LEY DE IRRESPONSABILIDAD DEL ESTADO
El 8 de Agosto de 2014 ha sido publicada en el Boletín Oficial la ley Nº 26.944.
La misma consagra la irresponsabilidad del Estado respecto de las obligaciones que a cualquier sujeto de derecho le atribuye la legislación civil.
De acuerdo a esta absurda normativa, aquél no debería responder por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos expresamente por ley especial.
Tampoco responde “ni aun en forma subsidiaria, por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal.”
En el caso particular de los trabajadores estatales, al limitar la ley la responsabilidad del Estado a lo que establezca el derecho administrativo, ante una enfermedad profesional o accidente de trabajo solo pueden acceder a lo que determine el régimen específico de la ley de riesgos de trabajo, con todas las limitaciones de esta legislación debido a sus diversas inconstitucionalidades y críticas.
Asimismo exime de responsabilidad a los funcionarios y agentes públicos por sus actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, salvo que las cumplan de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo.
Establece que la responsabilidad del Estado por “actividad legítima” es excepcional y limita las indemnizaciones a su cargo al “valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas”.
En el mismo momento en que se reclama correctamente ante el Tribunal de la Haya a los Estados Unidos por la mala praxis de su Poder Judicial, se prescribe en este engendro normativo que “Los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización”.
En forma insólita se eliminan las astreintes, se cauciona la arbitrariedad y el alzamiento ante las decisiones del Poder Judicial al establecer que “La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”
Estas y otras lindezas están contenidas en un texto notoriamente inconstitucional que además implica un retroceso al autoritarismo estatal previo a la Revolución Francesa.
El apartamiento de los principios generales del Código Civil, que por añadidura, en particular, generarán consecuencias disvaliosas para los trabajadores, estatales o no, supone un cambio de paradigma respecto de los derechos ya recogidos en nuestra vieja Constitución de 1853.
Saltan por los aires los antiguos principios de igualdad y los recogidos por los Tratados Internacionales incorporados a nuestra Ley Fundamental.
La Asociación de Abogados Laboralistas expresa su profunda preocupación y repudio ante este avasallamiento y exhorta a los magistrados a declarar la inconstitucionalidad de la ley en los casos sometidos a su conocimiento.
Buenos Aires, Agosto de 2014
Leon Piasek Fernando Vigo
Presidente Secretario General
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