción, orientados por la expectativa de que esas herramientas preparen a las personas para ocupar los puestos que generaría un proceso de industrialización o reindustrialización capaz de reconstruir un horizonte de pleno empleo formal.

 

Sin embargo, observamos que puede haber personas que, por su formación o por sus redes, estén en mejores condiciones de acceder a determinados puestos, pero eso no significa que haya lugar para todos.

 

En una fase del capitalismo global signada por el estancamiento o el bajo crecimiento económico, por límites biofísicos planetarios que cuestionan la posibilidad de un crecimiento indefinido y por un avance tecnológico que transforma y reduce la demanda de trabajo, la capacitación puede mejorar la posición relativa de algunas personas, pero no resuelve por sí misma el problema agregado.

 

A veces ordena mejor la fila, pero no aumenta la cantidad de empleos disponibles ni mejora la calidad de los existentes.

 

Esto se vuelve todavía más importante con el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

 

Durante mucho tiempo se sostuvo la expectativa de que

el crecimiento económico y la modernización productiva

generarían automáticamente más empleo y mejores ingresos.

Hoy esa promesa es cada vez menos convincente.

 

La tecnología podría

permitir trabajar menos, vivir mejor y socializar una parte de los aumentos de productividad.

Pero, bajo la regulación vigente, suele operar en sentido contrario reduciendo costos laborales y concentrando ganancias.

 

Por eso la renta básica introduce una discusión incómoda. Tanto desde la perspectiva liberal como desde buena parte del progresismo,

el trabajo sigue apareciendo como la verificación del mérito o

como el único centro legítimo de integración social.

 

Pero esas certezas obligan a hacernos una pregunta más profunda:

¿el derecho a vivir con dignidad debe depender exclusivamente de

que el mercado demande nuestra fuerza de trabajo, en una sociedad donde

el empleo formal tiende a restringirse y a perder capacidad de protección?

 

También suele aparecer la cuestión del financiamiento como una barrera común a casi todo el espectro político.

 

El equilibrio fiscal se transformó en un fin en sí mismo,

como si la discusión pudiera detenerse allí.

 

Es evidente que una política de renta o ingreso universal requiere recursos públicos importantes. Pero la pregunta de fondo no es solamente si resulta fiscalmente posible, sino

qué parte de la riqueza socialmente producida estamos dispuestos a reconocer como un derecho común y

qué instituciones necesitamos para garantizar una captura social de esa riqueza,

de modo que nadie quede por debajo de un umbral básico de dignidad.

 

Además, el problema no es simplemente la escasez de recursos, sino

cómo se distribuye la carga tributaria y qué sectores quedan protegidos de contribuir.

 

La estructura tributaria argentina recae con mayor peso relativo sobre

el consumo y sobre los ingresos del trabajo,

mientras las rentas empresariales, financieras y patrimoniales tienen una gravitación menor y

 enfrentan múltiples mecanismos de elusión, evasión y privilegios fiscales.

 

Las estimaciones disponibles muestran una injusticia muy clara siendo que

el 50% de menores ingresos soporta una carga tributaria efectiva cercana al 37% de sus ingresos, mientras

el 10% de mayores ingresos tributa alrededor del 25%.

 

Al mismo tiempo, el 1% más rico concentra

cerca del 18% de los ingresos y más de una cuarta parte de la riqueza,

pero el sistema tiene enormes dificultades para gravar de manera efectiva esa capacidad contributiva.

 

No se trata, entonces, de pensar una renta básica como una transferencia que se financia indistintamente con cualquier recurso sino de discutir una reforma tributaria progresiva que

grave más la riqueza, las ganancias extraordinarias, los patrimonios concentrados, las rentas financieras y los mecanismos de apropiación que hoy permanecen sub-tributados.

 

También implica revisar exenciones, regímenes promocionales y formas de evasión o elusión que permiten que grandes corporaciones y personas de altos ingresos aporten menos de lo que corresponde.

 

En definitiva, la discusión no es

renta básica versus trabajo, ni renta básica versus desarrollo productivo.

 

La discusión es si vamos a

seguir atando la protección social a un mercado laboral cada vez más excluyente, o si

vamos a construir una nueva matriz de derechos que combine ingresos garantizados, empleo digno, reducción de la jornada laboral, reconocimiento de los cuidados y

una distribución más justa de la riqueza socialmente producida.

 

Durante la pandemia se produjo una especie de hiato en el que una parte de la sociedad se permitió pensar, al menos transitoriamente, que la reproducción de la vida no podía depender exclusivamente del funcionamiento habitual de los negocios ni de la disponibilidad de empleo formal.

 

En ese sentido, el IFE, como marcábamos, fue una herramienta muy significativa en la dirección de replantear los marcos de la política de ingresos.

 

Esa experiencia también permitió dimensionar la magnitud de la informalidad y de las inserciones laborales precarias en la Argentina. El Estado se encontró con cerca de 9.000.000 de personas que requerían una transferencia de emergencia porque no disponían de un salario registrado, de una jubilación o de otro ingreso formal.

 

Es decir, quedó expuesta una realidad que ya existía, aunque permanecía en gran medida invisibilizada, ya que una parte enorme de la población depende de ingresos inestables, actividades discontinuas o trabajos que no brindan ningún tipo de protección.

 

La pandemia también volvió más visible las tareas de cuidado. No sólo las tareas remuneradas de las redes públicas de salud y educación, sino también el trabajo doméstico dentro de los hogares, las redes comunitarias, los comedores, los merenderos y las múltiples formas de organización barrial que sostuvieron la vida cotidiana en una situación extrema.

 

En ese momento se hizo muy evidente que

la economía no se reduce a lo que ocurre en el mercado y

que existe una enorme cantidad de trabajo socialmente necesario que

no recibe reconocimiento ni remuneración suficiente.

 

Lo que mostró esa circunstancia es que, frente a una interrupción de la actividad ordinaria, una sociedad puede y debe disponer de instituciones capaces de garantizar un mínimo de reproducción material.

 

En otras palabras, que la subsistencia no puede depender enteramente

de la rentabilidad empresaria ni de que el mercado demande, en cada momento, la fuerza de trabajo de cada persona.

 

Luego, observamos que la virtualización acelerada amplió el poder de las grandes plataformas, profundizó la extracción de datos y extendió formas de trabajo, consumo y sociabilidad cada vez más atravesadas por lógicas individualizadas.

 

La suspensión parcial de la actividad presencial

no implicó una salida de las relaciones de explotación, sino una reorganización de esas relaciones,

muchas veces en favor de los actores económicos más concentrados.

 

La salida de la pandemia fue, en ese sentido, muy problemática. Al retiro de las políticas de emergencia le siguió un escenario de mayor deterioro social, en el que la sociedad vivió una experiencia contradictoria: un Estado que se había vuelto muy presente en distintos aspectos de la vida cotidiana, tanto por la cuarentena como por las campañas de vacunación, pero que al mismo tiempo no lograba detener el deterioro de los ingresos, la inflación, el endeudamiento ni el empobrecimiento.

 

Esa combinación produjo una frustración muy fuerte, especialmente entre los sectores que seguían sin contar con una protección estable.

 

En ese contexto comenzó a expandirse la desconfianza hacia el Estado y hacia las políticas públicas en general, no porque la población hubiera dejado de necesitarlas, sino porque muchas personas las percibieron como insuficientes o ineficaces frente al deterioro social.

 

Allí se reforzó una idea muy peligrosa, según la cual,

si el Estado no logra proteger ni mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías,

cada persona debe resolver su situación por sus propios medios en el mercado.

 

Además, parece un razonamiento contradictorio porque el mercado era justamente el ámbito que venía produciendo buena parte de esa precariedad. Sin embargo, esa idea fue ganando fuerza en el clima social posterior.

 

De hecho, gobierno de Javier Milei representa, hasta ahora, la cristalización más extrema de esa reversión en el debate público.

 

La centralidad absoluta otorgada al equilibrio fiscal, el ajuste del gasto público, el desmantelamiento o debilitamiento de programas sociales y la ofensiva flexibilizadora sobre las relaciones laborales

refuerzan una mirada según la cual el problema de los ingresos y de la pobreza debe resolverse casi exclusivamente a través de la inserción individual en el mercado.

 

Eso también condiciona a buena parte de la oposición, que tantas veces queda atrapada en posiciones defensivas y en la aceptación de consensos que parecían discutibles pocos años atrás.

 

La idea de que el empleo formal es la única vía legítima de integración, o de que toda política de ingresos debe estar limitada por una concepción rígida del equilibrio fiscal, vuelve a desplazar preguntas que durante la pandemia habían comenzado a resonar con fuerza.

 

De todos modos, el debate no está cerrado. Es posible que se encuentre en una etapa de retroceso político, pero también de mayor necesidad histórica.

 

La expansión de la informalidad, la precarización, el endeudamiento récord de los hogares, la crisis de los cuidados y las transformaciones tecnológicas

hacen cada vez más evidente que no alcanza

con defender los viejos mecanismos de protección

ni con esperar que el crecimiento económico vuelva a generar, por sí solo, integración social.

 

La discusión sobre una renta básica universal vuelve una y otra vez porque expresa un problema real que es

cómo garantizar que la vida no quede enteramente sometida a los límites de un mercado laboral cada vez más excluyente.

 

[1] Impulsado desde mediados de 2001, fue una estrategia integral y democrática, impulsada además mediante una consulta popular, que buscaba abrir una discusión sobre una reorganización más justa de la sociedad. La propuesta combinaba una asignación universal para la infancia, un haber mínimo garantizado para las personas mayores que no percibían jubilación o pensión y un seguro de empleo y formación destinado a jefes y jefas de hogar desocupados. De ese modo, abrió de manera masiva un horizonte de universalización de derechos y colocó en el centro la necesidad de garantizar ingresos.

(octubre 17, 2026 By Coyunturas)

 

DEBATE PROVOCADO POR LA PUBLICACIÓN ENTRE  COLEGAS LABORALISTAS EN EL WHATSAPP "FORO PARA LA DEFENSA  DEL TRABAJO Y LA JUSTICIA SOCIAL

[22:40, 18/10/2026] DAVID DUARTE: La renta Básica Universal es resignar el ingreso a los ricos y dejar los despojos a los pobres. Apunta al abandono de la industrialización y se resigna a repartir miseria a los pobres. Consolida el tener ingresos sin laburar y reafirma que la riqueza siga siendo de unos pocos. No estoy de acuerdo. Es una propuesta de la izquierda burguesa europea y la pregona en nuestra tierras los intelectuales. Cómo decía Bakunin "anarquistas de salón" Si eso es lo más revolucionario de la izquierda estamos fritos

[09:30, 19/10/2026] +54 9 11 5992-1614: La renta Básica Universal es resignar el ingreso a los ricos y dejar los despojos a los pobres. Apunta al abandono de la industrialización y se resigna a repartir miseria a los pobres. Consolida el tener ingresos sin laburar y reafirma que la riqueza siga siendo de unos pocos. No estoy de acuerdo. Es una propuesta de la izquierda burguesa europea y la pregona en nuestra tierras los intelectuales. Cómo decía Bakunin "anarquistas de salón" Si eso es lo más revolucionario de la izquierda estamos fritos

Estaría de acuerdo con vos, David, aunque sin tanto énfasis ni acusaciones a quien no comparte tu posición en un tema tan debatido como opinable, si tu opinión estuviera acompañada por ideas concretas y posibles, sin transformaciones de fondo que pudieran caracterizarse como revolucionarias, en orden a resolver las siguienes cuestiones de fondo: a)la exclusión social (que como vengo sosteniendo hace mucho lo es también jurídica, salvo para el derecho penal y no precisamente en la condición de víctimas; b) el excedente social, que es más amplio aún que la exclusión, constituído por quienes ya no tienen posibilidad alguna de ejercer derecho alguno al acceso al trabajo (menos aún al trabajo digno); c) el desempleo estructural, multiplicado por las transformacio…

[09:58, 19/10/2026] DAVID DUARTE: Estaría de acuerdo con vos, David, aunque sin tanto énfasis ni acusaciones a quien no comparte tu posición en un tema tan debatido como opinable, si esa opinión estuviera acompañada por ideas concretas y posibles, sin transformaciones de fondo que pudieran caracterizarse como revolucionarias, en orden a resolver las siguientes cuestiones de fondo: a)la exclusión social (que como vengo sosteniendo hace mucho lo es también jurídica, salvo para el derecho penal y no precisamente en la condición de víctimas; b) el excedente social, que es más amplio aún que la exclusión, constituido por quienes ya no tienen posibilidad alguna de ejercer derecho alguno al acceso al trabajo (menos aún al trabajo digno); c) el desempleo estructural, multiplicado por las transformac

Recursos estratégicos al servicio de la industria, cambiar el modelo extractivista por un modelo industrial. Es creando fuentes de trabajo  es con lo que se acumula capital para distribuir mediante la negociación colectiva.  No sé si será revolucionario, es probable que solo sea un sueño. Me quedo con que el  sueño de muchos puede hacerse realidad.

[10:19, 19/10/2026] MATIAS ISEQUILLA: Recursos estratégicos al servicio de la industria, cambiar el modelo extractivista por un modelo industrial. Es creando fuentes de trabajo  es con lo que se acumula capital para distribuir mediante la negociación colectiva.  No sé si será revolucionario, es probable que solo sea un sueño. Me quedo con que el  sueño de muchos puede hacerse realidad.

Estoy de acuerdo en que eso es lo deseable (o por lo menos muy aceptable), el 50/50 entre capital y trabajo al que aspiraba Ermida Uriarte, entre otros... el problema es que el mundo cambió, el poder cambió, el sistema mutó sus modalidades de explotación del prójimo y sus mecanismos de acumulación de capital... el sector industrial hace tiempo fue completamente desplazado del centro del poder... hoy al mundo lo gobierna una tecnocracia al servicio de una dictadura digital y ese estado de cosas da por tierra con casi todas las categorías desde las que analizamos el derecho social...

[11:37, 19/10/2026] +54 9 11 5992-1614: Estoy de acuerdo en que eso es lo deseable (o por lo menos muy aceptable), el 50/50 entre capital y trabajo al que aspiraba Ermida Uriarte, entre otros... el problema es que el mundo cambió, el poder cambió, el sistema mutó sus modalidades de explotación del prójimo y sus mecanismos de acumulación de capital... el sector industrial hace tiempo fue completamente desplazado del centro del poder... hoy al mundo lo gobierna una tecnocracia al servicio de una dictadura digital y ese estado de cosas da por tierra con casi todas las categorías desde las que analizamos el derecho social...

Matías, esos cambios son tan extremadamente radicales que sus antítesis no pueden no serlo. Por eso, y en orden a los puntos nodales del derecho del trabajo que tenemos en debate en el Foro, yo  insisto, con Goytisolo, en que no se puede volver atrás porque la vida nos empuja con un aullido interminable.