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martes, 13 de abril de 2021

ROBERTO POMPA *** ESTABILIDAD EN EL EMPLEO [3 parte] *** DESPIDO DISCRIMINATORIO *** DELEGADO GREMIAL *** REPRESALIA *** INTIMIDACIÓN *** AUTOAPLICACIÓN CONVENIO 158 OIT *** CONVENIO 98 OIT *** DERECHO A TRABAJAR *** REPARACIÓN A VÍCTIMA DISCRIMINACIÓN *** CONTENIDO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES *** APLICACIÓN NORMA MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR *** DEBERES DE LOS ESTADOS PARTES *** DERECHO A LA DEBIDA APROTECCIÓN JUDICIAL *** PROSCRIPCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN

 



*** XI.- Del mismo modo, si se concluye como ocurre en el caso de autos que el distracto se produjo en realidad por la actividad sindical de la actora, es decir que tuvo como causa oculta reprimir la actividad sindical realizada por ésta, resulta que el despido dispuesto por la empleadora constituyó una represalia dirigida no solamente a impedir la actividad sindical en el plano individual, sino como un claro mensaje destinado a amedrentar al colectivo laboral tendiente a evitar que puedan imitarse conductas como las que se pretendieron evitar e impartir un claro mensaje, cuál sería las consecuencias que les puedan reparar a los trabajadores si igualmente decidieran llevarlas a cabo.


Ello resulta de la conclusión a la que arriban mis colegas preopinantes cuando se admite que el despido de la actora obedeció en realidad a su quehacer u opiniones gremiales.


La represalia constituye una etapa siguiente de un mismo proceso como lo es la discriminación.

 

Así ha sido entendido en el derecho español, cuando el ya derogado art. 32. c) del Real Decreto-Ley 17/1977 incluía entre los despidos discriminatorios el que constituyera una "represalia".

 

El Convenio 158 de la O.I.T. prescribe que “Entre los motivos que no constituirán causa justificada para la terminación de la relación de trabajo figuran los siguientes:

+ ...art. 5º inc. a) … la participación en actividades sindicales…

+ c) presentar una queja o participar en un procedimiento contra el empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos...”. y, como ya se dijo, entre otros,

+ el Convenio 98 de la OIT cuando tutela la protección de los trabajadores contra todo acto que tenga por objeto (art. 1.b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo.


Tuve oportunidad de resolver que importa un despido represalia vedado en forma expresa por el Convenio 158 de la OIT cuando "se expulsa al que reclama o peticiona" (como Juez a cargo del Juzgado Nro. 38 del Fuero, S.D. 3368 del 25/9/07, en autos "Juares Albino c/ Frigorífico Máximo Paz S.A. s/ Despido").


Soy de opinión que no podrá alegarse que el Convenio 158 de la OIT no ha sido ratificado y que por eso no resulta aplicable.

 

No comparto esa tesitura por cuanto comprendiendo dicho convenio derechos que han sido considerados por la OIT como fundamentales, como el derecho a la sindicalización y a la no discriminación, considero que resulta auto aplicable en virtud de

+ la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo del año 1998 del mismo organismo a la que ya se aludiera, por contener principios fundamentales del hombre, consagrados por la propia OIT, con alcance sus disposiciones de orden público internacional, es decir

+ de ius cogens, entendido "como norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los Estados en su conjunto, que no admite acuerdo en contrario

+ y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter, por tratarse de normas imperativas de derecho internacional y que deben ser acatadas por los Estados, como lo prescribe el art. 53 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados" (cfe. Roberto C. Pompa, Nulidad del despido discriminatorio. En camino a su consolidación", Revista La Causa Laboral, nº 41, Agosto 2009, p. 11).


Entiendo que el Máximo Tribunal admitió esa posición al menos de manera indirecta y preliminar cada vez que aludió

+ a la aplicación de esa declaración de principios de la OIT y su aplicación inmediata como fundamento de sus pronunciamientos (cfe. CSJN, caso "ATE" citado);

+ cuando reconoció la aplicación inmediata de normas internacionales pese a su falta de ratificación por nuestro país (cfe. CSJN, caso "Manauta" del 2/12/99, considerando VIIº) y,

+ ya de manera directa y explícita, cuando lo invocó como fundamento de derecho al resolver la causa “Alvarez Maximiliano y otros vs Cencosud S.A. s/acción de amparo” (del 7/12/2010, considerando 7°), ya citada, cuando sostuvo

+ que “el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su calidad de intérprete del PIDESC, no ha dejado de considerar que los alcances del derecho al trabajo del PIDESC son determinables a la luz del Convenio 158 de la OIT, al menos en cuanto “impone, en particular, la necesidad de ofrecer motivos válidos para el despido, así como el derecho a recursos jurídicos y de otro tipo en caso de despido improcedente” (Observación General n° 18).

 

Y, es de importancia subrayarlo, dicho Convenio, además de excluir los motivos discriminatorios como causa justificada para la terminación de la relación de trabajo (art. 5.d) prevé que los tribunales llamados a resolver sobre el carácter justificado o injustificado de dicha terminación puedan, en este último supuesto, “anular la terminación” y “ordenar la “readmisión” del trabajador (art. 10).

 

A conclusiones análogas conduce el abanico de instrumentos internacionales que también enuncian y resguardan el “derecho a trabajar” (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 23.1.; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. XIV y Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, art. 5.e.i), contemplando el Protocolo de San Salvador la “readmisión en el empleo”.

 

Ya he señalado que le corresponde a la víctima de la discriminación, en el caso el trabajador, la elección de la vía de la reparación, como a los jueces elegir del amplio abanico de normas la que le resulte más favorable.


Considero que la referencia expresa que hace el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación a partir del precedente “Alvarez” citado, zanja la discusión sobre la auto aplicabilidad del Convenio 158 de la OIT, en tanto el mayor Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país no podría invocar como fundamento de sus decisiones normas que no existen, o que no resulten aplicables.


XII.- Por lo dicho hasta aquí, en palabras del Máximo Tribunal, "los derechos constitucionales tienen naturalmente un contenido que por cierto le proporciona la propia Constitución.

 

De lo contrario, debería admitirse una conclusión insostenible y que a la par echaría por tierra el mentado control: que la Constitución Nacional enuncia derechos huecos, a ser llenados de cualquier modo por el legislador, o que no resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad de este último" (cfe. CSJN, caso "Vizzoti"), con lo cuál podría caerse en la paradoja, como enseña el Dr. Bidart Campos (en "El panorama de los derechos humanos a fin de siglo", JA 80º Aniversario) "que se proclame por un lado que una constitución es soberana y por otro se requiera del legislador común para aplicarla", correspondiendo recordar que "garantizar" un derecho significa remover todos los obstáculos para que pueda gozarse de su ejercicio (cfe. CSJN, caso "Giroldi" ya citado).


Señala por su parte el Doctor Rolando Gialdino que

"los derechos económicos, sociales y culturales han sido considerados en el panorama general del derecho internacional de los derechos humanos según diferentes criterios.

"Todos estos se proyectan de manera inevitable sobre el respeto, protección y realización de los mencionados derechos, así como sobre

"+ la aplicación e interpretación de las normas que los reconocen,

"+ su justiciabilidad y

"+ las respectivas obligaciones de los Estados entre otros muchos aspectos" (cfe. Roldando E. Gialdino, en "Investigaciones 2 (1999)", pág. 361, Secretaría de Investigación de Derecho Comparado, Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina).

 

El mismo autor sostiene que "la dignidad humana es causa de los derechos humanos, por cuanto es de ella que se "desprenden", "derivan" o "emanan" los derechos humanos" (ídem, "Investigaciones 2/3 (2002), pág. 549).


En el mismo sentido, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo en su declaración titulada "Frente a los despidos de trabajadores en la crisis global", emitida en abril de 2009 señala en lo pertinente:

"…La operatividad y autoaplicación de las normas internacionales de derechos humanos habilitan al trabajador discriminado a demandar la nulidad del despido discriminatorio y a la reparación de los daños y perjuicios sufridos, aun cuando no existan normas legales nacionales que regulen específicamente esta situación…".


En concordancia con ello, la C.I.D.H. ha dicho que:

"...156. Este Tribunal señala que son numerosos los instrumentos jurídicos en los que se regulan los derechos laborales a nivel interno e internacional, la interpretación de dichas regulaciones debe realizarse conforme al principio de la aplicación de la norma que mejor proteja a la persona humana, en este caso, al trabajador.

"Esto es de suma importancia ya que no siempre hay armonía entre las distintas normas ni entre las normas y su aplicación, lo que podría causar un perjuicio para el trabajador.

"Así, si una práctica interna o una norma interna favorece más al trabajador que una norma internacional, se debe aplicar el derecho interno.

"De lo contrario, si un instrumento internacional beneficia al trabajador otorgándole derechos que no están garantizados o reconocidos estatalmente, éstos se le deberán respetar y garantizar igualmente...” (conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003).


El acto de ratificar la Convención Americana supone la obligación no sólo de respetar la vigencia de los derechos en ella reconocidos, sino también "de garantizar la existencia y el ejercicio de todos ellos, sin jerarquización o diferenciación alguna" (C.I.D.H., Informe anual 1993, Res. 14/93. Caso 10.956, ps. 356/357, México, en "Repertorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edit. Abaco de Rodolfo Depalma, p. 169).


La C.I.D.H. en su sentencia del 29 de julio de 1988 en el caso "Velásquez Rodríguez" consideró que "la obligación de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos contenida en el artículo 1.1. de la Convención Americana "implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos" (Informe anual 1990/91. Res. 8/91. Caso 10.180, p. 272. México).

 

Y garantizar implica "la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la convención reconoce" (CIDH, OC.11/90, párr. 34. Informe anual 1993, Res. 6/94. Caso 10.772, p. 196. El Salvador).

 

Se trata en efecto, de "los conceptos de deber de respeto y de deber de garantía de los derechos fundamentales a cargo de los Estados.

 

Ambos deberes estatales, de respeto y de garantía, constituyen la piedra angular del sistema de protección internacional, pues ellos remiten al compromiso internacional de los Estados de limitar el ejercicio del poder y, aún de su soberanía, frente a la vigencia de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana.

 

El deber de respeto implica que los Estados deben asegurar la vigencia de todos los derechos contenidos en la Convención mediante un sistema jurídico, político e institucional adecuado para tales fines.

 

Por su parte el deber de garantía implica que los Estados deben asegurar la vigencia de los derechos fundamentales procurando los medios jurídicos específicos de protección que sean adecuados, sea para prevenir las violaciones, sea para restablecer su vigencia y para indemnizar a las víctimas o a sus familias frente a casos de abuso o desviación del poder.

 

Estas obligaciones estatales van aparejadas del deber de adoptar disposiciones en el derecho interno que sean necesarias para hacer efectivos los derechos consagrados de la Convención (artículo 2).

 

Como corolario de estas disposiciones, existe el deber de prevenir las violaciones y el deber de investigar las producidas, pues ambas son obligaciones que comprometen la responsabilidad de los Estados.

 

Este conjunto de obligaciones de los Estados está relacionado con la disposición que reconoce el derecho a la debida protección judicial, prevista en el artículo 25 de la Convención Americana" (Informe anual 1995. Res. 1/96. Caso 10.559, ps. 162/163. Perú).


Así, también ha resuelto la C.I.D.H. que:

"167 ... la obligación general de los Estados establecida en el artículo 2 de la Convención Americana incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Cinco Pensionistas”, sentencia de 28 de febrero de 2003, serie C Nº 98, párr. 165. Caso "Baena Ricardo y otros", sentencia de 2 de febrero de 2001, serie C Nº 72, párr. 178).


La Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que tutelan los derechos fundamentales de las personas no son un cúmulo de textos jurídicos o reglas normativas, sino la expresión del desarrollo cultural de los pueblos, por lo que debe ser cultivada por los vientos de justicia, siguiendo el ritmo universal de la justicia, de manera que cada uno de los miembros de la comunidad en esa Aldea global participen de los bienes materiales y espirituales que ofrece el progreso de la civilización.

 

Como bien dice el Doctor Enrique Petracchi, "Es por medio de la justicia que se consigue o se tiende a alcanzar el bienestar, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad" (cfe. Petracchi Enrique S., "Derechos humanos y Poder Judicial", CSJN, Fallos: 181:209; 289:430).


De esta manera el despido discriminatorio, como el que constituye una represalia al trabajador por su actividad sindical, tanto en el régimen local como internacional como supralegal, tienen como rango distintivo, reitero, que la discriminación debe cesar y ello se logra reponiendo al trabajador en su puesto de trabajo ya que los despidos en esas condiciones son nulos, carecen de eficacia, deben ser abonados los salarios a los que el trabajador víctima de la discriminación se vio impedido de percibir y deben ser reparados los daños materiales y morales ocasionados (cfe. tuve oportunidad de resolver, como Juez de Trabajo a cargo del Juzgado Nro. 68 del Fuero, mediante S.D. 3616 del 9/9/09, en autos "Sesto Claudio Gustavo c/ AFIP DGI s/despido).


Sólo así se alcanzaría a mi entender la reparación en forma íntegra (restituto integrum) de la víctima de discriminación, que consiste en el restablecimiento de la situación anterior y en la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, como el resarcimiento de las costas y los gastos en que hubieran incurrido las víctimas o sus derechohabientes con motivo de las gestiones relacionadas con la tramitación de la causa ante la justicia (cfe, C.I.D.H., caso "Baena", ya citado).


En síntesis, la proscripción de la discriminación no admite salvedades o ámbitos de tolerancia que funcionarían como santuarios de infracciones, sino que se reprueba en todos los casos (cfe. CIDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes, voto del Juez García Ramírez, párr. 20).

Por todos los argumentos expuestos, como lo anticipé, adhiero al voto del Dr. Balestrini.

 


sábado, 10 de abril de 2021

FMI *** ANÁLISIS DEL MODELO DE LA ECONOMÍA GLOBAL DEL ORGANISMO FINANCIERO INTERNACIONAL *** ¿CÓMO PIENSA EL FMI? *** QUE LA REALIDAD NO MOLESTE A LA TEORÍA *** MODELOS DE POLÍTICAS DEL FMI *** SUS RECOMENDACIONES NO CAMBIAN *** TEORÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA ECONÓMICA *** MODELOS MACRO-ECONÓMICOS *** CRÍTICAS *** FRICCIONES *** IDEAS HETERODOXAS *** FALTA DE CONEXIÓN CON LA REALIDAD *** DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS *** SISTEMA FINANCIERO *** CONCENTRACIÓN Y EXTRANJERIZACIÓN DE LA CÚPULA EMPRESARIA ARGENTINA *** PROFUNDIZACIÓN RESTRICCIÓN EXTERNA *** INFLACIÓN Y TASA DE INTERÉS *** RÉGIMEN DE METAS INFLACIONARIAS *** TEORIA Y REALIDAD



 

ANÁLISIS DEL MODELO DE LA ECONOMÍA GLOBAL DEL ORGANISMO FINANCIERO INTERNACIONAL

¿CÓMO PIENSA EL FMI? QUE LA REALIDAD NO MOLESTE A LA TEORÍA

 

Conocer el marco teórico en el que se basa el FMI y los supuestos que realiza es fundamental para comprender de dónde surgen sus recomendaciones de política. 

 

El Fondo ya sabe cuáles quieren que sean las conclusiones de sus modelos y los construye en consecuencia. El problema es que las predicciones de sus modelos pocas veces se ajustan a la realidad.

 

Las recomendaciones no cambian: liberalizar el mercado (de bienes, laboral, comercial), reducir el gasto público y utilizar la política económica sólo en casos puntuales y con reglas mecánicas y preestablecidas.

Por Pedro Gaite *

 

El FMI utiliza el Global Integrated Monetary and Fiscal Model (GIMF) para analizar el impacto de la política económica en los distintos países. 

 

La teoría económica y la política económica están íntimamente ligadas, dado que la primera da sustento a la segunda. 

 

El FMI utiliza el Global Integrated Monetary and Fiscal Model (GIMF), su modelo de la economía mundial, para analizar el impacto de la política económica en los distintos países.

 

Conocer el marco teórico en el que se basa y los supuestos que realiza es fundamental para comprender de dónde surgen sus recomendaciones de política.

 

El FMI fue modificando sus modelos de la economía mundial de la mano del desarrollo de la teoría económica.

 

Durante las décadas del '60 y '70 los modelos macroeconómicos se elaboraron a partir del concepto de demanda efectiva keynesiano.

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En los '70, las elevadas tasas de inflación socavaron la idea de que la actividad económica puede crecer de manera permanente a partir de la implementación de una política fiscal y monetaria expansiva.

 

Como respuesta el marco teórico hegemónico fue derivando hacia la micro-fundamentación y las expectativas racionales de los agentes. 

 

Según esta visión, el comportamiento colectivo de la sociedad se puede derivar del comportamiento individual, que es impulsado por el interés propio.

 

Los agentes reconocen su fin y los medios para alcanzarlo. Los hogares, por ejemplo, maximizan su bienestar (eligiendo cuánto tiempo desean trabajar y cuánto dedicar al ocio, o en qué gastar su ingreso) y las empresas maximizan sus ganancias.

 

De la interacción de los distintos agentes surge un equilibrio general, en el cual la economía se encuentra en pleno empleo.

 

Si existe desempleo se debe a distorsiones y rigideces que impiden que el mercado retorne al equilibrio (impuestos, leyes de salarios mínimos y anti-despidos). 

 

O sea, la intervención del Estado debe ser mínima, limitarse a casos puntuales porque la economía por sí sola tiende a su producto potencial. 

 

Esto deriva en modelos profit-led, es decir que cuanto mayor sea la proporción del ingreso que acaparen los empresarios, mayor será la inversión y el crecimiento económico.

 

La idea de que la oferta tracciona a la economía es el fundamento de la “teoría del derrame”. Las políticas que incentivan la demanda no tienen ningún impacto real en el largo plazo.

 

Estas ideas se integraron en los modelos de equilibrio general dinámico estocástico (EGDE), que son los que dominan la academia ortodoxa en la actualidad.

 

Estos modelos incluyen la posibilidad de que exista incertidumbre sobre el futuro, por eso son estocásticos. Por lo demás, siguen siendo modelos micro-fundados, con agentes racionales representativos, profit-led y que ajustan por sí solos al equilibrio de largo plazo, en el que existe pleno empleo.

 

CRÍTICAS

La dificultad de los modelos tradicionales para explicar la crisis financiera internacional de 2008 y la falta de relación entre sus predicciones y la realidad obligó a revisar la estructura de la modelización.

 

El desplome de la producción y el aumento del desempleo difícilmente se puedan explicar por el cambio de preferencias en los trabajadores, que decidieron dedicarle más tiempo al ocio, o a rigideces que dificultaron la conexión entre trabajadores y empleadores.

 

Las críticas a estos modelos llegaron desde todos los flancos. 

+ Olivier Blanchard, quien fue economista jefe del FMI, reconoció que los modelos EGDE no eran los mejores y que era necesario recuperar ideas que habían sido abandonadas. 

+ Willem Buiter, ex miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, manifestó que este tipo de modelos no ofrece pistas sobre cómo funciona la economía y mucho menos en tiempos de estrés financiero e inestabilidad. 

+ El propio Robert Solow, a quien algunos consideran el padre de los modelos EGDE por sus famosos modelos de crecimiento de los años '50, dijo que la micro-fundamentación de los EGDE es “microeconomía tonta y retonta” (dumb and dumber macroeconomics). 

+ Paul Krugman, por su parte, ha afirmado en distintas ocasiones que el viejo modelo IS-LM de la síntesis neoclásico keynesiana es más potente para explicar la realidad que los modernos modelos microfundados y con expectativas racionales. 

 

En relación a los supuestos irreales y a la enorme cantidad de ecuaciones altamente formalizadas de los EGDE, numerosos economistas han dicho que es mejor estar aproximadamente acertado que precisamente equivocado.

 

FRICCIONES

En este contexto, resurgieron muchas ideas heterodoxas, algunas de larga data:

+ la hipótesis de inestabilidad financiera de Hyman Minsky,

+ los modelos kaldorianos de crecimiento y desigualdad,

+ la importancia de la política contra cíclica y

+ la regulación del Estado.

 

Sin embargo, el FMI continuó basándose en la micro-fundamentación y la existencia de agentes racionales. 

 

El Global Integrated Monetary and Fiscal Model (GIMF), que dio a conocer el FMI en 2013, introdujo una serie de fricciones y supuestos ad-hoc que buscan darle mayor conexión con la realidad (concentración económica, precios y salarios pegajosos, costos de ajuste en las variables reales, hogares con vidas finitas que no ahorran y no tienen acceso al crédito). 

 

Pero, como dijo el propio Solow, la incorporación de fricciones no hace a este tipo de modelos más realistas.

En los hechos continúa siendo un modelo micro-fundado y que arrastra la mayoría de los problemas de los modelos precedentes del FMI.

 

Más allá del marco teórico del GIMF, y pese a la incorporación de ciertas rigideces y fricciones, el modelo tiene una serie de supuestos que no se ajustan a la realidad, especialmente de economías periféricas.

 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

El FMI le da poca importancia a la distribución del ingreso. En el GIMF los trabajadores son dueños de las empresas, por lo que su ingreso se compone de salarios y ganancias. Bajo este supuesto los cambios en la distribución funcional del ingreso no tienen ningún efecto sobre el consumo y la demanda agregada, porque en definitiva el ingreso de los hogares no varía (solo cambia su composición).

 

Una de las fricciones que incorporó el GIMF para hacer más realista el modelo es la existencia de dos tipos de hogares distintos.

 

Los hogares OLG (por sus siglas en inglés) tienen capacidad de ahorro y acceso al crédito, mientras que los hogares LIQ consumen todo su ingreso y no tienen acceso al crédito. 

 

Sin embargo, el sesgo profit-led del modelo le quita potencia a este supuesto porque la conclusión es que independientemente del momento del ciclo económico en el que se encuentre la economía una política de distribución de la riqueza a favor de los hogares con menor capacidad de ahorro es perjudicial porque tiene un impacto negativo sobre la inversión.

 

Por otro lado, la producción aumenta tanto por un aumento en la competencia de las empresas como de los trabajadores, aunque el efecto inicial sobre el salario real es el opuesto.

 

En el primer caso, éste aumenta producto de la caída en el precio de los bienes y en el segundo cae por la mayor oferta de trabajo y la reducción del salario nominal.

 

En realidad, el aumento de la oferta de trabajo no garantiza inmediatamente una mayor demanda del mismo, por más que bajen los salarios.

 

Si la economía no tiene una demanda efectiva que permita vender la nueva producción, los empresarios difícilmente decidan invertir y contratar más trabajadores.

 

Particularmente en situaciones de crisis y alta capacidad instalada ociosa la flexibilización laboral no suele ser la mejor manera de reactivar la economía.

 

Este punto no es menor si se tiene en cuenta que las recomendaciones/imposiciones de política económica del FMI en general se realizan sobre economías periféricas en momentos de crisis: Argentina en 2001-2002, Grecia en 2009 y la Argentina nuevamente en 2018 son algunos de los ejemplos más salientes.

 

SISTEMA FINANCIERO

La modelización del sistema financiero del GIMF es muy simple. A pesar de haber sido elaborado luego de la crisis financiera internacional de 2008, realiza algunos supuestos inverosímiles. 

 

La deuda pública es solo poseída por agentes del propio país, denominada en moneda doméstica y con vencimiento en un período. 

 

El único activo que se puede transar internacionalmente son los bonos denominados en dólares emitidos por el gobierno de los Estados Unidos.

 

En el mundo financieramente globalizado de la actualidad, la deuda soberana de los países es muchas veces en moneda extranjera y los tenedores son no residentes. Incluso muchas veces la legislación de la deuda es extranjera. Estas diferencias no son menores. 

 

El endeudamiento en una moneda que el país no es capaz de emitir puede generar profundos problemas, especialmente ante depreciaciones de su moneda.

 

De la misma manera el hecho de que los acreedores sean no residentes (especialmente cuando son organismos multilaterales como el propio FMI) y la legislación de la deuda sea extranjera ha repercutido en un deterioro de la soberanía de los países, que en distintas ocasiones terminaron acatando políticas públicas impuestas por intereses foráneos. 

 

La Argentina ha sufrido históricamente este problema, que dio lugar a severas crisis de balanza de pagos, en los '80, principios del 2000 y más recientemente con el retorno al FMI en 2018.

 

El GIMF también asume que las empresas son propiedad de cada país, hecho que poco refleja la situación de los países periféricos en general, y de la Argentina en particular. 

 

La estructura productiva argentina no solo está muy concentrada, sino fuertemente extranjerizada, especialmente en la cúpula empresaria, es decir en las empresas de mayor tamaño.

 

Esto genera distintos problemas, entre los cuales la profundización de la restricción externa (por la remisión de utilidades y la formación de activos externos y otros mecanismos de fuga de capitales) es uno de los principales.

 

INFLACIÓN Y TASA DE INTERÉS

El GIMF asume que los países tienen un régimen de metas de inflación.

 

Cuando la inflación se encuentra por encima (debajo) de la meta fijada por el Banco Central, éste aumenta (reduce) la tasa de interés, por lo que caen (crecen) la inversión, el consumo y la producción, y la inflación retorna al valor fijado como meta.

 

Esta regla de política monetaria tiene una relevancia central en los ajustes del modelo porque significa que toda política que lleve a la inflación por debajo de la meta de la autoridad monetaria de manera permanente es expansiva en el largo plazo porque gatilla una reducción de la tasa de interés que impulsa el consumo y la inversión.

 

Esto genera un sesgo a implementar políticas contractivas que reduzcan la inflación en el corto plazo, para alcanzar un equilibrio de largo plazo con una tasa de interés real menor y un consumo, inversión y PIB mayor.

 

Además, el impacto de los distintos shocks sobre la inflación es clave, porque determina indirectamente la tasa de interés y el PIB de la economía.

 

Sin embargo, el impacto de algunos shocks sobre el nivel de precios que predice el GIMF no parecerían tener conexión con la realidad, especialmente de economías periféricas, porque la causa de la inflación según el modelo es el exceso de demanda.

 

Así, por ejemplo, el GIMF pronostica que una reducción de impuestos (ya sea a las empresas, a los trabajadores, al consumo o incluso los aranceles a las importaciones) es inflacionario porque estimula la actividad.

 

El aumento en la prima de riesgo de la deuda soberana, en cambio, reduce la inflación porque genera una caída de la actividad, pese a que el tipo de cambio se deprecia. 

 

En la Argentina, si la percepción de riesgo aumenta, la salida de capitales crece y el peso se deprecia es esperable que la inflación aumente (no que baje), por más recesión que genere.

 

Asimismo, si la presión cambiaria aumenta es esperable que la autoridad monetaria aumente la tasa de interés (y no que la baje), procurando morigerar la salida de capitales. 

 

Los efectos inflacionarios, regresivos y recesivos de las devaluaciones en la periferia, y particularmente en la Argentina, han sido largamente estudiados, pero aparentemente todavía no han sido incorporados a los modelos del FMI.

 

En base a la regla de política monetaria y a las causas de la inflación que asume el GIMF se desprenden recomendaciones de política controvertidas.

 

Por ejemplo, una reducción permanente del gasto público (ya sea en bienes de consumo, de capital o en transferencias directas a los hogares) tiene efectos expansivos en el largo plazo, pero también los tiene un aumento permanente de los impuestos (ya sea a las empresas, a los trabajadores o al consumo).

 

TEORÍA Y REALIDAD

En definitiva, las recomendaciones no cambian de lo que históricamente pensó el FMI: hay que liberalizar el mercado (de bienes, laboral, comercial), reducir el gasto público todo lo que sea posible y utilizar la política económica sólo en casos puntuales y con reglas mecánicas y preestablecidas.

 

El FMI ya sabe cuáles quieren que sean las conclusiones de sus modelos y los construye en consecuencia. 

 

El problema es que las predicciones de sus modelos pocas veces se ajustan a la realidad. Como marcaron Tamim Bayoumi y Francis Vitek, reconocidos economistas del FMI en 2013:

“nuevamente hay que elegir entre la rectitud teórica y la precisión empírica”.

 

Este punto es verdaderamente sugerente. La teoría no debería entrar en contradicción con los hechos. Por el contrario, debería ayudar a comprender la realidad y dar herramientas para operar sobre la misma de forma más potente y precisa.

 

Si hay una puja entre la rigurosidad teórica y la capacidad explicativa del modelo significa que esa teoría (al menos en este caso) no es útil para explicar la realidad.

 

La inercia institucional y los costos de reconocer que los modelos en los que se basan son poco útiles para explicar la realidad, llevan al FMI a incluir fricciones y supuestos ad hoc de manera permanente para intentar salvar la teoría que les da sustento. 

 

Siempre hay una excusa para justificar que si la realidad no fue como predijeron, lo que falló fue la realidad y no su predicción.  

* Economista Cenes-Conicet.  @pgaite5