Buscar este blog

sábado, 19 de octubre de 2019

NEOLIBERALISMO: LA RAÍZ IDEOLÓGICA DE TODOS NUESTROS PROBLEMAS - GEORGE MONBIOT - 5 de mayo de 2016 ---CONOCE EL NOMBRE DE LA IDEOLOGÍA QUE DOMINA SU VIDA? ---ANONIMATO COMO CAUSA Y EFECTO DEL PODER ---UBICUIDAD DEL NEO-LIBERALISMO ---CAMBIAR LA VIDA Y EL CENTRO DE PODER ---LA COMPETENCIA ---EL MERCADO ---DE CIUDADANO A CONSUMIDOR ---LIBERTAD ---GANADORES Y PERDEDORES ---DESIGUALDAD COMO VIRTUD ---RICOS POR MÉRITO PROPIO ---POBRES POR SU CULPA ---DESEMPLEO ESTRUCTURAL ---CAPITAL EUROPEA DE LA SOLEDAD ---FINANCIACIÓN DEL NEO-LIBERALISMO ---IDEOLOGÍA EN LA SOMBRA ---EL NO HAY ALTERNATIVA ---LIBERTAD DE LOS NEO-LIBERALES ES PARA EL PEZ GORDO ---DEMOCRACIA REDUCIDA ---MENOS SINDICALISMO MÁS PRIVATIZACIONES ---DE LA CRISIS ECONÓMICA A LA CRISIS POLÍTICA ---LO QUE EL MERCADO QUIERE ---FRANQUICIAS, PARAISOS FISCALES Y DESGRAVACIONES

Resultado de imagen para neoliberalismo fotos frases


Imaginen que los ciudadanos de la Unión Soviética no hubieran oído hablar del comunismo. Pues bien, la mayoría de la población desconoce el nombre de la ideología que domina nuestras vidas. Si la mencionan en una conversación, se ganarán un encogimiento de hombros; y, aunque su interlocutor haya oído el término con anterioridad, tendrá problemas para definirlo. ¿Saben qué es el neoliberalismo?

Su anonimato es causa y efecto de su poder. Ha sido protagonista en crisis de lo más variadas: el colapso financiero de los años 2007 y 2008, la externalización de dinero y poder a los paraísos fiscales (los "papeles de Panamá" son solo la punta del iceberg), la lenta destrucción de la educación y la sanidad públicas, el resurgimiento de la pobreza infantil, la epidemia de soledad, el colapso de los ecosistemas y hasta el ascenso de Donald Trump. 

Sin embargo, esas crisis nos parecen elementos aislados, que no guardan relación. No somos conscientes de que todas ellas son producto directo o indirecto del mismo factor: una filosofía que tiene un nombre; o, más bien, que lo tenía. ¿Y qué da más poder que actuar de incógnito?

El neoliberalismo es tan ubicuo que ni siquiera lo reconocemos como ideología. Aparentemente, hemos asumido el ideal de su fe milenaria como si fuera una fuerza natural; una especie de ley biológica, como la teoría de la evolución de Darwin. Pero nació con la intención deliberada de remodelar la vida humana y cambiar el centro del poder.

Para el neoliberalismo, la competencia es la característica fundamental de las relaciones sociales. Afirma que "el mercado" produce beneficios que no se podrían conseguir mediante la planificación, y convierte a los ciudadanos en consumidores cuyas opciones democráticas se reducen como mucho a comprar y vender, proceso que supuestamente premia el mérito y castiga la ineficacia. 

Todo lo que limite la competencia es, desde su punto de vista, contrario a la libertad. Hay que bajar los impuestos, reducir los controles y privatizar los servicios públicos. 

Las organizaciones obreras y la negociación colectiva no son más que distorsiones del mercado que dificultan la creación de una jerarquía natural de triunfadores y perdedores. 

La desigualdad es una virtud: una recompensa al esfuerzo y un generador de riqueza que beneficia a todos. La pretensión de crear una sociedad más equitativa es contraproducente y moralmente corrosiva. El mercado se asegura de que todos reciban lo que merecen.

Asumimos y reproducimos su credo. Los ricos se convencen de que son ricos por méritos propios, sin que sus privilegios (educativos, patrimoniales, de clase) hayan tenido nada que ver. Los pobres se culpan de su fracaso, aunque no puedan hacer gran cosa por cambiar las circunstancias que determinan su existencia. 

¿Desempleo estructural? Si usted no tiene empleo, es porque carece de iniciativa. 

¿Viviendas de precios desorbitados? Si su cuenta está en números rojos, es por su incompetencia y falta de previsión. 

¿Qué es eso de que el colegio de sus hijos ya no tiene instalaciones de educación física? Si engordan, es culpa suya. En un mundo gobernado por la competencia, los que caen pasan a ser perdedores ante la sociedad y ante sí mismos.

La epidemia de autolesiones, desórdenes alimentarios, depresión, incomunicación, ansiedad y fobia social es una de las consecuencias de ese proceso, que Paul Verhaeghe documenta en su libro What About Me?. No es sorprendente que Gran Bretaña, el país donde la ideología neoliberal se ha aplicado con más rigor, sea la capital europea de la soledad. Ahora, todos somos neoliberales.

El término neoliberalismo se acuñó en París, en una reunión celebrada en 1938. Su definición ideológica es hija de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, dos exiliados austríacos que rechazaban la democracia social (representada por el New Deal de Franklin Roosevelt y el desarrollo gradual del Estado del bienestar británico) porque la consideraban una expresión colectivista a la altura del comunismo y del movimiento nazi.

En Camino de servidumbre (1944), Hayek afirma que la planificación estatal aplasta el individualismo y conduce inevitablemente al totalitarismo. Su libro, que tuvo tanto éxito como La burocracia de Mises, llegó a ojos de determinados ricos que vieron en su ideología una oportunidad de librarse de los impuestos y las regulaciones. En 1947, cuando Hayek fundó la primera organización encargada de extender su doctrina (la Mont Perelin Society), obtuvo apoyo económico de muchos millonarios y de sus fundaciones.

Gracias a ellos, Hayek empezó a crear lo que Daniel Stedman Jones describe en Amos del universo como "una especie de Internacional Neoliberal", una red interatlántica de académicos, empresarios, periodistas y activistas. Además, sus ricos promotores financiaron una serie de comités de expertos cuya labor consistía en perfeccionar y promover el credo; entre ellas, el American Enterprise Institute, la Heritage Foundation, el Cato Institute, el Institute of Economic Affairs, el Centre for Policy Studies y el Adam Smith Institute. También financiaron departamentos y puestos académicos en muchas universidades, sobre todo de Chicago y Virginia.

Cuanto más crecía el neoliberalismo, más estridente era. La idea de Hayek de que los Gobiernos debían regular la competencia para impedir monopolios dio paso entre sus apóstoles estadounidenses −como Milton Friedman− a la idea de que los monopolios venían a ser un premio a la eficacia. 

Pero aquella evolución tuvo otra consecuencia: que el movimiento perdió el nombre. En 1951, Friedman se definía neoliberal sin tapujo alguno. Poco después, el término empezó a desaparecer. Y por si eso no fuera suficientemente extraño en una ideología cada vez más tajante y en un movimiento cada vez más coherente, no buscaron sustituto para el nombre perdido.

IDEOLOGÍA EN LA SOMBRA

A pesar de su dadivosa financiación, el neoliberalismo permaneció al principio en la sombra. El consenso de posguerra era prácticamente universal: las recetas económicas de John Maynard Keynes se aplicaban en muchos lugares del planeta; el pleno empleo y la reducción de la pobreza eran objetivos comunes de los Estados Unidos y de casi toda Europa occidental; los impuestos al capital eran altos y los Gobiernos no se avergonzaban de buscar objetivos sociales mediante servicios públicos nuevos y nuevas redes de apoyo.

Pero, en la década de 1970, cuando la crisis económica sacudió las dos orillas del Atlántico y el keynesianismo se empezó a derrumbar, los principios neoliberales se empezaron a abrir paso en la cultura dominante. 

En palabras de Friedman, "se necesitaba un cambio (...) y ya había una alternativa preparada". Con ayuda de periodistas y consejeros políticos adeptos a la causa, consiguieron que los Gobiernos de Jimmy Carter y Jim Callaghan aplicaran elementos del neoliberalismo (sobre todo en materia de política monetaria) en los Estados Unidos y Gran Bretaña, respectivamente.

El resto del paquete llegó enseguida, tras los triunfos electorales de Margaret Thatcher y Ronald Reagan: reducciones masivas de los impuestos de los ricos, destrucción del sindicalismo, desregulación, privatización y tercerización y subcontratación de los servicios públicos. 

La doctrina neoliberal se impuso en casi todo el mundo −y, frecuentemente, sin consenso democrático de ninguna clase− a través del FMI, el Banco Mundial, el Tratado de Maastricht y la Organización Mundial del Comercio. 

Hasta partidos que habían pertenecido a la izquierda adoptaron sus principios; por ejemplo, el Laborista y el Demócrata. Como afirma Stedman Jones, "cuesta encontrar otra utopía que se haya hecho realidad de un modo tan absoluto".

Puede parecer extraño que un credo que prometía libertad y capacidad de decisión se promoviera con este lema: "No hay alternativa". Pero, como dijo Hayek durante una visita al Chile de Pinochet (uno de los primeros países que aplicaron el programa de forma exhaustiva), "me siento más cerca de una dictadura neoliberal que de un gobierno democrático sin liberalismo".

La libertad de los neoliberales, que suena tan bien cuando se expresa en términos generales, es libertad para el pez grande, no para el pequeño. 

Liberarse de los sindicatos y la negociación colectiva significa libertad para reducir los salarios. 

Liberarse de las regulaciones estatales significa libertad para contaminar los ríos, poner en peligro a los trabajadores, imponer tipos de interés inicuos y diseñar exóticos instrumentos financieros. 

Liberarse de los impuestos significa liberarse de las políticas redistributivas que sacan a la gente de la pobreza.

En La doctrina del shock, Naomi Klein demuestra que los teóricos neoliberales propugnan el uso de las crisis para imponer políticas impopulares, aprovechando el desconcierto de la gente; por ejemplo, tras el golpe de Pinochet, la guerra de Irak y el huracán Katrina, que Friedman describió como "una oportunidad para reformar radicalmente el sistema educativo" de Nueva Orleans. 

Cuando no pueden imponer sus principios en un país, los imponen a través de tratados de carácter internacional que incluyen "instrumentos de arbitraje entre inversores y Estados", es decir, tribunales externos donde las corporaciones pueden presionar para que se eliminen las protecciones sociales y medioambientales. 

Cada vez que un Parlamento vota a favor de congelar el precio de la luz, de impedir que las farmacéuticas estafen al Estado, de proteger acuíferos en peligro por culpa de explotaciones mineras o de restringir la venta de tabaco, las corporaciones lo denuncian y, con frecuencia, ganan. Así, la democracia queda reducida a teatro.

La afirmación de que la competencia universal depende de un proceso de cuantificación y comparación universales es otra de las paradojas del neoliberalismo. Provoca que los trabajadores, las personas que buscan empleo y los propios servicios públicos se vean sometidos a un régimen opresivo de evaluación y seguimiento, pensado para identificar a los triunfadores y castigar a los perdedores. 

Según Von Mises, su doctrina nos iba a liberar de la pesadilla burocrática de la planificación central; y, en lugar de liberarnos de una pesadilla, creó otra.

MENOS SINDICALISMO Y MÁS PRIVATIZACIONES

Los padres del neoliberalismo no lo concibieron como chanchullo de unos pocos, pero se convirtió rápidamente en eso. 

El crecimiento económico de la era neoliberal (desde 1980 en GB y EEUU) es notablemente más bajo que el de las décadas anteriores; salvo en lo tocante a los más ricos. 

Las desigualdades de riqueza e ingresos, que se habían reducido a lo largo de 60 años, se dispararon gracias a la demolición del sindicalismo, las reducciones de impuestos, el aumento de los precios de vivienda y alquiler, las privatizaciones y las desregularizaciones.

La privatización total o parcial de los servicios públicos de energía, agua, trenes, salud, educación, carreteras y prisiones permitió que las grandes empresas establecieran peajes en recursos básicos y cobraran rentas por su uso a los ciudadanos o a los Gobiernos. 

El término renta también se refiere a los ingresos que no son fruto del trabajo. Cuando alguien paga un precio exagerado por un billete de tren, sólo una parte de dicho precio se destina a compensar a los operadores por el dinero gastado en combustible, salarios y materiales, entre otras partidas; el resto es la constatación de que las corporaciones tienen a los ciudadanos contra la pared.

Los dueños y directivos de los servicios públicos privatizados o semiprivatizados de Gran Bretaña ganan fortunas gigantescas mediante el procedimiento de invertir poco y cobrar mucho. 

En Rusia y la India, los oligarcas adquieren bienes estatales en liquidaciones por incendios. En México, Carlos Slim obtuvo el control de casi toda la red de telefonía fija y móvil y se convirtió en el hombre más rico del mundo.

Andrew Sayer afirma en Why We Can't Afford the Rich que la financiarización ha tenido consecuencias parecidas: "Como sucede con la renta, los intereses son (...) un ingreso acumulativo que no exige de esfuerzo alguno". 

Cuanto más se empobrecen los pobres y más se enriquecen los ricos, más control tienen los segundos sobre otro bien crucial: el dinero. 

Los intereses son, sobre todo, una transferencia de dinero de los pobres a los ricos. 

Los precios de las propiedades y la negativa de los Estados a ofrecer financiación condenan a la gente a cargarse de deudas (piensen en lo que pasó en Gran Bretaña cuando se cambiaron las becas escolares por créditos escolares), y los bancos y sus ejecutivos hacen el agosto.

Sayer sostiene que las cuatro últimas décadas se han caracterizado por una transferencia de riqueza que no es sólo de pobres a ricos, sino también de unos ricos a otros: de los que ganan dinero produciendo bienes o servicios a los que ganan dinero controlando los activos existentes y recogiendo beneficios de renta, intereses o capital. Los ingresos fruto del trabajo se han visto sustituidos por ingresos que no dependen de este.

El hundimiento de los mercados ha puesto al neoliberalismo en una situación difícil. Por si no fuera suficiente con los bancos demasiado grandes para dejarlos caer, las corporaciones se ven ahora en la tesitura de ofrecer servicios públicos. 

Como observó Tony Judt en Ill Fares the Land, Hayek olvidó que no se puede permitir que los servicios nacionales de carácter esencial se hundan, lo cual implica que la competencia queda anulada. Las empresas se llevan los beneficios y el Estado corre con los gastos.

A mayor fracaso de una ideología, mayor extremismo en su aplicación. Los Gobiernos utilizan las crisis neoliberales como excusa y oportunidad para reducir impuestos, privatizar los servicios públicos que aún no se habían privatizado, abrir agujeros en la red de protección social, desregularizar a las corporaciones y volver a regular a los ciudadanos. El Estado que se odia a sí mismo se dedica a hundir sus dientes en todos los órganos del sector público.

DE LA CRISIS ECONÓMICA A LA CRISIS POLÍTICA

Es posible que la consecuencia más peligrosa del neoliberalismo no sea la crisis económica que ha causado, sino la crisis política. 

A medida que se reduce el poder del Estado, también se reduce nuestra capacidad para cambiar las cosas mediante el voto. 

Según la teoría neoliberal, la gente ejerce su libertad a través del gasto; pero algunos pueden gastar más que otros y, en la gran democracia de consumidores o accionistas, los votos no se distribuyen de forma equitativa. 

El resultado es una pérdida de poder de las clases baja y media. Y, como los partidos de la derecha y de la antigua izquierda adoptan políticas neoliberales parecidas, la pérdida de poder se transforma en pérdida de derechos. Cada vez hay más gente que se ve expulsada de la política.

Chris Hedges puntualiza que "los movimientos fascistas no encontraron su base en las personas políticamente activas, sino en las inactivas; en los 'perdedores' que tenían la sensación, frecuentemente correcta, de que carecían de voz y espacio en el sistema político". 

Cuando la política deja de dirigirse a los ciudadanos, hay gente que la cambia por consignas, símbolos y sentimientos. Por poner un ejemplo, los admiradores de Trump parecen creer que los hechos y los argumentos son irrelevantes.

Judt explicó que, si la tupida malla de interacciones entre el Estado y los ciudadanos queda reducida a poco más que autoridad y obediencia, sólo quedará una fuerza que nos una: el poder del propio Estado. Normalmente, el totalitarismo que temía Hayek surge cuando los gobiernos pierden la autoridad ética derivada de la prestación de servicios públicos y se limitan a "engatusar, amenazar y, finalmente, a coaccionar a la gente para que obedezca".

El neoliberalismo es un dios que fracasó, como el socialismo real; pero, a diferencia de este, su doctrina se ha convertido en un zombie que sigue adelante, tambaleándose. Y uno de los motivos es su anonimato. O, más exactamente, un racimo de anonimatos.

La doctrina invisible de la mano invisible tiene promotores invisibles. Poco a poco, lentamente, hemos empezado a descubrir los nombres de algunos. 

Supimos que el Institute of Economic Affairs, que se manifestó rotundamente en los medios contra el aumento de las regulaciones de la industria del tabaco, recibía fondos de British American Tobacco desde 1963. 

Supimos que Charles y David Koch, dos de los hombres más ricos del mundo, fundaron el instituto del que surgió el Tea Party. 

Supimos lo que dijo Charles Kock al crear uno de sus laboratorios de ideas: "para evitar críticas indeseables, debemos abstenernos de hacer demasiada publicidad del funcionamiento y sistema directivo de nuestra organización".

Las palabras que usa el neoliberalismo tienden más a ocultar que a esclarecer. "El mercado" suena a sistema natural que se nos impone de forma igualitaria, como la gravedad o la presión atmosférica, pero está cargado de relaciones de poder. 

"Lo que el mercado quiere" suele ser lo que las corporaciones y sus dueños quieren. 

La palabra inversión significa dos cosas muy diferentes, como observa Sayer: una es la financiación de actividades productivas y socialmente útiles; otra, la compra de servicios existentes para exprimirlos y obtener rentas, intereses, dividendos y plusvalías. Usar la misma palabra para dos actividades tan distintas sirve para "camuflar las fuentes de riqueza" y empujarnos a confundir su extracción con su creación.

FRANQUICIAS, PARAÍSOS FISCALES Y DESGRAVACIONES

Hace un siglo, los ricos que habían heredado sus fortunas despreciaban a los nouveau riche; hasta el punto de que los empresarios buscaban aceptación social mediante el procedimiento de hacerse pasar por rentistas. En la actualidad, la relación se ha invertido: los rentistas y herederos se hacen pasar por emprendedores y afirman que sus riquezas son fruto del trabajo.

El anonimato y las confusiones del neoliberalismo se mezclan con la ausencia de nombre y la deslocalización del capitalismo moderno: Modelos de franquicias que aseguran que los trabajadores no sepan para quién trabajan; empresas registradas en redes de paraísos fiscales tan complejas y secretas que ni la policía puede encontrar a sus propietarios; sistemas de desgravación fiscal que confunden a los propios Gobiernos y productos financieros que no entiende nadie.

El neoliberalismo guarda celosamente su anonimato. Los seguidores de Hayek, Mises y Friedman tienden a rechazar el término con el argumento, no exento de razón, de que en la actualidad sólo se usa de forma peyorativa. 

Algunos se describen como liberales clásicos o incluso libertarios, pero son descripciones tan engañosas como curiosamente modestas, porque implican que no hay nada innovador en Camino de servidumbre, La burocracia o Capitalismo y libertad, el clásico de Friedman.

A pesar de todo, el proyecto neoliberal tuvo algo admirable; al menos, en su primera época: fue un conjunto de ideas novedosas promovido por una red coherente de pensadores y activistas con una estrategia clara. Fue paciente y persistente. El Camino de servidumbre se convirtió en camino al poder.

El triunfo del neoliberalismo también es un reflejo del fracaso de la izquierda. Cuando las políticas económicas de laissez-faire llevaron a la catástrofe de 1929, Keynes desarrolló una teoría económica completa para sustituirlas. Cuando el keynesianismo encalló en la década de 1970, ya había una alternativa preparada. Pero, en el año 2008, cuando el neoliberalismo fracasó, no había nada. Ese es el motivo de que el zombie siga adelante. La izquierda no ha producido ningún marco económico nuevo de carácter general desde hace ochenta años.

Toda apelación a lord Keynes es un reconocimiento implícito de fracaso. Proponer soluciones keynesianas para crisis del siglo XXI es hacer caso omiso de tres problemas obvios: que movilizar a la gente con ideas viejas es muy difícil; que los defectos que salieron a la luz en la década de 1970 no han desaparecido y, sobre todo, que no tienen nada que decir sobre el peor de nuestros aprietos, la crisis ecológica. 

El keynesianismo funciona estimulando el consumo y promoviendo el crecimiento económico, pero el consumo y el crecimiento económico son los motores de la destrucción ambiental.

La historia del keynesianismo y el neoliberalismo demuestra que no basta con oponerse a un sistema roto. Hay que proponer una alternativa congruente. 

Los laboristas, los demócratas y el conjunto de la izquierda se deberían concentrar en el desarrollo de un programa económico Apollo; un intento consciente de diseñar un sistema nuevo, a medida de las exigencias del siglo XXI.

George Monbiot, Neoliberalismo: la raíz ideológica de todos nuestros problemas, el diario.es/The Guardian 01/05/2016
Traducción de Jesús Gómez




Resultado de imagen para neoliberalismo fotos frases

viernes, 18 de octubre de 2019

NEO-LIBERALISMO --- CRISIS, NEOLIBERALISMO Y POBREZA, POR XAVIER CAÑO TAMAYO --- HAMBRE, GENOCIDIO PROGRAMADO Y TOLERADO --- CONCENTRACIÓN DE RIQUEZA --- 10% POBLACIÓN MUNDIAL POSEE 75% DE LA RIQUEZA --- LIBRE COMERCIO CREA POBREZA --- PAISES RICOS CIERRAN SUS MERCADOS --- DISMINUYE IMPUESTOS A LOS RICOS --- INSOLIDARIDAD NEO-LIBERAL --- PORNOGRAFÍA NEO-LIBERAL --- OBSENA DESIGUALDAD --- GOBIERNOS AL SERVICIO DE LOS MÁS RICOS

Resultado de imagen para EL ROTO NEOLIBERALISMO


CRISIS, NEOLIBERALISMO Y POBREZA, POR XAVIER CAÑO TAMAYO


Los pecados del neoliberalismo han producido más de 1.100 millones de hambrientos en el mundo, un genocidio programado y tolerado por la comunidad internacional.

Ángel Olarán, un sacerdote católico que salva vidas de niños en Etiopía, afirma que el hambre es genocidio programado, tolerado. 

Un crimen con criminales inductores por omisión, cómplices y encubridores. 

Y el brasileño Frei Betto denuncia que el hambre es lo más letal de la injusticia humana; causa más muertes que todas las guerras y elimina 30.000 vidas diarias. 

Según la ONU, hoy ya hay 1.100 millones de hambrientos cuando el pasado año eran 800 millones. 

El hambre es el peor fruto de la pobreza. Y el catedrático de sociología Vidal-Beneyto nos recuerda que “el último informe anual de la ONU sobre Desarrollo de los Recursos Humanos desmonta el mito de que la pobreza deriva necesariamente de un conjunto de circunstancias inmodificables”.

¿Cómo pretender que el hambre y otros desastres similares no tienen que ver con el hecho de que el patrimonio de las 10 primeras fortunas del mundo sea superior a la suma de las rentas nacionales de los 55 países más pobres?

¿Y qué decir de la revelación de la Oficina de Censo de Estados Unidos, que a inicios de 2009 ya hubiera en el país más rico del mundo casi 40 millones de personas pobres, habiendo alcanzado la pobreza a más del 13 % de población?

¿No significa nada que el 10% de población mundial posea el 75% de las riquezas mientras 3.000 millones (casi la mitad de población) malvivan con menos de 2 dólares diarios y más de 1.000 millones de personas no tengan acceso a agua potable?

¿No tiene relación con el desastre humanitario mundial que los países ricos del Norte den 10 $ de subvenciones agrícolas por cada 3 $ de ayuda a países empobrecidos? Sí, porque las ayudas agrícolas en los países ricos suponen más pobreza en los países empobrecidos.

El economista coreano Ha-Joon Chang, de la universidad de Cambridge, ha desmantelado documentadamente los mitos neoliberales de las últimas décadas. El profesor de economía Carlos Berzosa sostiene que el libre mercado y el llamado comercio libre no pueden erradicar el hambre.

Los líderes de países desarrollados declararon en el G-8 de marzo pasado que los mercados abiertos son la llave del crecimiento económico y del desarrollo. Y el profesor de economía Juan Torres contesta que mienten como bellacos porque ni un solo país rico ha llegado a su nivel de desarrollo por abrir sus mercados sino por lo contrario. Y continúan cerrándolos según les convenga.

Pero a pesar de los implacables datos del permanente desastre global, la minoría privilegiada, beneficiarios directos de la insolidaridad neoliberal, gurús y voceros, siervos de estómago agradecido y otras nada respetables especies al servicio de facto de la minoría rica insisten en que una mano invisible rige la economía; el crecimiento económico progresivo es imprescindible; lo público es ineficiente, caro y malo; lo privado, eficaz, razonable y bueno; la justicia social atenta contra la libertad individual y promueve vagos y maleantes; la disciplina presupuestaria implacable es inatacable y, por tanto, hay que recortar gasto social porque el déficit es el peor de los males y, por supuesto, hay que reducir los impuestos (a los ricos), en tanto que la libérrima circulación de capitales es imprescindible, como el oxígeno del sistema económico.

La concreción práctica de toda esa pornografía neoliberal antes y durante la crisis ha producido que bancos y grandes entidades financieras fueran voraces antes y ahora cicateros, mientras los bancos centrales no regulaban nada ni nada controlaban, y los gobiernos se convertían en servidores de los más ricos al negarse a gobernar la economía y a luchar contra la creciente y obscena desigualdad. Ya hemos visto y sufrido los resultados de crisis, pobreza, hambre y otros males.

Lo escribió Thomas Jefferson en 1802: “Las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos listos para el combate”. 

Y el presidente Franklin Roosevelt sentenció hace ochenta años que “siempre hemos sabido que el interés egoísta e irresponsable era malo desde el punto de vista moral; ahora sabemos que es malo desde el punto de vista económico”.

Pero parece que no aprendemos. Parece que cuando un dedo señala la Luna, los idiotas continúan mirando el dedo, pero no miran la Luna.

Y así nos va. Hay que reaccionar.

Xavier Caño Tamayo es periodista y escritor
Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias
Viñeta: El Roto, El País




Resultado de imagen para EL ROTO NEOLIBERALISMO

miércoles, 16 de octubre de 2019

JOKER {GUAZON] - PELÍCULA - COMENTARIO Por: ALEJANDRA JALOF --- DAR A VER LA INVISIBILIDAD RADICAL --- ENMARCACIÓN DEL MAL --- LO INDECIBLE, LO IMPOSIBLE DE MOSTRAR --- GESTO DE PERPLEJIDAD --- REPRESENTACIÓN DEL HORROR --- INTERPRETACIÓN EN SENTIDO PSICOLÓGICO O SOCIAL --- ELECCIÓN SUBJETIVA --- RED DE SIGNIFICACIONES DELIRANTES --- FANTASÍAS INSOPORTABLES Y VIOLENTAS --- EL ARTE ES UNA TRANSACCIÓN PULSIONAL --- POTENCIAL ADVENIMIENTO DE LIDER FASCISTA --- EL MIEDO






Una mirada desde el psicoanálisis de Guasón y el personaje que encarna Joaquin Phoenix
Joker, el arte versus la sociología de las pasiones
La genialidad del director, destaca la autora, es mostrar que en cada momento el sujeto elige aun cuando parece encerrado y determinado a realizar un único acto. Las reacciones del público y sus identificaciones.




La película Joker es sublime en todo sentido. Todd Phillips es un potente ilusionista, no en el sentido de desocultar lo invisible sino de dar a ver una invisibilidad radical. A pesar de la mostración reiterada de la monstruosidad y de las diferentes encarnaciones del mal, deja un lugar vacío para lo indecible, lo imposible de mostrar. De allí que en ese juego de mascaradas la careta carnavalesca no oculta nada, no puede más que replicar la mueca de odio y venganza dibujada con sangre. Pero a su vez señala que lo esencial, lo que subyace a cualquiera de esos semblantes es el gesto de la perplejidad de ese sujeto frente a lo irrepresentable por fuera de cualquier significación.

Es formalmente una obra de arte en el sentido de lo que a partir de Malévich entendemos como arte del Siglo XX. La ausencia de un objeto representable, imaginario, simbólico, ligado al sentido.
Esta película es una obra maestra que ha logrado un consenso en el público pocas veces visto. No me refiero a lo multitudinario de su aceptación con la que Hollywood suele asegurarse un Oscar sino a la fascinación que produce en diversos tipos de espectador.
La belleza formal unida a la majestuosidad de la actuación de Joaquin Phoenix es de una armonía sobrecogedora. Phoenix no representa el horror sólo con su cara sino con cada parte del cuerpo. El director hace de las tomas de su espalda perfectos retratos.
Dicho esto, entiendo que la película conlleva un riesgo que no debe cargarse al director sino a un tipo de interpretación ávida de un sentido moral que resuelva la inquietud que la película genera en cuanto a lo ético. Ello implicaría una interpretación de los acontecimientos narrados en un sentido sociológico o psicológico conductual, que para el caso viene a ser lo mismo. La disolución social y material de la época, el modo en que un sujeto librado al estrago materno es luego rechazado y expulsado de su condición de trabajador y finalmente de todo lazo social, en sí mismos, no alcanzan para determinar el desenlace de esa subjetividad particular. De ser así podría crearse un psicótico asesino en un laboratorio. Bastaría una receta para obtener ese Frankenstein / payaso/ asesino. Sería temerario creer en una determinación de ese orden. Desde ese ángulo, el espectador cree resguardarse en la convicción de que la amenaza proviene de afuera, interpretación complaciente que no alcanza la dimensión existencial. Joker no es un producto de las experiencias vividas sino la elección de una posición en la existencia a la que Freud se refirió como "insondable".
La genialidad del director es mostrar que en cada momento el sujeto elige aun cuando parece encerrado y determinado a realizar un único acto. En primer lugar, (decisión fundamental) elige no matarse, y tampoco matará a algunos otros. De hecho los momentos de ese tipo de elección subjetiva son los más tensos de la película.
En la película de Alan Price Un hombre de suerte una voz en off le ordena al personaje que sonría. A partir del mandato de "Smile", el joven comienza su derrotero por el infierno. Finalmente, el personaje --Malcolm Mc Dowell-- se libera de esa orden que lo acosa. No es el caso del Guasón, que queda atrapado en su propia red de significaciones delirantes. En definitiva, como verificamos en los análisis gracias a la puntuación de Jacques Lacan, la injuria no es lo que se dice sino lo que se escucha.
Por último, asistimos a la reverberación social del temor de que las personas se identifiquen con los personajes violentos y sus actos. Ello es suponer que los sujetos son receptáculos inanimados y vacíos, idea que degrada más a la sujetos que a las obras de arte. Habla a las claras de las fantasías insoportables y violentas que acechan a los sujetos desde dentro de su propio ser.
LEER
Por el contrario, el arte es una transacción pulsional. La inquietud y angustia frente a las obras apacigua frente a lo peor, oculto tras los fantasmas. El arte "negocia" con el desenfreno de las pulsiones.
Es poderosamente llamativo que algunos espectadores se rían en escenas en las que el personaje intenta desembarazarse de la angustia a través de la crueldad. Se produce en el público una suerte de identificación "humanitaria" que no teme ese desenlace sino que lo desea. En esa risa, no muy alejada de la del Guasón, no hay catarsis porque está muy lejos del principio del placer.
Otra de las interpretaciones subraya el modo con que es acogido Joker por sus seguidores, el potencial advenimiento de un líder fascista, olvidando la raigambre calculadamente política que conlleva el fascismo.
La belleza, decía Lacan tomando a Kant, es el último velo, la última barrera frente al horror.
"¿Hemos pasado la raya? Se pregunta.
¿Hay más allá de esa barrera? Nada sabemos.
El miedo con sus espectros es ya una defensa localizable, una defensa contra lo que está más allá y que es precisamente lo que no sabemos.
En el dominio del arte nos encontramos en una posición que ni siquiera es la de los escolares sino la de recolectores de migajas".

martes, 15 de octubre de 2019

ROLANDO GIALDINO - INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 669/2019 SOBRE INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDAD LABORAL POR ROLANDO E. GIALDINO ---INCONSTITUCIONALIDAD - INVALIDEZ - INCOMPATIBILIDAD CON ART. 99.3 CONST. NACIONAL --- SUSTITUYE ART. 12 LRT 24.557 ---REDUCE MONTO INDEMNIZACIÓN ---DISMINUYE ÍNDICE ACTUALIZACIÓN INTERESES ---CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD ---FACULTAD EXCEPCIONAL ---CAUSAL DOGMÁTICA, INSUFICIENTE E INAPTA ---DERECHOS SOCIALES TUTELADOS POR LA CONST. NACIONAL ---CRISIS DE UN SECTOR, NO DEL SISTEMA ---FINALIDAD DE LOS DNU ---VIOLA PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD [NO REGRESIÓN] ---JUSTICIA SOCIAL ---AGRAVACIÓN NOTORIA DE LA DESIGUALDAD ---SUJETO DE PREFERENTE TUTELA CONSTITUCIONAL ---OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE TUTELAR AL TRABAJADOR ---CLAUSULA DEL PROGRESO ---SECTORES VULNERABLES ---PRINCIPIO DE IGUALDAD SUSTANCIAL ---MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA ---VERDADERA IGUALDAD ANTE LA LEY ---DEBER INELUDIBLE DEL PODER JUDICIAL

Resultado de imagen para ROLANDO GIALDINO FOTOS


INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 669/2019 SOBRE INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDAD LABORAL 
POR ROLANDO E. GIALDINO 


El Poder Ejecutivo nacional, por vía del decreto de necesidad y urgencia 666/2019, publicado en el BO del 30 de septiembre último, “sustituyó” el art. 12, Ley de Riesgos del Trabajo (24.557),  reduciendo el monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador. 

Dispuso, al respecto, que “desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado”. 

El citado art. 12, por lo contrario, preveía un índice mayor para actualizar la indemnización: la tasa activa anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina. Puede estimarse que la diferencia entre el RIPTE y la tasa activa indicada, alcanza a no menos del 25% entre agosto 2017 y julio 2019.

Nos proponemos formular unos muy breves apuntes en torno de algunas de las numerosas razones que explican, con carácter manifiesto, la invalidez del decreto 669/2019, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Corte SJN). 

La primera de las anunciadas censuras radica en la incompatibilidad de la norma sub examine nada menos que con el precepto invocado para su dictado: art. 99.3, Constitución Nacional. 

En efecto, dado que es atribución del Poder Judicial “ejercer el control de constitucionalidad sobre las condiciones bajo las cuales se admite la facultad excepcional” de dictar decretos de necesidad y urgencia, y evaluar, entre otras circunstancias, “el presupuesto fáctico que justificaría [su] adopción” (Corte SJN, Verrocchi c. Poder Ejecutivo Nacional - Administración Nacional de Aduanas, Fallos: 322:1726, 19/8/1999, § 9), se vuelve oportuno advertir que, a este último fin, “corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto” (ídem). 

En otras palabras de igual procedencia, “cabe descartar de plano, como inequívoca premisa, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son. 

El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto” (Corte SJN, Consumidores Argentinos c. EN- PEN- Dto. 558/02-SS- ley 20.091, 19/5/2010, § 13). 

Luego, y parafraseando el citado Verrocchi, queda fuera de toda duda que la escueta mención en los considerandos del decreto 669/2019, de que “la naturaleza excepcional de las cuestiones planteadas hace imposible el seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, resulta “dogmática e insuficiente” para justificar la imposibilidad de reformar la ley 24.557 en el punto en juego por medio del ejercicio de la función legislativa propia del Congreso de la Nación (ídem, § 10). 

“Máxime cuando se trata de derechos sociales, tutelados explícitamente en la Constitución Nacional, los cuales pueden y deben ser reglamentados por leyes formales –fruto de los debidos consensos obtenidos por los representantes para dar respuestas adecuadas a las necesidades de la comunidad–, pero nunca aniquilados, ni aun en la emergencia” (ídem). 

A todo evento, otros señalamientos de los considerandos anteriormente aludidos, v.gr., “la perjudicial asimetría de tratamiento entre los pasivos y activos de las compañías de seguros podría provocar un riesgo sistémico que la presente medida busca evitar”, “es indispensable adoptar medidas urgentes para regular con mayor certidumbre y equidad el Sistema de Riesgos del Trabajo, fortalecer su normal funcionamiento y contribuir a una administración prudente por parte de los diferentes actores que lo componen”, reafirman la conclusión que ha sido expuesta, en la medida en que son claramente inaptos para poner en evidencia, como es imprescindible, “que concurrieron al momento del dictado del decreto impugnado las excepcionales circunstancias que la mayoría de esta Corte tuvo en mira al decidir en el caso registrado en Fallos: 313:1513 [Peralta c. Estado Nacional (Mrio. de Economía BCRA), 27/12/1990], como por ejemplo, el descalabro económico generalizado y el aseguramiento de la continuidad y supervivencia de la unión nacional. 

La referencia a la situación de crisis […] resulta insuficiente para justificar una situación de grave riesgo social que el Congreso no pueda remediar por los cauces ordinarios que la Constitución prevé, máxime cuando la medida se adoptó durante el período de sesiones ordinarias” (Corte SJN, Leguizamón Romero y otra c. I.N.S.S.J. y P., Fallos: 327:5559, 7/12/2004, § 6; asimismo: Asociación Argentina de Compañías de Seguros y otros c. Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional, Fallos 338:1048, 27/10/2015). 

Una situación de crisis del sistema y la afirmación de que es necesario tomar drásticas medidas, por crítica que sea, “no deja de ser la crisis de un sector, por lo que en modo alguno justifica que el Poder Ejecutivo Nacional ejerza una facultad extraordinaria y cuyo fundamento de hecho está dado por una situación de necesidad y emergencia que comprometa a la sociedad en su conjunto” (ídem, § 7). 

“[N]o es ocioso reiterar –sostiene el juez Maqueda– que el texto constitucional no habilita a concluir en que la necesidad y urgencia a la que hace referencia el inciso 3º del art. 99 sea la necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo en imponer su agenda, habitualmente de origen político circunstancial, sustituyendo al Congreso de la Nación en el ejercicio de la actividad legislativa que le es propia” (Corte SJN, Consumidores Argentinos…, cit., § 16). 

Es preciso tener muy presente que “la Convención reformadora de 1994 pretendió atenuar el sistema presidencialista, fortaleciendo el rol del Congreso y la mayor independencia del Poder Judicial […]. De manera que es ese el espíritu que deberá guiar a los tribunales de justicia tanto al determinar los alcances que corresponde asignar a las previsiones del art. 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional, como al revisar su efectivo cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional en ocasión de dictar un decreto de necesidad y urgencia” (Corte SJN, Consumidores Argentinos…, cit., § 8). 

Los decretos de necesidad y urgencia “deben tener por finalidad proteger los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos” (Corte SJN, Risolía de Ocampo c. Rojas y otros, Fallos: 323:1934, 2/8/2000, § 8). Por ende, al modo de lo juzgado en este último litigio, se impone sostener que el decreto 669/2019 “pretende llevar alivio al sector [de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo] mediante el procedimiento de trasladar a la víctima la carga de financiarlo” (ídem, § 10). 

II 
Desde otra perspectiva, la norma en cuestión menoscaba con no menor intensidad el bloque de constitucionalidad federal, en diferentes y graves aspectos. 

Primero, por su carácter notoriamente regresivo, esto es, en el caso, reductor del grado de protección jurídica que habían alcanzado los derechos de los trabajadores en punto a la reparación de los accidentes y enfermedades del trabajo de los que resultaran víctimas. 

En tal sentido, tiene dicho y repetido la Corte SJN que su jurisprudencia ha consagrado, desde 2004, “el principio de progresividad o no regresión, que veda al legislador la posibilidad de adoptar medidas injustificadamente regresivas [el cual] no solo es un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino también una regla que emerge de las disposiciones de nuestro propio texto constitucional en la materia” (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c. Poder Ejecutivo Nacional y otro, Fallos 338:1347, 24/11/2015, § 6 y sus citas). 

En segundo lugar, tamaño menoscabo también deriva de violentar sin rebozos el principio constitucional de justicia social, vale decir, la justicia por medio de la cual se consigue o se tiende a alcanzar el “bienestar”, i.e., “las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad” (Corte SJN, Berçaitz, Fallos: 289:430, 436 –1974–). 

Antes bien, el decreto 669/2019 ha marchado precisamente en sentido opuesto al que impone la mentada justicia social, por agravar aún más la notoria desigualdad que media entre el trabajador y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, mediante la introducción de una “preferencia legal” en favor de estas últimas, esto es, las partes más poderosas, en perjuicio del trabajador, la parte más débil (vid. Corte SJN, Aquino, Fallos 327:3753, § 12 –2004–). 

Ha olvidado así el Poder Ejecutivo nacional, paladinamente, arraigados precedentes de la Corte SJN, que le indican que no es otro que el trabajador, el sujeto de “preferente tutela constitucional” (Corte SJN, Vizzoti, Fallos: 327: 3677 –2004–; Aquino, cit. § 14; Pérez, Fallos: 332:2043 –2009– ; Álvarez , Fallos: 333: 2306 –2010–, entre otros). 

También ha pretermitido el Presidente de la Nación, en tercer término, de manera no menos patente y potente, que las normas que desde hace más de cincuenta años han reconocido las obligaciones del Estado de tutelar al trabajador no pueden ser entendidas fuera de la nueva cláusula del progreso (art. 75.19, Constitución Nacional), según la cual corresponde al legislador proveer lo conducente “al desarrollo humano” y “al progreso económico con justicia social” (Corte SJN, Blanco c. ANSeS, Fallos 341:1924, 18/12/2018, § 20). 

Bueno es memorar, entonces, que a partir de la reforma constitucional de 1994 ha cobrado especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. Imperativo constitucional este que resulta transversal a todo el ordenamiento jurídico, ya que no es dable postular que el Estado actúe con una mirada humanista en ámbitos carentes de contenido económico inmediato (libertades de expresión, ambulatoria o tránsito, etc.) y sea insensible al momento de dictar las reglas relativas a las reparaciones por accidentes y enfermedades laborales (Corte SJN, doctrina de García, María Isabel c. AFIP, Fallos 342:411, 26/3/2019, § 15). 

Más todavía; la citada reforma dio un nuevo impulso precisamente al desarrollo del principio de igualdad sustancial para el logro de una tutela efectiva de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo “medidas de acción positiva” en beneficio de ellas. Es que, como lo ha sentenciado la Corte SJN, “en determinadas circunstancias, que con suficiencia aprueben el test de razonabilidad, resulta constitucional favorecer a determinadas personas de ciertos grupos sociales en mayor proporción que a otras, si mediante esa ‘discriminación’ se procura compensar y equilibrar la marginación o el relegamiento desigualitarios que recaen sobre aquellas” (ídem, § 12). 

Este orden de ideas, por lo demás, se ve reforzado por los tratados de derechos humanos de jerarquía constitucional, tal como ocurre con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que esta reclama de los Estados parte el establecimiento de distinciones basadas en desigualdades de hecho, que constituyen un instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentran, como es el caso de los trabajadores (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, 17/11/2003, Serie A N° 18, §§ 89 y 149). 

Insistamos: “toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. El Tribunal recuerda que no basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre” (ídem, Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 20/10/2016, Serie C N° 318, § 337). Y, necesario es subrayarlo, “en el terreno de las personas con discapacidad […] se insertan, naturalmente, las víctimas de infortunios laborales” (Corte SJN, Aquino, cit., § 8).

Sostiene con acierto, pues, el juez García Ramírez: “[l]a verdadera igualdad ante la ley no se cifra solamente en la declaración igualitaria que ésta pudiera contener, sin miramiento para las condiciones reales en que se encuentran las personas sujetas a ella. No hay igualdad cuando pactan –para formar, por ejemplo, una relación de trabajo– el empleador que cuenta con suficientes recursos y se sabe apoyado por las leyes, y el trabajador que sólo dispone de sus brazos e intuye –o conoce perfectamente– que las leyes no le ofrecerán el apoyo que brindan a su contraparte” (Corte IDH, Condición Jurídica…, cit., § 18). 

Acotemos que estos lineamientos de la Corte IDH adquieren un peso decisivo e inocultable en la presente cuestión, toda vez que este tribunal regional ha reconocido, con arreglo al art. 26, Convención Americana cit., no solo el derecho al trabajo (Lagos del Campo vs. Perú, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 31/8/2017, Serie C N° 340, § 141 y ss.) y el derecho a la seguridad social que garantice condiciones que aseguren “la vida, la salud y un nivel económico decoroso” (Muelle Flores vs. Perú, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 6/3/2019, Serie C N° 375, § 183), sino también, a la par, ratificado en esos contextos el principio de progresividad en cuanto “impone la obligación de no regresividad frente a la realización de los derechos alcanzados” (ídem, § 190), lo cual, asimismo, “resulta justiciable” ante “las instancias llamadas a resolver eventuales violaciones a los derechos humanos” (Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 1/7/2009, Serie C N° 198, §§ 102/103; Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 23/8/2018, Serie C N° 359, § 81). 

Súmase esta doctrina regional a la ya amonedada desde hace años, con alcances universales, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, i.e., el “intérprete más autorizado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el plano internacional” también de jerarquía constitucional (Corte SJN, Asociación de Trabajadores del Estado s/acción de inconstitucionalidad, Fallos 336:672, § 7 –2013–). 

Este órgano no solo ha consolidado, como regla, la ya indicada prohibición de medidas regresivas en la protección de los derechos, muy especialmente en cuanto a los derechos al trabajo y a la seguridad social, sino que también ha expresado que sobre tales medidas pesa una presunción de ser incompatibles con el citado Pacto, y por ende, inválidas, De toda esta doctrina, por cierto, ha dado cuenta, acogiéndola favorablemente, la Corte SJN en conocidos precedentes (Aquino, cit., § 10; Madorrán, Fallos 330: 1989, 2004 –2007–; Torrillo, Fallos 332:709, § 7 –2009–; Milone, Fallos 327:4607, 4619 –2004–; Medina, Fallos 331:250 y sus citas –2008– y otros). 

En suma: el decreto 669/2019 resulta palmaria e insanablemente inconstitucional e inconvencional, y es deber ineludible del Poder Judicial restablecer el pleno imperio de los principios orgánicos de la República, particularmente si la transgresión emana de los poderes del Estado y se arbitran en nombre del bien público, panaceas elaboradas al margen de las instituciones (Corte SJN, Galleti, Aquiles c. Provincia de San Juan, Fallos: 148:65, 80 –1926–). 

Ha de recalcarse que ello no puede ser de otro modo, ya que el sistema político adoptado y las garantías proclamadas en un estatuto, cuando no tienen práctica efectividad y realización ciertas, lejos de hacer la felicidad del pueblo, lo sumen en la desgracia y el oprobio (ídem, Tillard y otro c. Municipalidad de Córdoba, Fallos: 261:103, voto del juez Boffi Boggero, § 5 –1965–).

Puntualicemos, finalmente, que “[c]uando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un ‘control de convencionalidad’ entre las normas internas y la Convención Americana”, para lo cual  “deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (Corte IDH, Gelman vs. Uruguay, fondo y reparaciones, 24/2/2011, Serie C N° 221, § 193; asimismo: Gorigoitía vs. Argentina, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 2/9/2019, Serie C N° 382, §§ 55 y 73). 


Resultado de imagen para DERECHOS HUMANOS FOTOS FRASES