EL MITO DE LA
"INDUSTRIA DEL JUICIO":
menos del 1% de los
trabajadores de Entre Ríos llega al litigio con su empleador
El 1,5% de los
empleados del sector privado termina con su reclamo en tribunales. Entre 2021 y
2025, el promedio de juicios se mantuvo estable, pero se registró una suba
fuerte de procesos por accidentes de trabajo. El 20% del total se
resuelve a través de un acuerdo entre las partes.
26 de febrero, 2026
Por:
(Entre
Ríos)
Uno de los
principales argumentos de la Reforma Laboral que se encamina a
su sanción en el Senado de la Nación es el de una supuesta "industria del
juicio".
Desde el presidente
Javier Milei hasta gobernadores, pasando por legisladores, ministros,
funcionarios de segunda línea y voceros mediáticos, han insistido en
más de una ocasión en que existe una presunta red organizada que busca
perjudicar a empleadores a través de litigios que serían promovidos
por un exceso de libertades que se toman aquellos que ocupan un puesto y, por
algún motivo o problema, deciden ir a la Justicia.
Esa actitud, que, en
vez de leerse en clave de derechos, se registra como una agresión y tendría
complicidad en abogados y tribunales, que terminarían fijando fallos que, como
consecuencia, llevarían a la quiebra a las empresas.
En pocas palabras,
reclamar lo justo está mal. Con ese espíritu trascendió la norma que está a
punto de quedar consagrada en el Congreso, pese a que en la práctica no exista
sustento empírico que respalde la afirmación, en casos exagerada de forma
delirante.
En diversas
ocasiones colegios que nuclean a abogados han señalado que
la existencia de
tribunales de trabajo no es el obstáculo para el desarrollo económico, sino que
una garantía de tutela de los derechos en un contexto de una relación
naturalmente desigual, como lo es la de dependencia.
Pese a ello, ha
prosperado en las últimas semanas un discurso diametralmente opuesto: el de una
supuesta igualdad entre uno y otro. "Son socios naturales. El empleador
emprende, arriesga, se endeuda. Y sin empleador, no hay empleado. Son
naturalmente colaborativos. Es la única forma de generar valor y riqueza,
produciendo bienes y servicios", apuntó por ejemplo el senador nacional
libertario por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, en la sesión donde se le dio
media sanción a la norma que ahora regresa con cambios.
La realidad
histórica marca que el fuero laboral fue instituido
conforme a
lineamientos de la Constitución, precisamente para equilibrar esa disparidad y
proteger tanto al trabajador en tanto eslabón débil como al empresario, que por
su sola posición goza de privilegios en relación al otro actor
involucrado.
En Entre Ríos no
existe una industria del juicio.
La sentencia no es
caprichosa, se basa en los datos relevados por los propios especialistas en la
materia: en la provincia el 0,74% de los empleados registrados -menos
de uno de cada 100- ya sea del sector público o del sector privado, termina
yendo a tribunales con algún reclamo.
El número no es
mucho mayor cuando se hace la discriminación específica dejando de lado a los
estatales, dado que la Reforma no los contempla: crece al 1,5%.
"Hay que
discriminar juicios por despidos y juicios por accidentes de trabajo. Esta
diferenciación es clave, porque una la paga el empleador y la otra la
Aseguradora de Riesgos de Trabajo.
Del primero, entre
2021 y 2025, el promedio se mantuvo estable, no ha crecido.
En 2025 hubo 2.050,
de los cuales un número importante, el 20%, se resolvió a través de
homologaciones. Es decir, no solo el número es bajo, sino que además una buena
parte no llega a la última instancia, sino que se promueve un entendimiento
previo", indicó a El Destape, José Ruiz, titular
del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
La entidad emitió un
dictamen sobre la Reforma Laboral dejando en claro
no solo el grave
retroceso en materia de derechos que significa, sino que además desmitificando
la idea instalada de una andamiaje legal que busque fundir firmas.
Además, y pese a su
relevancia, casi no fue tenido en cuenta a la hora de consultas vinculadas al
tema:
"Al Congreso,
como otras ocasiones, no fuimos. También es cierto que casi no hubo trabajo en
comisiones.
De los legisladores,
solo nos llamó una diputada de la oposición".
Ruiz resaltó que
para entender los juicios laborales hay que partir de la base de que el
trabajador tiene derecho
a hacer un reclamo
cuando algo que le corresponde no es reconocido, porque en todos los casos se
parte de la base de un incumplimiento, que genera una litigiosidad:
"No obstante,
si uno analiza el proceso administrativo, en general no hay un reconocimiento
pleno de los derechos del trabajador.
Es decir, en
general, el que pierde es el empleado, que termina cediendo, ya sea en un
arreglo o en una instancia superior".
REFORMA LABORAL: QUÉ
CAMBIA PARA TRABAJADORES Y EMPRESAS
En otro orden, el
letrado afirmó que sí se ha registrado un crecimiento exponencial de
procesos vinculados accidentes de trabajo, que en 2025 superaron los 1.600. Señaló
que, si bien las causas son varias, hay dos que priman:
"El primero es
que en muchos casos la ART decide no hacerse cargo, lo cual obliga a recurrir a
la Justicia.
Pero además porque a
partir de la adhesión a la ley nacional, se estableció la creación de
comisiones médicas, que en Entre Ríos en particular son apenas tres.
Una de ellas, en
Concordia, estuvo más de un año y medio sin médico. Entonces se formó un cuello
de botella que levantó el registró de forma exponencial".
Volviendo a los
litigios por despidos, Ruiz apuntó que el tema debe ser analizado "más
allá de lo retórico" y cargó: "Es un título que no se sostiene, no
solo a nivel nacional, sino que en lo particular. Entre Ríos está lejos de ser
una de las jurisdicciones que más juicios tiene".
El abogado destacó
que la confrontación entre empleado y empleador "es falaz" y señaló:
"Puede suceder que en algún caso puntual alguna empresa presente
dificultades para afrontar el pago de una demanda, pero en las mayoría de las
veces los intereses son muy bajos y están calculados con un coeficiente
atrasado en relación a otras provincias".
Para cerrar, el abogado
subrayó su mirada -y la del Instituto- en relación a la ley de Modernización en
general:
"Tiene un tono
revanchista, no resuelve ningún problema, es regresiva y ataca los pilares del
derecho del trabajo, además de desmantelarlo. Solamente favorece a los
empresarios, apunta a quitarle fuerza a trabajadores, sindicatos, abogados y
justicia laboral.
No solo que no va a
resolver los problemas actuales, sino que además posiblemente, como ha sucedido
con otras leyes similares, la litigiosidad en vez de caer crezca
fuertemente".
Y finalizó: "No
solo no encontramos ninguna industria del juicio, sino que además no se conoce
caso de un empleador que se haya fundido por un juicio laboral".
PUBLICÓ: “EL DESTAPE”
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