A continuación compartimos un
fragmento del prólogo.
¿Por qué sí el Ingreso Básico
Universal y por qué no su exclusividad? (Fragmento del prólogo)
Se entiende por Renta Básica Universal (RBU) al paradigma que
incorpora en los esquemas de protección social el derecho a un ingreso
incondicional a todas las personas sin restricciones.
También se lo conoce como Ingreso Ciudadano (IC) para señalar
que la condición de ciudadanía es suficiente para acceder al mismo.
En nuestra propuesta (IPyPP-CTA-A) la RBU se compone de tres
instrumentos según franjas etarias de la población: la asignación universal por
hijo para la población menor de 18 años, un Ingreso Básico Universal (IBU) para
la población entre 18 y 65 años y un haber mínimo garantizado para la población
de 65 años y más.
Nuestro país ha realizado avances importantes en los grupos de
los más jóvenes y de los adultos mayores pero mantiene pendiente la conformación
de una red de ingresos que pueda proteger a la población en edades centrales.
Un ingreso básico universal, que no requiera una contrapartida
de empleo en el caso de la población en edades centrales, es la única manera de
hacer efectivo el derecho a la existencia en economías monetarias como las
contemporáneas.
Actualmente ese derecho está intermediado por los requerimientos
de mano de obra que dependen de las demandas del capital, o por las
posibilidades presupuestarias del sector público.
De esta manera el empleo se vuelve una variable dependiente de
la rentabilidad empresarial con lo cual el quantum de la disponibilidad de
inserciones laborales no es otra cosa que el empleo “rentable” para el esquema
de negocios.
Si a ello le sumamos el desarrollo exponencial de las fuerzas
productivas derivadas de las tecnologías del nuevo siglo, gestionadas bajo el
paradigma de ahorro de mano de obra vigente, el destino ineludible es a la
racionalización de los puestos de trabajo y la consiguiente amenaza a los modos
vivibles de la existencia humana.
Por otra parte, se produce una paradoja. A la menor
disponibilidad de la forma salarial del empleo se le opone una multiplicación
de formas de manifestación del trabajo vivo en la producción de riqueza social,
e incluso en la producción mercantil concebidas a raíz de las nuevas técnicas
de captura de valor en el capitalismo.
Lejos de que se concrete el «fin del trabajo» como lo afirma
Rifkin (1995)1 en su famoso libro, lo que aparece con la crisis
de la sociedad salarial, es una cartografía fuertemente variada y heterogénea
de prácticas y actividades humanas que sostienen a la vida y al sistema
económico.
En concreto, el conjunto de actividades que se vinculan con
formas de trabajo autónomo y de autogestión, que asume realidades variadas,
pero que en general se sitúan en actividades que satisfacen aspectos de la
reproducción social que el esquema de negocios no atiende debidamente (como el
reciclaje urbano, la venta ambulante, la producción casera de alimentos, reparaciones
diversas, etc.).
Asimismo, en contextos de fuerte deterioro de las redes públicas
de protección y de escasas oportunidades de empleos, se intensifican las tareas
de cuidado y derraman por sobre los confines del hogar promoviendo estrategias
comunitarias y colaborativas (por ejemplo, comedores y merenderos comunitarios;
servicios de salud en barrios populares).
Se abre también, conforme al avance de la digitalización en la
comunicación, otro conjunto de actividades pero también con estrecha
vinculación con un aspecto específico de reproducción social,’ que consiste en
la producción social de información y conocimiento acumulado en
infraestructuras digitales.
Todo un conjunto amplio y diverso de trabajo humano que
participa de distintos modos en la formación de la tasa de ganancia de la
economía y que por ejemplo, en el caso particular de las actividades que tienen
lugar en el ámbito de la economía de plataformas digitales, el oligopolio de la
industria de datos sabe traducirlas en valores mercantiles y renta tecnológica
sin contrapartida retributiva.
Así como la posibilidad de acceder a un salario queda asociada a
una contrapartida laboral bajo el imperio de la moral del trabajo
(esfuerzo-recompensa), lo cierto es que nunca el monto salarial tuvo que ver con
la contribución individual de cada cual al proceso productivo.
Ello, que siempre fue así, hoy lo es más que nunca, ya que
asistimos a una etapa en la cual el conocimiento y los atributos humanos
(relacionales, lingüísticos, etc.) puestos al servicio de la producción son
efectos de la inteligencia colectiva de una comunidad.
La cooperación social en la cual se pone en movimiento la
dimensión cognitiva y humana del trabajo desborda, así, los tiempos de la
jornada laboral entendida convencionalmente pero multiplica la productividad de
quienes se ven inscriptos, voluntaria o involuntariamente, en procesos de
valorización de capital.
En definitiva, la asimetría de las retribuciones al trabajo
desconoce que detrás del aporte individual existe un creciente soporte social,
y en la medida que esa contribución no sea reconocida, la consecuencia será
continuar alimentando las distintas formas que asume la renta (tecnológica,
financiera, etc.).
Para ponerlo en términos más sencillos: el ingreso básico
universal que aquí se propone es la contrapartida retributiva de carácter
social a trabajos múltiples y actividades humanas socialmente útiles que ya se
realizan pero que no son debidamente reconocidas.
Sin embargo, existen también razones que nos llevan a
identificar algunos límites que una propuesta de estas características tiene en
contextos específicos.
En primer lugar, hay que tener presente que un ingreso
incondicionado es un instrumento de transición hacia un modelo alternativo y no
un fin en sí mismo, con lo cual una de las advertencias nodales para
inscribirlo en economías sometidas a la injerencia prolongada de políticas
neoliberales que desguazaron los sistemas de seguridad social, es evitar que se
transforme en un medio para profundizar la mercantilización de cada vez más
aspectos de la vida.
En este sentido, la interacción de un ingreso garantizado con la
restauración de las instituciones que proveen bienestar como el sistema de
salud, educación, vivienda, cuidados, entre otros, es fundamental para no
tergiversar el horizonte transformador que le asignamos.
Por otra parte, la implementación plena de este instrumento, es
decir, un ingreso universal que se pague a todas las personas ciudadanas de un
país, requiere de una estrategia temporal que coordine de manera muy precisa la
modificación de los esquemas tributarios.
No por razones de financiamiento sino por motivos
específicamente redistributivos ya que la sustitución de los actuales programas
de transferencias de ingresos condicionados (o planes sociales) por un ingreso
universal, produciría un efecto neto que implicaría una mayor inyección
relativa de dinero en las capas medias y altas de la población.
Asimismo, la línea de indiferencia que requiere esta
alternativa, esto es que el Estado tenga la capacidad de recuperar vía impuesto
a la renta sobre los estratos de mayor poder adquisitivo lo transferido, se ve
seriamente opacado en el marco de un sistema tributario local que sólo captura
entre el 8% y el 9% de la renta de las personas físicas que pertenecen al decil
más rico y cuya evasión equivale al 20% de la recaudación tributaria total.
En este sentido, una implementación en etapas que vigile el
espíritu redistributivo requiere de una alternativa para mejorar los ingresos
del conjunto de los hogares y completar, en un dispositivo integrado, una red
universal de ingresos efectiva de manera inmediata por alguna de ambas vías.
Porque, por otra parte, así como la inserción en el mercado de
trabajo es extorsiva toda vez que sea la única vía para acceder a un ingreso
que asegure la existencia, ejercer la opción por un empleo que satisfaga además
otros deseos, aspiraciones y necesidades humanas es atendible, más aún, cuando
el status de las opciones laborales disponibles en el mercado de trabajo actual
está tan devaluado.
¿Por qué sí garantizar empleo por la
vía de un Salario Social de Empleo y Formación y por qué no su exclusividad?
Son tres las razones fundamentales a favor de la creación de un
programa de empleo garantizado que contenga la posibilidad de acceder a un Salario
Social de Empleo y Formación: la reconstrucción de bienes y servicios sociales
para el bienestar, la creación de un nuevo actor en la producción y la fijación
de un efectivo piso salarial en el mercado laboral.
Respecto a la primera razón debe considerarse que la persistente
crisis que atraviesan las grandes áreas del Estado Social, especialmente la
relativa a la producción de bienes y servicios públicos de consumo universal
como la salud, la educación, la infraestructura social, la red de cuidados, entre
otros, puede revertirse con una política pública dirigida.
El punto central es poder orientar los esfuerzos para reunir la
diversidad de actividades que se vienen realizando en algunas de las áreas
sociales, desde los distintos niveles del sector público incluyendo lo
realizado por las organizaciones sociales que auto-gestionan su trabajo, para
multiplicar el alcance, coordinar las tareas en función de un mapa de
necesidades objetivo a través de la conformación de un Área de Economía Pública
y Social (AEPS) de administración y gestión participativa (no exclusivamente
estatal).
Esta es la vía que permite reponer las garantías sociales
socavadas durante décadas a la población que para sostener o reforzar el acceso
universal y des-mercantilizado no pueden atenderse mediante transferencias de
ingresos a la población.
Forman parte de aspectos fundamentales de la pobreza
multidimensional y colabora en quebrar la reproducción intergeneracional de
ésta.
Por otro lado, y pasando al segundo aspecto, la creación del AEPS
significa la fundación de un nuevo sujeto económico, que no pertenece ni a la
esfera exclusivamente estatal ni al sector privado, ya que se conformaría con
la participación de actores de la Economía Social y Popular (unidades
asociativas y auto-gestionadas, el movimiento cooperativo, empresas
recuperadas, etc.), las pymes, el Estado y los/as trabajadores/as
involucrados/as con el objetivo de actuar como motor de desarrollo de las
inversiones sociales necesarias al tiempo que brinda oportunidades de integración
a la fuerza de trabajo en procesos de producción, trabajo y formación
definidos.
Ello supone la rediscusión del proceso de inversión y de una
cuota nada menor del excedente económico local que confronta abiertamente con
el uso dominantemente internacionalizado del capital concentrado.
Requiere de la incorporación de instrumentos tributarios que
permitan captar parte de la renta nacional, así como también la creación
monetaria que será realizada.-
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