INDUSTRIA DEL JUICO - EL CURRO DE LOS ABOGADOS LABORALISTAS O LA CODICIA PATRONAL??? [2016]

 

 

 

Hace unos días, el presidente Mauricio Macri solicitaba “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”. 

Días más tarde manifestaba que “si se hace trampa al sistema, se fuerza un ausentismo, se inventa un juicio, se pone un palo en la rueda y le complica la vida a todo el resto de la sociedad”.

* Por Pablo Kleiman y Luis Campos

En sintonía con el presidente, Sergio Massa afirmó que 

“Este es el país del curro de los abogados laboralistas”.

 

Hace unos años Cristina Kirchner –para vetar el 82% móvil para los Jubilados y para legitimar la infame Ley de Riesgos de Trabajo- también recurrió

a las falacias de la “industria del Juicio” y de “los abogados carancho”.

 

Carlos Menem, durante sus gobiernos, también habló en reiteradas oportunidades de “la industria del Juicio”.

 

Está claro que esas frases son

“aprietes” públicos a los jueces, pero ¿Por qué tanta animosidad contra los reclamos judiciales de los trabajadores?

 

Se realiza este ataque sobre los trabajadores y sus abogados, porque es necesario generar una idea en el inconsciente colectivo de que éstos realizan abusos en contra de los empleadores y de las empresas. 

Este “curro” sería el “palo en la rueda” que “le complica la vida a todo el resto de la sociedad”.  

 

En síntesis:

El país no se desarrolla porque los trabajadores lo impiden aprovechándose de sus empleadores.

El mundo del revés.

 

Es en esta disputa del sentido común que nos parece oportuno analizar algunos datos para ver lo alejado de la realidad de dichas afirmaciones.

 

En primer lugar, sólo se puede hablar de “industria del juicio” o “curro de los abogados” -términos que refieren a que los abogados, en su afán de ganar dinero injustificadamente, convencen de litigar a los trabajadores aunque no haya razones para ello- si se comprueba

que hay abogados o estudios jurídicos en connivencia con jueces que dictan sentencias no ajustadas a derecho. 

Sin esta complicidad, no puede existir industria del juicio.

 

Por otra parte, es claro que, si las leyes fueran justas, los organismos de contralor funcionasen, la libertad y democracia sindical fuera una realidad y la justicia fuera eficiente, disminuiría notablemente la litigiosidad.

 

Como dato histórico, se destaca que, para mediados del siglo pasado, en nuestro país, fue un hecho casi natural la existencia de comisiones internas y delegados en cada sector de trabajo. 

Ello fue lo que permitió que para 1974

el 50% del PBI fuera para la clase trabajadora. Tampoco en ese momento existía el trabajo sin registrar, ni las tercerizaciones.

 

Es por eso que la dictadura militar genocida que usurpó ilegítimamente el gobierno entre 1976-1983, tuvo como uno de sus objetivos estratégicos

la destrucción –mediante el aniquilamiento- de estas comisiones internas.

 

No es casual que mientras había comisiones internas

la renta era del 50-50 y no había precarización, como tampoco es casual que hoy exista la precarización laboral que existe y que el INDEC nos informe que uno de cada 3 argentinos es pobre. 

 

Que existan comisiones internas en todos los ámbitos de trabajo es lo que garantiza que se cumplan los derechos laborales sin necesidad de intervención judicial.

En el mismo sentido,

si los empleadores cumplieran con las leyes laborales, o

si los organismos de contralor del estado hicieran eficientemente su trabajo,

tampoco habría necesidad de judicializar los reclamos. 

 

Pero incluso si la justicia –que debiera ser la última instancia-

fuese rápida, los empleadores sabrían que no pueden eludir el cumplimiento de la ley por mucho tiempo. 

 

Los abogados, por más “malos” que fueran,

no podrían convencer a alguien que cobra lo que es justo en tiempo y forma, de hacer reclamos. 

 

Por otra parte, si los reclamos no fueran ajustados a derecho

serían rechazados en sede judicial pero lo que ocurre es que los magistrados le dan la razón a los trabajadores en sus reclamos, porque los reclamos son justos.

 

Queda claro entonces que en realidad no existe una industria del juicio, ni curro, sino que sencillamente son trabajadores reclamando sus derechos –que le han sido negados por sus empleadores- en sede judicial.

 

A ello hay que agregar incluso que los trabajadores, aún teniendo justo derecho al reclamo, mayoritariamente

postergan sus demandas en aras de cuidar su fuente laboral, ya que es prácticamente imposible reclamar judicialmente y seguir trabajando al mismo tiempo con el reclamado.

 

Si tomamos en cuenta que la Población Económicamente Activa en Argentina al segundo trimestre de 2016 era de 18.472.924 personas y que la desocupación alcanza a 1.717.982 trabajadores, nos da como resultado que hay 16.754.942 ocupados/as. 

De esa masa los asalariados alcanzan a casi el 75,6% de esa población (12.666.736) mientras que el resto son cuentapropistas (y unos pocos patrones).

 

Teniendo en cuenta que la falta de registro alcanza al 33,4% de los asalariados –situación reconocida incluso tanto por el ministro de trabajo actual como por quien lo precedió- aquí tenemos 4.230.689 potenciales juicios por falta de registración de la relación de trabajo. 

Pero esta cifra es mayor aún, ya que se encuentra muy extendida entre los empleadores la práctica

de abonar a los trabajadores registrados un parte de su remuneración por fuera del recibo legal. 

 

De esta manera, aquí también tendríamos una gran cantidad de potenciales reclamos (aunque muy difícil de cuantificar) por la deficiente registración del vínculo laboral, sin contar el impacto de este pago no registrado en otros conceptos como aguinaldo, vacaciones, etc.

 

Por su parte, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo informó que en el año 2015 hubo en total 659.041 infortunios laborales entre accidentes y enfermedades. Obviamente este registro es sobre los trabajadores registrados. Si le sumamos un 33,4% (220.120) del trabajo sin registrar –y suponiendo que en el sector informal ocurre la misma siniestralidad que en el sector formal cuando ello no es así, ya que se trabaja en condiciones más precarias, lo que naturalmente produce más accidentes y enfermedades- nos da como resultado un total de 879.161 infortunios laborales al año. 

De esa cantidad, aproximadamente el 10% (65.324 según reconoce la propia SRT entre los trabajadores registrados) sufren incapacidades, cuyas reparaciones -como se prueba una y otra vez en sede judicial desde hace muchos años- son insuficientes, por lo que ahí existen casi 100.000 potenciales juicios por accidente o enfermedad, sin contar aquellos que no son reconocidos como tales por el propio sistema de riesgos del trabajo, como una gran cantidad de las llamadas enfermedades – accidente.

 

A los reclamos por falta de registración o por enfermedades o accidentes laborales se les deben sumar potenciales demandas laborales por otras múltiples causales (incumplimientos de Convenios, faltas de pago de horas extras, diferencias salariales, falta de pagos de indemnizaciones, incumplimientos de las leyes laborales en general, salarios por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, etc.). 

Más aún, en muchos casos es posible que el reclamo laboral no llegue a promoverse porque el propio trabajador desconoce la existencia del derecho en cuestión, que de esta manera ni siquiera llega a ser negado expresamente por su empleador (por poner un ejemplo, muchos trabajadores desconocen que tienen derecho a una licencia paga por examen que, como mínimo, asciende a 10 días por año). 

Es imposible saber con exactitud cuántos derechos laborales se están vulnerando en la actualidad, y por ende cuántas potenciales demandas por alguna de estas causales los trabajadores no están llevando a los tribunales laborales. 

Asumamos, a los fines de este texto, que uno de cada diez trabajadores experimenta, en el transcurso de un año, alguna vulneración a un derecho laboral que, por la razón que fuese, decide no judicializar. 

Teniendo en cuenta que existen 12.666.736 asalariados, aquí deberíamos sumar 1.266.674 potenciales reclamos.

 

Recapitulemos entonces. Sumando 4.230.689 potenciales demandas por falta de registración + 87.916 de infortunios laborales + 1.266.674 de otros reclamos variados, tenemos como resultado que en este momento hay 5.585.279 potenciales juicios laborales en el mercado laboral argentino. 

Cabe destacar que esta cifra es una estimación de mínima, ya que estamos dejando de lado los potenciales pleitos por pagos parciales sin registrar, los potenciales reclamos por enfermedades y accidentes no reconocidos por la LRT y tomando las cifras mínimas en los casos que sí se contabilizan.

 

En la Justicia Nacional del Trabajo se inician unas 100mil causas por año. A su vez en la Justicia laboral de toda la Provincia de Buenos Aires se inician unas 70mil causas.

 

Si tenemos en cuenta que cerca del 45% de la población de Argentina vive entre capital y provincia, y que en ellas se encuentra el mismo porcentaje de potenciales reclamos, estas dos jurisdicciones tendrían, actualmente, 2.513.375 potenciales reclamos a ser presentados en sede laboral. 

Una simple cuenta nos muestra que tan solo un 6,8% de los trabajadores (170.000 sobre un total de 2.513.375 potenciales demandas) reclama judicialmente lo que por derecho le corresponde.

 

A su vez, del conjunto de trabajadores que reclama en sede judicial

la inmensa mayoría concilia antes de la sentencia, debido a que no pueden esperar los tiempos judiciales (que están intencionalmente demorados), por lo que tampoco está garantizada la reparación integral.

 

Pero si del 100% de los potenciales juicios laborales,

solamente se inician menos del 7%

¿porqué se hace tanto alboroto? 

Sencillamente porque estamos hablando de la rentabilidad empresarial.

 

Si los trabajadores reclaman lo que les corresponde por ley y si la justicia resolviese rápida y eficientemente esos litigios, entonces veríamos una transferencia de millones de pesos del sector empresarial al sector trabajador. Y eso es lo que no quieren permitir los sectores empresarios.

 

Si la intención es terminar con el “curro de los abogados laboralistas” y “la industria del juicio”, se puede lograr en cuatro simples pasos: 

modificar la ley de asociaciones sindicales garantizando la libertad y la democracia sindical; 

2) asegurar el cumplimiento de las leyes laborales vigentes; 

3) funcionamiento eficiente de los organismos de control y 

4) una justicia rápida y eficaz. 

 

Ahí casi casi que no van a quedar juicios para que sigamos currando.

 

Fuente: Los datos consignados en el texto surgen de los informes recientes publicados por el INDEC y de los cálculos efectuados por el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

* Pablo Kleiman, Responsable del Espacio Jurídico CTA-A, regional Capital Federal.  Luis Campos, Coordinador del Observatorio del Derecho Social, CTA-A

 

ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES - DECLARAN A META Y GOOGLE RESPONSABLES EN UN JUICIO HISTÓRICO SOBRE LA ADICCIÓN A LAS REDES

 

 

Autores: Nardine Saad, Regan Morris,  y Kali Hays - 25 marzo 2026

 

Un jurado de Los Ángeles ha otorgado una victoria sin precedentes a una joven que demandó a Meta y Google por su adicción a las redes sociales durante la infancia.

 

Un panel de jurados determinó que Meta y Google construyeron intencionalmente plataformas de redes sociales adictivas que perjudicaron la salud mental de una mujer de 20 años, conocida como Kaley.

 

Por ello, resolvieron que mujer deberá recibir US$6 millones en total -US$3 millones como compensación y otro tanto en concepto de daños punitivos-, al concluir que

Meta y Google "actuaron con malicia, opresión o fraude" en la en la forma de operar sus plataformas.

 

El fallo probablemente tendrá implicaciones para cientos de casos similares que actualmente están siguiendo su curso en distintos tribunales de Estados Unidos.

 

Se espera que Meta asuma el 70% del total de los daños otorgados a Kaley, y Google el 30% restante.

 

Los abogados de Meta argumentaron que, aunque Kaley había sufrido en su vida, su uso de Instagram, propiedad de Meta, no causó ni contribuyó de manera significativa a esas dificultades.

 

Tras un juicio que duró unas cinco semanas, el jurado determinó que Meta es responsable del 70% del daño sufrido por la demandante, mientras que YouTube tiene el 30% de la culpa, lo que significa que Meta pagará la mayor parte de la indemnización otorgada a Kaley.

 

Otro tipo de daños —los daños punitivos— aún está pendiente de ser determinado por el tribunal. Según la ley estatal, esta suma podría alcanzar los US$30 millones.

 

"La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación", expresó Meta.

 

"Continuaremos defendiéndonos con vigor, ya que cada caso es diferente, y seguimos confiados en nuestro historial de protección de adolescentes en línea".

 

Por su parte, portavoz de Google reaccionó diciendo: "Este caso no entiende YouTube, que es una plataforma de streaming construida de manera responsable, no una red social".

 

Durante la que fue su primera comparecencia ante un jurado, el presidente y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se apoyó en la política histórica de la empresa de no permitir usuarios menores de 13 años en ninguna de sus plataformas.

 

Cuando se le presentaron investigaciones internas y documentos que mostraban que Meta sabía que niños pequeños usaban de hecho sus plataformas, Zuckerberg dijo que "siempre deseó" avanzar más rápido en la identificación de usuarios menores de 13 años.Insistió en que, con el tiempo, la empresa llegó al "lugar correcto".

 

Aunque Google, como propietaria de YouTube, también era demandada en el caso, la mayor parte del juicio se centró en Instagram y Meta.

 

Snap y TikTok también fueron inicialmente demandadas, pero ambas compañías alcanzaron acuerdos confidenciales con Kaley antes del juicio.

 

"MÁQUINAS DE ADICCIÓN"

 

Los abogados de Kaley argumentaron que Meta y YouTube habían construido "máquinas de adicción" y que no cumplieron con su responsabilidad de impedir que los niños accedieran a sus plataformas.

 

Kaley dijo que empezó a usar YouTube a los 6 años e Instagram a los 9, y que nunca encontró intentos de bloquear su acceso por su edad.

 

"Dejé de relacionarme con mi familia porque pasaba todo mi tiempo en las redes sociales", declaró Kaley durante su testimonio.

 

Kaley contó que tenía 10 años cuando empezó a sentir

ansiedad y depresión, trastornos de los que sería diagnosticada años más tarde por una terapeuta.

 

También comenzó a obsesionarse con su apariencia física

casi desde el momento en que empezó a usar la plataforma de niña y empezó a usar filtros de Instagram que cambiaban su aspecto, haciéndole la nariz más pequeña y los ojos más grandes.

 

Desde entonces, a Kaley le han diagnosticado dismorfia corporal,

una condición que hace que las personas se preocupen de manera excesiva por su apariencia física y no se vean a sí mismas como las ven los demás.

 

Sus abogados argumentaron que funciones de Instagram como el desplazamiento infinito de videos estaban diseñadas para ser adictivas.

 

Los objetivos de crecimiento de Meta estaban orientados a lograr que los jóvenes usaran sus plataformas, dijeron los abogados de Kaley.

 

Basándose en el testimonio de expertos y de antiguos ejecutivos de Meta, sostuvieron que la empresa

quería atraer usuarios jóvenes porque era más probable que permanecieran en sus plataformas durante períodos más largos.

 

Cuando los abogados de Kaley le dijeron a Adam Mosseri, jefe de Instagram, que su día de uso más largo de la plataforma había llegado a 16 horas, él negó que eso fuera evidencia de una adicción.

En cambio, calificó como "problemático" que un adolescente pasara la mayor parte del día en Instagram.

 

Los abogados de Kaley dijeron el miércoles que el veredicto del jurado

"envía un mensaje inequívoco de que ninguna empresa está por encima de la responsabilidad cuando se trata de nuestros hijos".

 

Los padres de otros niños, que no forman parte de la demanda de Kaley pero afirman que también fueron perjudicados por las redes sociales, estaban fuera del tribunal el miércoles, como lo habían estado muchos días a lo largo del juicio de cinco semanas.

 

Cuando se dio el veredicto, se vio a padres como Amy Neville celebrando y abrazando a otros padres y simpatizantes que habían estado esperando una decisión.

 

"PUNTO DE INFLEXIÓN"

 

El veredicto de Los Ángeles llega un día después de que un jurado en Nuevo México encontrara a Meta responsable por la manera en que sus plataformas ponían en peligro a los niños y los expusieron a material sexualmente explícito y al contacto con depredadores sexuales.

 

Mike Proulx, director de investigación de Forrester, dijo que los dos fallos consecutivos marcan un "punto de inflexión" entre las empresas de redes sociales y el público.

 

En los últimos meses, países como Australia han impuesto restricciones para que los niños dejen de usar o limiten el uso de las redes sociales.

 

Reino Unido está llevando a cabo actualmente un programa piloto para ver cómo podría funcionar una prohibición de redes sociales para personas menores de 16 años.

 

Otro caso contra Meta y otras plataformas de redes sociales está listo para comenzar en junio en un tribunal federal de California.

 

"Durante años se ha ido acumulando un sentir negativo hacia las redes sociales y ahora finalmente ha estallado", subrayó Proulx.

DE MARTÍNEZ DE HOZ A MILEI CONTINUA LA DEPENDENCIA, EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y ENTREGA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 

La dictadura vino a moldear una sociedad para establecer un país para pocos.

Hoy, como ayer, los mismos cómplices de la dictadura vuelven con sus recetas, y el final es cantado. - 21/03/2026

  Por: Adrián Camerano y Martín Bosch

 

Nadie se sorprendió en los principales centros del poder económico la madrugada del 24 de marzo de 1976. Cuando las Fuerzas Armadas dieron el golpe que derrocó a Isabel Perón, militares, empresarios y referentes liberales y conservadores llevaban meses planificando el inicio del “Proceso de Reorganización Nacional”.

Una reorganización con claros ganadores, que no serían los trabajadores organizados y los sectores populares.

 

A partir de allí y en los años que siguieron de la dictadura más sangrienta de la historia argentina, la estructura económica y social del país fue modificada de raíz: secuestros, torturas y desapariciones fueron condición necesaria para la expoliación y el despojo.

 

El “Proceso” tuvo como actor central al empresariado agroexportador, financiero y extranjero, que apoyó desembozadamente. A cambio recibió numerosos beneficios,

como apertura económica, congelamiento de salarios, prohibición y persecución de las actividades sindicales, reforma laboral, eliminación de retenciones, endeudamiento externo, fuga de capitales y un sistema financiero a medida.

 

Hoy, igual que ayer,

medidas del mismo tenor marcan el pulso de la agenda pública. Una suerte de déjà vu, con final predecible.

 

La principal cara visible de la alianza entre militares y un sector del empresariado fue José Alfredo Martínez de Hoz, designado en el Ministerio de Economía desde 1976 hasta 1981.

 

Aunque contabilizó fracasos, el plan económico de “Joe” logró cambios de fondo:

--- un deterioro brutal del salario de los trabajadores, cuya participación en el ingreso nacional pasó del 48% en 1974 al 22% en 1982;

--- marcada desindustrialización (más de 20 mil fábricas bajaron la persiana) y

--- brutal concentración económica.

 

Mientras perdían sus derechos laborales y su empleo, cualquier delegado u obrero podía ser desaparecido por su militancia o participación gremial; buena parte de los 30.000 desaparecidos corresponde a activistas sindicales.

 

Como una latencia, aquellas medidas económicas y sus consecuencias conocidas marcaron la vida nacional en distintos momentos de nuestra historia reciente.

 

Quince años más tarde del inicio del golpe volvieron

con el neoliberalismo menemista;

se reencarnaron en el macrismo de 2015-2019 y

retornaron con una furia inusitada en el actual período libertario.

 

Cincuenta años después, sin haber respondido en la Justicia por su responsabilidad en el terrorismo de Estado, los autores intelectuales y principales beneficiarios del “Proceso” vuelven a la carga, con la idea de completar la tarea.

 

Se trata del poder real, que intenta imponer los mismos postulados:

Reforma Laboral, apertura de la economía y beneficios a los sectores concentrados.

 

Aunque el nivel de represión es altísimo, el más elevado de 1983 a esta parte, esta vez no necesitan ejecutantes militares.

 

 

GRANDES GANADORES

 

Luego del experimento del “Rodrigazo” en 1975 -que no prosperó por la resistencia obrera- Martínez de Hoz inició su gestión bajo el precepto de

“ordenar la economía”; lo que en rigor impuso fue un plan de ajuste convencional, que liberó precios y congeló los salarios.

Pero la inflación no cedió y al final del primer año de dictadura se aplicó una “tregua de precios” por 120 días, que apenas enfrió el problema.

 

El escaso resultado obtenido derivó en una reforma financiera que multiplicó la aparición de bancos y devino en altas tasas de interés, al punto que 1978 terminó con una recesión del 4% y una inflación anual superior al 170%.

 

Luego vendrían la famosa “tablita”, la “plata dulce”, los viajes al exterior de la clase media y el “deme dos”, todos hitos que aún resuenan en el inconsciente colectivo.

 

En todo ese proceso,

los cierres de fábricas brotaron como hongos después de una lluvia y

se profundizó la primarización de la economía,

con un sector del empresariado como gran ganador,

a caballo de la “valorización financiera” centrada en el endeudamiento y la fuga de capitales.

 

Este sector, nucleado alrededor del Consejo Económico Argentino (CEA, el grupo de presión que encabezó hasta 1976 Martínez de Hoz como presidente de Acindar) fue uno de los grandes defensores públicos de la dictadura y picó en punta a la hora de colocar funcionarios civiles en áreas clave.

Desde allí, pudieron manejar el programa económico para

comprar empresas, ganar concentración y garantizarse hegemonía.

No fueron un actor secundario, más bien arte y parte de un proceso económico que solo fue posible asesinando y desapareciendo a 30 mil argentinos.

 

Entre esos principales grupos estuvieron Pérez Companc, que pasó de tener 10 empresas en 1973 a 54 en 1983; Techint, que pasó de 30 firmas a 46; Bridas (Bulgheroni) pasó de 4 empresas a 43 al finalizar la dictadura; el grupo Macri pasó de 7 a 47; Madanes (Fate-Aluar), pasó de 8 a 15; y Clarín dejó de ser una empresa para pasar a ser un grupo de 12 firmas.

 

Otros actores claves en ese proceso de concentración fueron Bunge y Born, Garovaglio y Zorraquín, Arcor, Werthein, Celulosa Argentina, Alpargatas y Ledesma, entre otras que Martín Schorr reveló para el libro Cuentas pendientes.

 

Este crecimiento sólo se explica a partir de “la bicicleta financiera”,

subsidios, préstamos estatales y la estatización de su deuda.

Así, mientras las mayorías perdían, estos grupos se enriquecieron como nunca antes.

 

Además de servirse del plan económico liberal, este sector dominante del empresariado utilizó para su beneficio la represión ilegal; fue la estrategia perfecta para

sacarse de encima los molestos delegados sindicales y trabajadores “problemáticos” que en años anteriores habían visto crecer sus derechos y su incidencia política y social.

 

En casos como Molinos Río de la Plata, de Bunge y Born; Ledesma, de Blaquier; Acindar, que tenía a Martínez de Hoz como presidente de su directorio hasta 1976; Dálmine-Siderca de Techint; Ford y Mercedes Benz, hay sobradas pruebas y testimonios sobre esa represión.

 

Como estrategia disciplinadora, entregaron información y aportaron recursos logísticos a la represión:

desde “marcadores” en las fábricas y “listas negras”, hasta vehículos e incluso la instalación de centros clandestinos de detención en sus propios predios.

Un juego de pinzas que encerró a los trabajadores entre la represión y el ajuste, y redundó en más explotación y menos derechos.

 

Por no hablar del robo de empresas: Papel Prensa, Mackentor y los hermanos Iaccarino son casos emblemáticos en ese sentido.

 

“Las relación dictadura, fuerzas armadas y poder económico implicaron coincidencias ideológicas, la provisión de cuadros empresariales para puestos clave durante la dictadura,  la participación de sectores militares en los directorios de empresas, como Martínez de Hoz, que había sido el presidente del directorio de Acindar y pasa a ser ministro de Economía y López Aufranc​, que siendo una figura clave de las fuerzas formado en la lucha antisubversiva de los ’70, pasa a integrar el directorio de Acindar hasta comienzos de los años ’90.

 

En ese marco, hay que entender también las diferentes formas que asumieron las transferencias desde el Estado al capital concentrado,

Los procesos de estatización de las deudas privadas,

los procesos de supuesta promoción industrial que implicaron un financiamiento impresionante a grupos y,

en ese marco, la vinculación represiva que analizamos en las líneas de responsabilidad empresarial”,

detalló la historiadora Victoria Basualdo, investigadora del CONICET/ CEDIEP-UNQ/IIEGE-UBA.

 

 

LA DEUDA

 

El sostenimiento del modelo económico dictatorial era costoso, y apenas despuntó el golpe la Junta recurrió al financiamiento internacional.

“Bancos privados, y el FMI y otras instituciones financieras internacionales concedieron créditos en forma masiva al Estado (también a empresas privadas)

sin hacerse demasiadas preguntas acerca de si esos fondos contribuían a la consolidación política de un gobierno autoritario y al funcionamiento del aparato represivo”,

explicó en diálogo con Tiempo Juan Pablo Bohoslavky, doctor en Derecho e investigador del Conicet.

 

“Gracias al sostenimiento financiero externo continuo al Estado argentino, la Junta implementó instrumentos económicos que beneficiaron a determinados sectores de la economía en detrimento de otros, como

subsidios sectoriales, privilegios fiscales y crediticios, «la tablita» cambiaria, y el uso de criterios regresivos para determinar los ingresos y gastos del Estado.

 

Esta dinámica económico-jurídica perjudicó claramente a los trabajadores y a las empresas que no quedaron dentro del grupo industrial, financiero y agroexportador concentrado (y beneficiado).

 

Además, esta inyección de divisas permitió sostener un incremento del presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas y a “seguridad interior”, es decir, a consolidar el aparato represivo del Estado”, explicó el autor junto a Horacio Verbitsky del libro «Cuentas Pendientes» y compilador del cuadernillo sobre responsabilidad civil publicado por la Secretaría de DD HH en 2022.

 

GRANDES PERDEDORES

 

Desde Córdoba, una de las provincias más castigadas por el terrorismo de estado, la dirigente sindical Ilda Bustos señala que “la muerte y desaparición de prácticamente una generación de militantes con una conciencia y responsabilidad social colectiva tuvo y tiene consecuencias hasta hoy”.

 

En diálogo con Tiempo Bustos historizó las resistencias obreras a las dictaduras, los condicionamientos aún en la recuperada democracia y el entreguismo durante el menemato. Y consideró que

“a pesar de todas las luchas que se llevaron adelante desde entonces, no se pudo volver a la ley de Contrato de Trabajo original y eso es un indicador claro que no se recuperaron las condiciones de fuerza.

La cooptación de una parte de la dirigencia sindical en los ’90, que se sumó a los “cantos de sirena” de las privatizaciones, contribuyó a la debilidad que tenemos hasta hoy”.

 

Secretaria general de los Gráficos cordobeses y de la CGT mediterránea, la dirigente señala vasos comunicantes entre aquel proyecto económico y gobiernos posteriores.

“El modelo de acumulación inaugurado con el golpe lo profundiza el menemismo, con un eterno endeudamiento, la posterior fuga de esos recursos al exterior, privatizaciones del patrimonio nacional y sustitución de importaciones.

 

Otro eje es la reprimarización de la economía; Macri retoma y vuelve a profundizar este mecanismo, en una etapa que respecto a Milei es más gradual, pero tiene los mismos objetivos:

el ajuste permanente sobre los ingresos de la clase trabajadora, y el traslado de recursos de los sectores populares a la economía concentrada”.

 

Para la dirigente, el actual desmantelamiento del Estado

“no conoce precedentes”, y el pregonado superávit fiscal “es simplemente el despojo de derechos sociales para la mayoría y la destrucción de la industria nacional”.

“Agrégale la pérdida absoluta de la soberanía y la entrega de todos los recursos naturales”,

completó, antes de considerar que en este escenario

“el movimiento obrero debe recuperar la confianza de las y los representados y las mejores tradiciones de lucha con las que se lograron las conquistas”.

 

Porque, salvo excepciones, esos grandes grupos económicos quedaron fuera de los juicios de lesa humanidad, Bustos lo explica en tanto

“son precisamente el poder en una democracia de baja intensidad, tutelada desde el principio, que puso eje en los derechos humanos avasallados, pero no en lo que significó en toda su dimensión la dictadura”.

 

 

AYER Y HOY

 

“Hoy es más importante que nunca poder pensar a la dictadura desde

la clase trabajadora y desde las transformaciones económicas estructurales, es decir, desde una perspectiva capital-trabajo.

 

Me parece que se vuelve más claro que nunca en un tiempo en el cual los sectores dominantes hablan claramente un lenguaje de clase y llevan adelante una política económica y laboral extremadamente organizada en términos de clase, creo que se vuelve más relevante que nunca esta mirada”, manifestó Basualdo.

 

La investigadora llamó a poder “pensar el ciclo de estos 50 años y las sucesivas ofensivas del capital contra el trabajo, los sucesivos intentos de arrinconar en términos organizativos y de fragmentar”.

 

“Creo que la dictadura claramente marca un punto de inflexión tanto en términos económicos, desde el paso de la segunda industrialización sustitutiva a la valorización financiera, un ciclo en el cual hoy tenemos la misma tendencia al endeudamiento, a la fuga de capitales, a la desindustrialización, a la reconfiguración industrial y sobre todo a la redistribución regresiva del ingreso en una ofensiva muy importante contra la clase trabajadora, contra su salario, contra sus formas de organización”, concluyó.

 

Bohoslavky, por su parte, consideró

“imprescindible entrelazar y actualizar agendas y miradas en torno a las atrocidades del pasado y las injusticias sociales de hoy”.

“Para lograr la plena democratización de la producción y distribución de la riqueza en el país se deben desandar complejos mecanismos de concentración económica que tienen su origen o punto de consolidación en la última dictadura, incluyendo

la (des) regulación de las entidades financieras,

la gran dependencia fiscal de los impuestos al consumo y

la supresión del impuesto a la herencia,

el desmantelamiento del Estado de bienestar,

una persistente desigual distribución de la torta capital/trabajo en perjuicio de los asalariados, altísimos niveles de pobreza, y pobreza extrema,

y volúmenes asfixiantes de endeudamiento tanto público, como privado.

Los derechos humanos tienen la vocación política y la capacidad técnica, tanto para combatir la impunidad por crímenes de lesa humanidad, como para desafiar y revertir las desigualdades y la pobreza estructural”, añadió.