VOLVER INGOBERNABLE EL AJUSTE…
- [diciembre
25, 2024 - By Coyunturas]
Por CLAUDIO LOZANO
Según nuestra caracterización, la etapa que transitamos es la
resultante de dos situaciones históricas centrales:
--- 1) La implementación de la cuarta fase del Proyecto
Oligárquico que se pusiera en marcha en 1976;
--- 2) El final del ciclo político abierto en el marco del
acontecimiento popular del 2001.
1) SOBRE LA CUARTA FASE
Al hablar de cuarta fase nos referimos a una etapa de un proceso
de la historia reciente donde los sectores dominantes tuvieron un control
expreso y orgánico sobre la gestión de gobierno. Aunque con características
distintas, esos momentos son la Dictadura abierta en el ´76, el gobierno de
Carlos Menem, la gestión Macri y la, todavía en curso, presidencia de Javier
Milei.
Esta cuarta fase recupera en gran medida el planteo fundacional
que se plasmara en los discursos de Videla y Martinez de Hoz y, a diferencia de
las dos anteriores (Menem y Macri), hace una clara reivindicación de la
experiencia y la represión dictatorial.
Es indudable que el proceso abierto por la dictadura y
desplegado durante los últimos cincuenta años, tuvo como resultado un fuerte
proceso de reconfiguración de la sociedad argentina, la cual vivió el
desarrollo de una verdadera estrategia de la desigualdad.
A los efectos de pensar desde una perspectiva más estructural la
coyuntura, interesa destacar tres rasgos centrales de este proceso.
--- a) Cinco décadas de retroceso económico y social
Cuadro 1: Cinco décadas de retroceso en materia económica y
social
* La tasa anual de crecimiento per cápita 1974-2024 es de 0,41%
Como puede observarse, las cinco décadas analizadas en las
variables del cuadro muestran que Argentina es un país prácticamente estancado,
con un crecimiento del PBI per cápita de apenas el 0,41 % anual. Este bajo
crecimiento se explica, en parte, por una caída de la inversión del 20 %, en un
contexto donde los salarios han perdido casi el 70 % de su poder adquisitivo.
Durante este período, la cantidad de asalariados no registrados
aumentó un 257 %, y la indigencia, que en 1974 no era objeto de seguimiento
estadístico (la primera información disponible es de finales de la dictadura),
creció un 306 % durante el período de vigencia de las instituciones
democráticas.
En tanto, la pobreza, que en 1974 afectaba solo al 3,8 % de la
población, se expandió un 1.344 % en los últimos cincuenta años, y un 174 %
durante la etapa democrática.
El último casillero del cuadro destaca el crecimiento de la
deuda pública, una característica constante de este período. El endeudamiento
del país aumentó de manera sostenida, impulsado por fuertes procesos de
valorización financiera acompañados por una fuga de capitales casi equivalente
al monto de la deuda. Este fenómeno, articulado con las privatizaciones,
potenció la concentración y extranjerización de la economía local, lo que
resultó en una caída de la inversión productiva.
Es importante destacar que la Argentina de los últimos cincuenta
años combina un aumento del endeudamiento superior al 4.800 % con un incremento
de la pobreza de más del 1.300 %.
Estos cincuenta años de infortunio, limitados al proceso
institucional iniciado en 1984, reflejan que, a pesar de la lucha del pueblo
argentino por la ampliación de derechos, no se logró evitar el retroceso
económico y social. Este deterioro destruyó el sueño alfonsinista que acompañó
la recuperación democrática, resumido en el lema: «Con la democracia se come,
se educa y se cura».
B) RECONFIGURACIÓN DEL CAPITAL
(Evolución y
composición de las ventas de las 200 empresas de mayor facturación según tipo
de capital. 1975-2018.)
*Las empresas
estatales incluyen a YPF
Fuentes: 1975. «Estudios de historia económica argentina». Eduardo Basualdo. Elaboración
propia en base a Revista Mercado
En este cuadro puede observarse el cambio en la cúpula
empresarial de Argentina entre 1974 y la actualidad.
El primer dato relevante es la pérdida de importancia del Estado
en dicha cúpula. A través de procesos de desguace y privatización, el Estado,
que en 1974 representaba el 35,6 % de las ventas de las principales empresas
del país mediante sus propias compañías, hoy solo alcanza el 10,8 %. Este
porcentaje está compuesto principalmente por YPF, que actualmente es una
sociedad anónima (S.A.), donde el 49 % de su accionariado pertenece a fondos de
inversión, petroleras y otros capitales. Estos actores, al demandar altas
rentabilidades, limitan la capacidad de utilizar la renta hidrocarburífera de
Argentina en función de los intereses nacionales.
Por otro lado, los grupos económicos locales y las empresas de
capital nacional representaban en 1974, en conjunto, el 28 % de las ventas. De
este modo, entre el Estado y el capital nacional más importante se controlaba
el 63 % de las ventas. En contraste, los grupos y empresas transnacionales
representaban el 36 % de la facturación de las primeras 200 empresas, lo que
reflejaba una cúpula empresarial resultado del desarrollo industrial orientado
predominantemente al mercado interno.
Aunque significativa, la presencia del capital extranjero era
minoritaria en la facturación de la cúpula empresarial, e incluso las empresas
públicas, por sí solas, igualaban en actividades relevantes el porcentaje de
participación del capital extranjero.
En la actualidad, se observa un fuerte crecimiento de la
extranjerización, evidenciado en el incremento de la participación de los
conglomerados y empresas extranjeras, que hoy alcanzan el 59,3 % de las ventas.
Además, considerando el proceso de internacionalización que han
experimentado los grupos económicos locales en el marco de los ciclos de
endeudamiento, valorización financiera y fuga de capitales, la lógica
transnacional se extiende prácticamente al 78,8 % de las ventas. Esto ocurre en
un contexto donde el Estado no solo ha perdido influencia, sino que, en el caso
más relevante, YPF, además de ser una S.A. con fines comerciales, está
actualmente dirigida por funcionarios vinculados al Grupo Techint.
C) RECONFIGURACIÓN DEL MUNDO LABORAL
(Los cambios en el mundo del trabajo. 1970-2024.)
Al comparar la población activa de 1970 con la actual, se
observa un crecimiento de 12.119.577 personas. Sin embargo, el dato más
relevante es que el 72 % de este incremento (8.725.667 personas) se distribuye
en un 37 % de trabajadores asalariados no registrados, un 22,8 % de
cuentapropistas y un 11,9 % de desocupados. Esto significa que, de la nueva
población trabajadora, 7 de cada 10 han engrosado los niveles de precarización
e informalidad laboral.
Lo anterior permite afirmar que esta cuarta fase del proyecto
oligárquico opera en un marco donde las transformaciones de los últimos 50 años
han alterado profundamente los rasgos de la sociedad argentina y han modificado
sustancialmente los actores sociales y la institución estatal.
En otras palabras, la matriz de construcción política resultante
de la experiencia peronista —que promovía la alianza entre trabajadores
formales organizados y empresarios nacionales en un contexto de un Estado
activo para desarrollar un capitalismo de producción y distribución— está
destruida. Intentar reconstruirla sin tener en cuenta las modificaciones
estructurales vividas lleva inevitablemente a falsas expectativas y a
importantes fracasos.
--- Falsas expectativas
La primera de estas falsas expectativas es creer que el acceso
al Estado garantiza un poder suficiente para cambiar el rumbo.
La pérdida de incidencia estatal en el proceso de acumulación ha
sido tan significativa que cualquier estrategia que busque acceder al Estado
debe partir de una decisión de refundar su institucionalidad, orientándola
estratégicamente hacia una articulación con la participación organizada de la
comunidad.
Esta nueva orientación debe permitir nuevas formas de
intervención y regulación para disciplinar el comportamiento de los capitales
más concentrados, con el objetivo de promover un desarrollo endógeno,
ambientalmente sustentable, con distribución equitativa de ingresos y riqueza,
y con equidad de género.
Suponer que con el Estado actual es posible alcanzar estos
objetivos solo conduce al fracaso y a la subordinación, o incluso a la
asociación con los poderes dominantes.
La segunda expectativa que inevitablemente lleva al fracaso es
intentar encontrar un empresariado nacional en los grandes grupos económicos.
Aunque tienen origen local, estos grupos, por las transformaciones de las
últimas décadas, despliegan estrategias de carácter transnacional,
estrechamente vinculadas a la lógica financiera global, con una orientación que
prioriza la exportación por sobre el mercado interno.
Esta cúpula empresarial, resultado del proceso de
reconfiguración del capitalismo argentino iniciado con la apertura comercial y
financiera en 1976 y profundizado hasta la actualidad, se caracteriza por
potenciar el endeudamiento, los procesos de valorización financiera, la fuga de
capitales, la desinversión, la búsqueda de rentas extraordinarias mediante el
control de recursos naturales, el aprovechamiento de posiciones dominantes, la
remarcación de precios para proteger márgenes de beneficio frente a intentos
distributivos, la demanda de subsidios y la reticencia a realizar aportes
impositivos.
En este contexto, la dinámica económica que predomina en
Argentina responde a un proceso de acumulación incapaz de retener el excedente.
Las caracterizaciones que señalan el carácter bimonetario de la
economía argentina reflejan los efectos de una causa más profunda: la
«descomunal extranjerización» experimentada en los últimos cincuenta años.
Este proceso ha transformado por completo el carácter productivo
y comercial de la restricción externa. Hasta mediados de los años 70, dicha
restricción era predominantemente comercial y productiva, interrumpiendo los
procesos de crecimiento debido al faltante de divisas asociado al aumento de
importaciones necesarias para el crecimiento industrial.
Actualmente, la restricción externa ha pasado de ser cíclica a
permanente, con un componente financiero predominante, marcado por el
endeudamiento, la fuga de capitales y la extranjerización, que constituyen la
causa principal del faltante estructural de divisas.
Un análisis del período 2003-2023 muestra que, aunque Argentina
obtuvo un saldo comercial superavitario de 267.319 millones de dólares, durante
ese tiempo se pagaron 122.621 millones de dólares en intereses de deuda, 32.153
millones de dólares en utilidades de empresas extranjeras y se fugaron 194.431
millones de dólares, sumando un total de 349.205 millones de dólares. Este
monto supera con creces el saldo comercial y obliga a un nuevo endeudamiento.
Así, la búsqueda de una «burguesía nacional» en los grandes
grupos locales conduce a implementar estímulos que priorizan una estrategia
exportadora y favorecen actores que no solo exportan, sino también importan, se
endeudan, remiten utilidades al exterior y fugan capitales. Esto evidencia que
no existen socios en la cúpula empresarial dominante para un proyecto de
desarrollo sustentable en términos sociales y ambientales.
Por último, la idea de construir un proyecto político basado en
el sujeto trabajador formal organizado ignora la monumental fragmentación,
atomización, informalización e individualización de los procesos laborales, que
afectan al menos a la mitad de la fuerza de trabajo.
Además, priorizar la relación política con la conducción formal
de una CGT dominada por estructuras sindicales con carácter empresarial y
fuertes vínculos con los actores del poder económico limita significativamente
la capacidad de articular un proyecto popular.
En este contexto, marcado por el avance del proyecto
oligárquico, el fracaso de la institucionalidad democrática para alinear
derechos y discursos con la realidad, y los límites de las experiencias
populares al intentar reeditar lo que ya no existe o promover un
neodesarrollismo exportador que repite la lógica del derrame, resulta necesario
reflexionar sobre las perspectivas del primer año de gobierno de Milei.
Este contexto obliga a repensar estrategias que enfrenten la
captura de rentas extraordinarias por parte de los principales capitales y
articulen un desarrollo verdaderamente inclusivo y sustentable.
2) LA CUARTA FASE COMO REVANCHA DEL PROYECTO OLIGÁRQUICO
El primer año de Javier Milei evidencia un monumental proceso de
redistribución regresiva de los ingresos, reflejado en la caída de los salarios
formales e informales, tanto privados como estatales, así como en las
jubilaciones.
Este panorama se agrava con el derrumbe de la actividad
económica, el cierre de más de 16.000 empresas, el aumento de la desocupación y
el crecimiento de las changas como alternativa laboral frente al colapso
generalizado.
El resultado es claro: más del 50 % de la población de Argentina
vive por debajo de la línea de pobreza, y casi el 20 % se encuentra en
situación de indigencia.
Estos efectos son consecuencia de una devaluación brutal, acompañada
por un fuerte proceso de desregulación de los mercados, que permitió una
remarcación salvaje de precios sin la compensación correspondiente en los
ingresos de la mayoría de la población.
A esto se suma un severo ajuste del gasto público, reducido en
un 27 %, que impactó negativamente en jubilaciones, obra pública y salarios,
además de recortar subsidios que derivaron en tarifazos en servicios esenciales
como agua, gas y electricidad.
Este ajuste también provocó la asfixia financiera de muchas
provincias.
La redistribución regresiva de los ingresos y el ajuste fiscal
han llevado al colapso de la actividad económica, en un contexto donde se
promueve la apertura al ingreso de productos importados.
Sin embargo, como suele ocurrir, las pérdidas de ingresos de
muchos se traducen en ganancias para unos pocos. Los estudios disponibles sobre
los balances de las principales empresas que cotizan en la Bolsa revelan que,
en promedio, estas han incrementado sus rentabilidades netas en más de un 400 %
durante este período.
(Evolución de la
rentabilidad neta por sector de actividad de las grandes empresas que cotizan
en Bolsa. Acumulado al 3er trimestre 2024 vs 2023.)
Fuente: Elaboración
IPyPP en base a los balances presentados en la Bolsa de Comercio.
(Evolución de la
rentabilidad neta de las grandes empresas que cotizan en Bolsa. Acumulado al
3er trimestre 2024 vs 2023.)
Fuente: Elaboración
IPyPP en base a los balances presentados en la Bolsa de Comercio.
La demolición de las condiciones de vida de gran parte de
nuestra población es el resultado de una redistribución de ingresos y riqueza
en favor de las rentabilidades de las principales corporaciones locales y
extranjeras, así como de las grandes fortunas concentradas en manos de un
minúsculo porcentaje de la población. Situación que este gobierno no hace más
que agravar.
La información reciente de la revista Forbes es
elocuente: en una Argentina donde más del 50 % de la población vive en
situación de pobreza y 3.600.000 niños están en situación de indigencia,
existen 50 personas cuyas fortunas representan el 13 % del PBI, estimadas en
78.000 millones de dólares. Estas fortunas han crecido un 68 % desde 2020,
evidenciando cómo han logrado desvincular su destino de la realidad que
enfrenta la mayoría de los habitantes de este país.
Ante estos hechos, es necesario apartar el enfoque del
histrionismo, lo caricaturesco o los aspectos psiquiátricos del actual
presidente de la Nación, Javier Milei. Es aquí donde debe señalarse que estamos
frente a una verdadera revancha oligárquica, expresada en la
ocupación de posiciones centrales en el gabinete nacional por representantes
directos del capital financiero internacional, en articulación con los
principales grupos empresarios.
Estudios recientes indican que, de un total de 185 funcionarios
políticos de la administración centralizada, 55 registran 182 participaciones
en 172 sociedades comerciales que operan en 17 sectores de actividad económica
más concentrada. Estas participaciones incluyen roles como presidir o integrar
directorios, ser socios o actuar como representantes.
De las 182 participaciones, 106 se concentran en el Ministerio
de Economía. Asimismo, de estos 55 funcionarios, 23 se desempeñan en el
Ministerio de Economía, mientras que una parte significativa de los restantes
está en la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior.
La presencia de funcionarios vinculados a grupos como Eurnekian
y Techint, así como a fondos de inversión y bancos transnacionales, permite
afirmar que Milei no es más que el mascarón de proa de una alianza entre el
capital financiero y los principales grupos locales, según la cual Argentina
puede convertirse en un importante proveedor mundial de commodities agrarias,
hidrocarburíferas y minerales.
El proyecto que bosqueja el bloque dominante es el de una
Argentina exportadora y pagadora de deuda, con un bajo componente industrial,
una distribución regresiva de los ingresos y una creciente depredación
ambiental.
FINAL DEL CICLO POLÍTICO ABIERTO EN 2001
La irrupción popular de finales de 2001 y comienzos de 2002 tuvo
la suficiente potencia como para abrir, sobre el fracaso de Cavallo, la
Convertibilidad y el Consenso de Washington, un tiempo de discusiones, luchas y
gestión gubernamental que pusieron en cuestión las verdades del neoliberalismo
y que impulsaron avances en el terreno de los derechos humanos, del proceso
democrático e incluso en el campo de la recuperación de niveles de actividad
económica y de mejoras en la situación social.
No obstante, la falta de una construcción política y de una
concepción estratégica que asumiera la tarea de comenzar a desmontar los
cimientos que la dictadura y los noventa habían instalado, para poder
consolidar una hegemonía popular, le abrió la puerta primero al macrismo y
luego a una experiencia como la del Frente de Todos que, pese a nacer y crecer
canalizando el cuestionamiento a Macri, terminó validando la estafa del
endeudamiento y entrampado en un acuerdo con el FMI, confrontando con su propia
base electoral.
La evidencia de que dos coaliciones de signo diferente (macrismo
y Frente de Todos) fracasaran y dieran continuidad a prácticamente una década
de estancamiento económico y deterioro de salarios y jubilaciones, crecimiento
de la inflación, con aumentos de la pobreza y la indigencia, en un contexto
donde los privilegios del sistema político le daban marco al derrumbe de la
sociedad, generó condiciones para que la crisis de representación se expresara
en el triunfo electoral de Javier Milei.
A diferencia del ciclo político que terminó en 2001, donde lo
que se derrumbó fue el ideario neoliberal, esta cuarta fase del proyecto
oligárquico se instala en el marco del fracaso de la última experiencia
progresista.
En este contexto de una oposición fragmentada y atravesada por
diversas peleas internas, se ha desarrollado la conflictividad social y
política de la Argentina durante el año 2024.
Experiencias importantes de lucha social han tropezado con los
límites que, en términos de legalidad institucional, ha impuesto la crisis de
representación política y sindical existente o, lo que es lo mismo, la
evidencia de que no existe hoy una fuerza política y social que sostenga y
defienda los intereses de la comunidad.
El malestar de la sociedad con el pasado reciente, y la
capacidad del juego político dominante para desplazar de la centralidad
institucional el conflicto y las demandas sociales en favor de los intereses
del poder económico y de las necesidades del Ejecutivo Nacional, definen el
modo en que termina el año político.
El proyecto oligárquico logró consolidar una gobernabilidad
precaria fundada en vetos y decretos, mientras se sostiene, con evidentes
signos de vulnerabilidad, una experiencia de desinflación y bonanza financiera
y cambiaria.
En este escenario, el gobierno de Javier Milei ha intentado
pasar a la ofensiva de cara a las legislativas de 2025. La pretensión de llevar
a sesiones extraordinarias una reforma política y el impulso a acciones
institucionales y/o ejecutivas que consoliden un escenario político cuya
dicotomía central sea la opción entre Milei y Cristina son las dos claves de la
estrategia oficial.
En el primer caso, la reforma política supone la eliminación de
las PASO con el objetivo central de que La Libertad Avanza pueda terminar de
deglutir políticamente al PRO, transformándose en la nueva experiencia
institucional del gran capital.
A la vez, la reforma contiene elementos sumamente restrictivos y
proscriptivos que tienden a impedir la aparición y consolidación de nuevas
propuestas político-electorales, permitiendo de este modo que la crisis de las
estructuras tradicionales se desenvuelva y resuelva sin amenazas externas, a
excepción de la que genera la consolidación política de La Libertad Avanza.
En el segundo caso, la decisión de generar condiciones para que
la contradicción Milei vs. Cristina ocupe el centro de la discusión política
pretende mantener en el tiempo la idea de que hay una propuesta (la oficial)
que, en tanto novedosa y asociable con los grandes representantes del
capitalismo de las plataformas, representa el futuro, versus un intento
opositor de volver a un pasado que aparece asociado al fracaso del último
gobierno.
De más está decir que este intento choca con un sinnúmero de
dificultades. De hecho, el oficialismo no ha podido aún convocar a
extraordinarias y el conflicto con el PRO de Mauricio Macri ha escalado,
erosionando la capacidad parlamentaria del Ejecutivo mileísta, e incluso ha
enredado a La Libertad Avanza en internas palaciegas y en un comportamiento de
“casta” en el sentido más rancio del término. Los avatares del caso del senador
Kueider son solo una expresión de ello.
No obstante, las internas surgidas en el campo opositor frente a
la decisión de Cristina Fernández de ser la presidenta del PJ, así como los
acuerdos velados de carácter superestructural en torno a la integración de la
Corte, y la tendencia a mantener cierta cautela en el comportamiento opositor a
la espera de que la opinión pública modifique su rechazo al pasado, son
aspectos que mejoran la perspectiva gubernamental.
La avanzada oligárquica, en el contexto del fin de ciclo y el
fracaso de la última experiencia popular, les plantea a las fuerzas populares
un doble desafío de urgencia y creación.
Urgencia, porque es imprescindible frenar esta avanzada cuanto
antes, y esto exige niveles de unidad y amplitud política que permitan
lograrlo. Y creación, porque si en ese frente venidero no hay señales claras de
que se avanza con liderazgos, conductas y propuestas que marquen autocrítica y
distancia con el pasado, la capacidad de alcanzar los objetivos está seriamente
puesta en cuestión.
En este sentido, el rumbo de una oposición que intervenga en la
coyuntura con una visión estratégica requeriría generar condiciones de unidad
política en el campo social que profundicen la confrontación y la movilización,
con el objeto de participar de la ingobernabilidad del ajuste en curso.
A la vez, esta estrategia debería plantearse en el campo
político-electoral la conformación de un gran frente amplio donde se integren
las distintas fuerzas del campo popular con el objeto de garantizar, en los
principales distritos del país, la derrota electoral del oficialismo.
Un frente que marque distancia con las últimas experiencias,
estableciendo objetivos políticos precisos y niveles de democracia interna que
permitan dirimir planteos y posiciones electorales.
Un frente que debiera cobijar a todas las corrientes nacionales,
populares, de reforma social y de izquierda, bajo tres acuerdos y una prioridad
política central capaces de derrotar el proyecto reaccionario de la
ultraderecha y frenar su estrategia de consolidación del autoritarismo, el
saqueo y la desigualdad.
Esta prioridad exige sostener tres acuerdos básicos:
--- a) Defender la Constitución Nacional e impedir el actual
ejercicio de gobernar por decreto.
--- b) Impedir todo intento de dolarización de la economía
argentina.
--- c) Poner en marcha de manera inmediata políticas que
impulsen la recomposición de las condiciones de vida de nuestra sociedad.
Transformar en ingobernable el ajuste y
derrotar al oficialismo en las elecciones de 2025, ampliando la representación
parlamentaria de quienes están dispuestos a frenar la ofensiva de las clases
dominantes, son las condiciones para poder impulsar el recurso institucional
del que disponemos: impulsar el juicio político por la permanente violación de
la Constitución Nacional, el ejercicio de la suma del poder público y la
evidente comisión del delito de traición a la patria.
Este es el marco en el que deben ubicarse las legislativas de
2025, y la pregunta a hacerse es: ¿qué capacidad tenemos las fuerzas populares
de estar a la altura de las circunstancias y desafíos que la coyuntura nos plantea?
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