LEY DE GLACIARES - LA LEY DE GLACIARES NO SE TOCA

 

GLACIARES: SE ESTÁ CONSTRUYENDO LA DEMANDA COLECTIVA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

 

 

La Reforma fue gestada en un proceso institucional profundamente viciado, atravesado por irregularidades e ilegalidades manifiestas. Pero ya hay señales de que la sociedad no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Más de 750.000 personas ya han acompañado con su firma la demanda colectiva, que no para de crecer. -11/04/2026   

 

Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas

Por: Lucas Micheloud

 

Parece una obviedad, pero en la Argentina de hoy —donde el sentido común ha sido invertido— hay que volver a repetir lo mismo: 

 

defendemos los glaciares porque defendemos la vida. Los defendemos porque son nuestras reservas de agua, porque desde la cordillera alimentan ríos y territorios enteros, porque sostienen economías regionales, ecosistemas y comunidades. Porque, en definitiva, sin glaciares no hay presente, pero sobre todo, no hay futuro.

 

Sin embargo, en un contexto de crisis climática cada vez más evidente, con eventos extremos que se multiplican y un estrés hídrico que avanza silenciosamente sobre enromes regiones de nuestro país, el Congreso de la Nación decidió avanzar en sentido contrario.

 

El pasado 9 de abril, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Glaciares que no sólo implica un retroceso ambiental de enorme gravedad, sino que además fue gestada en un proceso institucional profundamente viciado, atravesado por irregularidades, ilegalidades manifiestas y decisiones tomadas de espaldas a la sociedad.

 

Lo que se presentó como una instancia de participación democrática fue, en realidad, una escenificación.

 

La llamada “audiencia pública” no fue ni audiencia ni pública; más de 100 mil personas se inscribieron para participar, pero menos de 300 pudieron hacerlo.

No hubo deliberación real, no hubo escucha, no hubo debate.

Hubo, en cambio, una operación diseñada para simular participación, pero no lo lograron.

 

EL CONGRESO Y EL CONFLICTO DE INTERESES

 

A esto se suma un dato aún más grave, que erosiona de manera directa la ya frágil credibilidad institucional del Congreso, la participación de legisladores con conflictos de intereses manifiestos, imposibles de disimular

 

El caso de Flavia Royón resulta paradigmático.

Senadora por Salta y, al mismo tiempo, consultora y proveedora de empresas mineras, participó de la votación sin excusarse, sin abstenerse, como si la incompatibilidad entre su función pública y sus intereses privados no existiera.

 

No se trata de un detalle menor ni de una cuestión opinable, se trata de una violación directa a los principios básicos de ética pública y la configuración de distintos delitos penal, motivo por el cual presentamos desde nuestra organización la correspondiente denuncia penal en la justicia federal.

Foto: @Energia_Ar

 

En la misma línea, el diputado Nicolás Massot,

con vínculos empresariales con el sector minero, tampoco se apartó del tratamiento de una norma que impacta directamente en sus intereses.

 

Y como si este cuadro no fuera suficientemente alarmante, el actual secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero —ligado a múltiples corporaciones del sector—

no sólo no mantuvo la obligatoria distancia que exige su función, sino que actuó como un verdadero operador del lobby minero, por eso también lo denunciamos ante la justicia federal.

 

Lo que se aprobó, entonces, no es una simple modificación normativa ni un ajuste técnico.

Es un traje a medida de los intereses extractivos, diseñada para habilitar un puñado de proyectos mineros sobre ambientes glaciares y periglaciares.

 

Se trata de una reforma que

abre la puerta a la destrucción de las reservas estratégicas de agua dulce, desconociendo no sólo la evidencia científica sino también el marco jurídico nacional e internacional.

 

Desde el punto de vista legal, estamos frente a una norma abiertamente inconstitucional.

No sólo por las irregularidades en su proceso de sanción, sino por su contenido regresivo, que vulnera el principio de progresividad y no regresión ambiental, reconocido tanto en nuestra legislación como en tratados internacionales suscriptos por Argentina.

 

LA DEFENSA DE LOS GLACIARES Y LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

 

Pero si algo nos enseña la historia de la Ley de Glaciares es que nunca fue una concesión del poder político ni económico (nació con un veto presidencial).

 

Fue, desde el inicio, el resultado de una construcción colectiva, de años de lucha, de articulación entre organizaciones, asambleas, científicos, comunidades y sectores comprometidos con la defensa del agua.

 

Y como toda conquista social, no se entrega ni se resigna: se defiende.

 

Por eso, lejos de cualquier lógica de derrota, lo que se abre ahora es una nueva etapa de lucha. Una etapa que no se limita al plano institucional, sino que lo desborda y lo potencia.

 

En este marco, acabamos de lanzar una campaña para impulsar la demanda judicial colectiva más grande de la historia en defensa del agua y los glaciares, como una herramienta concreta para enfrentar este retroceso y sostener la pelea en todos los frentes posibles.

Foto: Antonio Becerra

 

La convocatoria es amplia, federal, abierta. Está dirigida a toda la ciudadanía, porque lo que está en juego no es un interés sectorial sino el acceso al agua, es la integridad de los territorios, la posibilidad misma de un futuro habitable. Sumarse a esta demanda colectiva no implica asumir obligaciones legales, pero sí formar parte de algo mucho más profundo que es la construcción de una fuerza social imparable.

 

Porque esta disputa no se va a resolver únicamente en los tribunales, aunque allí también daremos batalla. Se va a resolver, como tantas veces en nuestra historia, en la articulación entre la calle y las instituciones, entre la movilización social y la acción jurídica.

 

El Palacio y la calle. Un pie en Tribunales y otro en las plazas y calles de todo el país, porque entendemos que no hay justicia ambiental sin protagonismo popular.

 

MÁS DE 750.000 PERSONAS

 

Ya hay señales de que la sociedad no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Más de 750.000 personas ya han acompañado con su firma esta iniciativa, que no para de crecer. Asambleas que se reorganizan, comunidades que se movilizan, organizaciones que articulan a nivel federal, provincias como La Pampa que comienzan a reaccionar frente a los impactos que esta reforma puede generar sobre sus cuencas hídricas. 

 

El lobby minero y sus aliados políticos creen que esta vez podrán avanzar sin resistencia. Que el cansancio social, la fragmentación o la crisis económica funcionarán como condiciones de posibilidad para imponer este modelo sin costos. Pero vuelven a equivocarse. Subestiman, una vez más, la memoria, la organización y la dignidad de un pueblo que ha sabido, en momentos clave, poner límites.

Foto: Gentileza Gustavo Molfino

 

Porque si algo ha quedado claro a lo largo de estos años es que cuando tocan el agua, la sociedad responde. Y hoy esa respuesta empieza a tomar una dimensión inédita, con la construcción de lo que va a convertirse en la acción judicial colectiva más grande del mundo en defensa del agua. La invitación sigue abierta, aún podés sumarte en https://www.demandacolectivaglaciares.org:

 

No hay margen para la indiferencia ni lugar para la resignación. La historia, como siempre, está en disputa. Y frente a un intento de retroceso de esta magnitud, la única respuesta posible es más organización, más participación y más lucha colectiva. Porque esta reforma no es un punto de llegada. Es un punto de partida. Y lo que viene, lo vamos a construir juntos y juntas.

La Ley de Glaciares no se toca.

 

 

ARISTÓTELES - DE LA VERACIDAD Y DE LA FRANQUEZA

 

[ Aristóteles· Moral a Nicómaco· libro cuarto· I· II· III· IV· V· VI· VII· VIII· IX ] Moral a Nicómaco · libro cuarto, capítulo VII   DE LA VERACIDAD Y DE LA FRANQUEZA   El justo medio en lo concerniente a la necia vanidad o jactancia se aplica igualmente, sobre poco más o menos a las mismas cosas que acabamos de enumerar.   Este medio tampoco tiene nombre. Pero sea lo que quiera, nunca viene mal estudiar estas virtudes anónimas.   Aprenderemos mejor las cosas de la moral analizando cada virtud en particular, y nos convenceremos tanto más de que las virtudes son medios, si vemos que esta condición se reproduce en todas generalmente.   Acabamos de hablar, en lo referente a las relaciones sociales, de aquellos que no se ocupan más que del placer y del disgusto que causan a los demás. Hablemos ahora de los que, en estas relaciones, son veraces o mentirosos, ya sea en sus palabras, ya en sus actos, ya en el tono que ellos se dan.   El necio vanidoso, el fanfarrón, es aquel que quiere hacer creer que, en las cosas destinadas a ilustrar al hombre, posee cualidades que realmente no tiene, o que supone, que las que tiene son mayores que lo que realmente son.   El hombre encogido, por lo contrario, oculta las cualidades que posee, o las rebaja.   El que ocupa el término medio entre estos dos extremos, se presenta tal cual es, tan sincero en su vida como en su lenguaje; al hablar de sí mismo, se atribuye las cualidades que tiene; pero no las hace ni más grandes ni más pequeñas que lo que son.   Por lo demás al obrar en cada uno de estos casos y con esta diversidad, se puede tener un objeto o no tenerle.   Todo hombre habla, obra y se conduce en la vida según su carácter propio, a menos que no tenga por objeto algún interés particular. Pero como la mentira en sí es reprensible y mala, y la verdad, por lo contrario, es bella y digna de alabanza, se sigue que el hombre verídico, que se mantiene en el justo medio, es laudable, y que los que mienten en un sentido o en otro, son reprensibles, aunque confieso que el necio vanidoso y fanfarrón lo sea más.   Hablemos de estos dos caracteres, y primero del hombre veraz. Se comprende bien que no nos ocupamos ahora del hombre [113] que es verídico en los contratos ordinarios ni en todas aquellas ocasiones que implican cuestiones de justicia o de injusticia; porque esta es una virtud de otro género.   Aquí hablamos únicamente del que, sin rozarse con tan graves intereses, sabe en su vida y en sus palabras decir la verdad, porque así lo pide su disposición natural.   Un hombre de esta clase es realmente un hombre de honor; ama la verdad; y diciéndola en los casos en que no tiene importancia, con más razón la dirá cuando importe; porque entonces evitará como una infamia la mentira, de la cual huye naturalmente.   Este carácter es verdaderamente digno de estimación. Si alguna vez se separa de la estricta verdad, será más bien para debilitar las cosas; porque esta atenuación de la verdad tiene algo de delicado, mientras que las exageraciones siempre tienen por objeto chocar.   Pero el que sin ningún motivo exagera las cosas en provecho propio, puede pasar por vicioso; porque si no lo fuese, no se complacería en la mentira. Sin embargo, más bien debe calificársele de hombre ligero que de malo.   Cuando se miente por un motivo, si es por amor a los honores o por adquirir renombre, como lo hace el vanidoso, no es muy culpable; pero si, por lo contrario, lo hace directamente por el dinero o una cosa de este género, este se deshonra más gravemente.   No es uno vanidoso y fanfarrón sólo porque sea capaz de mentir, sino porque de hecho ha preferido la mentira a la verdad. Es uno fanfarrón por hábito moral y por naturaleza, como es uno embustero. Tal embustero se complace en la mentira misma; y tal otro miente, porque espera con esto alcanzar nombradía o provecho.   Los que son vanidosos y fanfarrones únicamente por adquirir reputación, se atribuyen falsamente condiciones, mediante las que se granjean la alabanza de los hombres o su envidiosa admiración.   Pero a aquellos cuya vanidad aspira al lucro y se atribuyen cualidades que pueden ser útiles a los demás, puede disimulárseles más fácilmente; por ejemplo, la ciencia de un médico entendido o de un adivino hábil. De esta clase son las condiciones que frecuentemente se atribuyen los charlatanes; porque a ello los arrastran los motivos que acabamos de decir y que llevan en sí mismos.   En cuanto a los que están dotados de esa reserva o disposición irónica que los lleva a atenuar siempre las cosas, parecen en general de un carácter más amable y gracioso.   No es ciertamente la codicia la que les obliga a hablar así; es más bien [114] porque quieren huir de toda exageración. Los que tienen este carácter rechazan principalmente con cuidado todo lo que puede dar celebridad; y es bien sabido lo que hacía Sócrates.   Por lo que hace a los que se arrogan indebidamente cualidades sin importancia y con las que quieren llamar la atención de todo el mundo, no merecen otro nombre que el de majaderos, que consiguen bien pronto un desdén merecido.   Algunas veces la reserva, llevada hasta la exageración, tiene el aire de fanfarronada, a manera de los que se visten a lo Espartano{86}; porque la exageración, lo mismo en más que en menos, es más bien propia del fanfarrón y del charlatán.   Pero cuando se sabe emplear moderadamente la reserva y la ironía, y se la aplica a cosas que no son ni demasiado vulgares ni demasiado evidentes, semejantes chistes no carecen de gracia{87}.   En resumen, la vana jactancia es lo opuesto a la franqueza, porque es efectivamente un defecto más grave que la ironía o falsa reserva. ——— {86} Los vestidos de los espartanos eran sumamente sencillos. {87} Esto es lo que hacía Sócrates, como aparece en los diálogos de Platón, tanto más admirables cuanto que nada pierden en ellos la exactitud ni la energía del pensamiento.

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LEY DE GLACIARES: LA FALSA DICOTOMÍA QUE VUELVE A DISCUTIR LA ARGENTINA - Autor: Dr. Facundo Ríos. Abogado.

 

La modificación de la Ley de Glaciares reabre un debate que no es exclusivamente ambiental, sino institucional: desarrollo con reglas claras.

Facundo Ríos - 3 de abril de 2026 ·

El desafío es más sofisticado, y requiere dirigentes con coraje que se animen a proponer un país a largo plazo

 

Vivimos en una crisis ambiental y climática sin precedentes que ya no admite negación ni postergación. 

 

Sequías prolongadas, incendios forestales cada vez más intensos, eventos extremos que golpean infraestructura, producción y empleo.

 

Frente a este dato de la realidad argentina discute una Ley de Glaciares ajustada a medida de determinadas inversiones y no un proyecto para el país a largo plazo.

 

ARGENTINA VUELVE A CAER EN UNA TRAMPA CONOCIDA

 

Presentar el debate entre ambiente y desarrollo como si fueran opciones excluyentes.

 

Como si proteger recursos estratégicos fuera un impedimento para el crecimiento, como si la Constitución obligara a elegir entre producir o preservar.

 

Esta mirada no solo es una falsa dicotomía; es, además, un riesgo institucional para el país.

 

La Constitución Nacional, en su artículo 41, consagra

el derecho a un ambiente sano y establece el principio de prevención y el deber de preservar los recursos naturales para estas y las futuras generaciones.

 

En otras palabras, debemos producir para garantizar las necesidades presentes sin comprometer las del futuro.

 

La Ley de Glaciares no es un capricho ambientalista, es una norma de presupuestos mínimos que protege reservas estratégicas de agua en regiones áridas y semiáridas.

 

Los glaciares y el ambiente periglacial cumplen funciones ecosistémicas esenciales, como

la regulación y amortiguación hídrica,

aporte al balance hídrico de cuencas necesaria para el uso de nuestra población y para la producción agropecuaria,

aporta moderación térmica, conservación de biodiversidad y sostén de sistemas productivos aguas abajo.

 

En provincias como Mendoza, San Juan o Catamarca, esa función reguladora es clave para amortiguar sequías y garantizar estabilidad hídrica necesaria.

 

La Constitución Nacional, en su artículo 41, consagra el derecho a un ambiente sano.

 

LOS DATOS OFICIALES SON CONTUNDENTES

 

El Inventario Nacional de Glaciares identifica más de 16.000 cuerpos glaciares y geoformas periglaciales.

 

En los últimos 30 años se ha registrado una pérdida cercana al 40 % de la superficie glaciar andina.

 

Sostener que “no hay certeza suficiente” para mantener la protección invierte el estándar jurídico correcto.

 

El principio precautorio establece lo contrario:

cuando existe riesgo grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no puede utilizarse como argumento para flexibilizar la protección.

 

Por lo cual, abre la puerta a una litigiosidad inmediata.

Provincias, comunidades y organizaciones podrían cuestionar la constitucionalidad de la reforma. La Corte Suprema ya ha intervenido en conflictos vinculados a la aplicación de esta ley.

 

Además, existe un argumento republicano que no puede ignorarse, el riesgo de “dumping ambiental”.

 

Si se traslada a las provincias la determinación de la relevancia hídrica caso por caso, se abre la puerta a una competencia por reducir estándares de protección para atraer inversiones.

 

Lejos de fortalecer la economía, esto la vuelve más vulnerable frente a mercados que exigen trazabilidad, sostenibilidad y cumplimiento normativo.

 

Más aún en un contexto en el que Argentina ha avanzado en acuerdos comerciales con estándares ambientales exigentes, como el recientemente aprobado con la Unión Europea.

 

La consecuencia no es más inversión, es más incertidumbre

 

LA ESTABILIDAD JURÍDICA ES UN ACTIVO ECONÓMICO.

 

Desarmarla en nombre del desarrollo puede terminar afectando precisamente aquello que se busca promover. Si Argentina no fija reglas claras y previsibles de largo plazo, corremos el riesgo, como ha ocurrido tantas veces, de que cada inversión relevante quede condicionada a negociaciones regulatorias particulares.

 

La estabilidad institucional y las reglas de juego claras son, por amplias razones, más importantes que cualquier proyecto puntual.

 

El informe técnico elaborado por la Fundación Alem deja un punto central, que el potencial minero argentino no está bloqueado por la Ley de Glaciares.

 

Como señalan publicaciones especializadas como Panorama Minero, la actividad exportó alrededor de USD 6.000 millones en 2025 y proyecta un fuerte crecimiento impulsado por el cobre y el litio.

 

Los principales proyectos cupríferos, Josemaría, Los Azules, El Pachón y Altar, no se encuentran emplazados sobre glaciares protegidos por el Inventario Nacional vigente. La inversión proyectada es significativa: solo en cobre, el país podría alcanzar exportaciones superiores a USD 15.000 millones anuales hacia 2030 si los proyectos en cartera se consolidan.

 

El complejo Vicuña (Filo del Sol + Josemaría) concentra anuncios que podrían superar los USD 10.000 millones, mientras que Los Azules prevé inversiones cercanas a los USD 3.000 millones.

 

A ello se suman anuncios recientes como el de la minera aurífera Newmont, que informó una inversión de USD 800 millones para ampliar sus operaciones en Cerro Negro, lo que confirma que el sector no se encuentra paralizado ni jurídicamente bloqueado por la normativa actual.

 

Se discute una Ley de Glaciares ajustada a medida de determinadas inversiones y no un proyecto para el país a largo plazo.

 

En este contexto, la modificación propuesta no aparece como una condición necesaria para viabilizar el desarrollo minero argentino en su conjunto.

 

Su eventual impacto sería puntual y concentrado, principalmente en proyectos radicados en San Juan, donde existe debate sobre posibles ampliaciones en áreas de alta montaña y zonas periglaciales. Es decir, no estamos ante una reforma estructural indispensable para el crecimiento del sector, sino ante un cambio normativo focalizado cuya incidencia económica general sería acotada frente al volumen total de inversiones proyectadas.

 

El debilitamiento institucional, efectos ambientales y los riesgos asociados a las reformas son argumentos suficientes para que una reforma como esta no se lleve adelante.

 

El verdadero cuello de botella no es la protección glaciar o su ambiente

Es la falta de infraestructura energética y vial, la ausencia de criterios ambientales uniformes, como la Evaluación de Impacto Ambiental nacional, la inseguridad jurídica, la volatilidad macroeconómica, y hasta un marco impositivo que oscila entre la presión insostenible con su inexistencia.

 

Por eso, presentar la modificación de la Ley 26.639 como condición necesaria para el desarrollo minero parece exagerado,

es convertir a la minería en argumento político de un debate mucho más profundo, y pone en riesgo su crecimiento.

 

No se trata de una postura contraria al desarrollo productivo del país.

 

El potencial argentino es real y significativo. Puede generar empleo, divisas e infraestructura. Pero ese desarrollo debe construirse con reglas claras, previsibles y plenamente acordes a la Constitución Nacional.

 

La pregunta no es si Argentina debe desarrollarse

La pregunta es cómo. 

Argentina necesita crecer, ampliar exportaciones, atraer inversiones y generar empleo de calidad.

Pero también necesita preservar recursos hídricos estratégicos en un contexto de cambio climático acelerado.

 

La reforma propuesta implica riesgos demasiado altos para obtener beneficios marginales en términos de expansión minera.

 

No estamos frente a un choque entre desarrollo productivo y ambiente. Estamos frente a una discusión sobre calidad institucional, previsibilidad y respeto por la Constitución.

 

El propio texto constitucional es claro: el desarrollo debe ser sostenible, integrando crecimiento económico con dimensión social y ambiental. Desarrollo y ambiente no son enemigos; son condiciones recíprocas.

 

Si elegimos el atajo del debilitamiento normativo, podremos obtener un rédito político inmediato, pero el costo institucional y ambiental puede ser mucho mayor.

 

El desafío es más sofisticado, y requiere dirigentes con coraje que se animen a proponer un país a largo plazo, donde el modelo de desarrollo que no sacrifique el futuro para resolver las urgencias del presente.

 

* Dr. Facundo Ríos. Abogado. Matrícula CPACF. F: 132 T: 860