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domingo, 12 de mayo de 2024

RIGI - PRETENDE CONVERTIR EL PAÍS EN UNA ECONOMÍA DE ENCLAVE - ¿QUÉ ES EL RIGI Y POR QUÉ ES UN PLAN MALDITO? Autor: ALFREDO ZAIAT - LOS DÓLARES DE EXPORTACIÓN NO QUEDARÁN - SIN DÓLARES NO HAY PARAÍSO -LA DESESPERACIÓN PARA CONSEGUIR DÓLARES CON EL RIGI - EL RIGI ES UN ESCÁNDALO - MILEI VA A CONTRA-CORRIENTE DEL MUNDO -EL NUEVO CONSENSO DE WASHINGTON -NO HAY CAMBIOS ÚTILES PARA EL PROYECTO DE ECONOMÍA DE ENCLAVE

 




PRETENDE CONVERTIR EL PAÍS EN UNA ECONOMÍA DE ENCLAVE - ¿QUÉ ES EL RIGI Y POR QUÉ ES UN PLAN MALDITO?

Autor: Por Alfredo Zaiat  - 12 de mayo de 2024 

 

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones va a contracorriente de la tendencia mundial de reindustrialización.

 

*** No sirve como plataforma de desarrollo.

*** No promueve la industria nacional.

*** No mejora el perfil productivo ni la sustentabilidad fiscal y del sector externo.

*** No deja ni un dólar de exportaciones en el país.

*** No debería tener otro destino que el rechazo total en el Senado. 


El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), en caso de aprobarse en el Senado o con modificaciones luego en Diputados, acelera el camino de la colisión de la economía de Milei contra el muro de la restricción externa.

 

Una de las chances de relajar la escasez relativa de divisas, origen de grandes crisis en la economía argentina, se encuentra en la posibilidad de desarrollar áreas de explotación de hidrocarburos (Vaca Muerta, Palermo Aike en Santa Cruz y offshore en la Costa Atlántica en la zona de Mar del Plata) y de minerales (litio, cobre, potasio, oro, plata).

 

Existen investigaciones que estiman cuántos dólares adicionales pueden ingresar en la economía con una estrategia de desarrollo nacional con salida exportadora. 

 

Uno de ellos, un trabajo colectivo e interdisciplinario, conducido por Daniel Schteingart, plantea la oportunidad de duplicar exportaciones hasta 2030.

 

El plan elaborado en el gobierno anterior se llama Argentina Productiva 2030 con el objetivo de sumar un total de 180 mil millones de dólares hasta este año.

 

El incremento de las ventas al exterior nace de varios sectores. Se destacan los de energía, servicios basados en el conocimiento, del turismo, de la minería, del agropecuario y de la industria automotriz, forestal y petroquímica.

 

La mitad de estos 94 mil millones de dólares adicionales de exportaciones corresponde a la energía, minería y agroindustria, tres actividades cuyas inversiones están en condiciones de ingresar en el RIGI. 

 

El RIGI convertirá a la Argentina en una guarida fiscal y que tendrá efectos casi irreversibles por la cesión de la soberanía jurídica a favor del tribunal arbitral (parcial) del Ciadi dependiente del Banco Mundial.

 

Ahora se avanza en otra faceta del RIGI referida a la transformación en una economía de enclave.


En caso de aprobarse en el Senado o con modificaciones luego en Diputados, el RIGI acelera el camino de la colisión de la economía de Milei contra el muro de la restricción externa. Imagen: NA: 

 

LOS DÓLARES DE EXPORTACIÓN NO QUEDARÁN

 

¿Por qué el RIGI atenta con la meta de aflojar las presiones que vienen del sector externo por la falta de dólares? 

 

Porque los proyectos de inversión que adhieran a este régimen de promoción no tendrán la obligación de ingresar los dólares de exportación a partir del tercer año, plazo mínimo en el cual se estima empieza a madurar las inversiones.

 

La obligación de liquidación de divisas en el Mercado Único Libre de Cambios es de 80% el primer año y 60% el segundo año, según el RIGI.

 

Como se mencionó, el tiempo hasta que este tipo de proyectos de inversión generan dólares en cantidad es de varios años, por lo tanto resulta insignificante este requisito.

 

Ni un dólar de exportación de los nuevos proyectos de inversión ingresará a la economía argentina. No servirán para abastecer de divisas a la plaza local ni aliviará las tensiones del crítico sector externo.

 

Santiago Liaudat y Gustavo Atencio escribieron en APU (Agencia Paco Urondo) un detallado artículo sobre el RIGI, y respecto a la cuestión de las divisas aseguran que "es posible prever efectos negativos sobre la balanza comercial y cambiaria".

 

Explican que el régimen favorece las importaciones y garantiza el acceso de las divisas en el mercado de cambios local para pagarlas, mientras que las divisas producto de las exportaciones no tienen obligación de ser ingresadas al país.

 

El resultado es que lejos de mejorar la balanza de pagos de la Argentina, el RIGI producirá su empeoramiento.

 

SIN DÓLARES NO HAY PARAÍSO

 

Sin el ingreso constante de dólares (comerciales y financieros) el proyecto de Milei enfrentará dificultades.

 

El ministro de Economía, Luis Caputo, todavía no pudo cumplir con la promesa de conseguir dólares en cantidad de fondos de inversión internacionales.

 

No está convenciendo al FMI de cerrar un nuevo acuerdo que implique unos 15 mil millones de dólares adicionales.

 

Los otros dos relevantes organismos financieros multilaterales (BID y Banco Mundial) no muestran vocación de ampliar la cartera de asistencia al país.

 

El aporte millonario de capitales árabes, que en momentos de campaña electoral el entonces candidato presidencial Milei ofrecía como prueba en su celular, no ha aparecido.

 

Ni los dólares de la cosecha gruesa están siendo liquidados con la intensidad esperada por Caputo y Milei porque productores y protagonistas del complejo agroexportador desean un tipo de cambio real efectivo más elevado, devaluación y/o reducción de retenciones que fueron rechazadas en más de una oportunidad por el oficialismo.

 

El RIGI se convierte entonces en la principal vía de seducción a capitales extranjeros para traer dólares al país para inversiones en condiciones privilegiadas para la explotación de recursos naturales.

 

LA DESESPERACIÓN PARA CONSEGUIR DÓLARES CON EL RIGI

 

La apuesta del gobierno de Milei es que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones se transforme en la reforma estructural que permita destrabar esos flujos y, con esto, le otorgue el factor de estabilidad central al plan económico.

 

El reciente informe de la consultora PxQ de Emmanuel Álvarez Agis ofrece un análisis demoledor sobre esta pretensión oficial.

 

Dice que el RIGI entrega blindaje a los dólares nuevos respecto al control de cambios vigente. Las divisas involucradas en estos proyectos entonces están excluidas de todas las restricciones para la cuenta capital.

 

Detalla que una de las importantes exenciones refiere a la obligación de ingresar los dólares provenientes de nuevos financiamientos externos por el mercado oficial de cambios.

 

Si los dólares involucrados en los nuevos financiamientos externos no deben ser vendidos al Banco Central y si, además, las actividades involucradas son capital-intensivas con requerimientos de importación de bienes de capital de magnitud, entonces 

::: ¿de dónde surgen las divisas que van a reforzar las reservas con un horizonte de mediano plazo y que permitan la estabilización económica?

::: La respuesta que brinda es contundente: "de ningún lado". 

 

Para agregar que la falla de diseño del plan oficial apoyado en el RIGI es que, al eliminar la obligatoriedad de liquidar las divisas al Banco Central, ni los dólares del financiamiento externo ni los futuros dólares de las mayores exportaciones permitirán cerrar la brecha externa, por la sencilla razón de que esos dólares nunca ingresarán a la economía argentina.

 

EL RIGI ES UN ESCÁNDALO

 

Martín Reydó, director ejecutivo de Fundar, escribió en el portal Cenital que lo más relevante de la ley Bases no son las reformas impositiva, laboral o el blanqueo.

 

Afirma que el núcleo de la propuesta oficialista se encuentra en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

 

Consiste en un programa, por un período de 30 años, de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, para atraer inversiones extranjeras en los sectores minero, petrolero y gasífero. También están incluidas inversiones agropecuarias.

 

El plan consagra un patrón de especialización productiva del pías como exportador de recursos naturales, con multinacionales dominando "la crema del negocio y sin ninguna articulación con el entramado productivo nacional o el sistema de innovación".

 

Para definir que se marcha de este modo a una "economía de enclave pura y dura".

 

El régimen ofrece una ventana de oportunidad de dos años, con la posibilidad de prorrogarlo por dos más a criterio del Poder Ejecutivo, para proyectos de inversión mayores a 200 millones de dólares. 

 

Sentencia que "ata al Estado argentino de pies y manos durante 30 años para capturar rentabilidades extraordinarias y hacer política de desarrollo productivo.

 

Una combinación de privilegios al capital y de restricciones al bien colectivo que no hace ningún país serio del mundo".

 

LOS BENEFICIOS SON:

 

* Reducción de la alícuota de ganancias de 35% a 25%.

* Amortización acelerada.

* Retenciones cero a todas las exportaciones que surjan de las inversiones.

* Arancel cero a la importación de maquinarias (nuevas y usadas) y bienes de capital.

* Ningún requisito de compre nacional ni ahora ni nunca.

* Requisitos de liquidación de divisas en el Mercado Único Libre de Cambios de sólo el 80% el primer año, 60% el segundo año y cero en el tercer año de la inversión.

 

Reydó concluye:

"Es el régimen más generoso de la historia del país. Con una novedad absoluta: sin ninguna condición a cambio. Ni hoy ni nunca. Porque los treinta años de estabilidad prohíben cualquier cambio tanto a nivel nacional como provincial y municipal. El pacto Roca-Runciman se sonrojaría".

 

MILEI VA A CONTRA-CORRIENTE DEL MUNDO

 

Los economistas de CEPA elaboraron un documento sobre el RIGI.

 

Uno de los aspectos mencionados es que Milei no tiene plan productivo y, si bien dice ser anarco-capitalista, "su plan económico tiene similitudes con las premisas del Consenso de Washington, el paradigma económico que se impartió desde los organismos multilaterales de crédito a fines de los años '80 con eje en el fundamentalismo del mercado". 

 

Ese mundo hoy no existe y la irrupción de China y los satélites asiáticos como potencias industriales, la interrupción en la cadena de suministros con la pandemia y el reordenamiento de la geopolítica con la guerra de Rusia y Ucrania, han reactualizado debates y desafíos de la política industrial a nivel global. 

 

Hasta el FMI se está ocupando del tema con un sesgo crítico pero sin desconocer el giro de las estrategias nacionales de Estados Unidos, Unión Europea y China.

 

En el blog del organismo los economistas Anna Iliyina, Ceyla Pazarbasioglu y Michele Ruta publicaron "La política industrial está de vuelta, pero acertar con ella no es fácil".

 

El RIGI va a contramano de lo que están haciendo países que están promoviendo el desarrollo nacional de la mano de la reindustrialización de cadenas de valor o de fortalecimiento de las existentes.

 

El informe del CEPA destaca el caso de Estados Unidos con la política industrial, que se ha convertido en política de Estado.

 

Antes Donald Trump y después Joe Biden han implementado medidas de política industrial con las leyes “CHIPS Act”, “Bipartisan Infrastructure Law” y “Inflation Reduction Act” con el objetivo de hacer frente a la competencia de China y robustecer el entramado industrial estadounidense.

 

Estas leyes brindan importantes incentivos fiscales a cambio de que las empresas se radiquen en suelo estadounidense.

 

Alcanzan tecnologías como el hidrógeno, la manufactura de baterías, la energía nuclear y la electro-movilidad.

 

QUÉ ESTÁN HACIENDO OTROS PAÍSES

 

El reporte del CEPA también menciona la Unión Europea que ha lanzado la política industrial con el Pacto Verde, que busca mantener la capacidad industrial en Europa y preservar empleos manufactureros.

 

El plan es por 225.000 millones de euros del fondo de recuperación y resiliencia y 72.000 millones de euros del fondo de cambio climático.

 

Alcanza tecnologías renovables (con foco en la energía eólica), el hidrógeno, la manufactura de baterías y la electro-movilidad.

 

El informe indica otros casos de políticas industriales desplegadas en el mundo:

* Digital New Deal de Corea del Sur.

* Industria Conectada de España.

* Impresa 4.0 de Italia.

* Next Wave of Manufacturing de Australia.

* Make in India de India.

* New Industrial Strategy de Reino Unido

 

El Brasil de Lula está realizando inversiones públicas masivas para impulsar su política industrial. A través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil otorgará créditos subsidiados por 271 mil millones de reales, aportes no reembolsables por 21 mil millones y realizará inversiones de capital por otros 8 mil millones.

 

A diferencia de las escasas inversiones en proyectos de movilidad sustentable en Argentina, las empresas BYD, Stellantis, Toyota y Great Wall Motors (China) acumulan más de 15.000 millones de dólares entre inversiones finalizadas, en ejecución y anunciadas en Brasil

 

EL NUEVO CONSENSO DE WASHINGTON

 

No deja de sorprender la escasa capacidad del gobierno de Milei de observar los cambios que se están produciendo a nivel global, incluso en la estrategia de Estados Unidos, país al que se ha abrazado en forma incondicional en términos geopolíticos.

 

Sigue repitiendo los postulados del Consenso de Washington de la década del '90 cuando ha habido un cambio en la visión estadounidense para su economía doméstica como también acerca de la expansión hacia el exterior.

 

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, describió la política económica internacional de la administración estadounidense, en una presentación del 27 de abril del año pasado, a la que denominó el "Nuevo Consenso de Washington".

 

Uno de los aspectos destacados refiere a que el retroceso relativo de Estados Unidos en relación a China se originó en sostener los lineamientos del anterior Consenso de Washington, cuyo resultado fue des-industrialización y deterioro acelerado de las clases medias (trabajadores), al tiempo del incremento acelerado de las fortunas de los ricos.

 

Sullivan afirmó que había un conjunto de ideas que defendía la reducción de impuestos y la desregulación, la privatización y la liberalización del comercio como un fin en sí mismo.

 

Señaló que el supuesto era que los mercados siempre asignan el capital de manera productiva y eficiente, sin importar lo que hicieran otros países.

 

Aquí aparece una revisión importante de la mirada estadounidense, que lo hace fundamentalmente por el avance de China:

::: "En nombre de la eficiencia del mercado simplificada en exceso, cadenas de suministro completas de bienes estratégicos, junto con las industrias y los empleos que los producían, se trasladaron al extranjero.

::: Y el postulado de que una profunda liberalización del comercio ayudaría a Estados Unidos a exportar bienes fue una promesa que se hizo pero no se cumplió".

 

NO HAY CAMBIOS ÚTILES PARA EL PROYECTO DE ECONOMÍA DE ENCLAVE

 

Este nuevo consenso deja atrás el libre comercio y flujos de capital, y la no intervención del Estado en la economía.

Lo reemplaza con la idea de una "estrategia industrial". 

 

Esta consiste en que los gobiernos subsidian la reconstrucción industrial (la de punta, tecnológica y de energía limpia).

 

Los recursos para hacerlo se obtienen de una mayor carga impositiva sobre las grandes empresas (combate a la evasión y guaridas fiscales), para así cumplir con "los objetivos nacionales".

 

Algunos legisladores y economistas proponen realizar cambios al RIGI en el Senado al evaluar que la Argentina necesita de un plan de atracción de inversiones para impulsar la productividad y el crecimiento.

 

Pero el RIGI no lo es desde la concepción hasta cada una de las condiciones, y cualquier maquillaje no podrá ocultarlo.

 

El RIGI va a contra-corriente de la tendencia mundial.

::: No sirve como plataforma del desarrollo económico.

::: No promueve la industria nacional.

::: No mejora el perfil productivo ni la sustentabilidad fiscal y del sector externo.

::: No debería tener otro destino que el rechazo y archivo como muestra de la pretensión de Milei de arrojar al país a la maldición de una economía de enclave.

 

sábado, 11 de mayo de 2024

GIORGIO AGAMBEN / DEL ESTADO DE DERECHO AL ESTADO DE SEGURIDAD - ESTADO DE MIEDO GENERALIZADO - DESPOLITIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS - RENUNCIA A TODA CERTEZA DEL DERECHO

 



GIORGIO AGAMBEN / DEL ESTADO DE DERECHO AL ESTADO DE SEGURIDAD

26/05/2016 ANÓNIMO

 

No es posible comprender lo que realmente se juega en la prolongación del estado de emergencia en Francia si no se lo sitúa en el contexto de una transformación del modelo estatal que nos es familiar. 

Es crucial, primero que nada, desmentir el propósito de las mujeres y hombres políticos irresponsables, según los cuales el estado de emergencia sería un escudo para la democracia.


Los historiadores saben perfectamente que lo que es cierto es lo contrario. 


El estado de emergencia es justamente el dispositivo mediante el cual los poderes totalitarios se instalaron en Europea. 


Así, en los años que precedieron a la toma del poder por Hitler, los gobiernos socialdemócratas de Weimar habían recurrido tan a menudo al estado de emergencia (estado de excepción, como se lo nombra en alemán) que se pudo decir que Alemania había dejado de ser, antes de 1933, una democracia parlamentaria.


Ahora bien, la primera acción de Hitler, después de su nombramiento, fue proclamar un estado de emergencia, que jamás fue revocado. 


Cuando la gente se sorprende de los crímenes que pudieron cometerse impunemente en Alemania por los nazis, se olvida de que estos actos eran perfectamente legales, porque el país estaba sometido al estado de excepción y las libertades individuales estaban suspendidas.


No vemos por qué un escenario semejante no podría repetirse en Francia: imaginamos sin dificultad un gobierno de extrema derecha sirviéndose para sus fines de un estado de emergencia al que gobiernos socialistas han habituado a partir de ahora a los ciudadanos. 


En un país que vive en un estado de emergencia prologando, y en el que las operaciones de policía sustituyen progresivamente al poder judicial, cabe aguardar una degradación rápida e irreversible de las instituciones públicas.


Esto es tanto más cierto que el estado de emergencia se inscribe, hoy en día, en el proceso que está haciendo evolucionar las democracias occidentales hacia algo que hay que llamar, ya mismo, Estado de seguridad («Security State», como dicen los politólogos estadounidenses).


La palabra «seguridad» ha entrado tanto en el discurso político que se puede decir, sin temor a equivocarse, que las «razones de seguridad» han tomado el lugar de aquello que se llamaba, en otro tiempo, la «razón de Estado». 


Hace falta, sin embargo, un análisis de esta nueva forma de gobierno. Como el Estado de seguridad no atañe ni al Estado de derecho ni a aquello que Michel Foucault llamaba las «sociedades de disciplina», conviene arrojar aquí algunas referencias con miras a una posible definición.


En el modelo del británico Thomas Hobbes, quien ha influenciado tan profundamente nuestra filosofía política, el contrato que transfiere los poderes al soberano presupone el miedo recíproco y la guerra de todos contra todos: el Estado es aquello que viene precisamente a poner fin al miedo. 


En el Estado de seguridad, este esquema se invierte: el Estado se funda duraderamente en el miedo y debe, a toda costa, mantenerlo, pues extrae de él su función esencial y su legitimidad.


Ya Foucault había mostrado que, cuando la palabra «seguridad» aparece por primera vez en Francia en el discurso político con los gobiernos fisiócratas antes de la Revolución, no se trataba de prevenir las catástrofes y las hambrunas, sino de dejarlas advenir para poder a continuación gobernarlas y orientarlas a una dirección que se estimaba beneficiosa.


De igual modo, la seguridad que está en cuestión hoy no apunta a prevenir los actos de terrorismo (lo cual es, por lo demás, extremadamente difícil, si no imposible, porque las medidas de seguridad sólo son eficaces después del golpe, y el terrorismo es, por definición, una serie de primeros golpes), sino a establecer una nueva relación con los hombres, que es la de un control generalizado y sin límites — de ahí la insistencia particular en los dispositivos que permiten el control total de los datos informáticos y comunicacionales de los ciudadanos, incluyendo la retención integral del contenido de las computadoras.


El riesgo, el primero que nosotros levantamos, es la deriva hacia la creación de una relación sistémica entre terrorismo y Estado de seguridad: si el Estado necesita el miedo para legitimarse, es entonces necesario, en última instancia, producir el terror o, al menos, no impedir que se produzca. 


Se ve así a los países proseguir una política extranjera que alimenta el terrorismo que se debe combatir en el interior y mantener relaciones cordiales e incluso vender armas a Estados de los que se sabe que financian las organizaciones terroristas.


Un segundo punto, que es importante captar, es el cambio del estatuto político de los ciudadanos y del pueblo, que se suponía que es que el titular de la soberanía. 


En el Estado de seguridad, vemos producirse una tendencia irreprimible hacia aquello que bien hay que llamar una despolitización progresiva de los ciudadanos, cuya participación en la vida política se reduce a los sondeos electorales. 


Esta tendencia es tanto más inquietante que había sido teorizada por los juristas nazis, quienes definen al pueblo como un elemento esencialmente impolítico, cuya protección y crecimiento debe asegurar el Estado.


Ahora bien, según estos juristas, hay una sola manera de volver político este elemento impolítico: mediante la igualdad de ascendencia y raza, que va a distinguirlo del extranjero y del enemigo. 


No se trata aquí de confundir el Estado nazi y el Estado de seguridad contemporáneo: lo que hay que comprender es que, si se despolitiza a los ciudadanos, ellos no pueden salir de su pasividad más que si se los moviliza mediante el miedo contra un enemigo que no le sea solamente externo (eran los judíos en Alemania, son los musulmanes en Francia hoy en día).


Es en este marco donde hay que considerar el siniestro proyecto de deterioro de la nacionalidad para los ciudadanos binacionales, que recuerda a la ley fascista de 1929 sobre la desnacionalización de los «ciudadanos indignos de la ciudadanía italiana» y las leyes nazis sobre la desnacionalización de los judíos.


Un tercer punto, cuya importancia no hay que subestimar, es la transformación radical de los criterios que establecen la verdad y la certeza en la esfera pública. 


Lo que impresiona en primer lugar a un observador atento a los informes de los crímenes terroristas es la renuncia integral al establecimiento de la certeza judicial.


Mientras en un Estado de derecho es entendido que un crimen sólo puede ser certificado con una investigación judicial, bajo el paradigma seguritario uno debe contentarse con lo que dicen de él la policía y los medios de comunicación que dependen de ésta — es decir, dos instancias que siempre han sido consideradas como poco fiables.


De ahí la vaguedad increíble y las contradicciones patentes en las reconstrucciones apresuradas de los eventos, que eluden adrede toda posibilidad de verificación y de falsificación y que se parecen más a chismorreos que a investigaciones. 


Esto significa que al Estado de seguridad le interesa que los ciudadanos —cuya protección debe asegurar— permanezcan en la incertidumbre sobre aquello que los amenaza, porque la incertidumbre y el terror van de la mano.


Es la misma incertidumbre que se encuentra en el texto de la ley del 20 de noviembre sobre el estado de emergencia, que se refiere a «toda persona hacia la cual existan serias razones de pensar que su comportamiento constituye una amenaza para el orden público y la seguridad». 


Es completamente evidente que la fórmula «serias razones de pensar» no tiene ningún sentido jurídico y, en cuanto que remite a lo arbitrario de aquel que «piensa», puede aplicarse en todo momento a cualquiera. 


Ahora bien, en el Estado de seguridad, estas fórmulas indeterminadas, que siempre han sido consideradas por los juristas como contrarias al principio de la certeza del derecho, devienen la norma.


La misma imprecisión y los mismos equívocos resurgen en las declaraciones de las mujeres y hombres políticos, según los cuales Francia estaría en guerra contra el terrorismo. 


Una guerra contra el terrorismo es una contradicción en los términos, pues el estado de guerra se define precisamente por la posibilidad de identificar de manera certera al enemigo que se debe combatir. 


Desde la perspectiva seguritaria, el enemigo debe —por el contrario— permanecer en lo vago, para que cualquiera —en el interior, pero también en el exterior— pueda ser identificado como tal.


Mantenimiento de un estado de miedo generalizado, despolitización de los ciudadanos, renuncia a toda certeza del derecho: éstas son tres características del Estado de seguridad, que son suficientes para inquietar a las mentes. 


Pues esto significa, por un lado, que el Estado de seguridad en el que estamos deslizándonos hace lo contrario de lo que promete, puesto que —si seguridad quiere decir ausencia de cuidado (sine cura)— mantiene, en cambio, el miedo y el terror. 


El Estado de seguridad es, por otro lado, un Estado policiaco, ya que el eclipse del poder judicial generaliza el margen discrecional de la policía, la cual, en un estado de emergencia devenido normal, actúa cada vez más como soberano.


Mediante la despolitización progresiva del ciudadano, devenido en cierto sentido un terrorista en potencia, el Estado de seguridad sale al fin del dominio conocido de la política, para dirigirse hacia una zona incierta, donde lo público y lo privado se confunden, y cuyas fronteras provocan problemas para definirlas.


Traducción para Artillería Inmanente de «De l’Etat de droit à l’Etat de sécurité», publicado en Le Monde el 23 de diciembre de 2015.

 

 


domingo, 5 de mayo de 2024

NEO-LIBERALISMO - LA PROTESTA SOCIAL, EL FACTOR COMÚN PARA ENFRENTAR LA REPRODUCCIÓN DEL “STATU QUO” EN EL MUNDO.- LA REPRODUCCIÓN DEL “STATU QUO” - ESTADOS UNIDOS: BRECHA SOCIAL, POLARIZACIÓN POLÍTICA Y WOKISMO - GUERRA Y PROTESTA SOCIAL - LA ARGENTINA: EL LEÓN LIBERTARIO Y SU CASTA • * POR MÓNICA PERALTA RAMOS MAY 5, 2024

 





 

LA PROTESTA SOCIAL, EL FACTOR COMÚN PARA ENFRENTAR LA REPRODUCCIÓN DEL “STATU QUO” EN EL MUNDO.

 

Tiempos extraños se viven en Occidente. Tiempos de propaganda y noticias falsas; de conceptos que son contradictorios y antagónicos, de acciones que son la antítesis de los conceptos que se postulan.

 

Tiempos en los que la violencia, la estigmatización, el miedo y el odio tejen el entramado del sentido común que propalan los gobiernos, los medios concentrados y las redes sociales.

 

El sentido común, ese saber que proyecta un mundo al revés: una realidad que es la antítesis de lo que es y un “deber ser” que está en las antípodas de la ética y del bienestar del conjunto de la sociedad.

 

Son los tiempos que naturalizan el caos, esa estrategia de dominación centrada en el viejo principio de “dividir para reinar”, fragmentando en mil pedazos las sociedades para imponer así los objetivos de poder de un núcleo cada vez más reducido sobre los intereses del conjunto social.

 

Tiempos donde un supuesto enemigo interno/externo amenaza la paz social, y su exterminio deviene épica colectiva.

 

Son tiempos que consagran la censura como libertad de expresión y el totalitarismo como sinónimo de democracia.

 

Estos tiempos caóticos engendran, sin embargo, una paradoja explosiva: abren una ventana a la “impunidad” del poder.

 

Por allí asoma una espesa red clientelista que obedece a un núcleo cada vez más reducido de mega-monopolios que controlan todos los aspectos de la vida social.

 

Esta red de gestores y mandantes con terminales en distinto tipo de instituciones y organismos se rige por el toma y daca: se toman y dispensan favores y servicios, asegurándose fidelidades que reproducen la estructura de poder local y global.

 

Esta estrategia garantiza la funcionalidad y permanencia a lo largo del tiempo de los gestores y su integración subrepticia en un tejido mafioso que opera acumulando y otorgando prebendas y servicios de todo tipo y a la sombra del funcionamiento de las instituciones.

 

Este sistema no salió de un repollo. Tiempo atrás nacían en Occidente las instituciones destinadas a sustituir el poder monárquico por una democracia que iría a consagrar la paz social imponiendo el interés general por encima de los intereses particulares en pugna.

 

El desarrollo del capitalismo global monopólico y el consiguiente principio de maximización de ganancias en todos los órdenes de la vida social dieron por tierra progresivamente con la legitimidad de este sistema institucional al imponer el interés de un grupo cada vez más reducido sobre los del conjunto de la sociedad.

 

En paralelo, el clientelismo pasó a ser un eje central a la reproducción del statu quo.

 

Así, tanto en los Estados Unidos, centro del capitalismo global monopólico, como en los países de la periferia, los gestores del poder han constituido una resina que ahoga cualquier veleidad de cambio social.

 

La crisis sistémica de este orden global capitalista vuelve ahora más visible este clientelismo, el modo en que opera y su razón de ser.

 

Colocado en el centro del escenario político, hoy expone su incestuosa ligazón con sus mandantes y permite comprender cómo se reproduce el statu quo.

 

Así, no todo es oscuridad en este pantano. De este aquelarre se sale reflexionando sobre las relaciones de poder que lo originan, sobre las formas de representación social y política y sobre los factores políticos, culturales e intelectuales que contribuyen a ocultar el clientelismo y a reproducir el statu quo.

 

ESTADOS UNIDOS: BRECHA SOCIAL, POLARIZACIÓN POLÍTICA Y WOKISMO

 

Desde principios de los ‘80 distintos gobiernos estadounidenses aplicaron una política centrada en la mínima intervención estatal en la economía siguiendo la premisa de que la libertad de mercado y la consiguiente eliminación de regulaciones e impuestos transferirían paulatinamente los beneficios del crecimiento económico hacia el conjunto de la población (trickle down economics).

 

Esto no ocurrió, y las políticas implementadas profundizaron la brecha existente entre ricos y pobres.

 

Así, desde 1980 el ingreso real del 50% de la población con menores ingresos se incrementó un 20% mientras que los del 10% de la población con mayores ingresos crecieron un 145%.

 

Asimismo, desde principios de los ‘90 el S&P 500 [1] se incrementó en un 1.300% pero esto solamente benefició al 10% de la población que posee acciones.

 

Hacia el 2022, 139.1 billones (trillions) de dólares de ingresos contabilizados se repartían de un modo muy desigual: mientras 65.5 millones de familias absorbían el 2% de ese total, 13.2 millones de familias se quedaban con el 74% [2].

 

Un indicador sintetiza el deterioro de la situación social: hacia el 2019 la población estadounidense había perdido tres años de esperanza de vida, pérdida aun mayor para los estratos de menores ingresos.

 

Las políticas aplicadas por el gobierno de Biden no alteraron estas condiciones sociales ni mejoraron la brecha entre ricos y pobres.

 

Estas condiciones sociales, sin embargo, no han detonado una protesta.

 

Esto ha ocurrido en un contexto de creciente polarización política.

 

El gobierno de Biden, apoyado por el establishment del Partido Republicano, ha tratado de impedir el acceso de Trump al gobierno en las próximas elecciones de noviembre [3].

 

Así, una avalancha de juicios criminales contra Trump, tanto a nivel federal como estatal, alegan distintos motivos para bloquear su futuro acceso al gobierno [4].

 

Sin embargo, esto no ha impedido que Trump arañe el triunfo electoral según las últimas encuestas.

 

En paralelo, tanto Biden como miembros de su familia han sido acusados de graves hechos de corrupción.

 

 Sus causas judiciales están desde hace tiempo pendientes de resolución, y esta demora compromete a su gobierno.

 

Todo esto se suma a la censura creciente de la información por parte del gobierno demócrata, de los medios concentrados y de las principales redes sociales y corporaciones tecnológicas y contribuye a una erosión de la legitimidad de las instituciones.

 

Esto último ha sido potenciado por la cultura de la cancelación impulsada por el gobierno de Biden y por el partido demócrata, especialmente en las universidades y otras instancias del sistema educativo.

 

Un emergente de este fenómeno, el wokismo, ha fogoneado el disenso a partir de las identidades (identity politics), impulsando así la división y polarización creciente de los individuos a partir del sexo, etnia, raza, etc., borrando así las huellas más profundas de la estructura de poder.

 

Por estos días, sin embargo, el surgimiento de un movimiento de protesta que tiene por actor principal a los estudiantes de las principales universidades del país amenaza al corazón de las políticas del gobierno.

 

GUERRA Y PROTESTA SOCIAL

 

Iniciada como una protesta contra el genocidio en Gaza, esta protesta estudiantil exigió en un principio el fin del apoyo del gobierno de Biden a Israel y el establecimiento de la paz en la región.

 

Esta crítica a la política exterior estadounidense se ha profundizado rápidamente al calor de los acontecimientos geopolíticos, dando paso a una creciente denuncia del rol de los lobbies de la industria de guerra en la política exterior del país y, más específicamente, en la política de las universidades.

 

Es decir, ahora la crítica apunta al corazón del Estado en las sombras, ese Estado de seguridad nacional que, impulsado por el complejo industrial militar, busca maximizar ganancias y controlar al orden global utilizando la fuerza del petrodólar y de las armas.

 

El rol de los lobbies de las corporaciones de armamentos y de AIPAC —el lobby más grande del país, que representa los intereses de Israel— en el financiamiento de la política estadounidense y, en particular, de las universidades más importantes, está ahora en la mira de la juventud estadounidense y esto ocurre en vísperas de elecciones presidenciales.

 

Asimismo, el conflicto estudiantil también expone el disciplinamiento de los estamentos administrativos por parte los lobbies que financian las universidades.

 

Calificando desde un inicio esta protesta como antisemita, estos lobbies sancionaron y eyectaron a importantes autoridades universitarias.

 

Esto impulsó el endurecimiento de los estamentos administrativos, culminando en sanciones y finalmente en la represión policial.

 

La protesta, lejos de amainar, se propagó a otras universidades en todo el país y esto a su vez llevó a la intervención directa del Primer Ministro israelí en el conflicto estadounidense.

 

Calificando de antisemita a un movimiento que, con fuerte participación de estudiantes judíos estadounidenses, tiene como centro de sus críticas la violencia represiva del Estado israelí en el conflicto en Gaza, Netanyahu acusó a los estudiantes de poner en riesgo la supervivencia del Estado de los judíos y exigió al gobierno de Biden la destrucción inmediata de la protesta.

 

Poco después, la Cámara de Representantes aprobaba un proyecto de ley sobre percepción del peligro antisemita que declara la ilegalidad de las protestas contra Israel en tanto antisemitas y pasibles por tanto de represión policial.

 

El proyecto vulnera el principio de libertad de expresión consagrado por la Constitución estadounidense y transforma al anti-sionismo en antisemitismo.

 

Así, un movimiento contra el genocidio perpetuado por la violencia descontrolada de un Estado sancionado por tal motivo por distintos organismos de las Naciones Unidas deviene por arte de magia en persecución al judaísmo.

 

Esta protesta estudiantil ocurre en un clima caldeado por las elecciones y en circunstancias en que la dinámica de las guerras en Ucrania y en el Medio Oriente exponen la incapacidad de la estructura productiva estadounidense y europea para abastecer con equipo y munición las necesidades impuestas por estas dos guerras.

 

Muestra así la contradicción entre las limitaciones del complejo industrial militar vinculadas a la desindustrialización de la economía estadounidense y una política exterior que se empeña en escalar los conflictos geopolíticos arriesgando el desborde de una guerra nuclear.

 

LA ARGENTINA: EL LEÓN LIBERTARIO Y SU CASTA

 

Por estos días, el país ha estado sumergido en un baile diabólico marcado por los mimos y apelaciones del Presidente y su ministro Caputo a sectores empresarios de la patria contratista para que confíen en el plan de ajuste y pongan fin a la remarcación de precios.

 

Esto fue complementado con guiños a la Sociedad Rural, al FMI, a funcionarios del gobierno estadounidense y a sectores del capital financiero internacional para que suelten los dólares que se necesitan para prolongar el ajuste fiscal más grande de la humanidad.

 

Un ajuste que volará por el aire si el campo sigue retaceando la liquidación de la cosecha y si no entran nuevos dólares para los compromisos de la deuda que vencen en los próximos meses.

 

Este ajuste es vendido por el león como el prolegómeno a un rediseño único de la economía que salvará al país de la eterna decadencia.

 

Rediseño plasmado en la nueva ley Bases que acaba de obtener media sanción en el Congreso.

 

Esto último se logró gracias a otro baile diabólico, protagonizado esta vez por los representantes de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados.

 

Deshilachándose en rencillas de todo tipo, en idas y vueltas, en poroteos y maniobras de diversa índole, voluntaria e involuntariamente, toda la elite política contribuyó a invisibilizar los dos ejes centrales a la ley Bases, de los cuales depende la verdadera refundación de la Argentina.

 

Estos ejes son el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y el blanqueo de capitales.

 

El primero introduce, entre otras cosas, reformas regulatorias que otorgaran enormes beneficios a las grandes corporaciones que inviertan en el país entre 200 y 1.000 millones de dólares.

 

Estos beneficios no podrán ser alterados por 30 años, cualquiera fuesen las intenciones/motivaciones de los gobiernos que se sucedan en dicho periodo.

 

Entre estos beneficios se destacan: exenciones a todas las regulaciones impositivas, aduaneras y cambiarias del país, sean estas impuestas por la nación, las provincias o los municipios; libre disposición del 20% de las divisas generadas por las exportaciones el primer año, 40% el segundo año y 100% el tercer año y por 27 años; libre importación de todo tipo de insumos y bienes de capital, sean nuevos o usados y ninguna obligación de “compre nacional”.

 

Estas inversiones pueden dirigirse a cualquier sector de la economía y, especialmente, a los sectores del litio, minerales, gas, petróleo, agua, agro-alimentos, etc.

 

Las grandes corporaciones que inviertan no podrán ser gravadas ni penalizadas y no dejaran nada en el país: se podrán llevar lo que quieran debajo del brazo, destruyendo en el proceso a las pymes en general y a la industria nacional en particular.

 

Si existiese alguna controversia entre el gobierno (nacional/provincial) y las corporaciones, esta podrá ser dirimida en el tribunal internacional del CIADI, donde el Banco Mundial y los países centrales tienen preeminencia.

 

Por otra parte, el blanqueo propuesto en la ley Bases aprobada en diputados es tan flexible que ha sido cuestionado por el GAFI, el organismo internacional que regula y controla el lavado de dinero en el mundo. Este considera que transformará la Argentina en un paraíso fiscal.

 

Esto es minimizado por Milei quien, en su afán de dolarizar, busca ahora al narcotráfico como impulsor de la nueva “dolarización endógena” que propone.

 

La falta de debate profundo sobre esta versión de la ley Bases y el silencio generalizado en torno al significado de estos dos ejes centrales constituyen un llamado de atención sobre una oposición política, que navega sin brújula y sin norte en el medio de una brutal arremetida, no solo contra los ingresos de los sectores populares y de la clase media, sino sobre el futuro del país.

 

Un futuro que, de aprobarse la ley en el Senado, convertirá la economía del país en el enclave de un grupo muy reducido de corporaciones internacionales que chuparán las riquezas y recursos no renovables, no generarán empleo y volverán prescindible al conjunto de una población cada vez más pauperizada.

 

Este suicidio político deja trascender un drama profundo: la falta de conciencia nacional.

 

El concepto de nación y la épica del interés general han sido bastardeados y deglutidos por un creciente canibalismo social y político.

 

Esto es consecuencia, en última instancia, de una estructura de poder basada en una matriz productiva que perpetuó la dependencia tecnológica y el endeudamiento ilimitado, al tiempo que sembraba el clientelismo y destruía la legitimidad institucional.

 

Hoy el león se aprovecha de estas circunstancias: denuncia a la “casta” de la cual forma parte, buscando aggiornar esta matriz a las nuevas circunstancias geopolíticas marcadas por la importancia creciente de nuestros recursos estratégicos no renovables en un contexto de pérdida de hegemonía global estadounidense y de avance de un mundo multipolar que pretende independizarse del dólar.

 

Así, conseguimos la patria contratista tras décadas de subsidios de todo tipo por parte de todos los gobiernos democráticos desconociendo en el proceso que estos solo son necesarios en la etapa inicial de desarrollo y que, si no se les pone fin a tiempo, convierten al hijo en un entenado desaforado que acumula poder al infinito y a cualquier precio, incluyendo el de la traición y el asesinato.

 

La enorme movilización nacional recientemente liderada por los estudiantes, contra el intento de desfinanciación de las universidades y del sistema de educación pública, fue seguida por estos días por otra gran movilización sindical, acompañada por los movimientos sociales y sectores de la izquierda y en contra de la reforma laboral incluida en la ley Bases.

 

Estos reclamos organizados en la calle son cruciales para desarticular la ley Bases en el Senado. Sin embargo, aislados y por la libre, los reclamos no bastan. Se impone pues la urgencia de articularlos y ensamblarlos en un proyecto de país alternativo, que ponga fin a este suicidio político.

 

·        * Mónica Peralta Ramos es una destacada socióloga argentina que ha publicado importantes ensayos sobre la historia del país, entre los que se encuentran Etapas de acumulación y alianzas de clases en la Argentina (1930-1970) y La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006). En ellos, entre otros muchos temas, aborda el discutible papel desarrollado por la oligarquía argentina, de la que su familia forma parte desde hace décadas, a lo largo de la historia de la República. En los últimos tiempos, Mónica Peralta Ramos también ha cuestionado la eficacia de muchas de las políticas del gobierno Macri.-

·         

 [1] Índice bursátil de la capitalización de mercado de las 500 empresas más grandes estadounidenses que cotizan en bolsa.

[2] El restante 24% fue absorbido por 52.5 millones de familias.

[3] Durante su último gobierno, Trump sufrió diversos intentos de desplazamiento liderados por el establishment del Partido Demócrata: desde la fallida investigación sobre su supuesta colusión con Rusia para ganar las elecciones del 2016 a dos intentos de destitución política que fueron desactivados por el Senado.

[4] Desde su supuesta instigación a los episodios del 6 de enero en el Capitolio a su supuesta incriminación en diversos delitos de distinta índole.