El neoliberalismo no es sólo una ideología que defienda la
retirada del Estado, su desmantelamiento a favor del mercado, o un dejar hacer
a la “mano invisible” del capitalismo financiero.
Tal como ya lo ha demostrado Michel Foucault, en “ el nacimiento
de la “biopolítica”, y actualmente Christian Laval y Pierre Dardot, el
neoliberalismo, a diferencia del liberalismo clásico o el neoconservadurismo,
es una construcción positiva, que se apropia no sólo del orden del Estado, sino
que es un permanente productor de reglas institucionales, jurídicas y
normativas, que dan forma a un nuevo tipo de “racionalidad” dominante.
Esta racionalidad actualmente se ha adueñado de todo el tejido
institucional de la llamada Unión Europea, en la consumación final de su
estrategia de dominación.
El neoliberalismo no es sólo una máquina destructora de reglas,
si bien socava los lazos sociales, a su vez su racionalidad se propone
organizar una nueva relación entre los gobernantes y los gobernados, una
“gubernamentabilidad” según el principio universal de la competencia y la
maximización del rendimiento extendida a todas la esferas públicas,
reordenándolas y atravesándolas con nuevos dispositivos de control y
evaluación: como insistió Foucault, explicando la génesis del neoliberalismo,
es la propia población la que pasa a ser objeto del saber y el poder.
II
Remarcando entonces el carácter “constructivo” del
neoliberalismo y no sólo su faz destructiva, o insistiendo en el orden que se
pretende hacer surgir a partir de sus destrucciones, se puede mostrar que las
técnicas de gobernación propias del neoliberalismo tienen como propósito, en
consonancia con la racionalidad que lo configura, producir, fabricar, un nuevo
tipo de subjetividad.
A diferencia del sujeto moderno, diferenciado en sus fronteras
jurídicas, religiosas, institucionales, etc., el sujeto neoliberal se
homogeneiza, se unifica como sujeto “emprendedor”, entregado al máximo
rendimiento y competencia, como un empresario de sí mismo.
Un empresario de sí mismo que, a diferencia de los “cuidados de
sí” clásicos o modernos que apuntaban, en el caso clásico, a protegerse de los
excesos, en el caso moderno, a buscar la mejor adaptación o alienación
soportable, el empresario de sí, el sujeto neoliberal, vive permanentemente en
relación con lo que lo excede, el rendimiento y la competencia ilimitada.
III
Las técnicas de gestión, los dispositivos de evaluación, los
coach, los entrenadores personales, los consejeros y estrategas de vida son el
suplemento social del sujeto neoliberal producido por los dispositivos de la
racionalidad neoliberal.
El sujeto neoliberal, viviendo fuera de su límite, en el goce de
la rentabilidad y la competencia y estableciendo consigo mismo la lógica del
emprendedor está a punto de fracasar a cada paso.
El stress, el ataque de pánico, la depresión, “la corrosión del
carácter”, lo precario, lo líquido y fluido, etc., constituyen el medio en que
el sujeto neoliberal ejerce su propio desconocimiento de sí, con respecto a los
dispositivos que lo gobiernan.
Esos dispositivos que le reclaman que sea “el actor de su propia
vida”, el que racionaliza su deseo en la competencia y en la técnica de
conducirse a sí mismo y a los demás; este es ahora el verdadero “management del
alma” del que habló Lacan en los ’50 y ahora se consuma.
IV
El neoliberalismo se propone como la racionalidad actual del
capitalismo.
Podemos afirmar que su racionalidad cumple con lo analizado por
Heidegger con respecto a las “estructuras de emplazamiento” del ser propias de
la técnica, que provocan en el ser humano una presentación de su existencia en
forma de cálculo de sí, o con lo planteado por Lacan en el Discurso
Capitalista, donde el sujeto ya sólo está condicionado por la “plusvalía” de
goce.
El fin último del neoliberalismo es la producción de un sujeto
nuevo, un sujeto íntegramente homogeneizado a una lógica empresarial,
competitiva, comunicacional, excedida todo el tiempo por su performance.
Sin la distancia simbólica que permita la elaboración política
de su lugar en los dispositivos que amaestran su cuerpo y su subjetividad.
V
¿Pero se puede producir enteramente al sujeto?
¿Tienen los dispositivos el poder y la fuerza material para
secuestrar al sujeto y volverlo un “neo-sujeto” emprendedor de sí?
He aquí uno de los grandes debates contemporáneos:
… ¿el sujeto es meramente una producción histórica efectuada por
los dispositivos del poder y el saber, como piensan los foucaultianos?
O, como han pensado
Freud, Heidegger y Lacan, hay ciertos elementos en la propia constitución
estructural del sujeto, que nin
MILEI CHOCA CONTRA LA REALIDAD…LA CLASE MEDIA Y LOS TRABAJADORES
- FALACIAS Y FICCIONES - LA LEY BASES
Por
Aram Aharonian* – La Estrategia / SURySUR - 3 MAYO 2024
Ajeno a los intereses, anhelos y padeceres de 46 millones de
argentinos, el gobierno del presidente Javier Milei volvió a chocar contra la
realidad y contra su propia prepotencia.
La huelga general del 8 de mayo, luego de la gigantesca marcha
de los estudiantes contra la privatización de la enseñanza, y la deriva de la
ley ómnibus en el Senado anunciaron un punto de inflexión en el respaldo que
acompañó hasta ahora al libertario.
El derrumbe de la economía se tradujo en tragedia social y
convirtió al país que supo ser el granero del mundo en el único de la región
que se despeña en forma decreciente mientras sus vecinos crecen.
La CEPAL informó que la caída del PBI argentino este año será
mayor de tres puntos, la misma cifra que será el crecimiento de países vecinos,
como Brasil.
Dos temas desequilibraron al gobierno: liberó precios y tarifas,
pero debió retroceder con las prepagas y con las tarifas energéticas en
general, a las que debió postergar los últimos aumentos.
El quiebre de la decisión irreductible que había mantenido para
no intervenir en los precios fue el marcador del otro quiebre, el de su
credibilidad.
El movimiento obrero se le plantó al gobierno con el segundo
paro general en cinco meses de gobierno, en momentos en que se resquebrajaba su
respaldo en las capas medias y entre el sector empresarial, que se llenó de
alarmas con el precio de la luz, el agua, el gas y los alquileres.
No se ve la luz al final del túnel: todo se ve negro.
Han pasado cinco meses y ahora Milei no logra utilizar lo
realizado para alimentar la épica de su gran ajuste.
“Hemos realizado —dijo— el mayor ajuste de la historia de la
humanidad” y se ufanó de su valentía para afrontar las protestas.
Pero ya la prensa internacional no habla de sus “proezas”, sino
de sus falacias y fracasos.
FALACIAS Y FICCIONES
La difusión de falacias xenófobas y económicas por parte de
Milei y su ejército de bots da cuenta de la tendencia al autoengaño de aquellos
que acceden al poder.
Milei se ufana de los aplausos a sus intervenciones en foros
internacionales de la ultraderecha que su equipo comunicacional califica como
reunión con grandes inversores.
Pero sus giras, que llaman la atención más por farandulesco que
por lúcido, no reportaron un solo dólar para el país, sino ingentes gastos de
sus alegres y turísticas comitivas.
Aprovechó la recordación del levantamiento del gueto de Varsovia
(8 de mayo de 1943) para intentar que una proeza de valor universal se
confundiera con su pretensión particular.
A su llamado a “tomar partido (como) una obligación moral”, frase
que sacada de contexto puede ser tan noble como ambivalente, le sumó su
ofrecimiento para presidir la Alianza Internacional para el Recuerdo del
Holocausto.
En la Fundación Milken, en Estados Unidos, exhortó: “Ayúdenme,
ustedes que son el progreso humano encarnado, a hacer de la Argentina la nueva
Roma del Siglo XXI”.
Michael Milken hizo su fortuna en las finanzas en la década del
‘80, apostando a los llamados “bonos basura”, es decir activos financieros de
dudosa calidad y solvencia, y cobrando enormes comisiones para colocarlos en el
mercado.
Es ficticio el superávit fiscal, construido en base a impagos y
privaciones sociales y regionales insostenibles.
Es ficticio el nivel y la estabilidad del dólar oficial,
sostenido en base a recesión, postergación de pago de importaciones y timba
especulativa transitoria de corto plazo.
Por lo tanto, también es ficticio el nivel de reservas
“acumuladas” que exhibe el gobierno.
Y es también ficticia la estabilización de precios, que por
ahora es sólo una reducción en la velocidad de su aumento, forzada por la aguda
contracción del mercado interno, la caída de la demanda y la artificialidad del
ancla cambiaria.
Toda esta ficción sólo se sostiene por la condescendencia de los
poderes económicos locales y de sus medios de comunicación con un gobierno que
les prometió una piñata de negocios descomunal.
Tras sus ataques y grotescas descalificaciones a progresistas
gobernantes democráticos de la región, la BBC británica aterrizó su análisis en
la realidad.
Tituló su nota sobre Argentina ‘Carne, leche y yerba mate: las
históricas caídas en el consumo de los argentinos (y cómo aumentaron las
exportaciones de estos productos)’. Parece que en Londres, pese a la niebla,
están divisando la realidad.
En España no se sorprendieron de una de sus falacias. Mano
derecha de Adolfo Hitler, la principal frase de Joseph Goebbels fue «Miente,
miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la
creerá».
La inclusión de datos biográficos falsos de Javier Milei en la
edición española de su libro El camino del libertario derivó en que el Grupo
Editorial Planeta decidiera retirar los ejemplares del mercado.
En la solapa del libro, Milei dice ser graduado de la
Universidad de Buenos Aires y doctorado en California.
Ya lo decía Mata Hari: La vida siempre es un poco más fácil si
dejamos de lado la verdad.
A Milei y su oficina de desinformación y propaganda no les gustó
que lo descubrieran e intensificó la difusión de falacias xenófobas y
económicas sobre España, por lo que no hay buen clima para recibir al
presidente argentino en España, a donde viaja para reunirse con los
ultraderechistas del partido Vox.
Diputados progresistas y agrupaciones de residentes argentinos
llamaron a repudiar la visita de un personaje que niega por igual los crímenes
del franquismo, el genocidio de Netanyahu contra el pueblo palestino, como las
muertes y desapariciones de la dictadura cívico-militar de la Argentina.
El gobierno de Javier Milei ya había tomado conciencia de que el
combustible que podía prender fuego a sus pretensiones era la clase media, que
fue la que consolidó su triunfo en el balotaje.
El enojo de un sector de la clase media llevó al ultraderechista
a revertir el aumento de la medicina prepaga.
Y ahora escuchó el silencio –políticamente ensordecedor- de un
nuevo paro general: no sólo la clase media sino también los trabajadores
dejaron en claro que “la patria no se vende”.
Los trabajadores han dicho ¡basta! y echado a andar… ya son
demasiados los que la pasan mal.
LA LEY BASES
El empresariado del “círculo rojo” digital y financiero
internacional está expectante ante la posible aprobación del megaproyecto de
ley base en el Senado, especialmente por el Régimen de Incentivo a las Grandes
Inversiones (RIGI), marco legal para la fuga de divisas sin control y el lucro
a costa de la apropiación privada de los recursos del país.
La contracara es la reforma laboral y previsional, que supone la
consolidación de una transferencia brutal de ingresos desde los bolsillos de
les trabajadores y jubilados, la destrucción del entramado de la pequeña y
mediana empresa y la legalización de la informalidad laboral, lo que
“profundizará el grave cuadro de pobreza estructural e indigencia que devasta
nuestra comunidad», como señalaron las centrales sindicales.
¿Qué pasa después de la Ley Bases con la formación actual del
Gobierno?
¿Será que si se cae la ley habrá cambios de gabinete?
En el Gobierno creen que detrás de las presiones de renuncias de
algunos ministros está a figura del ex presidente neoliberal Mauricio Macri,
líder de Propuesta Republicana (PRO), con una numerosa bancada parlamentaria,
quien ya ha rechazado la idea de un cogobierno.
Un relevamiento realizado por el politólogo Pablo Javier Salinas
muestra que el gobierno de Milei, desde que asumió, tuvo una renuncia de un
funcionario de alto rango cada seis días.
Según el conservador diario La Nación. Tras más de cinco meses
de gobierno, aún le falta designar el 16% de los cargos del gabinete y está sin
completar el 63% de los casilleros del Estado Nacional.
El gobierno de los Hermanos Milei –el protagonismo de Karina, la
hermana, sigue creciendo en detrimento de Nos vamos a encargar de que Milei
conozca la realidad de Misiones», dicen ministros y políticos del
anarco-colonialismo (definición de la ex presidenta Cristina Kirchner).
Ya se ha resignado a que el Congreso no sancione la ley de Bases
antes del 25 de mayo, día en el que planea reunirse con algunos gobernadores en
los Tribunales de Córdoba, para suscribir un decálogo de generalidades que
llama Pacto de mayo, base de lo que calificó como nuevo contrato social.
Lo cierto es que una parte de esos principios condenarían al
país al definitivo estancamiento y otros requieren de mayorías legislativas que
por el momento están fuera del alcance del gobierno, mientras el ministro del
Interior Guillermo Francos y la hermana presidencial negocian con distintos
bloques del Senado la introducción de cambios que permitan la sanción en
general del proyecto.
Los analistas locales apuestan sobre cuánto durará el gobierno,
una vez que logró que las clases media y trabajadora (y sin trabajo)
abandonaran los cantos de sirena y despertaran a la cruda realidad. ¿Hay
futuro? Por ahora, hay apagón al final el túnel.
………………..
*Periodista
y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur
y de Diorama Press. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana
(FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
El destacado
jurista, ex juez federal, Carlos Rozanski ha destacado una alarmante situación
de anomalía institucional en su cuenta personal en la red social X
@CarlosRozanski (antigua Twitter)
La Corte Suprema de Justicia dictó la Acordada 18/2024 de fecha
17/5/24, donde se toman diversas decisiones.
Tres jueces votaron en consonancia y el Dr. Ricardo Lorenzetti
lo hizo en disidencia.
En su voto, el Dr. Lorenzetti imputó a los tres restantes jueces
conductas dolosas que configuran delitos de acción pública respecto del código
penal y de mal desempeño en términos de la constitución nacional.
Las imputaciones a los Dres. Rosenkrantz, Maqueda y Rosatti, fueron
hechas en instrumento público al ser una acordada del supremo tribunal del
país.
Este episodio, inédito en el poder judicial, implica una crisis
institucional sin precedentes en la historia de la CSJN.
Como surge del voto del Dr. Lorenzetti, en este momento hay
60.000 causas esperando sentencia en la Corte. El panorama se agrava al estar
el Poder Ejecutivo en manos de un Presidente con sus facultades mentales
alteradas, como fuere advertido por el Senador José Mayans.
Además, ese deterioro es de público y notorio.
Hoy, mientras el presidente Milei exhibe sus desvaríos en el
centro del neofascismo en España, enfermos de cáncer no reciben sus
medicamentos y millones de niños y adultos pasan hambre.
Ante la gravedad de la crisis, el rol del Congreso de la Nación
es protagónico y deberá ser ese cuerpo el que garantice el Estado de Derecho,
hoy con un nivel de deterioro que no admite demoras.
Nunca pensaron los dueños del granero que, junto con el ejército de desocupados
y la mano de obra barata, estaban importando la rebelión.
Su soberbia no les dejaba pensar que no se podía prometer a los hambrientos
de Europa, a los desheredados de toda herencia, la felicidad, el pedazo de
tierra, el trabajo que les permitiera mantener a su familia, para luego
someterlos a las peores condiciones de miseria y humillación.
Así fueron llegando, cargados de hambre, hijos, ilusiones, pero
también de ideas, los inmigrantes. Fueron recibidos con el desprecio de quien
espera un cargamento de esclavos, olvidándose de que el esclavo, al ver la mesa
del amo llena de manjares, mientras él y su familia padecen las más indecibles
privaciones, suele rebelarse.
Mientras los Anchorena tiraban su vajilla de oro al mar en su
viaje a Europa, los cruzaban literalmente en sentido contrario quienes viajaban
en tercera clase o en la cubierta de los barcos hacia el país próspero y libre,
al que los dueños de la Argentina llamaban “la tierra de la gran promesa”. Lo
que no aclaraban es que no pensaban cumplirla.
En 1904, el gobierno de Roca le encargó al médico catalán Juan
Bialet Massé un informe sobre el estado de la clase obrera en la Argentina en
vistas de una ley laboral que no llegaría a sancionarse.
El funcionario se tomó muy en serio su trabajo y elaboró un
documento que se transformó en la más cruda denuncia de los horrores del
sistema de explotación de nuestro país.
Concluía: “De un lado se han encendido los fuegos del lujo, del
oropel y de la codicia desmedidos, y por el otro las miserias del pobre
reciben, como esperanzas, como promesas, sin ver si se acomodan a su ser y a su
medio, doctrinas utópicas o explotaciones hipócritas (…) He encontrado en toda
la República una ignorancia técnica asombrosa, más en los patrones que en los
obreros”.
En ese mismo año resultaba electo por el barrio de La Boca el
primer diputado socialista de toda América, Alfredo Palacios, que hizo aprobar
las leyes laborales pioneras en nuestro país, como la de descanso dominical en
1907. Era un importante escalón en la historia de lucha de nuestro heroico
movimiento obrero.
El radicalismo, en el poder desde 1916, osciló entre la
negociación, la aprobación de leyes laborales, como la limitación de la jornada
laboral, la reglamentación del trabajo de mujeres y niños y las vacaciones para
algunos gremios.
El gran cambio vino con el peronismo y la multiplicación y
aplicación de decenas de leyes laborales de alcance general, como el aguinaldo,
las vacaciones, la licencia por maternidad, la instalación de los tribunales
laborales y la incorporación de los derechos del trabajador a la Constitución
de 1949.
Tras el golpe de Estado de 1955, comenzó el ataque a las
conquistas laborales y la legislación pertinente, con algunas excepciones, como
la aprobación durante el gobierno de Illia del salario mínimo, vital y móvil,
la ley de contratos de trabajo durante el tercer peronismo y el aggiornamiento
y la sanción de nuevas leyes laborales durante el kirchnerismo.
Hoy los trabajadores, sin excepción, sufren un ataque sin
precedentes explicitado con orgullo por el Presidente, que usa la gráfica
figura de una licuadora para certificar que uno de sus principales objetivos es
destrozar el poder adquisitivo de los salarios, llevar el “costo laboral” a sus
mínimos históricos y destrozar el Estado anulando también el histórico salario
indirecto (la provisión de salud, seguridad y educación) de los argentinos.
Nos parece muy oportuno recordar este largo camino que tanta
sangre nos costó y que hoy se ve amenazado como pocas veces, bajo el aplauso
complaciente de importantes sectores de la sociedad, muchos de ellos víctimas
del modelo que avalan, ganados por los medios que les inyectaron irracionalidad
y odio, y por el recuerdo del pésimo gobierno anterior.
Inmersos en el absurdo pensamiento de que el costo lo pagará el
otro, les vendría muy bien recordar la frase del querido Shakespeare:
*** “El odio es un veneno que uno toma esperando que se muera el
otro”.
El Puerto de Bahía Blanca se preparaba para la construcción de la planta de GNL de YPF-Petronas, que el gobierno ahora condiciona al RIGI.
El Congreso de la Nación continúa embarcado en la discusión de la ley Bases, un compendio de artículos que involucran una amplísima cantidad de temáticas, pero con una matriz común de intereses: transformar la estructura productiva de raíz, en todos los aspectos posibles: legal, tributario, laboral, previsional y ambiental de la Argentina. El RIGI, en su interior, es la ley Bases en versión concentrada. En sus doce capítulos contiene la entrega de los recursos naturales, con una cláusula cerrojo para su eventual reversión. La entrega y la irreversibilidad, juntas.
Como describimos en Volver a la colonia, la irreversibilidad del RIGI tiene su origen en la sistematicidad del mismo. Está pensado sistémicamente: amplios y exagerados beneficios, estabilidad durante 30 años y resolución de conflictos con prórroga de jurisdicción, en el CIADI. Si se vota, no hay forma de salir.
En esta nota proponemos una serie de proyectos que, en conjunto, constituyen ejemplos de un modelo de país que es la antítesis del RIGI: administra soberanamente sus recursos, busca el agregado de valor y promueve el empleo. A diferencia de lo que propone el RIGI, la Argentina puede emprender un camino de impulso a sectores estratégicos en materia productiva. A continuación, describimos los casos de GNL, electromovilidad, litio y bienes de capital. Propuestas complementarias, también de índole legislativa, se desarrollan al final.
GNL: agregado de valor para la exportación
En el caso del gas natural licuado (GNL), el proyecto para promover la actividad fue aprobado por la Cámara de Diputados en octubre de 2023, pero aún no tuvo tratamiento en el Senado. Este es un proyecto fundamental para desarrollar el sector, que ya contaba con empresas interesadas como la estatal malaya Petronas, que realizó un acuerdo con YPF en 2023. Vaca Muerta es la segunda reserva a nivel mundial de gas no convencional y posee recursos para cubrir 193 años de consumo interno. La Argentina tiene una oportunidad única: el gas se constituye como recurso clave para la transición energética por ser una energía más “limpia” que el carbón y el petróleo. Eso habilita la posibilidad –y la necesidad– de proyectar estrategias de extracción, transporte y exportación en la ventana de oportunidad de la transición. Parte de este recorrido se inició con la construcción del gasoducto NK, cuyo objetivo apunta a encaminar la problemática sobre la distribución del recurso: permitir el acceso a gas a zonas que aún no lo tienen, evitar la demanda de energía del exterior en época invernal y facilitar eventualmente la exportación.
Pero, a la par, para exportar por barco a gran escala se precisa no sólo la producción y el transporte, sino también licuar el gas y envasarlo. Para un proyecto de tal envergadura, se requiere una inversión inicial cercana a los 10.000 millones de dólares, tanto para la planta de licuefacción como para la infraestructura necesaria para el traslado del gas hasta la misma. El acuerdo YPF-Petronas encaminaba esta cuestión y estimaba, además, que el mismo le reportaría al país un ingreso de divisas por 15.000 millones de dólares anuales en exportaciones de gas.
El proyecto con media sanción era la norma que daba marco al acuerdo YPF-Petronas para la construcción de la planta, al igual que a otros acuerdos de ese tipo que permitieran la futura exportación. Una breve descripción de lo que está incluido en el proyecto:
Beneficios tributarios: reducción de impuesto a las ganancias, IVA y derechos de importación, sujeto a los casos en que el bien no se produzca a nivel local.
Derechos de exportación: alícuota móvil (que va del 0 al 8%) en función del precio internacional.
Disponibilidad de divisas: libre disponibilidad de hasta 50% (aplicado a deudas comerciales y financieras, giro de utilidades y dividendos y repatriación de inversión), garantizando 50% de liquidación en nuestro país.
Exportación con cargo previa oferta a ENARSA y CAMMESA en los meses de alto consumo.
Para acceder a estos beneficios, el proyecto exige determinadas condiciones orientadas a contribuir con el desarrollo local: en los primeros diez años, el 15% debe estar integrado por contenido nacional; en los siguientes diez años debe ser el 30% y en los últimos diez años de vigencia, el 50%. La proporción inicial y la progresividad garantizan el fomento al desarrollo de proveedores locales, dinamizando la economía y generando puestos de trabajo.
El proyecto no tiene prórroga de jurisdicción y contempla sanciones por incumplimientos.
La inscripción es por cinco años (prorrogable por un año adicional), lo que permite que no sólo se incluyan proyectos ya en cartera, sino que puedan ingresar más inversiones aún.
Como se puede identificar, la propuesta para lograr inversiones incluye concesiones. Es razonable debatir si los beneficios otorgados resultan excesivos o insuficientes para cumplir el objetivo. Esta es una discusión válida porque pretende poner en el centro al desarrollo de la Argentina. Lo que no resulta válido es hacer concesiones que no contemplan, bajo ningún aspecto, el retorno de beneficios al país y a su población.
Por cierto, el proyecto también da por tierra la acusación del peronismo como anti-empresa, siendo esto un estereotipo construido con fines políticos, ajeno a los hechos.
Resulta curioso revisar retrospectivamente la posición del actual oficialismo al proyecto de GNL: Milei votó en contra, mientras que el PRO y la UCR se abstuvieron. ¿RIGI? A favor.
Pero el verdadero escándalo protagonizado por Milei, es lo sucedido en relación a la empresa Petronas luego de asumir su gobierno. En enero, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron con Petronas. En esa reunión, la empresa le pidió la aprobación de la ley de GNL, que se había impulsado durante la gestión anterior y que tenía media sanción en el Congreso. Sin embargo, cuatro meses después, el actual presidente de YPF sostuvo que “sin RIGI no hay acuerdo con Petronas”. ¿Cómo puede ser esto posible? Si las concesiones impulsadas en la ley de GNL eran suficientes para impulsar el acuerdo, ¿cuál es la razón por la cual el gobierno ahora le otorga beneficios adicionales? ¿Quién se hace cargo de este desfalco?
Electromovilidad
El segundo de los ejes que la Argentina debe impulsar en un marco regulatorio para la promoción industrial es la electromovilidad, que otorga incentivos tributarios en dos órdenes: para que las terminales automotrices locales concreten proyectos de inversión en la materia y para promover la adquisición y uso de vehículos eléctricos. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), ADEFA, AFAC y ADIMRA impulsan un proyecto que cuenta con la exigencia del desarrollo de proveedores de la industria automotriz que garanticen la integración local, generación de empleo y fortalecimiento de capacidades productivas locales. El impulso al autopartismo local presenta oportunidades de desarrollo del resto de la cadena de valor de la industria, con sólidas capacidades ya instaladas.
Este régimen se enmarca en la transición hacia la electrificación del parque automotor como política de descarbonización del transporte, con avances ya concretados a nivel global. Esto se refleja en las estrategias de negocio de las empresas líderes de la industria, ante la expectativa de que las ventas anuales de vehículos eléctricos e híbridos alcance el 50% en los próximos años tanto en Europa como en China y Estados Unidos.
El proyecto establece un marco legal que promueve mayor utilización de alternativas de movilidad sustentable a través del fomento a la comercialización y desarrollo de vehículos eléctricos. Esto abarcaría todo tipo de transporte terrestre y de diversas tecnologías.
A su vez, se establecen metas de promoción de dos tipos: 1) adquisición y uso de vehículos (reducción de tributos como IVA e impuestos internos), 2) fortalecimiento de la industria nacional de electromovilidad (beneficios fiscales para fabricantes locales de vehículos y/o autopartes). La iniciativa supone el diseño de un plan estratégico nacional con metas de recambio y modernización de flota vehicular y de una red de recarga eléctrica en todo el país.
¿Cuál es el perfil del sector al que debe aspirar nuestro país? La experiencia brasileña tiene virtudes para rescatar. Está orientada a sostener la producción automotriz pero también el mercado de autopartes. El Programa Nacional de Movilidad Verde e Innovación (Mover) que lanzó Lula da Silva promueve beneficios a empresas que inviertan en investigación y desarrollo (I+D), medidas como créditos financieros para la reubicación de plantas industriales y beneficios en impuestos para exportaciones, a la par de exigencias sobre las emisiones de carbono. En el caso argentino, es imprescindible compatibilizar los incentivos con el desarrollo de la industria hidrocarburífera, planificando específicamente un mercado de vehículos híbridos, y con un Estado que planifique la infraestructura de la transición.
Si la Argentina no establece un marco regulatorio para las terminales, los autos híbridos se fabricarán en Brasil, siendo esto una amenaza concreta al sector y a los puestos de trabajo locales.
Carbonato de litio: cuota para el procesamiento local
La electromovilidad y el litio van de la mano. La Argentina, Bolivia y Chile conforman el “triángulo del litio”, que posee el 54% de los recursos mundiales del mineral.
El litio es un mineral clave para la transición energética, dado que permite la conservación de la energía. Las baterías de ion-litio poseen alta densidad energética y el mayor ratio carga/peso. Se estima que para el 2030 el 95% de la demanda a nivel mundial será traccionada por las baterías de ion-litio. De hecho, en 2022, las baterías representaron el 83% de la demanda de litio, desplazando los usos tradicionales (vidrios, cerámicas, grasas y otros). El destino final principal fue la electromovilidad (65% de la demanda total), acompañado por la demanda de baterías para conservación de energía estacionaria.
Este último mercado no sólo no debería ser descartado, sino que abre una oportunidad cautiva: dada la demanda del propio sector público, podría constituir un negocio muy rentable.
En lo referido a electromovilidad, de los países de la región con recursos de litio, la Argentina es el único que además posee desarrollo de la industria automotriz. Chile tiene litio, pero no industria automotriz; Brasil fabrica autos, pero no tiene (o tiene escaso) litio. Este diferencial es absolutamente trascendente.
El siguiente gráfico, elaborado durante el gobierno anterior, cruza dos datos interesantes: los proyectos de producción de baterías y las terminales automotrices en cada país.
Fuente: SAE.
De esto es posible extraer al menos dos conclusiones:
La potencialidad de la región, que cuenta con plantas de producción de autos pero sin proyectos firmes sobre baterías.
El riesgo de que, con el RIGI, la Argentina produzca y provea el carbonato de litio que Brasil convertirá en baterías y usará para los modelos de autos híbridos fabricados allí.
Para lograr subirse al tren, la Argentina debería escalar a lo largo de la cadena de valor del litio. El proceso de producción y comercialización del litio se integra de varias etapas, a saber: producción del carbonato de litio, producción de material activo, fabricación de celdas y, por último, fabricación de baterías.
El proyecto de ley que se impulsa desde el peronismo premia el agregado de valor. Incluye el establecimiento de una cuota de procesamiento local (que partiría de un 5% y crecería de manera gradual hasta un 15%) y un precio preferencial para la industrialización local del litio y sus compuestos, así como un régimen de promoción de la cadena de valor del litio y las baterías, que involucra beneficios tributarios y aduaneros y un esquema de regalías móviles en la medida que se incorporan etapas sucesivas de la producción.
Cabe destacar, por ejemplo, que el material activo (que tiene la misma fisonomía que el carbonato) supone un valor de mercado tres veces superior al del carbonato de litio, lo que generaría mayores recursos a la nación, a las provincias y, sobre todo, mayor generación de puestos de trabajo. Nuestro país puede aspirar a producir baterías para el mercado latinoamericano. ¿Quién producirá las baterías de los autos que en el futuro circulen por las calles argentinas? ¿Brasil?
El rumbo actual, sin embargo, es el opuesto. Un claro ejemplo de esta campaña de expoliación lo brinda la empresa Tesla. O, mejor dicho, su dueño Elon Musk. En el New York Times, los periodistas Ryan Mac, Jack Nicas y Alex Travelli escribieron La diplomacia de Elon Musk: alentar a líderes mundiales de derecha, después beneficiarse. Allí sostienen, sobre Musk, Milei y el RIGI:
"Días antes de la asunción de Milei en diciembre, hablaron directamente por primera vez y Musk preguntó sobre el litio de la Argentina. En los meses posteriores, Milei ha estado impulsando una legislación que haría mucho más atractiva la extracción del litio argentino para los inversores extranjeros. Su proyecto de ley, que le otorgaría amplios poderes de emergencia sobre la economía y la energía de la Argentina durante el próximo año, incluye un beneficio importante para Tesla: importantes incentivos para los inversores extranjeros en grandes proyectos, particularmente en minería. (...) Es probable que el proveedor de litio de Tesla califique. De ser así, el plan de Milei le daría a Tesla una estabilidad y previsibilidad inusuales en su acceso al litio en la Argentina hasta al menos 2054”.
La receta es la misma: Musk se asocia con líderes de derecha, les festeja propuestas en su red social y luego les pasa la factura, que consiste en ventajas inéditas para sus propias empresas. Así lo hizo ya en India, Brasil (con Bolsonaro) y ahora va por la Argentina con el RIGI. Más claro, echale agua.
Pero el negocio es aún más gravoso. En el Impact Report 2022 de Tesla se puede ver, al interior de la sección de “materiales prioritarios”, en la página 167 sobre litio, que Livent figura como proveedor de Tesla con el carbonato proveniente de la Argentina. Tesla ya pensaba invertir en la Argentina. Pero ahora, Milei mediante, lograría condiciones más ventajosas ¿Alguno puede creer que Musk está pensando en producir celdas en nuestro país? Que después nadie se haga el distraído.
Es prioritario que el país adopte un modelo productivo focalizado en la industria de bienes de capital, con un abordaje sustitutivo, que tenga jerarquía de ley. La importación de bienes de capital significa 11.000 millones de dólares anuales (explica el 15% de las importaciones totales), tal como se observa en el cuadro para el año 2023. A la inversa, su promoción genera los encadenamientos más virtuosos con el resto de las ramas industriales, siempre y cuando se incorpore tecnología. Según ADIMRA y las Cámaras que la integran, esta industria registra unos 300.000 trabajadores. Se trata precisamente del sector más amenazado por la apertura que el RIGI involucra.
Los bonos fiscales para la promoción de este sector se han aplicado en distintos momentos, con vaivenes dado el ciclo de la Argentina, siendo el primer decreto del año 2001. En 2018 y 2022 hubo nuevos cambios a la regulación de Bienes de Capital. La última resolución existente (151/2023, que reglamentó el Decreto 109/22) corresponde a la Secretaría de Industria y no ha podido ser ejecutada luego de la asunción de Milei. Es preciso otorgarle previsibilidad al sector, pero fundamentalmente diseñar una autoridad de aplicación con criterios y exigencias claras que se sostengan en el tiempo.
¿Cuáles son los incentivos? Se otorga un bono de crédito fiscal, que no puede superar el 10% de la facturación de la empresa, en base a los siguientes conceptos: impuesto a las ganancias (porcentaje según fórmula atada a facturación), investigación + desarrollo (80% de lo invertido con tope de 2,5% de la facturación de los bienes fabricados por cuenta propia en caso de MiPyMEs y hasta un 2% para el resto); exportaciones (60% de los reintegros en los productos comprendidos en determinadas posiciones arancelarias); cumplimiento de normas de calidad: 30% para MiPyME y 15% para el resto. Por último, se determinan detracciones de contribuciones patronales para pymes que tengan 60% de su facturación asociada a bienes de capital.
Incluso se creó pero nunca se implementó el Fondo para el Desarrollo y la Inversión en Manufactura Avanzada (FONDIMA), para financiar inversiones productivas relacionadas con la actividad que fomenta el régimen, siempre que sean innovadoras.
El proyecto de ley se ubica, en términos generales, en este sentido en materia de incentivos, detallando entre las exigencias: 1) incorporación de tecnología, 2) nuevos puestos de trabajo, 3) escalamiento exportador, 4) reparto de cupo de manera federal, 5) sanciones y suspensión de incentivos, y 6) determinación de autoridad de aplicación a cargo.
Propuestas complementarias
Estas propuestas no son las únicas que se impulsan. Adicionalmente, se mencionan las que siguen.
Insumos difundidos. Días atrás, en el Senado, José Tamborenea, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), explicó: “¿Por qué nosotros, que es algo que deberíamos hablar después, pagamos más de dos veces lo que vale el aluminio, la petroquímica, el acero? Esas cosas también hay que discutirlas. Entonces decimos: estas son las diferencias en condiciones igualitarias, pero las condiciones igualitarias son fácticas, porque es mentira. No es así. Porque nosotros pagamos muchísimo más caro todos los insumos de lo que cualquier importador lo hace en su país de origen”. Un modelo de país distinto implica impulsar un Instituto de Insumos Difundidos, algo que la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA) postuló en 2023 y que tiene hoy una hoja de ruta.
Simplificación tributaria y revisión de exenciones tributarias. También la simplificación tributaria es necesaria para facilitar a las pymes las gestiones impositivas. A la par, cabe poner en debate la famosa “separata tributaria”: impuestos no cobrados a empresas que, a esta altura, “han crecido” y pueden soportarlas sin efectos sobre su actividad. Con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas, se propone impulsar desde el Poder Legislativo un eje tributario: la revisión de toda una serie de exenciones y/o beneficios impositivos, cuya eliminación permitiría reducir el ajuste sobre el gasto que está llevando adelante el gobierno nacional. Entre ellos se proponen:
Eliminación de las alícuotas reducidas de IVA, con una lógica de unificación de bases imponibles, combinado con el impulso a la sanción definitiva de la ley de compre sin IVA para el caso de los productos de la canasta básica.
Eliminación de las detracciones vigentes de contribuciones patronales contempladas en la Ley 27.541 (0,19%), que establece un mínimo no imponible por trabajador, lo cual supone una reducción horizontal de la carga patronal (sin distinguir según tamaño de empresa, sectores o necesidades especiales).
Eliminación de la exención a los inmuebles rurales cuyo origen se encuentra en la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta, y que reviste una situación de inequidad para con quienes tienen en su patrimonio inmuebles urbanos.
Revisión de los regímenes de promoción económica. En particular, la Ley de Economía del Conocimiento. En abril de 2024, el Ministerio de Economía, a través de un pedido de acceso a la información pública, señaló que bajo este régimen “los montos totales de los beneficios fiscales otorgados durante el año 2023 (...) ascienden a $ 54.517 millones” y en él se incluyen 910 empresas tales como Accenture, Bagó, Laboratorios Richmond, MCafee, Mercado Libre o Pwc. Este régimen precisa acotar el universo de destinatarios para que sea un incentivo para estadios iniciales de desarrollo, y no para unicornios como Mercado Libre. Según la información presentada por la empresa ante la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos, la compañía recibió en el 2023 beneficios impositivos por 103 millones de dólares, desagregados en: beneficios tributarios, 42 millones de dólares; reducción de seguridad social, 67 millones, reducidos en 6 millones por el aporte al Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento.
Eliminación del diferimiento del ajuste por inflación impositivo en el impuesto a las ganancias.
Aprobación del proyecto de ley presentado en el Congreso por el diputado Marcelo Casaretto (expediente 3978-D-2023), en línea con el Pilar II de la Solución Global de la OCDE, de garantizar un impuesto mínimo del 15% sobre la ganancia contable de las grandes empresas.
Eficiencia de empresas públicas. En línea con este proceso de transparencia, es necesario avanzar en modificaciones en torno a los criterios de eficiencia de las empresas públicas. El único resultado relevante en la discusión de las privatizaciones pareciera ser el balance contable, es decir: el criterio excluyente es que la empresa no sea deficitaria. Por cierto, incluso empresas superavitarias fueron aprobadas con media sanción para su privatización, como mostramos hace unos meses desde CEPA, en el informe donde analizamos el rol de las principales empresas públicas que la ley Bases original que envió el Ejecutivo planeaba privatizar.
El primer mito a derribar es que las empresas públicas son todas deficitarias y que, por lo tanto, constituyen un despilfarro de recursos. El segundo elemento es entender que el impacto de estas empresas en el desarrollo nacional va más allá de su déficit o superávit. Hay que considerar otros criterios, siendo el más relevante las metas físicas ejecutadas y el impacto social, productivo y laboral de las mismas, en pos de su cuantificación. ¿Por qué miramos sólo el balance de una empresa como AySA y no miramos la cantidad de hogares que acceden al agua potable y a una red de cloacas a partir de la inversión de esta empresa? ¿Cómo armonizar el rol de la banca pública, especialmente el Banco Nación, en el financiamiento del sector productivo PyME con su resultado financiero? (por cierto, superavitario).
El Congreso, como poder del Estado que define el Presupuesto, precisa tener a disposición de manera trimestral un conjunto de indicadores inobjetables que, además de mostrar la situación financiera de las empresas, puedan mensurar “la foto completa”: los derechos que garantizan, el impacto de su actividad en otros sectores de la economía y, por lo tanto, en la vida de millones de argentinas y argentinos, cuánto recauda el Estado gracias a la empresa, entre otros. El proyecto implica una nueva política de transparencia activa de mandatos y objetivos de empresas públicas, junto con mecanismos para la evaluación de cumplimientos de metas incluso por la ciudadanía. No se trata sólo de que la información esté disponible sino de que sea inteligible por el conjunto de la sociedad y de manera fácilmente hallable.
Se trata de reforzar la publicación de información y ofrecerla a través de canales simples e inmediatos de comunicación, como podría ser un portal –abierto y digital– dedicado a empresas públicas. Actualmente, ni en la página de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros ni en el portal de datos (datos.gob.ar) aparece reunida y facilitada esa información.
En lo relativo a las participaciones minoritarias del Estado en empresas, es imperioso impulsar nuevamente la creación y funcionamiento de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales Minoritarias (ANPEE). La Agencia fue creada a finales 2015 a través de la ley 27.181, pero fue prontamente derogada en mayo de 2016. Ésta declaraba de interés público la protección de participaciones accionarias del Estado a través de las inversiones del FGS y prohibía “su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.
Las participaciones accionarias le otorgan al Estado el derecho y obligación de nombrar directores en múltiples empresas privadas. Lo que, a su vez, podría derivar en la participación de la gestión de aquellas, sin ostentar poder de decisión. La ley 27.181 intentó mejorar la eficiencia de la gestión estatal en esas participaciones, intentando compatibilizar intereses públicos y privados. Reponer ese espíritu resulta sumamente deseable en este contexto.
Finalmente, el escenario sin salida que el gobierno de Milei construye día a día tiene que ser combatido con firmeza. Primero, es falso que no hay salida: el camino que propone puede y debe frenarse. Segundo: hay un proyecto alternativo de país, está pensado y puede llevarse adelante.
