ACERCA DE CÓMO LA ECONOMÍA «DEL DERRAME» PERJUDICA A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
15 mayo 2018 | Por Felogene Anumo
Sin rendición de cuentas, las corporaciones seguirán explotando al sistema y a todxs nosotrxs.
Caroline tiene dos hijxs y es cuenta propista. Vende dulces en un puesto del mercado de Nakambala, Zambia, donde gana por día 20.000 kwachas (unos 4 dólares estadounidenses).
Además paga un porcentaje más alto de impuestos que Zambia Sugar, subsidiaria de Associated British Foods, una empresa que disfruta de una renta anual de un billón de kwachas, el equivalente a 200 millones de dólares.
Caroline no solo paga una mayor proporción de impuestos que esta empresa gigantesca, sino que además paga más impuestos que la empresa en total.
Este es un ejemplo contundente del «poder corporativo», término que AWID y Solidarity Center definen como el control y la apropiación de los recursos naturales, el trabajo, la información y las finanzas por parte de un alianza de poderosas corporaciones y las élites mundiales, a menudo en connivencia con actores gubernamentales, fundamentalistas y fascistas.
Cabe señalar que el poder corporativo tiene sus orígenes en una historia de colonialismo e imperialismo.
Por ejemplo, las estimaciones más conservadoras informan que la mayoría de los $50.000 millones que se pierden anualmente en África es por las actividades de grandes empresas comerciales como la Associated British Foods, con lo que se sostiene así el sistema de explotación neocolonial.
Es importante recalcar que las corporaciones como la East India Company, que se convirtió en la «institución financiera más poderosa de Londres», jugó un importante papel en la consolidación del poder y las ganancias en las primeras épocas de la colonización y el imperialismo.
Hoy en día, las empresas siguen dependiendo del abuso masivo de los impuestos y se benefician de este para consolidar su poder y privar así a trabajadorxs incansables como Caroline de los recursos necesarios para avanzar en los derechos humanos.
Desafortunadamente, este es apenas uno de los numerosos ejemplos del impacto del poder corporativo en la vida pública.
SECTOR PRIVADO VERSUS DERECHOS HUMANOS: ¿NO TAN SIMPLE?
Hace poco asistí al Foro de los Pueblos de la Commonwealth que se celebró en Londres entre el 16 y el 19 de abril de 2018, donde me sumé a otrxs panelistas para analizar por qué el sector privado encuentra tanta resistencia en el campo de la defensa de los derechos humanos.
En mi opinión, la respuesta es simple: porque el objetivo básico de todo negocio es aumentar al máximo las ganancias y a menudo a cualquier costo.
Al contrario de lo que algunxs actores del sector privado nos quieren hacer creer, el objetivo no es la transformación social ni la promoción de la justicia social.
De hecho, cuando las corporaciones pretenden perseguir una agenda transformadora, sus propuestas en general descansan en soluciones basadas en el mercado que retroalimentan y refuerzan las estructuras orientadas al lucro.
Las escuelas dominantes de pensamiento como la de la «mano invisible del mercado» de Adam Smith nos vienen convenciendo de que el libre mercado es inherentemente bueno para la sociedad y el bien común.
Estas a la vez pregonan que sin la interferencia del Estado, las sociedades prosperarán gracias al efecto «de derrame», y que el crecimiento económico a la larga redundará en beneficios para toda la sociedad.
Con esta lógica de maximización de las ganancias, el abuso contra los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente pueden en verdad tener un sentido comercial.
Para el sector privado puede resultar rentable promover un ‘feminismo de derrame’ que exalta el aumento del número de mujeres en cargos ejecutivos pero que continúa explotando y empujando a millones de mujeres a aceptar condiciones laborales precarias y a depender del trabajo de cuidado no remunerado que asumen las mujeres.
Como acertadamente señaló Debbie Douglas del Consejo de Organismos de Atención a la Población Migrante (OCASI):
«Ya no podemos hablar de romper el techo de cristal sin hablar también de aquellas personas que barren los cristales que caen al piso».
Ciertamente todo cobra sentido desde un punto de vista comercial cuando se depende de normas ambientales de baja intensidad en el Sur Global y se instalan industrias contaminantes que representan una amenaza a la vida en esa parte del mundo, porque resulta más barato e impulsa la seguridad privada para silenciar cualquier disenso de las comunidades que se oponen a este modelo económico.
Puede resultar más rentable recurrir a la mano de obra barata migrante sin hacer las contribuciones a la seguridad social y el seguro de salud.
Y puede sin duda resultar más rentable enviar un ejército de lobistas y litigantes para modificar leyes en favor de los intereses empresarios a expensas del interés público, como por ejemplo con la crisis del agua en Flint (Michigan, EEUU).
OPRESIÓN, INTERSECCIONALIDAD Y DOMINACIÓN EMPRESARIAL
Existen algunos ejemplos de evidencias abrumadoras sobre las injusticias perpetradas por el sistema económico actual.
Como se manifiesta en la dinámica de género y raza de Caroline de Zambia y la crisis del agua en Flint, el poder corporativo depende de los sistemas interconectados y de larga data de dominación basada en la herencia colonial, el género, la clase, la raza, la casta y el origen étnico, y a la vez los refuerza.
Desde condiciones laborales de explotación hasta el acaparamiento de tierras por parte de las empresas, los desplazamientos forzados y la contaminación ambiental, que en general golpean con más fuerza a las mujeres y a los grupos históricamente oprimidos.
Ante este panorama, tenemos que comenzar a ampliar la mirada sobre el sector privado no solo como un lugar de trabajo y si este reviste o no un carácter inclusivo para sus empleadxs de las minorías, sino determinar también cuáles son los efectos más generales de las actividades empresariales en el conjunto de la sociedad.
Es únicamente de esta forma que podemos en verdad comenzar a interpelar las contradicciones flagrantes de la calificación otorgada a Monsanto como el mejor lugar de trabajo para las personas LBGTQI que desconoce el historial horrendo de derechos humanos que ostenta desde el monopolio mundial que ejerce sobre los alimentos y la venta de químicos tóxicos hasta la destrucción de lxs agricultorxs locales y el medio ambiente.
© Shelley BuckinghamPerspectivas feministas sobre el
Tratado Vinculante en evento paralelo a las jornadas CSW62
RESPALDO A CONCEPTOS BÁSICOS: ¿ANTE QUIÉNES DEBEN RESPONDER LAS CORPORACIONES?
Debido a su poder cada vez más consolidado, lxs actores del sector privado se infiltran de manera creciente en los mecanismos de gobierno.
El modelo económico actual favorece a las grandes multinacionales dirigidas mayoritariamente por un puñado de hombres blancos de mediana edad quienes, por su riqueza, tienen una influencia política sin precedentes y acceden a espacios que deberían ser completamente independientes y de servicio al interés público.
La ausencia de un marco internacional integral vinculante para fiscalizar, examinar y conseguir la rendición de cuentas y la rectificación de las actividades de las corporaciones ha permitido que prospere la impunidad corporativa.
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos consiste en un marco mundial orientado a abordar las violaciones de las empresas contra los derechos humanos, pero el cumplimiento de sus directrices es voluntario.
Un tratado vinculante podría convertirse en un instrumento esencial para enfrentar al poder corporativo a través de la regulación de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, poniendo así fin a la impunidad corporativa y garantizando el acceso a la justicia para las comunidades afectadas.
Ecuador lidera actualmente esta iniciativa en las Naciones Unidas para formular un conjunto de obligaciones vinculantes y mecanismos de imposición para que las entidades empresariales respondan por los abusos contra los derechos humanos.
Esta oportunidad histórica para acabar con décadas de abusos contra los derechos humanos y de impunidad corporativa debe recibir el apoyo de los Estados de la Commonwealth.
La sociedad civil debe sumarse a la intensa movilización en curso para instar a la firma de un tratado vinculante que amplifique las realidades ciudadanas y que promueva ideales de economías justas.
Es a través de un proceso de esta naturaleza que los movimientos por la justicia social pueden continuar interpelando los supuestos medulares del modelo económico actual y poner en el centro de la escena las necesidades y la dignidad de las personas, el bienestar ambiental, y la solidaridad y el cuidado para nuestras comunidades.
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