Este fallo resuelve la discriminación creada contra de los
jubilados por la ley de solidaridad previsional, al permitir un recurso de
apelación ordinario ante la CSJN., por casos vinculados a jubilaciones, con lo
que se demoraba in eternum el cobro de estos créditos alimentarios-urgentes.-
Esto viola el derecho a la necesidad de simplificar y de poner
límites temporales a la decisión final en las controversias de índole
previsional respetando así los principios que resultan de convenciones
internacionales y que hoy tienen reconocimiento constitucional [Convención
Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 y Corte Interamericana].-
El fallo también nos indica que, la afectación en el cobro
oportuno de créditos de la naturaleza previsional, que podríamos calificar como
alimentarios-urgentes, debe ser evaluada, también, a la luz del principio de
igualdad, que es manifiestamente violado, atento a que otros acreedores, con créditos
de naturaleza no tan urgente tienen un trato diferente y no tan peyorativo como
el de nuestros jubilados.-
Dadas las especiales características del crédito, no sólo afecta
su derecho constitucional de propiedad sino su propio derecho a la vida, a la
salud y a la dignidad propia de ésta como atributo de la persona.
Las consecuencias de esta discriminación se agravan por
encontrarse en el ocaso de sus vidas quienes la padecen sumándose a la pérdida
de condiciones dignas de vida resultantes de la demora en el pago de créditos
legítimos, que suelen llevar a casos extremos de depresión y suicidio.-
La norma declarada inconstitucional pór el fallo (art. 19
de la ley 24.463) viola el principio de igualdad consagrado en el artículo
constitucional 16 y completado por el constituyente reformador de 1994 mediante
la nueva disposición del art. 75 inc. 23, ya que ha creado un procedimiento que
en los hechos carga a un sector ostensiblemente discriminado, procedimiento que
es manifiestamente contrario al art. 25 de la convención, que establece
el derecho de toda persona a contar con un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes contra
actos que violen sus derechos fundamentales y aun cuando tales actos provengan
de personas que actúan en ejercicio de funciones oficiales, que no basta con la
existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces, es decir
deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos.
A su vez, el art. 2° de la convención, según el criterio de la
Corte Interamericana, impone el deber de tomar medidas en dos vertientes.
Por una parte, la supresión de normas y prácticas de cualquier
naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la convención.
Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de
prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.
Cuando no se cumple con lo señalado en el párrafo que antecede
se compromete la responsabilidad internacional del Estado, cualquiera sea el
poder de la república que no cumpla.-
Que todos los individuos tienen derechos fundamentales con un
contenido mínimo para que puedan desplegar plenamente su valor eminente como
agentes morales autónomos, que constituyen la base de la dignidad humana, y que
esta Corte debe proteger.
Pero la calificación constitucional de los ancianos como un
grupo particularmente vulnerable, incorpora una regla hermenéutica que no se
compadece con la introducción de diferencias que, lejos de protegerlos,
desmejoran su posición jurídica siendo que muy por el contrario se les debe una
discriminación positiva, y no peyorativa como la que fija la norma declarada
inconstitucional.-
Los ancianos con esta norma son personas excluidas del
ejercicio de su derecho de propiedad, exclusión agravada, porque sólo se
funda en la calidad jubilados de estos.-
La discriminación también se da dentro de la categoría de los
derechos vinculados al acceso a la justicia, ya que se ha admitido la necesidad
de reconocer límites temporales a la decisión final de las controversias de
índole previsional.-
nota:
Ver autos: I. 349. XXXIX.-R.O.- Itzcovich, Mabel c/ ANSeS s/
reajustes varios. - Suprema Corte:
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