2014
RESUMEN: Lozano (UP):
"Esta ley no tiene sentido. Cada uno de los artículos se desmiente. Con la excusa del pago soberano lo único concreto que se propone es validar el canje 2005 y el 2010 que está enjuiciado.
Y no puede avanzar en definiciones porque cualquier modificación puede ir en contra del contrato, que este establece que es la asamblea de bonistas la que decide.
Nación Fidiecomisos tampoco no reúne los requisitos.
Por estas razones, que muestran que se miente al hablar de pago “soberano”, no estamos de acuerdo con plantear un proyecto de ley para resolver algo que no se puede solucionar por esa vía.
En cambio, estamos de acuerdo en aprovechar el momento que tenemos para recuperar el manejo soberano de la deuda pública.
No estamos urgidos por pagar, sino por retomar la rienda del manejo soberano del endeudamiento.
Esta es la propuesta del bloque Unidad Popular que el gobierno no ha querido acompañar".
Intervención de Claudio Lozano presidente del bloque Unidad Popular
durante la sesión en la que se trató el proyecto del oficialismo
sobre deuda soberana.
Sr. Lozano.-
Señora presidenta: vengo a fijar la posición del bloque Unidad Popular en este debate inexistente.
Digo “inexistente” porque hay 175 diputados ausentes, porque lo que pasó ayer en la comisión no se puede denominar debate; porque en ningún caso las argumentaciones que se brindan son contrastadas con seriedad y profundidad como para poder arribar a una conclusión, y porque después de dieciséis horas de debate esto terminará como ya sabemos.
Por lo tanto, cumplo con expresar una posición y la convicción histórica de nuestro bloque en este sentido.
La convicción que hemos construido, en el marco de la resistencia a la dictadura y de las luchas populares, es que la deuda externa de la Argentina es ilegítima.
Esta es una primera definición desde la cual nosotros nos paramos y que por lo tanto nos coloca en el territorio de tratar de hacer todo lo que podamos para que pese del menor modo posible sobre nuestro pueblo, porque estamos convencidos de que ya la pagamos en demasía.
Ahora, como nosotros sabemos que vivimos en este mundo, siempre hemos dicho que el tratamiento lógico para una deuda de carácter ilegítimo implicaba, en función de lo que manda nuestra Constitución, la necesidad de una auditoría parlamentaria y una investigación de la deuda pública.
El modelo de Ecuador, que mencionó el diputado Zabalza, es el que nos parece razonable. Ese país logró una reducción muy significativa de su deuda, pero gracias a la auditoría se quedó con todas las herramientas legales para defender la soberanía de su Estado frente a cualquier eventual litigio.
Es más, el propio poder económico ecuatoriano ‑los principales bancos transnacionales que operan en Ecuador‑ le pidió por favor al presidente Correa que no siguiera avanzando en la investigación.
Desde ese punto de vista, nosotros como bloque nunca hemos votado un solo peso para la deuda porque ésta no ha sido investigada.
Y la convicción de la ilegitimidad transita por algunas definiciones básicas.
La primera de ellas es el papel de la dictadura en el proceso del endeudamiento; no vale la pena extenderse en este punto.
Hay una primera cuestión, que es la denominada deuda odiosa, que tiene que ver con aquella deuda contraída en momentos donde los pueblos no pueden decidir.
Y hay una segunda cuestión, en el caso particular de la Argentina, que es que ha sido deuda originalmente tomada por capitales privados, fundamentalmente por empresas transnacionales y grupos empresarios locales.
La verdad es que la deuda de la Argentina no empezó por el endeudamiento del Estado; no es el caso de la Baring Brothers, el empréstito de Rivadavia, que se tomó como deuda pública para una infraestructura portuaria que luego no se hizo. Es otra cosa.
En la Argentina la deuda tuvo que ver con los mecanismos de acumulación financiera de los principales capitales y estuvo asociada al proceso de fuga de capitales de nuestro país.
Esto explica los cerca de 300 mil millones de dólares de argentinos o de agentes económicos locales en el exterior que tenemos en este momento.
Casualmente, esa deuda asociada a la fuga de carácter privado fue la que hizo necesario que las empresas estatales se endeuden para proveer de dólares para sostener esa fuga.
Luego hubo un conjunto de mecanismos variados para estatizar la deuda privada, y después un conjunto de reestructuraciones, muchas de ellas acompañadas de profundas irregularidades e ilegalidades, para tapar todo ese proceso del cual estamos hablando.
Es más: este Congreso tiene muerto de risa un fallo del juez Ballesteros –creo que hubiera sido más conveniente hablar mucho más de este fallo que del fallo del propio juez Griesa‑ en el que identifica 477 irregularidades.
Y diciendo que no tiene capacidad para llevar adelante responsabilidades penales, porque había prescripto la causa, lo manda al Congreso para que en nombre del artículo 75 tome las responsabilidades políticas que le correspondían, cosa que nunca se hizo.
Desde este punto de vista, nosotros siempre hemos estado en desacuerdo con la restructuración pagadora que ha hecho el gobierno nacional.
Estuvimos en desacuerdo en 2005 y en 2010.
Hemos estado en desacuerdo porque nunca se cuestionaron las acreencias.
No hemos estado de acuerdo con el pago al Fondo Monetario Internacional; me refiero al pago de toda la cuenta, de cerca de 10 mil millones de dólares.
La verdad es que, del mismo modo que ayer en la ONU, nosotros tendríamos que haber ido a la ONU para denunciar al Fondo –porque la ONU es el mandante del Fondo‑, dado que ese organismo, cómplice del proceso de convertibilidad y el endeudamiento, había prestado, violando sus propios estatutos, a un país en situación de fuga de capitales.
Dada esa circunstancia, nosotros teníamos derecho, como país, a reclamar la condonación de esa deuda.
Sin embargo, en lugar de declarar la ilegitimidad de ese endeudamiento, la ilegalidad y el modo en que el Fondo había violado sus propios estatutos, no dijimos absolutamente nada y pagamos absolutamente todo.
Tampoco estuvimos de acuerdo con una quita que fue mentirosa, y al respecto algo decía recién el señor diputado Lousteau.
Cualquier cuenta que se haga hoy muestra con toda claridad que el haber entregado el generoso cupón PBI indica que en términos de costo fiscal no hubo quita en la Argentina.
Lo que hubo fue una refinanciación, sin quita, a una tasa del 3,7 por ciento anual. No le sacamos nada a los acreedores. Esto es parte de la mentira de un relato que no termina de cuajar.
Y menos aun convalidamos el tema de seguir emitiendo deuda bajo legislación extranjera, que es algo que desde Martínez de Hoz para acá no hemos revisado, que viola la Constitución Nacional y que está habilitado por un decreto de abril de 1976 lo que tiene que ver con la prórroga de jurisdicción.
Tampoco hemos estado de acuerdo con tener como agente de pago a un banco norteamericano que hoy le debe fidelidad a Griesa y no a las decisiones de la Argentina.
No estamos de acuerdo con que el estudio de abogados que tenemos sea el mismo que hizo el Plan Brady, el de la época de Menem, el que se dedicó a defender ejecutivos que cometieron delitos en las empresas trasnacionales y en los bancos más importantes del mundo.
No estamos de acuerdo con tener ese estudio de abogados. Sobran abogados en la Argentina para defender sus intereses soberanos.
Muchos de los elementos que tienen que ver con la reestructuración de la deuda suponen casi un proceso de dormir con el enemigo.
Por eso, no hay que sorprenderse cuando aparecen desaguisados como el que tenemos hoy, con el tema del fallo del juez Griesa.
¿Qué esperaban? ¿Quién dijo que nos defendieron bien? Es un desastre la defensa que hubo en el marco de ese fallo. El mismo estudio que nos defiende a nosotros es el del Banco de Nueva York.
No compartimos eso como tampoco el proceso de canje de 2010, en el que identificamos y nadie pudo explicar el papel de una consultora privada como Arcadia que a comienzos de 2008 junto con el secretario de Financiamiento Hernán Lorenzino se paseaba por los Estados Unidos sin que supiéramos absolutamente nada, planteando la oferta que la Argentina hacía para el canje. Este fue efectivamente el proceso.
Tampoco tenemos que ver con la opción tomada hace poco por el oficialismo, y saludada por muchos sectores de la oposición, de pagar y reconocer el ámbito del CIADI, que implica hacernos cargo de un monto de demandas de deudas millonarias.
Del mismo modo, estuvimos en desacuerdo con la compensación inadecuada a Repsol que implicó pagar a la empresa el mismo precio de la acción que tenía un año antes de la estatización, y que nos dejó indemnes frente a la catarata de juicios que tiene en cabeza YPF por la gestión depredadora que en materia ambiental la empresa Repsol puso en marcha en la Argentina y en otros lugares del mundo, a través de YPF.
Tampoco compartimos el planteo respecto del acuerdo con el Club de París, en el que el 42 por ciento de la deuda es originalmente tomada en la dictadura, y que debió haberse discutido.
Resulta casi tragicómico que vengan a decirnos que nos traen la ley acá para cumplir con el Congreso de la Nación y la Constitución.
En relación con el acuerdo con el Club de París ni siquiera hemos logrado que manden el memorándum de entendimiento ni los 64 contratos.
Jamás pudimos saber acerca de una sola coma respecto de lo que se iba a proponer; jamás autorizamos absolutamente nada y ya se pagaron 650 millones de dólares sin que este Parlamento haya dicho algo sobre el tema.
Este es el escenario. No estamos de acuerdo con la reestructuración. Por eso, frente al fallo de Griesa, sostuvimos dos cuestiones.
En primer lugar, hay que tener todas las herramientas para resistir el fallo. Es un fallo incumplible, inaceptable, inentendible; es absolutamente irracional que haya sectores o dirigentes políticos que recomienden pagar tal cual dice el fallo. Eso significaría comprarse cerca de 30 mil millones de dólares adicionales y, eventualmente, demandas multimillonarias. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con eso y acompañamos todos y cada uno de los cuestionamientos que haga la Argentina en los foros internacionales y judiciales, para no tener que asumir un fallo de esta naturaleza. En este sentido, celebramos lo que ocurrió ayer en las Naciones Unidas.
Del mismo modo que decimos esto, creemos que hay que aprovechar este momento de respaldo político a nivel mundial para la Argentina. Teniendo en cuenta que los bonistas no pueden cobrar bajo legislación extranjera porque Griesa se los prohíbe, sería conveniente plantear otra estrategia porque, desde nuestro punto de vista, esta ha fracasado.
El oficialismo no percibe que lo que hizo ha dado como resultado pagar, como pagos netos, más de 63 mil millones de dólares de una deuda que igual se ubica, con una composición distinta, en 250 mil millones de dólares, que en términos del porcentaje del producto es prácticamente lo mismo de finales de la convertibilidad, y que a pesar del esfuerzo que ha hecho la Argentina, estamos enjuiciados en el mundo.
Por lo tanto, si no hay más fracaso que éste es difícil encontrar una solución. O sea que hay que retomar un rumbo y la propuesta nuestra fue muy simple.
Recuperar manejo soberano implica pasar los bonos de legislación extranjera a legislación local.
Segundo, abrir la investigación de la deuda pública.
Tercero, avanzar parlamentariamente declarando la inconstitucionalidad de toda prórroga de jurisdicción, es decir, no permitir que nos juzguen en el exterior.
Para cambiar la legislación de los bonos, la verdad no se necesita una ley. Ya han sido múltiples las explicaciones. En realidad, el único mecanismo que prevén los contratos tiene que ver con el hecho de ir a la asamblea de bonistas.
Por lo tanto, no existe modo de que haya una ley del Parlamento argentino sobre un acuerdo contractual en el que existen contratos firmados, so pena de que metamos la pata y violemos nosotros el contrato.
Por eso tenemos que ir a la asamblea de bonistas o pedir el consentimiento expreso de los bonistas ante una propuesta argentina.
Para investigar el tema de la deuda sobran los proyectos en el Parlamento mucho más completos que el artículo 12 que habla de la Comisión Bicameral que se crea.
Existen proyectos que se han presentado para terminar con la prórroga de la jurisdicción, impactando sobre los tratados bilaterales de inversión y el CIADI.
Hemos hecho propuestas concretas, pero nos hemos encontrado con un gobierno que en lugar de recuperar manejo soberano, como nos ha dicho el señor diputado Feletti, la única preocupación que tienen es pagar.
De ninguna manera tienen la idea de modificar o replantear la estrategia. Por lo tanto, nos envían un proyecto extemporáneo que no resuelve nada de lo que está en debate, y lo único que afirma son cosas que no tienen que ver con el problema planteado.
Se trata de un proyecto extemporáneo que nos pide que convalidemos retroactivamente los canjes realizados.
Se trata de canjes que no compartimos y que para nosotros no son inocentes ante esta crisis y que están en proceso judicial, como ocurre con el canje 2010. Esperemos que en algún momento pueda salir de abajo de la cola del juez Oyarbide.
Yendo punto por punto, debo decir que el artículo 1° nos habla de declarar de interés público la deuda soberana, luego declarar de orden público los canjes 2005 y 2010.
¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos discutiendo? No existe razón alguna para debatir este punto frente al problema planteado.
En el artículo 3° se dice que quieren reemplazar el banco de Nueva York por Nación Fideicomisos, pero luego agregan “o lo que los bonistas resuelvan”. Por lo tanto, tampoco estamos resolviendo absolutamente nada. Realmente no podemos resolver nada, porque si pusiéramos algo taxativo estaríamos violando el contrato.
Para colmo de males, proponen una alternativa que es Nación Fideicomisos, que no cumple con los requisitos. No solo porque no tiene capital.
Al ministro, por ejemplo, le preocupaba el tema del tiempo. Tampoco existe el tiempo material para que Nación Fideicomisos cumpla con los trámites para tener oficinas en el condado de Manhattan y autorización para operar.
Además, cuando le den esa posibilidad para que pueda operar lo harán con la legislación norteamericana, por lo que tampoco va a poder pagar.
Lo que dicen los contratos es muy simple: no se puede colocar una institución local si existen bonos de legislación extranjera.
Por eso hay que cambiar la legislación. Y donde vamos a cambiar la legislación, figura en el artículo 7º, el gobierno no dice absolutamente nada. Dice: “Que los bonistas me lo pidan y veremos que hacemos.”
Por la situación política internacional, por el respaldo que existe y porque los bonistas quieren cobrar, creo que es el momento en que nosotros debemos forzar la mano para proponer un cambio de legislación, para recuperar manejo soberano sobre la deuda pública.
No estamos de acuerdo con manejar la prórroga de la jurisdicción como en el caso del Club de París.
No estamos de acuerdo con la idea de un bono reversible que después nos haga volver a la legislación norteamericana, tal como lo plantea el proyecto del bloque del Frente Renovador.
No estamos de acuerdo con acatar el fallo, pagando tal cual está.
Estamos de acuerdo con la idea de avanzar en la recuperación del manejo soberano de la deuda pública, en poner en marcha la investigación de dicha deuda y en garantizar que el Parlamento declare la inconstitucionalidad de la prórroga de la jurisdicción.
Hemos planteado al gobierno la posibilidad de acompañarlo, convocando a través de un proyecto de resolución a la asamblea de bonistas para que plantee allí la propuesta del pago soberano.
Ese es el camino y no tenemos ningún problema en acompañar políticamente esto. Sin embargo, el gobierno no quiere hacerlo.
También le hemos propuesto terminar con la prórroga de la jurisdicción, pero tampoco está de acuerdo en hacerlo.
La verdad es que no se sabe por qué se habla del pago soberano. Aquí no hay nada que tenga que ver con ese tema.
Esto simplemente constituye una suerte de declamación gubernamental diciendo “quiero pagar, pagar, de cualquier modo y como sea”.
Aquí no hay ningún intento de revertir los problemas, las irregularidades y los pies de barro de una reestructuración que, más allá de la operatoria internacional del juez Griesa y de los fondos buitre, nos colocó en una posición en la que no contábamos con herramientas para defender el interés soberano de la República Argentina.
En ese marco no podemos validar un canje trucho como el de 2010 y tampoco la pérdida de divisas, poniéndolas en una cuenta en consignación para los fondos buitre a fin de que alguna vez cobren, cuando en realidad todavía no tenemos litigios, no hay acuerdos y nada por el estilo, al tiempo que la Argentina no tiene dólares.
Es más: por un lado se habla de un ataque especulativo contra la moneda y por el otro vamos a consignar divisas en el marco de un acuerdo inexistente.
Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esto, con la idea de plantear un proyecto de ley para resolver algo que no se puede solucionar por esa vía.
En cambio, estamos de acuerdo en aprovechar el momento que tenemos para recuperar el manejo soberano de la deuda pública. No estamos urgidos por pagar, sino por retomar la rienda del manejo soberano del endeudamiento.
Esta es la propuesta del bloque Unidad Popular que el gobierno no ha querido acompañar.”
Esta es una primera definición desde la cual nosotros nos paramos y que por lo tanto nos coloca en el territorio de tratar de hacer todo lo que podamos para que pese del menor modo posible sobre nuestro pueblo, porque estamos convencidos de que ya la pagamos en demasía.
Ahora, como nosotros sabemos que vivimos en este mundo, siempre hemos dicho que el tratamiento lógico para una deuda de carácter ilegítimo implicaba, en función de lo que manda nuestra Constitución, la necesidad de una auditoría parlamentaria y una investigación de la deuda pública.
El modelo de Ecuador, que mencionó el diputado Zabalza, es el que nos parece razonable. Ese país logró una reducción muy significativa de su deuda, pero gracias a la auditoría se quedó con todas las herramientas legales para defender la soberanía de su Estado frente a cualquier eventual litigio.
Es más, el propio poder económico ecuatoriano ‑los principales bancos transnacionales que operan en Ecuador‑ le pidió por favor al presidente Correa que no siguiera avanzando en la investigación.
Desde ese punto de vista, nosotros como bloque nunca hemos votado un solo peso para la deuda porque ésta no ha sido investigada.
Y la convicción de la ilegitimidad transita por algunas definiciones básicas.
La primera de ellas es el papel de la dictadura en el proceso del endeudamiento; no vale la pena extenderse en este punto.
Hay una primera cuestión, que es la denominada deuda odiosa, que tiene que ver con aquella deuda contraída en momentos donde los pueblos no pueden decidir.
Y hay una segunda cuestión, en el caso particular de la Argentina, que es que ha sido deuda originalmente tomada por capitales privados, fundamentalmente por empresas transnacionales y grupos empresarios locales.
La verdad es que la deuda de la Argentina no empezó por el endeudamiento del Estado; no es el caso de la Baring Brothers, el empréstito de Rivadavia, que se tomó como deuda pública para una infraestructura portuaria que luego no se hizo. Es otra cosa.
En la Argentina la deuda tuvo que ver con los mecanismos de acumulación financiera de los principales capitales y estuvo asociada al proceso de fuga de capitales de nuestro país.
Esto explica los cerca de 300 mil millones de dólares de argentinos o de agentes económicos locales en el exterior que tenemos en este momento.
Casualmente, esa deuda asociada a la fuga de carácter privado fue la que hizo necesario que las empresas estatales se endeuden para proveer de dólares para sostener esa fuga.
Luego hubo un conjunto de mecanismos variados para estatizar la deuda privada, y después un conjunto de reestructuraciones, muchas de ellas acompañadas de profundas irregularidades e ilegalidades, para tapar todo ese proceso del cual estamos hablando.
Es más: este Congreso tiene muerto de risa un fallo del juez Ballesteros –creo que hubiera sido más conveniente hablar mucho más de este fallo que del fallo del propio juez Griesa‑ en el que identifica 477 irregularidades.
Y diciendo que no tiene capacidad para llevar adelante responsabilidades penales, porque había prescripto la causa, lo manda al Congreso para que en nombre del artículo 75 tome las responsabilidades políticas que le correspondían, cosa que nunca se hizo.
Desde este punto de vista, nosotros siempre hemos estado en desacuerdo con la restructuración pagadora que ha hecho el gobierno nacional.
Estuvimos en desacuerdo en 2005 y en 2010.
Hemos estado en desacuerdo porque nunca se cuestionaron las acreencias.
No hemos estado de acuerdo con el pago al Fondo Monetario Internacional; me refiero al pago de toda la cuenta, de cerca de 10 mil millones de dólares.
La verdad es que, del mismo modo que ayer en la ONU, nosotros tendríamos que haber ido a la ONU para denunciar al Fondo –porque la ONU es el mandante del Fondo‑, dado que ese organismo, cómplice del proceso de convertibilidad y el endeudamiento, había prestado, violando sus propios estatutos, a un país en situación de fuga de capitales.
Dada esa circunstancia, nosotros teníamos derecho, como país, a reclamar la condonación de esa deuda.
Sin embargo, en lugar de declarar la ilegitimidad de ese endeudamiento, la ilegalidad y el modo en que el Fondo había violado sus propios estatutos, no dijimos absolutamente nada y pagamos absolutamente todo.
Tampoco estuvimos de acuerdo con una quita que fue mentirosa, y al respecto algo decía recién el señor diputado Lousteau.
Cualquier cuenta que se haga hoy muestra con toda claridad que el haber entregado el generoso cupón PBI indica que en términos de costo fiscal no hubo quita en la Argentina.
Lo que hubo fue una refinanciación, sin quita, a una tasa del 3,7 por ciento anual. No le sacamos nada a los acreedores. Esto es parte de la mentira de un relato que no termina de cuajar.
Y menos aun convalidamos el tema de seguir emitiendo deuda bajo legislación extranjera, que es algo que desde Martínez de Hoz para acá no hemos revisado, que viola la Constitución Nacional y que está habilitado por un decreto de abril de 1976 lo que tiene que ver con la prórroga de jurisdicción.
Tampoco hemos estado de acuerdo con tener como agente de pago a un banco norteamericano que hoy le debe fidelidad a Griesa y no a las decisiones de la Argentina.
No estamos de acuerdo con que el estudio de abogados que tenemos sea el mismo que hizo el Plan Brady, el de la época de Menem, el que se dedicó a defender ejecutivos que cometieron delitos en las empresas trasnacionales y en los bancos más importantes del mundo.
No estamos de acuerdo con tener ese estudio de abogados. Sobran abogados en la Argentina para defender sus intereses soberanos.
Muchos de los elementos que tienen que ver con la reestructuración de la deuda suponen casi un proceso de dormir con el enemigo.
Por eso, no hay que sorprenderse cuando aparecen desaguisados como el que tenemos hoy, con el tema del fallo del juez Griesa.
¿Qué esperaban? ¿Quién dijo que nos defendieron bien? Es un desastre la defensa que hubo en el marco de ese fallo. El mismo estudio que nos defiende a nosotros es el del Banco de Nueva York.
No compartimos eso como tampoco el proceso de canje de 2010, en el que identificamos y nadie pudo explicar el papel de una consultora privada como Arcadia que a comienzos de 2008 junto con el secretario de Financiamiento Hernán Lorenzino se paseaba por los Estados Unidos sin que supiéramos absolutamente nada, planteando la oferta que la Argentina hacía para el canje. Este fue efectivamente el proceso.
Tampoco tenemos que ver con la opción tomada hace poco por el oficialismo, y saludada por muchos sectores de la oposición, de pagar y reconocer el ámbito del CIADI, que implica hacernos cargo de un monto de demandas de deudas millonarias.
Del mismo modo, estuvimos en desacuerdo con la compensación inadecuada a Repsol que implicó pagar a la empresa el mismo precio de la acción que tenía un año antes de la estatización, y que nos dejó indemnes frente a la catarata de juicios que tiene en cabeza YPF por la gestión depredadora que en materia ambiental la empresa Repsol puso en marcha en la Argentina y en otros lugares del mundo, a través de YPF.
Tampoco compartimos el planteo respecto del acuerdo con el Club de París, en el que el 42 por ciento de la deuda es originalmente tomada en la dictadura, y que debió haberse discutido.
Resulta casi tragicómico que vengan a decirnos que nos traen la ley acá para cumplir con el Congreso de la Nación y la Constitución.
En relación con el acuerdo con el Club de París ni siquiera hemos logrado que manden el memorándum de entendimiento ni los 64 contratos.
Jamás pudimos saber acerca de una sola coma respecto de lo que se iba a proponer; jamás autorizamos absolutamente nada y ya se pagaron 650 millones de dólares sin que este Parlamento haya dicho algo sobre el tema.
Este es el escenario. No estamos de acuerdo con la reestructuración. Por eso, frente al fallo de Griesa, sostuvimos dos cuestiones.
En primer lugar, hay que tener todas las herramientas para resistir el fallo. Es un fallo incumplible, inaceptable, inentendible; es absolutamente irracional que haya sectores o dirigentes políticos que recomienden pagar tal cual dice el fallo. Eso significaría comprarse cerca de 30 mil millones de dólares adicionales y, eventualmente, demandas multimillonarias. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con eso y acompañamos todos y cada uno de los cuestionamientos que haga la Argentina en los foros internacionales y judiciales, para no tener que asumir un fallo de esta naturaleza. En este sentido, celebramos lo que ocurrió ayer en las Naciones Unidas.
Del mismo modo que decimos esto, creemos que hay que aprovechar este momento de respaldo político a nivel mundial para la Argentina. Teniendo en cuenta que los bonistas no pueden cobrar bajo legislación extranjera porque Griesa se los prohíbe, sería conveniente plantear otra estrategia porque, desde nuestro punto de vista, esta ha fracasado.
El oficialismo no percibe que lo que hizo ha dado como resultado pagar, como pagos netos, más de 63 mil millones de dólares de una deuda que igual se ubica, con una composición distinta, en 250 mil millones de dólares, que en términos del porcentaje del producto es prácticamente lo mismo de finales de la convertibilidad, y que a pesar del esfuerzo que ha hecho la Argentina, estamos enjuiciados en el mundo.
Por lo tanto, si no hay más fracaso que éste es difícil encontrar una solución. O sea que hay que retomar un rumbo y la propuesta nuestra fue muy simple.
Recuperar manejo soberano implica pasar los bonos de legislación extranjera a legislación local.
Segundo, abrir la investigación de la deuda pública.
Tercero, avanzar parlamentariamente declarando la inconstitucionalidad de toda prórroga de jurisdicción, es decir, no permitir que nos juzguen en el exterior.
Para cambiar la legislación de los bonos, la verdad no se necesita una ley. Ya han sido múltiples las explicaciones. En realidad, el único mecanismo que prevén los contratos tiene que ver con el hecho de ir a la asamblea de bonistas.
Por lo tanto, no existe modo de que haya una ley del Parlamento argentino sobre un acuerdo contractual en el que existen contratos firmados, so pena de que metamos la pata y violemos nosotros el contrato.
Por eso tenemos que ir a la asamblea de bonistas o pedir el consentimiento expreso de los bonistas ante una propuesta argentina.
Para investigar el tema de la deuda sobran los proyectos en el Parlamento mucho más completos que el artículo 12 que habla de la Comisión Bicameral que se crea.
Existen proyectos que se han presentado para terminar con la prórroga de la jurisdicción, impactando sobre los tratados bilaterales de inversión y el CIADI.
Hemos hecho propuestas concretas, pero nos hemos encontrado con un gobierno que en lugar de recuperar manejo soberano, como nos ha dicho el señor diputado Feletti, la única preocupación que tienen es pagar.
De ninguna manera tienen la idea de modificar o replantear la estrategia. Por lo tanto, nos envían un proyecto extemporáneo que no resuelve nada de lo que está en debate, y lo único que afirma son cosas que no tienen que ver con el problema planteado.
Se trata de un proyecto extemporáneo que nos pide que convalidemos retroactivamente los canjes realizados.
Se trata de canjes que no compartimos y que para nosotros no son inocentes ante esta crisis y que están en proceso judicial, como ocurre con el canje 2010. Esperemos que en algún momento pueda salir de abajo de la cola del juez Oyarbide.
Yendo punto por punto, debo decir que el artículo 1° nos habla de declarar de interés público la deuda soberana, luego declarar de orden público los canjes 2005 y 2010.
¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos discutiendo? No existe razón alguna para debatir este punto frente al problema planteado.
En el artículo 3° se dice que quieren reemplazar el banco de Nueva York por Nación Fideicomisos, pero luego agregan “o lo que los bonistas resuelvan”. Por lo tanto, tampoco estamos resolviendo absolutamente nada. Realmente no podemos resolver nada, porque si pusiéramos algo taxativo estaríamos violando el contrato.
Para colmo de males, proponen una alternativa que es Nación Fideicomisos, que no cumple con los requisitos. No solo porque no tiene capital.
Al ministro, por ejemplo, le preocupaba el tema del tiempo. Tampoco existe el tiempo material para que Nación Fideicomisos cumpla con los trámites para tener oficinas en el condado de Manhattan y autorización para operar.
Además, cuando le den esa posibilidad para que pueda operar lo harán con la legislación norteamericana, por lo que tampoco va a poder pagar.
Lo que dicen los contratos es muy simple: no se puede colocar una institución local si existen bonos de legislación extranjera.
Por eso hay que cambiar la legislación. Y donde vamos a cambiar la legislación, figura en el artículo 7º, el gobierno no dice absolutamente nada. Dice: “Que los bonistas me lo pidan y veremos que hacemos.”
Por la situación política internacional, por el respaldo que existe y porque los bonistas quieren cobrar, creo que es el momento en que nosotros debemos forzar la mano para proponer un cambio de legislación, para recuperar manejo soberano sobre la deuda pública.
No estamos de acuerdo con manejar la prórroga de la jurisdicción como en el caso del Club de París.
No estamos de acuerdo con la idea de un bono reversible que después nos haga volver a la legislación norteamericana, tal como lo plantea el proyecto del bloque del Frente Renovador.
No estamos de acuerdo con acatar el fallo, pagando tal cual está.
Estamos de acuerdo con la idea de avanzar en la recuperación del manejo soberano de la deuda pública, en poner en marcha la investigación de dicha deuda y en garantizar que el Parlamento declare la inconstitucionalidad de la prórroga de la jurisdicción.
Hemos planteado al gobierno la posibilidad de acompañarlo, convocando a través de un proyecto de resolución a la asamblea de bonistas para que plantee allí la propuesta del pago soberano.
Ese es el camino y no tenemos ningún problema en acompañar políticamente esto. Sin embargo, el gobierno no quiere hacerlo.
También le hemos propuesto terminar con la prórroga de la jurisdicción, pero tampoco está de acuerdo en hacerlo.
La verdad es que no se sabe por qué se habla del pago soberano. Aquí no hay nada que tenga que ver con ese tema.
Esto simplemente constituye una suerte de declamación gubernamental diciendo “quiero pagar, pagar, de cualquier modo y como sea”.
Aquí no hay ningún intento de revertir los problemas, las irregularidades y los pies de barro de una reestructuración que, más allá de la operatoria internacional del juez Griesa y de los fondos buitre, nos colocó en una posición en la que no contábamos con herramientas para defender el interés soberano de la República Argentina.
En ese marco no podemos validar un canje trucho como el de 2010 y tampoco la pérdida de divisas, poniéndolas en una cuenta en consignación para los fondos buitre a fin de que alguna vez cobren, cuando en realidad todavía no tenemos litigios, no hay acuerdos y nada por el estilo, al tiempo que la Argentina no tiene dólares.
Es más: por un lado se habla de un ataque especulativo contra la moneda y por el otro vamos a consignar divisas en el marco de un acuerdo inexistente.
Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esto, con la idea de plantear un proyecto de ley para resolver algo que no se puede solucionar por esa vía.
En cambio, estamos de acuerdo en aprovechar el momento que tenemos para recuperar el manejo soberano de la deuda pública. No estamos urgidos por pagar, sino por retomar la rienda del manejo soberano del endeudamiento.
Esta es la propuesta del bloque Unidad Popular que el gobierno no ha querido acompañar.”
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