¿Primer freno para Macri?: la reforma para abaratar juicios laborales será "freezada" en el Congreso
02-08-2016 El Presidente le pidió a la Justicia que sea más contemplativa con el empresariado, ya que ayudaría a tener inversiones. Los partidos de origen peronista se manifestaron en contra de futuros cambios a la normativa y no lo acompañarían en ninguna de las cámar
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La nueva amenaza se cierne contra el plan del Gobierno, que no logra superar su frustración por el ritmo -a su gusto demasiado lento- en el que se están concretando nuevos proyectos de inversión privada.
Además de todos los motivos conocidos, tales como la inflación, la persistencia de altos costos en dólares, el temor a la competencia importada y un largo etcétera, ahora se agrega otro factor: la iniciativa para una reforma laboral que haga menos pesada la carga de los juicios de empleados contra las empresas cuenta con altas chances de entrar en el "freezer".
En un marco de desencuentros con las cámaras empresarias, el de la reforma laboral es posiblemente uno de los pocos temas en el que los funcionarios macristas tienen coincidencia plena con los dirigentes de las entidades patronales: todos coinciden en el diagnóstico de que los fallos judiciales contra los empleadores son un desincentivo a la creación de nuevos puestos laborales.
Días atrás, Mauricio Macri mostró su preocupación sobre el tema apuntó contra la justicia laboral e insinuó que su inclinación hacia fallar a favor de los trabajadores es una de las razones que demoran las inversiones.
El Presidente sostuvo que la llegada de inversiones necesita, en gran medida, "una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte".
A pesar de los embates de los distintos sectores, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que "por una definición política del kirchnerismo se promovía una falsa idea de que proteger los derechos laborales es terminar amparando ciertos abusos".
Al ser consultado sobre qué tipo de abusos se refería, Peña resaltó como problema "la litigiosidad, la cantidad de juicios y cómo se resuelven".
"Si hace cinco años no se generan puestos de trabajo formales es evidente que algo está mal", insistió el jefe de Gabinete.
El jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, quien consideró que el Gobierno quiere plantear una "flexibilización laboral".
Pero para lograr esa flexibilización, en el que se permita contratar a través de régimen de pasantías o contratos de aprendizaje, el macrismo necesita aprobar leyes en el Congreso.
En principio, la primera batalla sobre la posible reforma laboral debería darse en el Congreso, pero una modificación "pro empresa" no contaría con el apoyo de ninguno de los partidos de origen peronista (el Frente para la Victoria, el Bloque Justicialista y el Frente Renovador).
De modo que impulsar una ley que cambie los lineamientos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) vigente sería inviable para el Gobierno.
Tampoco apoyarían normas que avalen una "flexibilización" y que le quite responsabilidades indemnizatorias a las compañías como el régimen de aprendizaje y la pasantía.
Es que si bien esas formas de contratación resultan claves para la formación de un profesional, porque permiten adquirir conocimientos complementarios a la capacitación teórica universitaria, quedaron en el centro de la escena luego de que se dieran a conocer varias sentencias que condenaron a firmas que las implementaron abusivamente para burlar la ley.
Sucede que la caracterización del vínculo, como una relación no laboral, motivó que algunos empresarios recurrieran a ellas para evadir la aplicación de las pautas legales laborales como, por ejemplo, la finalidad formativa y cometieran ciertos abusos como por ejemplo, cubrir puestos con pasantías a largo plazo.
"Eso se ve también en el acuerdo que hicieron con McDonald's (en el que le permitieroncontratar jóvenes en situación de vulnerabilidad y pagarles un salario menor al mínimo, vital y móvil) y con lo que va a pasar con el sistema previsional. Este es un Gobierno para ricos, no para los trabajadores. Es un regreso al pasado", señaló Recalde.
En caso de que no logre avanzar con estas reformas, el macrismo buscaría cubrir las vacantes en los juzgados laborales nacionales con magistrados que tengan una "mirada pro empresa", pero no contaría con el aval del Senado (que debe dar aval al nombramiento de jueces), ya que cambiemos apenas pasa la decena sobre un total de 72 miembros.
Situación laboral
De acuerdo a los asesores de empresas consultados por iProfesional, para la Justicia, prácticamente ningún accionar del empleado justifica su cesantía.
De acuerdo a los asesores de empresas consultados por iProfesional, para la Justicia, prácticamente ningún accionar del empleado justifica su cesantía.
En consecuencia, afirman que durante los últimos años creció la tendencia judicial de fallar a favor de los trabajadores quienes reclaman, además de la indemnización por despido, un resarcimiento por daño moral, discriminación, el pago de multas a las empresas por cuestiones formales (falencias en la registración de sus trabajadores o en la entrega de certificados de empleo), entre otros.
La situación se puede tornar más complicada para las compañías, y por ende más costosa, si para calcular la base de la indemnización los magistrados incluyen beneficios no remunerativos.
Pero remarcan que los mayores costos laborales no son sólo por selección o despido, sino por las cargas sociales que tiene la empresa durante toda la relación de dependencia. Esto hace que la Argentina sea uno de los países más caros en cuanto a empleo para el mercado interno.
Y destacan que las empresas están “ante una especie de lotería o ruleta rusa. Si se quiere desvincular a un trabajador hoy no se tiene idea de cuánto puede llegar a costar”. "La indemnización final hay que multiplicarla por cinco o más", indicaron.
“Las empresas que pierden los juicios, se curan de espanto, y tratan de emplear la mínima cantidad de personal posible, y por el dinero de las indemnizaciones, tienen menos dinero para invertir en sus procesos productivos”, explicó el empresario Teddy Karagozian.
Además, Karagozian responsabilizó a “algunos jueces” que, con sus fallos, promueven lalitigiosidad laboral".
“La Justicia debe velar por corregir lo que está mal, pero también tiene la obligación de ser conscientes que muchos fallos que en teoría benefician a un trabajador, muchas veces tienen resultados adversos para el resto de la sociedad porque generan incentivos para el conflicto y desincentivos a emplear”, recalcó.
En tanto, León Piasek, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Laboralistas, salió también al cruce de las declaraciones de Mauricio Macri.
Señaló que “es un Gobierno que vino con el discurso de la no injerencia en el Poder Judicial y un respeto a la división de poderes y ahora le dicen a los jueces laborales que fallen a favor de los empresarios”.
Piasek también remarcó que los magistrados fallan contra los empresarios porque incumplen las leyes laborales y destacó que si cumplen habrá menos juicios y menos condenas.
Aumento del empleo en negro
De acuerdo con un informe privado, 3 de cada 10 Pymes reconocieron que durante los últimos seis meses pasaron entre 3 y 5 empleados al régimen informal, eliminando las cargas impositivas y tributarias que les correspondían cuando esos trabajadores estaban incluidos en el régimen laboral.
De acuerdo con un informe privado, 3 de cada 10 Pymes reconocieron que durante los últimos seis meses pasaron entre 3 y 5 empleados al régimen informal, eliminando las cargas impositivas y tributarias que les correspondían cuando esos trabajadores estaban incluidos en el régimen laboral.
El presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (Feciba), Raúl Zylberzstein, reconoció el crecimiento del trabajo “en negro”.
Destacó que la falta de competitividad, a raíz de la caída en las ventas, la presión tributaria e impositiva, las subas en las tarifas y los costos financieros, entre otras variables, fomenta cada vez más la economía no registrada y la precariedad contractual.
Zylberzstein consideró que “ni los empresarios ni los trabajadores son culpables de esta situación, que es originada por un sistema perverso que resta competitividad y que obliga a buscar rentabilidad a través de esos mecanismos para poder subsistir”.
El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca adelantó que se va a poner en marcha “una revisión del sistema” con el fin de “reducir la litigiosidad que afecta el costo de losempresarios”.
“Hemos avanzado muchísimo pero vamos a trabajar con todos los sectores porque este sistema requiere de revisiones que permitan reducir la litigiosidad que afecta el costo empresario”, señaló Triaca al referirse a la alta judicialización que existe en el terreno laboral
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