Luchar contra la corrupción, con los jueces que tenemos
Debate
Roberto Gargarella
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Para examinar el triángulo “justicia”, “corrupción” y “política”, comienzo con dos afirmaciones entre obvias y dogmáticas.
Primero, las ideologías no han “muerto,” sino que gozan de excelente salud, tal como se advierte en nuestros debates públicos cotidianos.
Segundo, en el ámbito jurídico tienden a predominar ideas más bien conservadoras, tal como se manifiesta en la disposición de los jueces a aplicar penas severas, o a desaplicar derechos sociales constitucionalmente consagrados.
Dicho esto, es necesario aclarar inmediatamente otras cosas, también vinculadas con el temario anunciado.
En primer lugar, el predominio conservador en el ámbito legal es compatible con la existencia de algunos abogados, jueces y fiscales moderados, otros muy reformistas y aún otros muy radicalizados.
Esto es decir, el campo legal no está dividido en dos territorios (el de la “derecha” y el de la “izquierda”).
En segundo lugar, el conservadurismo dominante en la justicia se distribuye todo a lo largo de la comunidad del derecho.
Esto es decir, no es cierto que la agrupación jurídica tal o cual reúna a todos los abogados o magistrados más progresistas; como no es verdad que esos dos hipotéticos campos (la izquierda y la derecha jurídicas) tengan algo que ver con grupos políticos específicos –en el caso de nuestro país, no es cierto que el gobierno anterior estuviera asociado al pensamiento jurídico de avanzada, como no es cierto que el nuevo gobierno esté asociado al pensamiento jurídico reaccionario.
Las cosas, nos gusten o no, vienen mucho más mezcladas.
En tercer lugar, las decisiones jurídicas más salientes en estos tiempos –en temas muy diversos pero de modo especial, en la actualidad, en los relacionados con la corrupción política- no se explican por razones ideológicas, como algunos se empeñan en señalarnos.
No es cierto, en tal sentido, que en nuestros días exista algo así como un “embate jurídico de la derecha” contra los gobiernos “nacional-populares”, o –en el caso de la Argentina- contra el gobierno anterior.
El factor “ideología” tiene muy poca fuerza explicativa frente a cuestiones semejantes.
Dada la importancia que ha adquirido el discurso citado –discurso según el cual “estamos frente a un embate jurídico de la derecha contra gobiernos de izquierda”- me gustaría, en lo que sigue, trazar algunas precisiones.
Antes que nada, y aunque no me detendré de este punto (del que me he ocupado en otros lados), simplemente negaría una de las principales premisas presentes en dicho discurso, conforme a la cual nos situamos, en la América Latina de los últimos años, ante gobiernos de izquierda, en todos o casi todos los casos.
(Lo cierto es que el actual gobierno de Brasil lleva adelante un plan de ajuste lapidario; el de Venezuela hambrea y reprime sin cuidado a buena parte de sus ciudadanos; el de Ecuador tiene, en materia de género, políticas más retrógradas que las del Vaticano; y el que tuvo la Argentina, como varios otros en la región, llevó los niveles de desigualdad económica a los que eran propios de los años 90, “neoliberales”).
Por lo demás, no es cierto que esos gobiernos “nacionales y populares” enfrenten –en su conjunto o mayoritariamente- el embate jurídico de “la derecha.”
En Ecuador, Bolivia o Venezuela, para tomar algunos casos salientes, el poder judicial tiende a trabajar junto y a favor de los gobiernos presentes: más que de “derecha” o de “izquierda”, se trata de jueces (lamentablemente) funcionales a los gobiernos de turno.
Entonces, de qué embate jurídico de la derecha se habla?
Finalmente, y lo que es más relevante para los propósitos de este texto, no es cierto que los jueces que, en nuestro país, toman decisiones que afectan al gobierno anterior, puedan ser identificados como provenientes de, alineados con, o funcionales a “la derecha.”
Por un lado, ciertos niveles descomunales o históricamente extraordinarios de corrupción –como los presentes en la Argentina de Kirchner o el Brasil de Lula- tornaron simplemente imposible la posibilidad de ocultarlos: pocas veces, en la contaminada historia de América Latina, los gobiernos se habían entremezclado tanto con el dinero robado.
En segundo lugar, la idea –defendida por algunos voceros del gobierno anterior- según la cual el embate contra la corrupción es “funcional a la derecha” resulta abominable, y debe ser desterrada de nuestro discurso público.
El hecho es que, el silencio cómplice habido, frente al saqueo predominante, asestó un golpe mortal a la dignidad del discurso de izquierda con que se florearon o disfrazaron gobiernos tales –ese silencio cómplice, si se quiere, es el que resultó “funcional a la derecha.”
Finalmente, los jueces y fiscales que hoy encabezan la persecución de los delitos de corrupción más graves no fueron, años atrás, los paladines de un movimiento idéntico. Quisiéramos disponer de magistrados principistas y comprometidos –lo ansiamos, lo necesitamos- pero no los tenemos. Éste es el pobre abanico moral con el que contamos, y es a partir de aquí desde donde debemos reincorporarnos.
Roberto Gargarella es abogado constitucionalista (UTDT)
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