EL CONTRATO SOCIAL Y
EL FUTURO DEL TRABAJO:
Desigualdad, seguridad
de los ingresos, relaciones laborales y dialogo social*
En esta nota se
discute sobre la función del contrato social entre el estado y otros actores
para definir las expectativas comunes en relación con la distribución de poder
y recursos a fin de lograr la justicia social, así como sobre el deterioro de
este contrato debido a la creciente desigualdad, los desafíos políticos para
renovarlo y otros cambios en el ámbito del trabajo. 1.
INTRODUCCIÓN: EL
CAMBIANTE MUNDO DEL TRABAJO Y SUS REPERCUSIONES EN EL CONTRATO SOCIAL
(Esta nota se basa en
los aportes de: Christina Behrendt, Isabel Ortiz, Emmanuel Julien, Youcef
Ghellab, Susan Hayter, y Florence Bonnet.)
En el mundo del
trabajo, el mercado, el estado y los ciudadanos interactúan continuamente y sus
relaciones evolucionan de manera constante.
A partir de este
proceso, generalmente surge un acuerdo social implícito que determina en gran
medida la relación entre los actores y establece las directrices para crear
instituciones económicas sociales y políticas.
Este acuerdo se llama
contrato social. Si bien este varía de acuerdo con cada país y con el
transcurso del tiempo, un contrato social se puede entender como un acuerdo
implícito que define la relación entre el gobierno y los ciudadanos, entre la
mano de obra y el capital, o entre los diferentes grupos de la población.
En esencia, un
contrato social refleja una comprensión común sobre cómo distribuir el poder y
los recursos para lograr la justicia social.
Esta dinámica supone
dimensiones tanto sustantivas como de procedimiento.
La dimensión
sustantiva del contrato social está relacionada con la forma en la que se
definen y priorizan los objetivos comunes en una sociedad, como la equidad, la
justicia, la libertad y la seguridad, y la dimensión de procedimiento se refiere
a las instituciones y procedimientos que se usan para configurar y legitimar
este entendimiento común.
2 Tanto la eficacia
como la importancia del contrato social dependen de cómo este se adapte a las
nuevas realidades económicas, sociales y políticas.
Cuando el trabajo pasa
por cambios radicales, surgen tensiones que ponen en riesgo el contrato social.
Por ejemplo, se teme
que en algunos lugares del mundo ya no haya consenso sobre la noción que se
tenía del contrato social después de la Segunda Guerra Mundial, basada en el
crecimiento económico, el empleo pleno y la seguridad social.
Al mismo tiempo, a
otros países les cuesta llegar a un contrato social estable ante la volatilidad
económica, los conflictos sociales y la poca confianza en los gobiernos e
instituciones.
Al igual que con la
relación de trabajo (véase la Nota Informativa N.° 3), este fenómeno varía de
acuerdo con cada país.
Desarrollar un
contrato social eficaz y sostenible que refleje las realidades cambiantes de un
determinado país sigue siendo un desafío común.
Por ello, no debería
causar asombro que, con el fin de lograr una globalización justa, la Comisión
Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización (2004, p.65) haya
organizado un “nuevo contrato social” que abarca:
a) el compromiso de
dialogo social para la formulación de políticas económicas y sociales,
b) el reconocimiento
de que el fomento de la mayor eficiencia y productividad debe estar equilibrado
con el derecho de los trabajadores a la seguridad y a la igualdad de
oportunidades y
c) el compromiso de
escoger el camino de la colaboración entre empleadores y trabajadores para
lograr beneficios de productividad, y rechazar el camino de la reducción de
costes y el recorte de plantillas.
El llamado de la
Comisión ha recibido una creciente aceptación en los últimos años,
principalmente en el contexto de la crisis económica mundial que duró una
década y de la rápida transformación del mundo del trabajo.
2. EL CONTRATO SOCIAL
BAJO CRECIENTE PRESIÓN
Los cambios en el
ámbito del trabajo presentan muchas oportunidades y desafíos para configurar el
contrato social en el siglo XXI.
El empleo es un
elemento estructural principal del contrato social, que define los derechos y
responsabilidades de los trabajadores y empleadores, trabajo y capital, lo que
determina en gran medida la distribución de recursos y de poder en una
sociedad.
Uno de los principales
desafíos del contrato social en el siglo XXI es el alto y, generalmente
creciente, nivel de desigualdad e inseguridad de salarios en muchos lugares del
mundo, a pesar del avance logrado para reducir la pobreza y el gran progreso
del desarrollo humano, incluidas menores tasas de mortalidad materna e
infantil, así como mayores niveles de educación (PNUD, 2015).
No obstante, se sigue
dejando de lado a las personas que viven en las formas más extremas de pobreza
(Ravallion, 2014), y la exclusión social, principalmente de los grupos
desfavorecidos, sigue siendo motivo de gran preocupación (ONU DAES, 2016).
Muchos trabajadores y
sus familias en todo el mundo pasan apuros debido a los ingresos bajos y
fluctuantes, las malas condiciones laborales y la falta de protección social, y
muchos siguen viviendo en la pobreza a pesar del arduo trabajo (OIT, 2016b).
Un factor causante de
esta situación es la exclusión económica que tiene su origen tanto en la baja
productividad como en las estructuras productivas subdesarrolladas, que tienden
a producir altos niveles de pobreza, informalidad y desigualdad.
En muchos lugares del
mundo, las aspiraciones de conseguir un trabajo decente de personas cada vez
más preparadas y calificadas se han visto frustradas debido a los altos niveles
de desempleo, subempleo e informalidad.
Además, la movilidad
social no ha ocurrido según lo prometido en décadas anteriores. En muchos
lugares del mundo, las generaciones más jóvenes ya no esperan lograr estándares
de vida más altos que sus padres, como solía ser. De hecho, los observadores
han advertido que la juventud de hoy podría volverse una “generación perdida”
cuyas aspiraciones de encontrar un trabajo decente se ven frustradas por la
constante recesión y crecimiento sin empleo (OIT, 2012; véase también la Nota
Informativa N.° 2).
Las desigualdades en
el acceso a la atención de salud, educación, capacitación y empleo impiden la
movilidad social ascendente y limitan el progreso económico y social.
Son varios los
factores que llevan a estas desigualdades, como el género, la discapacidad, las
disparidades rurales y urbanas y la migración (OIT, 2016a).
Al mismo tiempo, los
temores de una movilidad social descendente, incluso entre las personas de
clase media, están alimentados por los salarios reales estancados y una menor
seguridad de ingresos, e influyen significativamente en las percepciones de
igualdad y justicia social.
Estos avances suponen
desafíos importantes para el contrato social. Si bien los países adoptan
enfoques muy diferentes respecto a lo que consideran una distribución justa de
los recursos, en muchas sociedades algunos elementos son comunes.
Uno de ellos es la
función de la igualdad de oportunidades, que aborda el tema de cómo dotar a las
personas con las herramientas para triunfar independientemente de sus circunstancias,
cómo recompensarlos por sus méritos y en qué medida los que tienen más recursos
tienen la responsabilidad de compartirlos con los demás para lograr el progreso
general.
La alta desigualdad ha
sido últimamente objeto de debate mundial y quizá sea porque ha alcanzado un
nivel que amenaza los preceptos básicos del contrato social.
Además de generar
insatisfacción e inestabilidad política, la exclusión social y económica se
percibe cada vez más como perjudicial para el desarrollo, ya que deja de lado
un contingente importante de la población mundial.
Por consiguiente, es
absolutamente necesario que el contrato social se renueve.
¿Qué factores
debilitan el contrato social? ¿Qué factores llevan a estos desafíos para lograr
un contrato social estable?
Si bien hay un grupo
complejo de factores que definen el contrato social en las sociedades actuales,
algunos han tenido un impacto adverso particularmente fuerte en el contrato
social en sí.
Todos están
relacionados con cambios radicales en la demanda y oferta de mano de obra y en
la relación de trabajo.
La globalización y la
financiarización de la economía
Uno de los principales
desafíos que enfrenta el contrato social en el siglo XXI es la mayor
integración económica causada por la globalización de la economía.
Si bien la
globalización ha traído muchas oportunidades, también ha cambiado el equilibrio
entre la mano de obra y el capital, con una competencia mundial más intensa,
mayor inestabilidad macroeconómica y un aumento secular de la desigualdad de
ingresos (por ejemplo, Piketty, 2014).
La desregulación
acelerada de los mercados de productos y de trabajo desde los años noventa ha
llevado a este desarrollo, y hay una presión permanente para seguir en esta
dirección (FMI, 2016).
Cuando los mercados
financieros dominan la “economía real”, las ganancias de las actividades
económicas se centran cada vez más en unas cuantas manos, en lugar de
compartirse de manera más amplia (Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de
la Globalización, 2004; OIT, 2014a).
La financiarización de
la economía también está relacionada con una mayor inestabilidad de la economía
mundial. Las políticas de desregulación vigentes desde los años ochenta, y una
mayor dependencia de las economías en el sector financiero han contribuido en
gran medida con esta tendencia.
Cuando las actividades
económicas están estrechamente vinculadas a mayores niveles de apalancamiento
financiero, una crisis financiera puede volverse rápidamente una crisis
económica y social general, tal como lo demostraron las repercusiones de largo
plazo de la crisis de 2008.
Si bien hay cierta
re-regulación del sector bancario que asiste la operación de rescate del
gobierno, todavía hay desafíos importantes.
Sin embargo, los
recursos financieros asignados a las inversiones productivas que podrían llevar
a una mayor productividad y a la creación de nuevas oportunidades de trabajo no
son suficientes (véase la Nota Informativa N.° 5).
La tecnología y las
nuevas formas de trabajo
Los cambios
tecnológicos, como la creciente automatización y digitalización, podrían causar
un gran impacto transformador en el mundo del trabajo, que algunos consideran
una “Cuarta Revolución Industrial”
Algunos observadores
temen que estos cambios lleven a una lucha contra las máquinas (Race against
the Machine, Brynjolfsson y McAfee, 2015) o a un “futuro sin empleo” (Ford,
2015).
Otros resaltan las
capacidades adaptativas de las sociedades para reaccionar ante estos cambios y
las oportunidades que estos avances traen de generar trabajos más
significativos a partir de tareas peligrosas o aburridas.
Sin embargo, se teme
una creciente polarización de las sociedades del futuro, con un marcado aumento
del número de trabajadores y hogares con bajos ingresos que enfrentan niveles
incluso mayores de precariedad, una reducción de la clase media y el ascenso de
una minoría de personas cada vez más ricas en la cima de la escala de ingresos
(Degryse, 2016).
Sin embargo, la
digitalización y la automatización también permiten mejores oportunidades
económicas y mayor flexibilidad (Hill, 2015).
Por ejemplo, los
servicios mediante teléfonos celulares móviles ayudan a los productores
agrícolas de áreas remotas a verificar los precios de los cultivos y negociar
mejor la venta de su producción.
El teletrabajo, el
trabajo de colaboración horizontal por Internet y otras formas de trabajo a
distancia ofrecen nuevas oportunidades para que las personas se desempeñen en
un trabajo de manera más flexible, por ejemplo, personas con movilidad
restringida, padres con niños de corta edad u otros que cuidan a los miembros
de la familia.
Independientemente de
que la automatización y la digitalización beneficien o no a determinados grupos
de trabajadores, es probable que generen nuevas desigualdades.
Las “nuevas” formas de
empleo que están apareciendo en algunos lugares del mundo asociadas a la
automatización y la digitalización ponen en entredicho las responsabilidades y
derechos relacionados con una relación de trabajo (explícita o implícita)
(véase la Nota Informativa N.° 3).
Si bien el sistema de
las relaciones industriales se basa en la noción de que los empleadores son
responsables del bienestar de su fuerza de trabajo, en la economía de
“ocupaciones transitorias” o “por encargo”, tal responsabilidad no es
fácilmente asumida ni por los “compradores” de la mano de obra (los que
requieren los servicios) ni por los “organizadores” (plataformas) (Berg,
próximamente; De Stefano, 2016).
Actualmente, a muchos
países les cuesta determinar el estatus de estos trabajadores e implementar la
protección adecuada, debido a que los límites entre las leyes de trabajo y las
leyes comerciales no son claros.
Si bien estas “nuevas”
formas de empleo actualmente afectan a una minoría del empleo total, muchos
observadores esperan que estas aumenten exponencialmente en el futuro próximo.
Informalidad
En muchos lugares del
mundo, la alta desigualdad y pobreza, junto con los bajos niveles de seguridad
de ingresos, llevan a una prevalencia de ocupaciones informales y la resultante
falta de protección.
La economía informal
está caracterizada por un escaso desarrollo productivo, grandes déficits de
trabajo decente y una falta tanto de trabajo como de protección social para la
mayoría de los trabajadores, lo que da lugar a bajas remuneraciones y a un alto
nivel de inseguridad de los ingresos.
Las instituciones de
relaciones laborales actuales enfrentan dificultades para abordar estos
desafíos y encontrar nuevas maneras de considerar los intereses de los
trabajadores (Hayter, 2015a; Hyman, 2015; Sen y Lee, 2015)1.
La informalidad tiene
repercusiones de mayor alcance para el contrato social en una sociedad, ya que
es un síntoma de que la relación entre el estado y sus ciudadanos está
funcionando mal.
Un contrato social eficaz
requiere un balance justo entre derechos y obligaciones, una aplicación
equitativa y eficaz de la ley y mecanismos de cumplimiento de la ley adecuados,
así como mecanismos eficaces de rendición de cuentas.
Si los ciudadanos (y
actores económicos) no pueden confiar en que el estado les dará los servicios y
la protección que necesitan, si las leyes no se aplican de manera equitativa y
eficaz, si los marcos jurídicos e instituciones se perciben como disfuncionales
e ineficaces, si el sistema tributario no se reconoce como un mecanismo justo y
eficaz para financiar los bienes colectivos, el cumplimiento de los marcos
jurídicos seguirá siendo bajo.
Deterioro de las
instituciones del mercado laboral
El aumento de la
desigualdad y de la inseguridad de los ingresos ha estado asociado
principalmente a cambios en los patrones de empleo e ingresos, la persistente
situación de desempleo y subempleo (OIT, 2016c), así como a un declive
generalizado de la renta del trabajo (OIT, 2014a).
Los salarios reales se
han estancado en muchas partes del mundo y han quedado rezagados en relación
con el crecimiento de la productividad, las ganancias de las empresas y los
ingresos patrimoniales.
La naturaleza
cambiante del empleo y de las relaciones de trabajo, así como el debilitamiento
de las instituciones del mercado laboral, han contribuido con esta tendencia, y
se consideran uno de los factores determinantes de la mayor desigualdad e
inseguridad (Berg, 2015).
Las instituciones del
mercado laboral no solo enfrentan fuerzas externas, sino que muchos países no
se han podido adaptar a un contexto que cambia rápidamente.
Mantener a estas
instituciones a la par de las necesidades cambiantes de los trabajadores y
empleadores también es una responsabilidad “interna” de sus actores.
En este sentido, cobra
particular importancia la función de los sindicatos y de la negociación
colectiva (Hayter, 2015b).
Desde la crisis
financiera de 2008, la negociación colectiva se ha visto obstaculizada en
muchos países con un posterior declive duradero de las tasas de afiliación a
los sindicatos.
Se teme que estas
tendencias puedan acelerarse en el futuro con el aumento de la economía por
encargo y de otras formas “atípicas” de empleo (Degryse, 2016).
La mayor diversidad de
modalidades de trabajo, la transición hacia una gobernanza de las empresas
orientada al mercado o a los accionistas y la emergencia de redes mundiales de
producción presentan, en su conjunto, desafíos para las relaciones de trabajo y
la negociación colectiva.
Sin embargo, durante
la reciente crisis económica mundial, los países que apoyaban la negociación
colectiva inclusiva mediante una serie de medidas políticas pudieron aumentar
la cobertura de la negociación colectiva, principalmente para las pequeñas y
medianas empresas y para los migrantes y trabajadores en formas atípicas de
empleo (OIT, 2015).
Desafíos para las
políticas e instituciones nacionales que influyen en el contrato social
Todas las tendencias
discutidas previamente, que dan lugar a una creciente desigualdad y mayor
inseguridad de ingresos llevan a cuestionar los valores sociales sobre la
justicia y la equidad y, en última instancia, sobre el contrato social en sí.
La cohesión social
está en riesgo si los más ricos son quienes se quedan con las ganancias
económicas, y si la mayor parte de la sociedad no se beneficia del crecimiento
económico.
Actualmente, cada vez
se reconoce más que los altos niveles de desigualdad impiden un crecimiento
económico sostenible y socavan el potencial del desarrollo económico futuro
(Ostry et al. 2014; FMI, 2014; OCDE, 2012; OIT, 2014a; OIT, 2008).
Sin embargo, al
parecer todavía falta traducir este entendimiento a políticas concretas para abordar
la creciente desigualdad de forma efectiva, y establecer un contrato social
renovado.
Uno de los desafíos
para el contrato social es cómo fortalecer la representación de los diferentes
grupos de trabajadores y empleadores.
Por el lado de los trabajadores,
esto incluye el desafío de organizar la representación colectiva de los
trabajadores informales, así como de aquellos fuera de las relaciones de empleo
establecidas, y la necesidad de crear coaliciones de mayor alcance con
organizaciones que tengan intereses similares, tales como las cooperativas, los
grupos de usuarios, las asociaciones de comerciantes y otras organizaciones
constituidas por afiliación representativas de la sociedad civil.
Por el lado de los
empleadores, esto incluye el desafío de representar de manera eficaz los
intereses de las pequeñas y medianas empresas y fortalecer la relación entre
las empresas multinacionales y las organizaciones nacionales de empleadores.
El dialogo social será
eficaz en la medida en que se logre esta representación.
También existe un
amplio debate sobre la función de las empresas en la sociedad.
Hay grandes
expectativas sobre la función de las empresas en el crecimiento inclusivo y el
desarrollo sostenible, y al mismo tiempo surgen preguntas importantes sobre la
tensión entre los intereses de las empresas y los bienes públicos en las
alianzas público-privadas.
En este sentido, cada
vez se presta más atención a la función de la política pública para incentivar
a las empresas a contribuir de manera positiva con la sociedad.
Los cambios en el
mundo del trabajo también plantean otros retos importantes para las políticas
públicas.
Si bien la mayor
precariedad aumenta la necesidad de políticas redistributivas, las capacidades
fiscales han disminuido en muchas partes del mundo, en parte debido a una mayor
movilidad del capital y competencia fiscal.
A pesar de los
esfuerzos para enfrentar la competencia fiscal perniciosa, como la erosión de
la base tributaria y el traslado de beneficios (OCDE, 2013; OCDE, 2015;
Crivelli et al. 2015), la soberanía fiscal ha disminuido debido a la
globalización y las presiones financieras.
El espacio fiscal más
limitado y la competencia fiscal mundial limitan el alcance de maniobra de los
gobiernos para invertir en políticas redistributivas, incluida la provisión de
servicios públicos de calidad y transferencias.
Dado que estas son las
herramientas políticas clave que tienen los gobiernos para frenar la
desigualdad, el limitado espacio fiscal podría dar lugar a una mayor
desigualdad (véase la Nota Informativa N.° 5).
Los sistemas de
protección social son instrumentos clave para las políticas redistributivas,
junto con los sistemas fiscales.
De hecho, varios
países en desarrollo recientemente han ampliado sus sistemas de protección
social con el fin de reducir y prevenir la pobreza y abordar la desigualdad
(OIT, 2014b).
No obstante, algunas
reformas políticas recientes en varias economías adelantadas han frenado la
capacidad de los sistemas de protección social para abordar la desigualdad de
ingresos y asegurar la seguridad de los ingresos para la población en la
actualidad y en el futuro, principalmente en lo que respecta a las pensiones
(OIT, 2014b).
A pesar de que muchos
países han implementado medidas para adaptar los sistemas de protección social
a las cambiantes realidades en el mundo del trabajo, por ejemplo, mediante la
ampliación de la cobertura a ciertas categorías de trabajadores independientes,
estas no han llegado lo suficientemente lejos para asegurar la cobertura
universal ni los niveles de prestaciones adecuados.
Se requieren más
esfuerzos para asegurar que los mecanismos de protección social sigan siendo un
mecanismo indispensable de solidaridad social, con base en los principios de
agrupación de riesgos, así como de equidad tanto en el financiamiento (a partir
de las capacidades contributivas) como en las prestaciones (según la
necesidad).
La capacidad que
desarrollen los países para proveer empleo y protección social adecuados a los
trabajadores en las diferentes formas de empleo definirá si estarán preparados
para enfrentar el futuro del trabajo.
Solo así los
trabajadores podrán aprovechar las oportunidades económicas, incluidas las que
ofrecen la digitalización y la automatización.
Es fundamental
asegurar la protección social para los trabajadores en las formas de empleo
nuevas y antiguas, caracterizadas por la alta vulnerabilidad, la volatilidad y
la exposición a diferentes riesgos.
Algunos países ya han
implementado mecanismos para asegurar la protección social de los trabajadores
no asalariados y vulnerables, incluidos los que tienen múltiples empleadores
(Hill, 2015), los que trabajan por cuenta propia y los emprendedores
independientes (OIT, 2014b; Comisión Europea, 2014), así como los que están en
un empleo por cuenta propia encubierto (Eichhorst et al. 2013).
Estos pueden ofrecer
valiosas lecciones para adaptar los sistemas de protección social a las
necesidades de los trabajadores.
Temas clave para
lograr un contrato social renovado para el siglo XXI
Es probable que las
tendencias descritas afecten la base del contrato social sobre la que se ha
construido y se construirá la estabilidad de las sociedades.
Los mayores niveles de
desigualdad, inseguridad, inestabilidad e informalidad prácticamente han puesto
en entredicho el contrato social a inicios del siglo XXI.
De hecho, estos temas
ya se están discutiendo de diferentes maneras: cómo pueden los países
desarrollar un nuevo “compromiso social que beneficie tanto a los empleadores
como a los trabajadores” (Gobierno de Alemania, 2015); “un nuevo acuerdo social
que permita enfrentar los desafíos del siglo XXI” (New Economics Foundation,
2015); un “pacto social 2.0” (Perez, 2015).
Cada una de estas
formulaciones refleja la importancia de renovar el contrato social. Con base en
las discusiones actuales, se pueden realizar debates más exhaustivos a partir
de las siguientes preguntas generales: <
¿Cómo podemos asegurar
que el contrato social considere a los grupos más vulnerables en la sociedad, y
que involucre a todos los actores, incluidos los que operan en diferentes
países (sector financiero, empresas multinacionales)? <
¿Cómo puede la OIT, en
calidad de “parlamento mundial del trabajo” contribuir para mejorar los
contratos sociales y fortalecer la justicia social en el mundo en el marco de
la Agenda de Desarrollo 2030?
Dentro de estas
interrogantes, se pueden discutir otros temas más específicos, como son:
< Cómo adaptarse a los cambios en
la organización de la actividad económica y lograr mejores resultados:
¿cómo refleja el
contrato social los cambios en la organización del trabajo y en las formas de
empleo, así como las funciones cambiantes del trabajo (tanto remunerado como no
remunerado) en una sociedad?
¿Cómo puede un
contrato social renovado evitar una competencia perniciosa hacia niveles
mínimos en el contexto de la globalización y la financiarización?
¿Cómo se pueden redefinir
los sistemas fiscales para asegurar que los ingresos fiscales beneficien a los
países y comunidades donde operan y se generan sus ganancias?
¿Qué estructuras de
gobernanza empresarial permiten compartir las ganancias entre la alta gerencia
y los trabajadores y entre la empresa y las comunidades donde se opera?
< Cómo abordar las
desigualdades y asegurar una distribución justa de los recursos:
¿Qué políticas se
requieren para promover sociedades más equitativas, con mercados más estables y
más justos y una distribución más justa de los recursos?
¿Cómo pueden tales
políticas contribuir con el fortalecimiento y renovación del contrato social?
¿Cómo se pueden
adaptar los marcos jurídicos y otras formas de reglamentación a los contextos
cambiantes, y asegurar tanto la seguridad como la flexibilidad?
¿Cómo se pueden
implementar políticas públicas de manera más eficaz y cómo se puede asegurar el
espacio fiscal necesario mediante sistemas fiscales eficaces y equitativos?
¿Cómo se puede
asegurar el financiamiento equitativo y sostenible de la protección social y de
otras políticas para reducir la desigualdad?
¿Cómo se pueden
fortalecer la cohesión social y los intereses colectivos ante las presiones
para individualizar los riesgos?
< Cómo mejorar los
marcos institucionales para fortalecer la representación y la participación:
¿Qué se necesita para
lograrlo en los planos empresarial, sectorial y nacional?
¿Cómo se puede adaptar
el dialogo social a las nuevas tendencias?
¿Cuáles son las nuevas
formas de organización y de representación que están surgiendo, incluidas
aquellas entre los trabajadores que se desempeñan en el marco de la economía
informal y formas atípicas de empleo, y qué repercusiones tienen en el
funcionamiento de los canales institucionales del diálogo social?
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