LA POLÍTICA FISCAL
COMO REDUCTORA DE LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA
La forma en que se
recauda puede hacer que paguen más los que más tienen, consiguiendo así reducir
la desigualdad del ingreso o riqueza que se produce en el mercado de trabajo o
por una desigual acumulación de activos.
Cuando los que más
tienen más pagan con respecto a su renta, se habla de equidad vertical, de
políticas tributarias progresivas y, cuando ocurre al revés, son regresivas.
Asimismo, la
tributación también puede incentivar políticas positivas para la reducción de
la desigualdad, como la contratación de mano de obra femenina, así como
desincentivar prácticas negativas para la sociedad, como la producción
irrespetuosa con el medio ambiente.
RECAUDAR LO
NECESARIO PARA FINANCIAR POLÍTICAS PÚBLICAS –
Alterar la
distribución del ingreso.
Incentivar prácticas
que luchen contra las desigualdades sociales estructurales (por razones de
género, edad, raza, lugar y tipo de trabajo, etc.)
Financiar políticas
públicas que aumenten las capacidades de las personas garantizando servicios
básicos universales.
Financiar políticas
públicas que ayuden a nivelar desigualdades estructurales entre o intra grupos
o sectores específicos de población (mujeres, población negra, indígena,
población en zonas rurales, jóvenes, etc.)
También es
importante que la política fiscal asegure la equidad horizontal.
Es decir, que los
que tienen condiciones similares aporten de forma parecida y obtengan servicios
públicos similares.
Por ejemplo,
personas con iguales condiciones e ingresos deberían aportar de forma parecida.
Esto no ocurre así en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, si los ingresos
provienen del trabajo asalariado, éstos tributarán más que si vienen del
capital.
Cuando el Estado
invierte, puede priorizar políticas públicas que garanticen y amplíen de forma
progresiva los derechos de las personas, a través de políticas sociales que
aseguren servicios públicos universales y de calidad, así como también puede
desarrollar políticas que reduzcan desigualdades que afectan a grupos
específicos.
Por lo general, para
lograr más impacto, es ideal que la política fiscal se articule con otras
políticas como las de trabajo, la política industrial o productiva, así como
con las políticas sociales.
Una política fiscal
que aumenta la pobreza
Varios estudios
realizados prueban que la política fiscal en América Latina y el Caribe, es una
política desaprovechada para reducir la desigualdad y la pobreza. Incluso, a
veces llega a aumentarlas.
Según CEPAL,
mientras en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), mecanismos como las transferencias directas en efectivo, el
impuesto sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social reducen la
desigualdad de ingresos de mercado un 36%; en la región solo se reducen un 6%.
Es decir, mientras
las desigualdades de ingresos que produce el mercado son similares entre el
grupo de países la OCDE y los de América Latina y el Caribe, después de aplicar
instrumentos de política fiscal en la OCDE, la desigualdad de ingreso se sitúa
entre las más bajas del mundo.
Por el contrario, en
ALC estas medidas mantienen a la región como la más desigual del mundo y 11 de
sus países se encuentran entre los 20 más inequitativos del planeta.
Los estudios de Nora
Lustig nos muestran el efecto neto sobre la reducción de la desigualdad de los
diversos instrumentos de política fiscal, tanto por el lado de los impuestos
como por el gasto.
Estos estudios
diferencian entre los impuestos directos e indirectos, las contribuciones a la
seguridad social, los subsidios indirectos, las transferencias directas, el
gasto en educación y salud y copagos o tarifas.
Según Lustig,
alrededor del 2011, la desigualdad de ingresos se reduce en apenas un 8% en
promedio después de que el Estado recauda sus impuestos y desarrolla sus
políticas con los fondos recaudados en los países de América Latina y el
Caribe.
Los países donde más
se reduce la desigualdad, gracias al efecto de los impuestos y el gasto público
combinados, son Argentina, Uruguay, Brasil y Costa Rica. Mientras que entre los
países donde menos impacto tiene dicha política, sobresalen Honduras, Guatemala,
Perú y el Salvador.
En todos los países,
los rubros que mayor impacto tienen en la reducción de la desigualdad son el
gasto en educación y salud (5% promedio), seguido de los impuestos y
transferencias directas (2.7% promedio). En tanto que el efecto de los
impuestos y subsidios indirectos es casi nulo (0.3% promedio). Incluso, en
cuatro países (Argentina, Uruguay, Bolivia y Guatemala) éstos aumentan la
desigualdad.
Asimismo, es
esencial ver también el impacto de la política fiscal no solo en la desigualdad
de ingreso, sino también en la pobreza monetaria.
Alrededor de 2011,
en seis países de la región (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia, República
Dominicana y El Salvador), la política fiscal desarrollada por el gobierno
incrementaba la pobreza.
Es decir, tras la
recaudación de impuestos y la ejecución del gasto público, se aumentaba el
número de personas que tenía un ingreso inferior a 4 dólares PPA diarios.
En promedio, la
pobreza en la región se reducía tan solo un 10% tras el efecto neto de la
política fiscal. La principal causa del impacto negativo o reducido de la
política fiscal en la pobreza fueron los impuestos y subsidios indirectos que,
en todos los países, salvo Ecuador, Panamá y Colombia, aumentaron la pobreza.
Es intolerable que
desde el Estado se impulsen políticas que puedan tener el efecto de aumentar la
pobreza de algunos sectores.
Los Estados tienen
la obligación constitucional de desarrollar políticas que garanticen iguales
derechos a toda la población y, por supuesto, deben evitar que sus acciones
puedan tener efectos negativos, mucho más si éstos no son compensados por otras
políticas.
Solo un Estado
capturado por los intereses de ciertas élites puede impulsar políticas fiscales
que aumentan la pobreza.
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