Los abogados defienden al fuero laboral
El CPACF emitió un fuerte comunicado en contra de los discursos que atribuyen la caída del empleo a la "industria del juicio". La entidad aseguró que dichas expresiones estigmatizan a los profesionales del derecho y desvían la atención de las verdaderas carencias estructurales. Las cifras de las causas iniciadas en los últimos años.
En medio de discursos que responsabilizan a la Justicia del Trabajo por la falta de empleo y que buscan reforzar el mito de la “industria del juicio”, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), publicó un comunicado que desmiente categóricamente estas afirmaciones.
Firmado por el presidente de la institución, Ricardo Gil Lavedra, el aseguró comunicado que estos señalamientos se basan en “datos parciales o lisa y llanamente falsos” que estigmatizan a los profesionales del derecho y desvían la atención de las verdaderas carencias estructurales del mundo laboral.
Atribuir los problemas económicos a los derechos laborales oa su defensa judicial es, según el CPACF, “profundamente regresivo”.
Gil Lavedra defendió el papel de los tribunales especializados, subrayando que “son una garantía de tutela efectiva de los derechos en el contexto de una relación naturalmente desigual como lo es la relación de dependencia”.
En este sentido, destacó que “el Derecho del Trabajo y el fuero laboral fueron instituidos por el legislador y sus normas son aplicadas por el Poder Judicial conforme a principios constitucionales, precisamente para equilibrar esa disparidad y proteger tanto al trabajador como al empleadores dentro del estado de derecho”.
Litigiosidad laboral: ¿Existe la industria del juicio?
El comunicado del CPACF aporta datos concretos en procura de desmontar la idea de una “industria del juicio” masiva. Tal es así que entre 2014 y 2023, la Justicia Nacional del Trabajo, con competencia en la Ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires, dictó unas 257.000 sentencias definitivas, lo que equivale a unas 25.700 por año.
“Si se compara este número con la población ocupada en el Área Metropolitana de Buenos Aires, estimada en alrededor de 5 millones de personas, la cantidad de sentencias representa apenas el 0,5 por ciento anual de la fuerza laboral”, afirmó Gil Lavedra.
Durante el primer trimestre de 2024, se dictaron 12.819 sentencias, apenas por encima de las 12.458 del mismo período en 2023. “La litigiosidad se mantiene en rangos constantes, aún en contextos difíciles, con marcada caída de empleo, aumento del subempleo y clandestinidad laboral, o deterioro de la calidad del empleo”, señaló el presidente del CPACF.
Asimismo, los informes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo muestran que los niveles de litigiosidad se mantienen estables. En marzo de 2024, se dictaron 3.542 sentencias definitivas (aproximadamente 118 por día), frente a las 3.381 de marzo de 2023, reflejando variaciones moderadas.
Durante el primer trimestre de 2024, se dictaron 12.819 sentencias, apenas por encima de las 12.458 del mismo período en 2023. “La litigiosidad se mantiene en rangos constantes, aún en contextos difíciles, con marcada caída de empleo, aumento del subempleo y clandestinidad laboral, o deterioro de la calidad del empleo”, señaló el presidente del CPACF.
La vía judicial como excepción, no como regla
El comunicado enfatiza que la mayoría de los conflictos laborales no llegan a los tribunales. “La vía judicial resulta ser la excepción y no la regla en la conflictividad laboral”, indica el texto, destacando que la mayor parte de los reclamos se resuelve por canales administrativos, negociaciones o instancias de conciliación.
Los casos que se judicializan suelen involucrar conflictos graves o incumplimientos que no encontraron solución extrajudicial, lo que desmiente la existencia de una “cultura del pleito”.
En cuanto a los reclamos por accidentes laborales, el CPACF aclara que “casi la totalidad de los reclamos judiciales por infortunios laborales se dirigen contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y no contra los trabajadores directamente”.
Gil Lavedra explicó que “esto significa que, ante un accidente, la empresa empleadora no se enfrenta por sí sola el peso indemnizatorio del juicio, ya que para eso existe el seguro”.
En 2023, se iniciaron 117.770 juicios por accidentes laborales, lo que representa poco más del 1% de los trabajadores registrados y asegurados, una cifra que no se aparta de los promedios históricos.
El CPACF también puso el foco en las demoras judiciales, un aspecto que distorsiona el cálculo de las reparaciones en un contexto de inestabilidad económica.
“La demora en los juicios laborales resulta excesiva e irrazonable”, afirmó Gil Lavedra, quien aclaró que “no es responsabilidad ni de los abogados y abogadas ni de los jueces y juezas, sino de las autoridades políticas que tienen las potestades de dictar las normas necesarias para un procedimiento más ágil y accesible, y de cubrir las vacantes que hay en la Justicia del Trabajo”.
Atribuir los problemas económicos a los derechos laborales oa su defensa judicial es, según el CPACF, “profundamente regresivo”.
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